Opinión
Dale gas…
Javier García Guerrero, columnista económico de Radio Nacional, Mitre y otras, opina sobre el incremento en la tarifa de gas.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) ha determinado que incrementando los costos de construcción del 2 al 5 % sobre los de una vivienda tradicional, es posible reducir los consumos en calefacción y refrigeración en un 50%. La falta de aislamiento adecuado determina que los consumos domiciliarios patagónicos lleguen a triplicar en cantidad los de otras localidades situadas en latitudes y climas semejantes.
Como consecuencia de la artificial caída del 80% en términos reales de las tarifas residenciales operada entre 2001 y 2012 pudo observarse un aumento del consumo que en el lapso que medió entre 2003 y 2015 hizo crecer el consumo de gas natural en un 41%, el de energía eléctrica en un 58% y el de naftas en un 153%.
Sin embargo la apresurada afirmación del actual Ministro del Interior Rogelio Frigerio al afirmar «Los gobernadores nos decían que era una locura porque teníamos diez grados bajo cero en las provincias del sur y la gente estaba en remera en la casa o abría las ventanas de tanta calefacción que tenían porque era gratis prácticamente el servicio público» es errónea. La mayoría de los patagónicos no disponen de la calefacción necesaria, ni son las actitudes de despilfarro individual, las fuentes principales de la ineficiencia energética.
La preocupación del estado nacional por el ahorro, podría manifestarse modificando la hora oficial en invierno y verano para aprovechar mejor la luz y las temperaturas según las estaciones como hacen la mayoría de los países. Podría establecer la obligatoriedad de incluir la Etiqueta de Eficiencia Energética como requisito excluyente de habilitación de las viviendas, particularmente las vinculadas a programas sociales
Podría disponer la aplicación de protocolos de actuación respecto del uso de la iluminación y calefacción en los edificios públicos, hasta llegar a la reducción del uso de corbatas para reducir los gastos de refrigeración como hizo España, que cuando aumentó el precio del petróleo redujo la velocidad máxima de las rutas, cambiando la totalidad de las respectivas señales camineras.
Sin la posibilidad de aplicar impuestos inflacionarios variables, ni manotear Fondos Jubilatorios, la mayoría de los estados practica un prolijo control de sus gastos operativos e incorporando el uso de los recursos energéticos de que dispone con mayor abundancia, como Uruguay que ya alcanzado a autoabastecerse de electricidad con energías renovables.
La información sobre eficiencia energética agrega valor económico, ambiental y social a los productos y servicios a los que se asocia, permitiendo al usuario, reconocer previamente el ahorro de las futuras facturas energéticas que supone elegir un inmueble, un electrodoméstico, una maquinaria, un automóvil, etc. por encima de otro, como con ocurre con muchos alimentos que anuncian su contenido calórico o nutricional en las etiquetas de su envase.
En muchos países los costos adicionales de mejoras en eficiencia energética en el sector privado son financiados a tasas diferenciales o con exenciones fiscales sobre la base de los ahorros para el erario público que conllevan, de modo de promover su empleo y son acompañados por campañas de difusión para difundir modos ventajosos alternativos de regular las temperaturas, la iluminación, las llamas, la velocidad, el uso del agua por las importantes ventajas que aportan a la comunidad.
Resulta audaz e inaceptable pedir austeridad a los ciudadanos mientras el déficit del sector público y la inflación anual se incrementan y se amplía el Ejecutivo a 26 Ministerios. Mientras se aumenta el endeudamiento público a las tasas más altas de Latinoamérica con excepción de las que afronta Venezuela. Con una inversión de Mu$s17, ENARSA Patagonia construyó en 2014 una planta de fraccionamiento de gas licuado de petróleo. Esta planta fue construida sobre terrenos que no pertenecían a la sociedad y que en mayo de 2016 aún no habían podido ser transferidos. Según la Universidad Nacional del Comahue, la planta adolecía de problemas en su construcción que impedían su puesta en marcha. Pese a todos estos problemas en Diciembre de 2015 la planta tenía personal dedicado y hasta un gerente general en Buenos Aires.
La deficiencia de los controles de las concesiones de las empresas hidrocarburíferas como PAN, Chevron o Petrobras, las mermas observables en el transporte y distribución de hidrocarburos, las corruptelas del gasto en subsidios e inversiones en energía que llevaron a la administración nacional a expandirlos desde 1,2% del PBI en 2008 a 4,1% del PBI en 2015 son problemas pendientes que aumentaron el déficit fiscal, sin lograr disminuir siquiera las emisiones de gases de efecto invernadero que entre 2003 y 2015 crecieron 144%.
Los costos de transporte desde las Economías Regionales, podrían reducirse un 25% mediante la utilización generalizada de GNC y aún más con la actualización del parque automotor que en un 90% excede con la tolerancia oficial, el promedio de vida útil aceptado en otros países.
El Ministro de Energía Aranguren, denunciado como presunto infractor de la Ley de Ética Pública por sus tenencia accionarias de Shell, no ha explicitado ni debatido un Plan Energético Integral ni las intervenciones que desarrollará para mejorar la eficiencia en la generación, distribución y despacho, como podría ser el procesamiento de hidrocarburos en origen, pero ha anunciado nuevos aumentos para cubrir el 65% remanente del subsidio a las empresas según las tarifas que les reconoce. En cualquier caso esos guarismos que no han sido expuestos a Audiencia Pública como marca la ley, no pueden ser asumidos como costos inherentes e inamovibles de los cuadros tarifarios, ni pueden ignorarse las graves falencias de la gestión estatal verificadas y aún vigentes, que afectan los costos, que se ubican entre los más elevados del mundo.
Los recientes anuncios de dos nuevas centrales nucleares presupuestadas en Mu$s12.000 o la confirmación de la construcción de las represas santacruceñas que con más de Mu$s 5.000 de costo han sido adjudicadas, superando los costos de extensión y modernización del Canal de Panamá, no son señales de auteridad. Tampoco se ha explicado cómo se distribuirá la energía adicional generada en una Provincia como Santa Cruz que no está en condiciones de absorberla y considerando que la modernización del sistema eléctrico de distribución vigente en la Argentina, para equipararlo con países con niveles de ingreso y desarrollo semejante implicarían una inversión de al menos Mu$s 67.000 antes del 2030 (Greenpeace)
La mora de los gobiernos en garantizar un buen aislamiento térmico habitacional, la cogeneración y la integración industrial reduciendo el 30% de desperdicio energético promedio (INTI), que desarticule los acaparamientos de garrafas, combustibles y lubricantes, que reduzca los subsidios a las petroleras (Mu$s8.000/año), reasigne los impuestos asociados a los combustibles (42% en la Argentina, 8% en USA) etc. son tareas pendientes que deberán comenzar a remediarse antes de agobiar a los estoicos ciudadanos, racionar el gas a los vehículos o cortarlo a las industrias.
En un mundo que aumentará durante los próximos 30 años el 50 % su gasto energético y que prevé que los mayores incrementos su demanda se registrará en los países en desarrollo, la discusión para dejar atrás el carbón y la leña es impostergable
El uso de leña para cocinar y calentar sus hogares, genera un humo de leña que ha sido definido por la Organización Mundial de la Salud como “el asesino de la cocina”. Este humo ya ocasiona 1,5 millones de muertes/año además de múltiples problemas que van desde las afecciones respiratorias y el cáncer al retraso mental. El 41% de los argentinos que habitan sobre la 3º mayor reserva hidrocarburífera del mundo sobreviven al frio usando leña, que es provista en muchas provincias por el propio estado mediante el Plan Calor y similares, sin un control que asegure siquiera la calidad y cantidad de las entregas que insumen muchos millones de los presupuestos nacionales y provinciales.
El Gobierno debe comprender que con independencia del sendero estratégico que elija para superar la encrucijada energética, antes de acusar de dispendiosa y demandar austeridad a la ciudadanía, deberá observar lo que dice el viejo proverbio árabe cuando afirma: “si quieres verme llorar, llora, si quieres verme reír, ríe tu primero”.
Lic. Javier García Guerrero.
Columnista Económico de LRA Radio Nacional Viedma y Mendoza, Radio Mitre, Radio Argentina, Radio Dolores, entre otras.-
Opinión
Más allá del diagnóstico: La necesidad de una salida con contenido
Nota de opinión por Federico Vasches, integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.
¿Cuánto más se puede decir del estado actual de las cosas? Esta mezcla de novedad y continuidad, esta cotidianeidad que venimos habitando, nos fuerza muchas veces a una suerte de parálisis, obligándonos a detenernos indefinidamente en el diagnóstico. Nos enfrentamos, una vez más, cara a cara con sorpresas previsibles: es la sensación de que asistimos a «más de lo mismo», con el agravante de que ese «lo mismo» es, cada vez, peor.
Esta realidad no es abstracta; es una fuerza complicada que está tensionando transversalmente a la Argentina. Tensa a los individuos, a las familias y a los hogares, pero también erosiona a las instituciones, a los partidos políticos y a las organizaciones sociales en su conjunto. Estamos ante un escenario tan complejo como hondo, donde conviven la complicidad de algunos sectores con un agotamiento social generalizado. Es el agotamiento de quienes dijeron «no» a lo anterior para decir «sí» a esto, y que hoy se encuentran en la encrucijada de decir «no» a esto, sin querer regresar a lo otro. En ese limbo, la construcción de una salida institucional sigue siendo una asignatura pendiente.
La trampa de la reactividad: El vacío de la alternativa
En este escenario, lo que queda peligrosamente a la vista es un modelo de gestión de la oposición —tanto institucional como política— que es meramente reactivo en lugar de propositivo. Esta es una falencia generalizada que atraviesa a representantes políticos, sindicales y partidarios por igual: el gobierno nacional impone condiciones y la respuesta carece de propuestas superadoras. Las estructuras tradicionales se mueven siempre un paso por detrás de lo previsible, persiguiendo un modelo oficial que se percibe como arrasador.
Lo más alarmante no es el contenido de lo que se negocia, sino la incapacidad técnica para proyectar algo distinto. Nos enfrentamos a paritarias que no funcionan, a presupuestos que son jirones de la realidad y a discusiones por servicios básicos que parecen vaciadas de sentido. El rol de sindicatos, gobernadores y legisladores se ha degradado al de simples acompañantes de la coyuntura. Mientras se transita esa urgencia, no se está proyectando un plan de salida relevante. Esta reactividad es especialmente compleja en las universidades, donde ciertas conducciones operan como oposición política nacional pero como oficialismos institucionales, quedando atrapadas en la misma falta de iniciativa propositiva.
De la demencia al negacionismo: La inercia institucional de parte del sistema de CyT
Para entender la parálisis de quienes deben conducir, es necesario observar su comportamiento reciente. Tras el punto de inflexión de diciembre de 2023, cuando el flujo de recursos se detuvo abruptamente y las partidas dejaron de llegar, las instituciones universitarias no reaccionaron con un cambio de paradigma. Por el contrario, operaron bajo lo que podríamos llamar una demencia institucional: siguieron haciendo las cosas como si el escenario no hubiera cambiado, repitiendo fórmulas de un pasado que ya no tenía sustento material.
Hoy, esa demencia ha mutado en algo más peligroso: el negacionismo institucional. Al encontrar mecanismos modernos e innovadores para «oxigenar» el sistema -vía financiamientos externos, fundaciones propias o venta de servicios-, las conducciones «optan» por darle la espalda a la lucha estructural de sus trabajadores. Bajo la excusa de la eficiencia técnica y la creatividad para «salvar los muebles», están validando de facto el ajuste. Están demostrando una agilidad que en momentos de flujo ni siquiera se atrevieron a imaginar, pero lo hacen opacando la lucha docente y Nodocente, y confirmando ante el poder central que el recorte era, después de todo, ejecutable.
El experto disciplinar y la orfandad política
Esta desconexión tiene una raíz estructural en la formación de quienes dirigen el sistema de ciencia, tecnología y universitario. Por un lado, tenemos a los docentes e investigadores, y por otro, a los equipos de gestión Nodocente, que constituyen la arquitectura institucional invisible que permite mantener en pie el sistema. En la cima, el funcionariado (Rectores, Vicerrectores y Secretarios) ocupa cargos de naturaleza eminentemente política.
Sin embargo, el sistema está diseñado para que los académicos gestionen, bajo la premisa de que la excelencia en el grado o posgrado se traduce en capacidad de gestión. Pero la trayectoria académica no es proporcional a la pericia política. Geólogos, contadores, biólogos o arquitectos de renombre se encuentran hoy dirigiendo instituciones complejas frente a una política de choque para la cual sus herramientas disciplinares -que representan el 95% de su expertise- son insuficientes. No es lo mismo administrar el flujo que gestionar la incertidumbre y la restricción. Al no ser cuadros políticos de formación, quedan aislados de los debates profundos y los avatares partidarios los toman por sorpresa.
La seducción del intelectual y el desembarco de los gestores
Este contraste se refleja en la figura presidencial. Su ascenso fue el de un intelectual que ofrecía una doctrina económica liberal inspiradora y de gran penetración en jóvenes votantes y en una gran parte de la población desencantada con lo conocido. La sociedad, en su dificultad para determinar el rol efectivo del Estado, parece haber votado esa elocuencia, apostando a un horizonte filosófico pero dejando de lado o acaso, jamás interpelándose por el «cómo».
Pero una vez en el poder, se produjo un desplazamiento: la gestión real fue delegada en personajes cuyo activo no es la teoría, sino el know-how de la vieja política y la gestión de choque. Mientras el discurso se mantiene en la doctrina, la ejecución queda en manos de segundas y terceras líneas que saben operar las palancas del Estado de forma pragmática. Esta dualidad genera la máxima tensión: un relato intelectual que se ejecuta con las herramientas más conocidas de la gestión tradicional.
El intelectual como arquitecto y el control social
Frente a este vacío, el rol superador del intelectual debe ser el de un traductor: aquel que logre el match entre la ideología (el horizonte filosófico) y el cotidiano de la política pública. No puede ser alguien que se refugie en la academia para dar una clase virtual cada quince días; debe ser quien dote de sentido a la acción técnica e impregne e ilumine los debates públicos.
Nadie discute qué funciones debe afrontar el Estado en tanto garante de derechos. Su capilaridad social estratégica (en términos de Oszlak) es irremplazable. Sin embargo, no podemos seguir persiguiendo quimeras de innovación que mueren en acuerdos personales sobre un andamiaje inexistente. Propongo una salida que incluya una instancia de control social e intelectual comunitario, similar a una Defensoría del Pueblo, pero con una matriz de pensamiento crítico. Un espacio técnico con voz y probada incidencia donde la ciudadanía participe y rediscuta las políticas públicas junto a los intelectuales que les dan sentido.
Conclusión: Salir del asombro
En un mundo de información fragmentada, en el cual desde millennials a la generación alfa son bombardeados constantemente, los discursos vacíos ya no alcanzan. Lo que hoy se vuelve imperativo es la propuesta concreta. Debemos entender que, si la esperanza no tiene acción, es simplemente fe; y la fe es insuficiente para gestionar una organización, menos aún un sistema, demasiado lejos, una nación.
La salida no es dicotómica – izquierda o derecha-, sino programática. Requerimos un nuevo acuerdo social basado en ejes fundantes: ambiente, obra pública, educación, salud, deporte, disidencias, derechos humanos, vivienda y todos los otros temas que la sociedad pueda determinar. La única manera de garantizar a la ciudadanía una protección real es a través de una salida política integral: intelectuales, académicos, gestores y técnicos trabajando en un programa de gobierno concreto que abandone el asombro y retome la iniciativa. Es hora de que la arquitectura del Estado deje de servir a la supervivencia de una casta y empiece a tener a la gente presente en el centro de su diseño y control.
Federico Vasches
Integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.
Opinión
La Encrucijada de la IA: Moda o Soberanía
Nota de opinión por Federico Vasches, integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.
Estamos inmersos en un momento de avances exponenciales de la Inteligencia Artificial (IA). Esta carrera tecnológica, impulsada por el sector privado, genera nuevas oportunidades, pero también expone complejidades estructurales profundas en sociedades como la latinoamericana y la argentina en especial, agravadas ahora por el desfinanciamiento estatal.
Detrás de palabras y conceptos como costo, lucidez e inclusive debatiendo sobre la Paradoja de la Modernización, es crucial entender que no incorporar tecnología es, de hecho, más costoso que hacerlo. La adopción requiere una «lucidez estratégica»: un rediseño consciente y deliberado que entienda que lo que se hace se puede hacer mejor. Pero que de ninguna manera la IA reemplaza ni a las personas ni a sus responsabilidades.
Como dos caras de una moneda:
El sector privado actúa deliberadamente para maximizar la ganancia. Moderniza con celeridad, buscando mejorar procedimientos, presentándose a la vanguardia y el desarrollo, y poniendo en valor la IA.
El sector público, cuyo fin es social, a menudo responde al llamado de la modernización con el desfinanciamiento, con recorte y achicamiento. La negación a incorporar la IA transversalmente como tecnología que permita innovar, claramente es no estratégica, pues la sociedad ya la está utilizando, generando una distancia creciente entre ambos mundos.
Acá nos encontramos con el problema de la falsa dicotomía, la creencia simplista de que el privado es inherentemente más moderno y brillante. Esta visión es escasa, pues las personas en ambos sectores utilizan tecnología personal (smartphones, herramientas de IA como Gemini, ChatGPT, etc.).
La diferencia reside en la cultura organizacional: en el privado, la modernización se transparenta y premia; en el público, no está institucionalizada y a veces se castiga la desviación del proceso tradicional.
A no preocuparse, porque no todo es tan sombrío y acaso para evitar un futuro distópico, la solución reside en construir una soberanía tecnológica y digital más horizontal.
Esto nos propone:
Divulgación y Conocimiento: las sociedades y los individuos deben entender el impacto de la tecnología y la IA en todas las instituciones. Este conocimiento es la base para que los ciudadanos puedan defender, construir y validar las reformas necesarias.
Espacios de Co-creación: es imperativo crear espacios público-privados, liderados con la participación activa de la sociedad civil, tecnólogos, divulgadores y directores de proyectos.
Gobierno Abierto: estos espacios deben estar anclados en los principios de Gobierno Abierto: participación ciudadana, innovación, transparencia y rendición de cuentas.
Solo a través de esta colaboración estratégica y una ciudadanía informada, el Estado podrá evolucionar tecnológicamente no solo para sobrevivir, sino para construir un futuro donde la tecnología sirva a fines sociales amplios, y no solo a la maximización de la ganancia privada.
Federico Vasches
Integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.
Opinión
¿Publicidad electoral gratuita? Para los medios, un costo que nadie reconoce
Nota de opinión por Emilio Occhionero, periodista y socio gerente de Medios Roquenses SRL.
En cada proceso electoral se repite la misma escena: los medios de comunicación legalmente habilitados recibimos órdenes y cronogramas para transmitir espacios de publicidad electoral gratuita. Y, como corresponde a la ley, cumplimos. Sin embargo, pocas veces se habla del costo real que este esquema implica para las radios locales como La Súper FM 96.3, que somos parte activa de la vida comunitaria de General Roca.
Es que a través de la Ley N° 26.571, se fijó la prohibición por parte de las agrupaciones políticas de adquirir espacios en medios de comunicación audiovisual para transmitir publicidad electoral. A raíz de ello, debemos disponer de los espacios asignado mediante sorteo público durante el período de campaña en medios audiovisuales. En otras palabras, financiamos a los partidos políticos.
Y a nosotros, ¿quién nos financia? Muchas veces me preguntaron, ¿las radios de que viven? Vivimos de la publicidad, esa que se escucha cada vez que el conductor de un programa dice vamos a la pausa y volvemos. Si, esos minutos de aire, son los que nos permiten vivir día a día, pagar salarios, servicios e impuestos.
Nuestra emisora –como tantas otras del país– atraviesa un contexto económico crítico. Las tarifas de electricidad y gas aumentan, los impuestos como los de la utilización del éter radial, también. No existen beneficios específicos para los medios, y la pauta publicitaria oficial del gobierno nacional se redujo a cero, como lo dijo el presidente Javier Milei desde el día que asumió. En definitiva, debemos sostener estructuras, personal, equipos y servicios casi sin ingresos fijos, con costos crecientes y sin apoyos estatales.
En ese escenario, la obligación de dar minutos de programación para publicidad electoral gratuita es, en realidad, un esfuerzo económico que sale directamente del bolsillo de los propios medios. Es tiempo que dejamos de vender a anunciantes privados, es contenido que dejamos de producir y, en definitiva, es dinero que dejamos de ingresar. Así, terminamos financiando involuntariamente la campaña de los mismos dirigentes que luego deciden sobre tarifas, beneficios y regulaciones para el sector, incluso que determinan sus propios aumentos salariales.
No cuestionamos el derecho de los partidos políticos a difundir sus propuestas. Por el contrario, somos espacios abiertos al debate democrático. Pero la actual normativa necesita una revisión urgente: si el Estado exige transmisión obligatoria, también debe reconocer los costos y garantizar algún tipo de compensación, pauta o beneficio fiscal que equilibre la carga.
De otro modo, las emisoras locales, sobre todo, quedamos en una situación asfixiante y desigual frente a otros actores mediáticos que no tienen estas obligaciones.
Es hora de discutir con seriedad un sistema que permita sostener tanto la pluralidad de voces como el derecho de la ciudadanía a informarse. Las radios comerciales locales y comunitarias no podemos seguir soportando solas un gasto que no generamos y que, además, compromete nuestra supervivencia. La Democracia necesita medios fuertes e independientes, no medios debilitados por normativas que, aunque bienintencionadas, terminan siendo injustas.
Emilio Occhionero
Periodista – Socio gerente de Medios Roquenses SRL, propietaria de LRG 746 La Super Radio FM 96.3 y www.lasuperdigital.com.ar
