Judiciales
Fallo negó una restitución inmediata y puso el foco en el interés superior del niño
La madre denunció que el padre incumplió una sentencia vigente y retuvo al menor en el Alto Valle. Un Juzgado resolvió mantener provisoriamente la actual residencia del adolescente.

El desacuerdo por el lugar de residencia de un adolescente de 13 años derivó en un planteo urgente ante el Poder Judicial de Río Negro: la madre solicitó que se ordenara su regreso inmediato a El Bolsón tras no haber regresado de una estadía con su padre en el Alto Valle. Manifestó que rige una sentencia vigente que fijaba allí su centro de vida. El Juzgado Multifueros rechazó el pedido y dispuso que, de manera provisoria, el adolescente continúe viviendo con el progenitor hasta que se resuelva el proceso principal.
El planteo se encuadró en una medida autosatisfactiva, una vía prevista para situaciones que requieren una respuesta rápida. La mujer sostuvo que el padre incumplió el régimen de cuidado personal al no restituir al menor en la fecha acordada y que esa conducta implicaba una retención ilegítima. También señaló que existía una resolución reciente que había rechazado un intento del progenitor de modificar el lugar de residencia.
Del otro lado, el padre no negó el incumplimiento del regreso. Planteó que la situación debía analizarse a partir de un hecho posterior: la decisión del adolescente de permanecer en con él. Según expuso, esa voluntad no fue circunstancial sino sostenida en el tiempo, y agregó que el joven había comenzado un tratamiento psicológico vinculado a su estado emocional.
El expediente avanzó con la intervención de la Defensoría de Menores y la realización de una audiencia en la que se escuchó al adolescente. El dictamen del organismo fue claro: propició la restitución inmediata, al considerar que no había elementos suficientes para justificar la permanencia fuera del centro de vida ya fijado y advirtió sobre el riesgo de trasladar a la persona menor de edad la carga de elegir entre sus padres.
El Juzgado tomó en cuenta ese criterio, pero se apartó de esa conclusión al momento de resolver. Si bien reconoció que la conducta del progenitor se presentaba como contraria al régimen vigente, evaluó el cuadro completo del caso, con especial atención a la situación actual y a los efectos concretos de una restitución forzada.
En ese análisis, la opinión del adolescente ocupó un lugar relevante. El fallo valoró su edad, su grado de madurez y la consistencia de lo expresado a lo largo del tiempo. También consideró el contexto familiar descripto en la audiencia y la ausencia de indicios que permitieran inferir una influencia indebida en su postura.
A partir de esos elementos, la jueza concluyó que ordenar el reintegro inmediato implicaría una medida de ejecución compulsiva que podría afectar su estabilidad emocional y profundizar el conflicto familiar. Bajo ese criterio, rechazó la restitución solicitada.
La decisión no resuelve el fondo de la disputa. El proceso principal sobre el cuidado personal continúa en trámite y será allí donde se determine de manera definitiva el lugar de residencia. Mientras tanto, el Juzgado dispuso que el adolescente permanezca con su padre de forma provisoria y ordenó mantener el vínculo con la madre bajo un esquema de comunicación equivalente al que antes tenía el progenitor.
Además, se dispuso la intervención de un equipo técnico para evaluar la dinámica familiar, las condiciones de convivencia y la evolución del vínculo con ambos padres, con el objetivo de aportar elementos al expediente principal.
Judiciales
Abuelos paternos acordaron pagar una cuota alimentaria y mantener el vínculo con su nieto
Ambos jubilados y con ingresos limitados, se comprometieron a aportar cada uno el 15% de sus haberes previsionales. También acordaron un régimen amplio de comunicación con el niño.

Dos abuelos jubilados de General Roca, que cuentan con ingresos económicos limitados, acordaron aportar cada uno el 15% de sus haberes previsionales para contribuir a la manutención de su nieto. El compromiso se alcanzó a través de una mediación del Poder Judicial de Río Negro, en la que también se estableció un régimen amplio de comunicación para fortalecer el vínculo familiar.
El conflicto llegó al Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC) de Roca a partir de un reclamo de prestación alimentaria. En la instancia participaron la madre del niño y sus abuelos paternos, con asistencia letrada de la Defensa Pública.
Durante el encuentro, las partes lograron construir una solución consensuada que contempló tanto las necesidades económicas del niño como la importancia de mantener el contacto con su familia paterna.
El abuelo y la abuela aceptaron aportar cada uno el 15% de su beneficio previsional, incluidos los montos correspondientes al sueldo anual complementario cuando lo perciban. Los porcentajes se calcularán una vez aplicados los descuentos obligatorios de ley.
El acuerdo establece que los aportes comenzarán en noviembre de 2026 y deberán depositarse entre los días 10 y 20 de cada mes. Para facilitar el cumplimiento, se solicitó gestionar ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) la retención voluntaria de los porcentajes acordados. Hasta que ese mecanismo esté operativo, los abuelos entregarán directamente las sumas correspondientes a la madre del niño, contra recibo.
Además de la contribución económica, se estableció un régimen amplio de comunicación. Los abuelos paternos podrán mantener contacto con su nieto en días y horarios que coordinarán con la madre. También se acordó que los propios abuelos y una tía paterna podrán encargarse de buscar al niño y acompañarlo de regreso a su hogar.
La intervención de la mediadora oficial permitió alcanzar un entendimiento que contempla dos aspectos centrales: el sostenimiento económico del niño y la continuidad de sus vínculos familiares.
A través del diálogo y la búsqueda de consensos, la mediación ofrece a las familias la posibilidad de construir acuerdos adecuados a sus circunstancias sin necesidad de atravesar un juicio.
Judiciales
Las prisiones preventivas aumentaron un 50% entre 2022 y 2025
Los registros judiciales muestran un incremento sostenido: las medidas pasaron de 746 en 2022 a 1.121 en 2025. Los delitos contra la propiedad concentraron la mayor cantidad de casos.

Entre 2022 y 2025 se registraron 3.774 prisiones preventivas en el sistema penal de Río Negro. La cantidad anual pasó de 746 en 2022 a 1.121 en 2025, lo que representa un incremento del 50,3% entre ambos extremos de la serie.
En 2023 se registraron 852 medidas y en 2024 fueron 1.055. La evolución muestra un incremento sostenido durante los cuatro años analizados.
La mayor cantidad de prisiones preventivas correspondió a causas vinculadas con delitos contra la propiedad, categoría que comprende hechos como robos, hurtos, estafas y otros ataques al patrimonio. Se registraron 1.484 medidas durante el período.
Le siguieron los delitos contra las personas, que incluyen hechos como homicidios y lesiones, con 838 medidas. Otras 559 correspondieron a delitos contra la administración pública, categoría que reúne conductas que afectan el funcionamiento de los organismos estatales como las desobediencias a una orden judicial.
También se registraron 418 medidas en causas por delitos contra la libertad, entre los que se encuentran amenazas, coacciones y privaciones ilegítimas de la libertad, y 363 por delitos contra la integridad sexual, categoría que comprende, entre otros, los distintos tipos de abuso sexual.
En los delitos contra la propiedad, las prisiones preventivas pasaron de 275 en 2022 a 466 en 2025.
La prisión preventiva es una medida cautelar que puede disponerse durante el proceso penal cuando se verifican los requisitos establecidos por la ley. Su aplicación no implica una condena ni determina la responsabilidad penal de la persona investigada.
La medida es solicitada por la acusación y su procedencia queda sometida al control judicial. Además, tiene carácter excepcional, está sujeta a plazos y puede ser revisada durante el desarrollo del proceso.
La información surge de los registros estadísticos de las Oficinas Judiciales y permite analizar la evolución de la actividad penal, identificar tendencias y contar con datos objetivos sobre el funcionamiento del sistema.
Judiciales
Le hackearon el WhatsApp a su socio y perdió $5,8 millones en una falsa operación cambiaria
La mujer realizó dos transferencias a una cuenta de un tercero, luego de recibir una oferta de dólares desde el número de WhatsApp de su socio. La Justicia ordenó retener los fondos y pasarlos a una cuenta judicial.

Una mujer de Cipolletti transfirió $5,8 millones para comprar dólares a quien creía que era su socio, pero luego descubrió que un tercero tenía el control del teléfono de él. Tras la denuncia penal y el reclamo ante el banco, la Justicia ordenó retener los fondos y transferirlos a una cuenta judicial.
La operación comenzó cuando la mujer recibió un mensaje de WhatsApp desde el número de su socio, quien le ofrecía venderle dólares. Como ya había realizado una compra de esa moneda con él en otra oportunidad, la propuesta no le generó sospechas. Sin embargo, su interlocutor insistió en que el pago se hiciera mediante una transferencia a una cuenta de una tercera persona en el Banco de Galicia. La mujer realizó dos depósitos.
Al día siguiente se enteró de que el teléfono de su socio había sido hackeado. Entonces realizó una denuncia penal y presentó un reclamo ante la entidad bancaria. El banco congeló preventivamente los fondos porque la titular de la cuenta receptora no había justificado su origen, aunque advirtió que no podía devolverlos sin una orden judicial.
Ante esa respuesta, la mujer acudió a la Unidad Jurisdiccional Civil N° 9 de Cipolletti y solicitó una medida autosatisfactiva para recuperar el dinero de manera inmediata.
El juez no ordenó la devolución directa sin antes escuchar a la titular de la cuenta de destino. Explicó que este tipo de medida produce efectos definitivos y que, por ese motivo, debe garantizarse el derecho de defensa de la otra parte.
Sin embargo, hizo lugar al pedido subsidiario para resguardar el dinero. Consideró verosímil que la titular de la cuenta hubiera recibido un pago sin ser acreedora de quien lo realizó y que la operación se hubiera concretado mediante un ardid. Señaló que el Código Civil y Comercial de la Nación contempla la restitución en ambos supuestos. También tuvo en cuenta que el congelamiento preventivo dispuesto por el banco no contaba con respaldo judicial y podía levantarse en cualquier momento.
La resolución ordenó a la entidad bancaria retener los fondos y transferirlos a una cuenta judicial. Además, estableció un plazo de 10 días para que la titular de la cuenta receptora explique la causa de los depósitos.
Si no se presenta ni formula oposición dentro de ese período, se tendrán por ciertos los hechos relatados y se ordenará transferir el dinero a la mujer. No obstante, como existe una investigación penal por el mismo hecho, la entrega de los fondos quedará supeditada a un informe del Ministerio Público Fiscal.









