Gremios
ATE paró en toda la provincia
Las protestas se concentraron en Roca, Viedma y Bariloche.
Como estaba previsto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) paralizó las actividades en todos los sectores estatales y se sumó, de esta manera, a la medida de fuerza nacional convocada por el sindicato para rechazar el último aumento salarial del 31% en cuotas otorgado a los trabajadores del Estado Nacional y exigir un incremento del 45% en un solo pago. El sindicato también protesta contra el veto presidencial a la Ley Anti-Despidos y contra el tarifazo en los servicios públicos.
«Teniendo en cuenta que los referentes políticos provinciales de la fuerza Cambiemos no han podido resolver positivamente los pedidos de reincorporación de los empleados despedidos en distintos organismos nacionales, los estatales decidieron protestar en las dependencias del Ministerio de Trabajo de la Nación y ocupar esas oficinas durante las próximas horas», señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro.
«Hay que dejar se hacer catarsis y cambiar la queja de café o de supermercado por protesta organizada. Las actuales medidas económicas significan un ataque directo a los asalariados y a los jubilados». Aclaró que “aceptar el aumento otorgado por el Gobierno Nacional, es avalar una baja en nuestros ingresos. No existen mediciones públicas o privadas que proyecten una inflación menor al 40% en este año».
En relación a otros de los puntos de la protesta, el dirigente de los estatales señaló que «la emergencia laboral permitía poner un freno a la ola de despidos en el sector público y en el privado. El veto presidencial implica un gran retroceso”. Por otro lado, agregó que “exigimos al Gobierno Provincial que, en relación al tarifazo, abandone el discurso y se convierta en amparista, representando a todos los rionegrinos para que esta escandalosa suba de tarifas no se aplique”.
Las protestas se concentraron en General Roca, donde desde antes del mediodía se ocuparon las dependencias del Ministerio de Trabajo; en Viedma, con una Radio Abierta y acto en las puertas de las oficinas del mismo organismo; y en Bariloche, en la intersección de las calles Onelli y Moreno, como punto neurálgico de la ciudad.
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ATE lanzó un paro nacional en salud desde la medianoche
«Si piensan que van a cansarnos se equivocan. Vamos a profundizar todas las medidas de fuerza», apuntó Rodolfo Aguiar.
Luego del fracaso en la audiencia por el conflicto en el Hospital Garrahan, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lanzó un paro nacional de salud que comenzó a partir de las 00.00 de este jueves (5/06).
«Hemos decidido nacionalizar el reclamo del Garrahan y lanzar un paro de salud en todo el país. Asistimos a la audiencia sólo los representantes de los trabajadores y cuatro perejiles en representación de las autoridades del Garrahan, pero ningún funcionario. A esta instancia debieron venir el Ministerio de Salud, de Economía y la Jefatura de Gabinete», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Está claro que el Gobierno de Milei no quiere resolver el conflicto del Garrahan. Si piensan que van a cansarnos, se equivocan. Vamos a profundizar todas las medidas de fuerza. Quieren hacer de la salud un negocio. Nos negamos a que los que tengan plata se curen y los que no tengan plata se mueran», concluyó el dirigente estatal.
En el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno, se había fijado una audiencia entre las partes para ayer a las 14. Sin embargo, no asistió ningún representante del Poder Ejecutivo y el sindicato consideró que la reunión careció de validez.
ATE decidió nacionalizar el conflicto argumentando que las condiciones de precarización laboral y salarial recrudecen en las provincias.
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Aguiar se reunió con Melella en Tierra del Fuego y repudiaron el «industricidio» de Milei en la provincia
«Con el gobernador hemos coincidido en que el Gobierno nacional asfixia a las provincias, quiere terminar con el federalismo y tenemos que impedirlo», indicó el secretario General de ATE Nacional.
El secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, mantuvo una reunión en Tierra del Fuego con el gobernador Gustavo Melella y coincidieron en que las políticas de Javier Milei significan un «industricidio» para la provincia.
«Con el gobernador hemos coincidido en que el Gobierno nacional asfixia a las provincias, quiere terminar con el federalismo y tenemos que impedirlo», señaló Aguiar tras la reunión y detalló que «el encuentro ha sido positivo y el diálogo fructífero. La respuesta a un presidente que quiere cerrar todas las fábricas no solo tiene que ser política sindical, sino fundamentalmente institucional».
«Desde ATE no vamos a dejar de reclamar en la provincia por nuestros salarios y las condiciones de empleo, pero tenemos que actuar en conjunto cuando la que está en riesgo es la soberanía», completó el dirigente estatal.
Además, el referente nacional mantuvo reuniones con las conducciones provincial y de las seccionales del sindicato para elaborar un informe de situación sobre el impacto que tienen en el Sector Público las recientes medidas implementadas por el Gobierno nacional en relación a la apertura de las importaciones.
ATE puso el acento en las modificaciones impositivas a la compra de productos desde el extranjero. Un ejemplo de ello es el caso de los celulares, que tuvieron una reducción de los aranceles del 16% al 8%, y a partir del 15 de enero del 2026 pasará a ser de 0%, según lo dictado en el Decreto 333/25 que lleva las firmas de Javier Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo.
El sindicato evaluó que se trata de un ataque directo contra el motor productivo de Tierra del Fuego, el cual afecta a toda la comunidad en general y son miles los puestos de empleo en peligro.
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Sin oferta del Gobierno, ATE tildó de fraude a la paritaria y exigió $1.800.000 de salario mínimo
«Las políticas de Milei están destruyendo el diálogo social en la Argentina, un diálogo social que debiera cumplir los objetivos de trabajo decente y crecimiento económico», apuntó Aguiar.
El Gobierno concurrió sin un ofrecimiento formal a la paritaria nacional y la negociación pasó a un cuarto intermedio. Ante esta situación, el secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que «la negociación es un fraude» y exigió elevar el salario mínimo a $1.800.000.
«Las políticas de Milei están destruyendo el diálogo social en la Argentina, un diálogo social que debiera cumplir los objetivos de trabajo decente y crecimiento económico», señaló el dirigente estatal.
«La paritaria estatal se ha transformado en un fraude y el Gobierno vulnera el convenio 154 de la OIT en tanto y en cuanto en las negaciones que se llevan adelante no escucha la voz de la representación sindical. El Ejecutivo está utilizando este ámbito como una herramienta para congelar los salarios de los empleados públicos», agregó en referencia al convenio internacional que promueve la negociación colectiva.
En este marco, Aguiar concluyó que «la pérdida en el poder adquisitivo ya llegó al límite y tiene que quedar claro que la afectación de la paz social es exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo. A la paz social se la debe garantizar con respuestas concretas a los justos reclamos que tienen los trabajadores».
A partir del estudio realizado por los trabajadores del INDEC, ATE determinó que el ingreso mínimo (no el óptimo ni el deseable) debiera ser de $1.819.121 para satisfacer las necesidades mínimas de una familia tipo (dos adultos y dos menores). Este valor se compone de $630.974 necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de $1.188.147 para acceder a otros bienes y servicios básicos, utilizando los datos oficiales del organismo para realizar esta medición.
Cabe recordar que la paritaria en la Administración Pública Nacional comprende el periodo de junio 2024 a mayo 2025. A falta de conocer el dato de inflación de este último mes, los incrementos salariales durante ese periodo (20,8%) fueron la mitad que la inflación (41,4%).
De esta forma, el periodo paritario 2025-2026 del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 queda sin aumento en su inicio.
La situación salarial acrecienta la conflictividad en el Sector Público y, de esta manera, en los próximos días definirá la continuidad del plan de acción en rechazo a las cesantías ilegales, el intento de restringir el derecho constitucional a la huelga, y la fusión y cierre de organismos.
