Judiciales
Defensorías temáticas llegan a General Roca y Bariloche
Comenzarán a funcionar a partir del 1 de agosto.

Las Unidades de Defensa Temáticas comenzarán, a partir del 1 de agosto, a funcionar como tales en las jurisdicciones encabezadas por las ciudades de General Roca y San Carlos de Bariloche. Esta decisión se tomó luego de los resultados positivos que arrojara el proyecto piloto iniciado en 2014 en Viedma que dividió las Defensorías civiles según la especificidad de la materia que en ellas se dirime, dando lugar a las Unidades de Defensa de Derechos Civiles, Sociales y de Familia.
La Resolución suscripta en 2014 por la Procuradora General, Silvia Baquero Lazcano, creó este nuevo esquema a través del cual las Defensorías de pobres y ausentes se redistribuyen en función de los derechos que protegen posibilitando una especialización mayor de los defensores en determinadas temáticas. Así, la Unidad de defensa de Derechos de familia asistirá a los implicados en procesos de divorcios, alimentos, régimen comunicacional, filiaciones, cuestiones relacionadas con los cuidados y la responsabilidad parental, tutelas y causas atenientes al fuero de familia, entre otras.
La Unidad de defensa de Derechos Civiles por su parte, asumirá la representación en juicios patrimoniales, de ausentes, demandas laborales, cuestiones de vecindad, asistencia a mediaciones complejas, adopciones, desalojos, sucesiones, inicio de procesos de capacidad y procesos ambientales.
Finalmente, la Unidad de defensa de Derechos Sociales se ocupa de representar a adultos en medidas de la Ley de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes, a personas con problemas de salud mental internadas de forma involuntaria, personas con capacidades diferentes y realiza amparos individuales y colectivos. Esta Defensoría asume además, en etapa recursiva, la codefensa en causas complejas.
En cuanto a la reasignación de equipos de trabajo, en General Roca serán los Dres. Irene Peruzzi, Mónica Ruiz y Diego Suarez quienes se ocupen de la Unidad de Familia; mientras que quedará la Dra. María Belén Deluchi a cargo de las unidades de Derechos Civiles y Sociales. En Bariloche, en tanto, los defensores Adriana Ruiz Moreno, Facundo Barrio Martín y Andrea Alberto estarán a cargo de la Unidad de Familia y Stella Maris Viudez de la Unidad de Derechos Sociales y la de Derechos Civiles.
En Viedma, también se modificará el organigrama de defensores quedando las Dras. Cecilia Cabello, Mariela Pape y Gabriela Sánchez a cargo de la Unidad de Defensa de Derechos de Familia mientras que Dolores Crespo se ocupará de la Defensa de los Derechos sociales y civiles. Todas ellas mantuvieron ayer una reunión en la Defensoría General para coordinar el nuevo esquema de trabajo.
Asimismo seguirán funcionando de la misma manera las Defensorías de menores e incapaces, velando por el efectivo cumplimiento de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y de las personas con capacidades diferentes; y las Defensorías penales, en representación de las personas en condiciones económicas de vulnerabilidad que se encuentren detenidas o sindicadas como presuntos autores de alguno de los delitos descriptos en el Código Penal.
Judiciales
Abuelos paternos acordaron pagar una cuota alimentaria y mantener el vínculo con su nieto
Ambos jubilados y con ingresos limitados, se comprometieron a aportar cada uno el 15% de sus haberes previsionales. También acordaron un régimen amplio de comunicación con el niño.

Dos abuelos jubilados de General Roca, que cuentan con ingresos económicos limitados, acordaron aportar cada uno el 15% de sus haberes previsionales para contribuir a la manutención de su nieto. El compromiso se alcanzó a través de una mediación del Poder Judicial de Río Negro, en la que también se estableció un régimen amplio de comunicación para fortalecer el vínculo familiar.
El conflicto llegó al Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC) de Roca a partir de un reclamo de prestación alimentaria. En la instancia participaron la madre del niño y sus abuelos paternos, con asistencia letrada de la Defensa Pública.
Durante el encuentro, las partes lograron construir una solución consensuada que contempló tanto las necesidades económicas del niño como la importancia de mantener el contacto con su familia paterna.
El abuelo y la abuela aceptaron aportar cada uno el 15% de su beneficio previsional, incluidos los montos correspondientes al sueldo anual complementario cuando lo perciban. Los porcentajes se calcularán una vez aplicados los descuentos obligatorios de ley.
El acuerdo establece que los aportes comenzarán en noviembre de 2026 y deberán depositarse entre los días 10 y 20 de cada mes. Para facilitar el cumplimiento, se solicitó gestionar ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) la retención voluntaria de los porcentajes acordados. Hasta que ese mecanismo esté operativo, los abuelos entregarán directamente las sumas correspondientes a la madre del niño, contra recibo.
Además de la contribución económica, se estableció un régimen amplio de comunicación. Los abuelos paternos podrán mantener contacto con su nieto en días y horarios que coordinarán con la madre. También se acordó que los propios abuelos y una tía paterna podrán encargarse de buscar al niño y acompañarlo de regreso a su hogar.
La intervención de la mediadora oficial permitió alcanzar un entendimiento que contempla dos aspectos centrales: el sostenimiento económico del niño y la continuidad de sus vínculos familiares.
A través del diálogo y la búsqueda de consensos, la mediación ofrece a las familias la posibilidad de construir acuerdos adecuados a sus circunstancias sin necesidad de atravesar un juicio.
Judiciales
Las prisiones preventivas aumentaron un 50% entre 2022 y 2025
Los registros judiciales muestran un incremento sostenido: las medidas pasaron de 746 en 2022 a 1.121 en 2025. Los delitos contra la propiedad concentraron la mayor cantidad de casos.

Entre 2022 y 2025 se registraron 3.774 prisiones preventivas en el sistema penal de Río Negro. La cantidad anual pasó de 746 en 2022 a 1.121 en 2025, lo que representa un incremento del 50,3% entre ambos extremos de la serie.
En 2023 se registraron 852 medidas y en 2024 fueron 1.055. La evolución muestra un incremento sostenido durante los cuatro años analizados.
La mayor cantidad de prisiones preventivas correspondió a causas vinculadas con delitos contra la propiedad, categoría que comprende hechos como robos, hurtos, estafas y otros ataques al patrimonio. Se registraron 1.484 medidas durante el período.
Le siguieron los delitos contra las personas, que incluyen hechos como homicidios y lesiones, con 838 medidas. Otras 559 correspondieron a delitos contra la administración pública, categoría que reúne conductas que afectan el funcionamiento de los organismos estatales como las desobediencias a una orden judicial.
También se registraron 418 medidas en causas por delitos contra la libertad, entre los que se encuentran amenazas, coacciones y privaciones ilegítimas de la libertad, y 363 por delitos contra la integridad sexual, categoría que comprende, entre otros, los distintos tipos de abuso sexual.
En los delitos contra la propiedad, las prisiones preventivas pasaron de 275 en 2022 a 466 en 2025.
La prisión preventiva es una medida cautelar que puede disponerse durante el proceso penal cuando se verifican los requisitos establecidos por la ley. Su aplicación no implica una condena ni determina la responsabilidad penal de la persona investigada.
La medida es solicitada por la acusación y su procedencia queda sometida al control judicial. Además, tiene carácter excepcional, está sujeta a plazos y puede ser revisada durante el desarrollo del proceso.
La información surge de los registros estadísticos de las Oficinas Judiciales y permite analizar la evolución de la actividad penal, identificar tendencias y contar con datos objetivos sobre el funcionamiento del sistema.
Judiciales
Le hackearon el WhatsApp a su socio y perdió $5,8 millones en una falsa operación cambiaria
La mujer realizó dos transferencias a una cuenta de un tercero, luego de recibir una oferta de dólares desde el número de WhatsApp de su socio. La Justicia ordenó retener los fondos y pasarlos a una cuenta judicial.

Una mujer de Cipolletti transfirió $5,8 millones para comprar dólares a quien creía que era su socio, pero luego descubrió que un tercero tenía el control del teléfono de él. Tras la denuncia penal y el reclamo ante el banco, la Justicia ordenó retener los fondos y transferirlos a una cuenta judicial.
La operación comenzó cuando la mujer recibió un mensaje de WhatsApp desde el número de su socio, quien le ofrecía venderle dólares. Como ya había realizado una compra de esa moneda con él en otra oportunidad, la propuesta no le generó sospechas. Sin embargo, su interlocutor insistió en que el pago se hiciera mediante una transferencia a una cuenta de una tercera persona en el Banco de Galicia. La mujer realizó dos depósitos.
Al día siguiente se enteró de que el teléfono de su socio había sido hackeado. Entonces realizó una denuncia penal y presentó un reclamo ante la entidad bancaria. El banco congeló preventivamente los fondos porque la titular de la cuenta receptora no había justificado su origen, aunque advirtió que no podía devolverlos sin una orden judicial.
Ante esa respuesta, la mujer acudió a la Unidad Jurisdiccional Civil N° 9 de Cipolletti y solicitó una medida autosatisfactiva para recuperar el dinero de manera inmediata.
El juez no ordenó la devolución directa sin antes escuchar a la titular de la cuenta de destino. Explicó que este tipo de medida produce efectos definitivos y que, por ese motivo, debe garantizarse el derecho de defensa de la otra parte.
Sin embargo, hizo lugar al pedido subsidiario para resguardar el dinero. Consideró verosímil que la titular de la cuenta hubiera recibido un pago sin ser acreedora de quien lo realizó y que la operación se hubiera concretado mediante un ardid. Señaló que el Código Civil y Comercial de la Nación contempla la restitución en ambos supuestos. También tuvo en cuenta que el congelamiento preventivo dispuesto por el banco no contaba con respaldo judicial y podía levantarse en cualquier momento.
La resolución ordenó a la entidad bancaria retener los fondos y transferirlos a una cuenta judicial. Además, estableció un plazo de 10 días para que la titular de la cuenta receptora explique la causa de los depósitos.
Si no se presenta ni formula oposición dentro de ese período, se tendrán por ciertos los hechos relatados y se ordenará transferir el dinero a la mujer. No obstante, como existe una investigación penal por el mismo hecho, la entrega de los fondos quedará supeditada a un informe del Ministerio Público Fiscal.






