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Judiciales

Le hackearon la cuenta a una empresa de Cipolletti y deberán devolverle el dinero

Una pericia informática detectó el alta de un tercer usuario administrador desde conexiones diferentes a las habituales. La Justicia consideró que el banco no logró explicar cómo se validaron las operaciones.

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Una empresa de repuestos y accesorios para el automotor de Cipolletti sufrió un fraude bancario luego de que terceros accedieran a su cuenta y concretaran una serie de operaciones que la firma desconoció. La Justicia declaró que esas transacciones no podían serle atribuidas y ordenó al banco restituir los fondos afectados.

El episodio comenzó durante una mañana de actividad habitual para la empresa. Uno de sus responsables ingresó a la plataforma bancaria, revisó los movimientos de la cuenta y autorizó un pago. Poco después, la pantalla de la computadora quedó azul y apareció un aviso de actualización del sistema. Cuando intentó recuperar el acceso, descubrió que el saldo había cambiado de manera abrupta.

En pocos minutos se había producido una secuencia de operaciones que la empresa aseguró no haber autorizado. El sistema registró el alta de un nuevo usuario con perfil de administrador, la contratación de un préstamo digital, una operación de venta de moneda extranjera y ocho transferencias hacia cuentas que no tenían antecedentes de vinculación con la actividad comercial de la firma.

El responsable acudió inmediatamente a una sucursal de BBVA Argentina S.A., informó lo sucedido y solicitó el bloqueo de los accesos. El banco activó su protocolo antifraude y le indicó que debía realizar una denuncia penal.

La empresa también presentó un reclamo formal ante la entidad, pero la solicitud de restitución de los fondos fue rechazada.

El caso llegó a la Justicia. La firma sostuvo que ninguna de las personas autorizadas había prestado consentimiento para las operaciones y cuestionó que el sistema bancario no hubiera detectado una secuencia que se apartaba de manera evidente del comportamiento habitual de la cuenta.

El banco, en cambio, negó responsabilidad y argumentó que las operaciones habían sido realizadas utilizando credenciales válidas. También sostuvo que la custodia de las claves y de los dispositivos de autenticación correspondía a los usuarios del servicio. Sin embargo, las pruebas incorporadas al expediente permitieron reconstruir parte de lo ocurrido.

La pericia contable determinó que las transferencias se concentraron en un período reducido, tuvieron como destino cuentas sin antecedentes de vinculación con la empresa y modificaron sustancialmente el perfil normal de operaciones de la firma.

La pericia informática, por su parte, confirmó que la cuenta tenía dos usuarios habituales, cada uno asociado a un dispositivo físico de autenticación. También detectó el alta de un tercer administrador que la empresa no reconoció.

La creación y validación de ese nuevo usuario quedaron asociadas a conexiones diferentes de las utilizadas habitualmente por la firma.

El análisis del correo electrónico vinculado a la cuenta tampoco encontró avisos relacionados con el alta del administrador, el préstamo, la venta de divisas o las transferencias. Sí aparecieron mensajes correspondientes a operaciones legítimas realizadas anteriormente.

En ese contexto, la sentencia consideró que BBVA Argentina S.A. no aportó todos los registros técnicos necesarios para explicar cómo se incorporó el nuevo usuario, qué mecanismo de autenticación se utilizó y por qué la secuencia de operaciones no activó controles adicionales.

Tampoco acreditó el envío de alertas, una confirmación mediante un canal independiente ni un bloqueo preventivo antes de que se concretara la salida de los fondos.

El fallo sostuvo que la utilización aparente de credenciales correctas no era suficiente para demostrar que la empresa hubiera consentido las operaciones. También consideró que la intervención de terceros constituye un riesgo previsible dentro de la banca digital y que las entidades deben contar con mecanismos de monitoreo, alerta y validación frente a operaciones inusuales.

Por eso, la sentencia declaró inoponibles a la empresa el préstamo, la venta de moneda extranjera y las ocho transferencias. Es decir, el banco no puede hacer valer esas operaciones contra la firma ni exigirle que asuma sus consecuencias.

Además, ordenó restituir los fondos afectados y rectificar cualquier información desfavorable relacionada con el préstamo, de modo que el crédito y los registros vinculados no perjudiquen el patrimonio ni la situación crediticia de la empresa.

El fallo también estableció una multa civil en función de la magnitud de la operatoria, la falta de una explicación técnica individualizada y la respuesta brindada por la entidad luego del reclamo.

La sentencia es de primera instancia y todavía no se encuentra firme, ya que puede ser apelada.

Judiciales

Abuelos paternos acordaron pagar una cuota alimentaria y mantener el vínculo con su nieto

Ambos jubilados y con ingresos limitados, se comprometieron a aportar cada uno el 15% de sus haberes previsionales. También acordaron un régimen amplio de comunicación con el niño.

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Dos abuelos jubilados de General Roca, que cuentan con ingresos económicos limitados, acordaron aportar cada uno el 15% de sus haberes previsionales para contribuir a la manutención de su nieto. El compromiso se alcanzó a través de una mediación del Poder Judicial de Río Negro, en la que también se estableció un régimen amplio de comunicación para fortalecer el vínculo familiar.

El conflicto llegó al Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC) de Roca a partir de un reclamo de prestación alimentaria. En la instancia participaron la madre del niño y sus abuelos paternos, con asistencia letrada de la Defensa Pública.

Durante el encuentro, las partes lograron construir una solución consensuada que contempló tanto las necesidades económicas del niño como la importancia de mantener el contacto con su familia paterna.

El abuelo y la abuela aceptaron aportar cada uno el 15% de su beneficio previsional, incluidos los montos correspondientes al sueldo anual complementario cuando lo perciban. Los porcentajes se calcularán una vez aplicados los descuentos obligatorios de ley.

El acuerdo establece que los aportes comenzarán en noviembre de 2026 y deberán depositarse entre los días 10 y 20 de cada mes. Para facilitar el cumplimiento, se solicitó gestionar ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) la retención voluntaria de los porcentajes acordados. Hasta que ese mecanismo esté operativo, los abuelos entregarán directamente las sumas correspondientes a la madre del niño, contra recibo.

Además de la contribución económica, se estableció un régimen amplio de comunicación. Los abuelos paternos podrán mantener contacto con su nieto en días y horarios que coordinarán con la madre. También se acordó que los propios abuelos y una tía paterna podrán encargarse de buscar al niño y acompañarlo de regreso a su hogar.

La intervención de la mediadora oficial permitió alcanzar un entendimiento que contempla dos aspectos centrales: el sostenimiento económico del niño y la continuidad de sus vínculos familiares.

A través del diálogo y la búsqueda de consensos, la mediación ofrece a las familias la posibilidad de construir acuerdos adecuados a sus circunstancias sin necesidad de atravesar un juicio.

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Las prisiones preventivas aumentaron un 50% entre 2022 y 2025

Los registros judiciales muestran un incremento sostenido: las medidas pasaron de 746 en 2022 a 1.121 en 2025. Los delitos contra la propiedad concentraron la mayor cantidad de casos.

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Entre 2022 y 2025 se registraron 3.774 prisiones preventivas en el sistema penal de Río Negro. La cantidad anual pasó de 746 en 2022 a 1.121 en 2025, lo que representa un incremento del 50,3% entre ambos extremos de la serie.

En 2023 se registraron 852 medidas y en 2024 fueron 1.055. La evolución muestra un incremento sostenido durante los cuatro años analizados.

La mayor cantidad de prisiones preventivas correspondió a causas vinculadas con delitos contra la propiedad, categoría que comprende hechos como robos, hurtos, estafas y otros ataques al patrimonio. Se registraron 1.484 medidas durante el período.

Le siguieron los delitos contra las personas, que incluyen hechos como homicidios y lesiones, con 838 medidas. Otras 559 correspondieron a delitos contra la administración pública, categoría que reúne conductas que afectan el funcionamiento de los organismos estatales como las desobediencias a una orden judicial.

También se registraron 418 medidas en causas por delitos contra la libertad, entre los que se encuentran amenazas, coacciones y privaciones ilegítimas de la libertad, y 363 por delitos contra la integridad sexual, categoría que comprende, entre otros, los distintos tipos de abuso sexual.

En los delitos contra la propiedad, las prisiones preventivas pasaron de 275 en 2022 a 466 en 2025.

La prisión preventiva es una medida cautelar que puede disponerse durante el proceso penal cuando se verifican los requisitos establecidos por la ley. Su aplicación no implica una condena ni determina la responsabilidad penal de la persona investigada.

La medida es solicitada por la acusación y su procedencia queda sometida al control judicial. Además, tiene carácter excepcional, está sujeta a plazos y puede ser revisada durante el desarrollo del proceso.

La información surge de los registros estadísticos de las Oficinas Judiciales y permite analizar la evolución de la actividad penal, identificar tendencias y contar con datos objetivos sobre el funcionamiento del sistema.

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Le hackearon el WhatsApp a su socio y perdió $5,8 millones en una falsa operación cambiaria

La mujer realizó dos transferencias a una cuenta de un tercero, luego de recibir una oferta de dólares desde el número de WhatsApp de su socio. La Justicia ordenó retener los fondos y pasarlos a una cuenta judicial.

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Una mujer de Cipolletti transfirió $5,8 millones para comprar dólares a quien creía que era su socio, pero luego descubrió que un tercero tenía el control del teléfono de él. Tras la denuncia penal y el reclamo ante el banco, la Justicia ordenó retener los fondos y transferirlos a una cuenta judicial.

La operación comenzó cuando la mujer recibió un mensaje de WhatsApp desde el número de su socio, quien le ofrecía venderle dólares. Como ya había realizado una compra de esa moneda con él en otra oportunidad, la propuesta no le generó sospechas. Sin embargo, su interlocutor insistió en que el pago se hiciera mediante una transferencia a una cuenta de una tercera persona en el Banco de Galicia. La mujer realizó dos depósitos.

Al día siguiente se enteró de que el teléfono de su socio había sido hackeado. Entonces realizó una denuncia penal y presentó un reclamo ante la entidad bancaria. El banco congeló preventivamente los fondos porque la titular de la cuenta receptora no había justificado su origen, aunque advirtió que no podía devolverlos sin una orden judicial.

Ante esa respuesta, la mujer acudió a la Unidad Jurisdiccional Civil N° 9 de Cipolletti y solicitó una medida autosatisfactiva para recuperar el dinero de manera inmediata.

El juez no ordenó la devolución directa sin antes escuchar a la titular de la cuenta de destino. Explicó que este tipo de medida produce efectos definitivos y que, por ese motivo, debe garantizarse el derecho de defensa de la otra parte.

Sin embargo, hizo lugar al pedido subsidiario para resguardar el dinero. Consideró verosímil que la titular de la cuenta hubiera recibido un pago sin ser acreedora de quien lo realizó y que la operación se hubiera concretado mediante un ardid. Señaló que el Código Civil y Comercial de la Nación contempla la restitución en ambos supuestos. También tuvo en cuenta que el congelamiento preventivo dispuesto por el banco no contaba con respaldo judicial y podía levantarse en cualquier momento.

La resolución ordenó a la entidad bancaria retener los fondos y transferirlos a una cuenta judicial. Además, estableció un plazo de 10 días para que la titular de la cuenta receptora explique la causa de los depósitos.

Si no se presenta ni formula oposición dentro de ese período, se tendrán por ciertos los hechos relatados y se ordenará transferir el dinero a la mujer. No obstante, como existe una investigación penal por el mismo hecho, la entrega de los fondos quedará supeditada a un informe del Ministerio Público Fiscal.

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