Gremios
UnTER Roca preocupado por falta de mantenimiento en escuelas y el transporte escolar
En un comunicado de prensa, exigieron pronta respuesta al estado edilicio de algunas escuelas de la ciudad, y reclamaron por las falencias que presenta cotidianamente la empresa «Los Hermanos».
La Comisión Directiva de UnTER Seccional General Roca y el Departamento de Salud en la Escuela Alto Valle Este denunciaron nuevamente la situación que vienen atravesando las comunidades educativas de la ciudad. En este sentido, dejaron expuesta su preocupación por las «pocas respuestas que recibieron los equipos directivos, en el receso invernal, al sinnúmero de reclamos que vienen realizando desde principios del ciclo lectivo».
En declaraciones periodísticas, la Ministra de Educación de Río Negro, Mónica Silva, «falta a la verdad cuando asevera que todas las escuelas están en condiciones. Varias instituciones se encuentran hoy con dificultades, sin soluciones a los pedidos de arreglos menores y mayores relacionados con servicios de luz, agua, calefacción y cloacas, además de la reposición de vidrios, picaportes, mobiliario y papelería para uso administrativo. La falta de calefacción, por pérdidas de gas o roturas de calefactores o equipos de calefacción, es un eje central en varias instituciones rurales, urbanas y suburbanas que tienen que padecer las bajas temperaturas y continuar dictando clases a alumnos con la ropa y el calzado húmedos por las lluvias y el barro», expresaron desde la Seccional roquense del gremio docente rionegrino.
«Otro eje crítico que no ha logrado resolver éste Ministerio de Educación, es el transporte escolar a cargo de “Los Hermanos”. Diariamente los niños y adolescentes tienen que padecer el atraso de los colectivos que llegan sin calefacción, con problemas mecánicos que los dejan varados a mitad de recorrido, poniendo en riesgo su vida, con poca capacidad de asientos debiendo viajar parados o sentados y encimados. Y lo más grave aún: el Estado convalida que transiten, en la mayoría de los casos, sin verificación técnica ni documentación vehicular y de los choferes en condiciones. Con estos antecedentes, la empresa “Los Hermanos” y cualquier otra que no cumpla con los requisitos necesarios, debiera o debieran estar inhibidas de participar en las licitaciones que lleva a cabo el Ministerio para brindar el servicio de transporte escolar», manifestaron.
«A esta realidad se suma la falta de personal de servicio de apoyo (porteros). La cantidad de compañeros porteros es insuficiente en la mayoría de las escuelas ya que no debe asociarse a la cantidad de estudiantes, sino a la complejidad de la modalidad en que se desempeñan. Como solución se ofrecen horas suplementarias (hasta cuatro horas extras) a un monto irrisorio, que se demoran meses en pagar. La falta de aceptación de éstas condiciones por parte del PSA y la recarga que se genera en quienes permanecen en la función, se convierte en un avasallamiento de derechos laborales y de riesgo en el mantenimiento de las condiciones edilicias. La falta de insumos de limpieza en cantidad necesaria y elementos protectores de higiene y seguridad no contribuyen a mejorar las condiciones en que desarrollan sus tareas», añadieron desde UnTER Roca.
«En éste contexto, el funcionamiento de algunos establecimientos depende del día a día, y de la voluntad de las comunidades educativas, quienes sostienen el derecho a educar en condiciones dignas».
«La Coordinación Zonal Alto Valle Este I, a cargo de Silvina Biancalana, es una clara expresión de la definición política del Gobierno de la Provincia de Río Negro: dilatar con falsas promesas lo que debe resolver sin demoras, garantizando plenamente el derecho social a la educación».
Finalmente, indicaron que «ya no hay excusas de licitaciones en marcha, de indefiniciones en empresa contratadas, o falta de presupuesto para poder afrontar cada uno de los inconvenientes que se presentan en los establecimientos. Claramente es, la inoperancia, la desidia y la política del abandono que aplica este Ministerio y sus funcionarios, lo que no garantiza el derecho social a la educación de miles de niños. Lamentablemente las comunidades educativas son rehenes del Ministerio de Educación y DDHH y por tal motivo responsabilizamos a los funcionarios que con su inacción afectan éste derecho y les exigimos que lo garanticen», concluyeron desde UnTER Seccional Roca.
Gremios
Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Gremios
El Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad del control biométrico para el personal de Salud
La suspensión cautelar perdió vigencia y el sistema de registro mediante biometría facial continúa siendo obligatorio.
El Gobierno de Río Negro informó que el control biométrico de asistencia continúa vigente y es obligatorio para el personal del Ministerio de Salud, luego de que se agotara la vía administrativa vinculada con los planteos contra la Resolución 986/2026.
La resolución del Consejo Provincial de la Función Pública establece la obligatoriedad del sistema de registro de asistencia mediante biometría facial para el personal de Salud.
La semana pasada, la Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar a una medida cautelar autónoma presentada por ASSPUR y suspendido transitoriamente los efectos de la resolución. Sin embargo, esa medida tenía una condición concreta: la suspensión se mantenía únicamente hasta que el Estado Provincial agotara la vía administrativa.
Según informó la Provincia, la decisión judicial no había resuelto la cuestión de fondo ni declarado inválido el sistema de control biométrico. La cautelar se había dictado debido a que se encontraba pendiente de resolución un recurso jerárquico presentado por ASSPUR.
El Gobierno Provincial completó ese trámite mediante el Decreto N° 903, que rechazó el recurso jerárquico y ratificó la obligatoriedad del sistema establecido por la Resolución 986/2026.
Con el dictado y la notificación del decreto quedó formalmente agotada la vía administrativa. La Provincia comunicó esta circunstancia a la Cámara del Trabajo de Viedma, que tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito y remitió a los términos de su pronunciamiento anterior. De esta manera, al cumplirse la condición fijada por la Justicia, perdió vigencia la suspensión cautelar y continúa vigente la Resolución 986/2026.
La definición se suma a otros pronunciamientos judiciales vinculados con la implementación del sistema. Entre ellos, la Justicia rechazó recientemente un amparo presentado por UPCN para dejar sin efecto el control biométrico para sus afiliados.
En ese caso, se consideró que no estaba acreditada la existencia de un daño grave e irreparable ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que justificara la utilización de la vía excepcional del amparo.
Así, agotada la instancia administrativa y cumplida la condición que había dado sustento a la suspensión cautelar, el sistema de control biométrico continúa vigente y es obligatorio para el personal alcanzado del Ministerio de Salud.
Gremios
ATE exigió un examen médico psicofísico para conocer el estado de salud de Milei
«Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo», apuntó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó a Javier Milei para que informe si existe algún examen, junta médica, certificado, dictamen o protocolo que haya evaluado su aptitud psicofísica y/o psíquica para ejercer su rol de presidente y, en caso de que no exista, que lo realice inmediatamente. Además, el sindicato impulsará una iniciativa para que a partir del 2027 quienes se postulen a cargos electivos deban realizar un examen médico preocupacional y presentar un apto psicofísico para ejercer sus cargos.
«Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. La intimación será remitida a la Jefatura de Gabinete de Ministros con copia a Presidencia de la Nación.
En relación a los requisitos que se le solicitan a quienes ingresan a la administración pública, apuntó que «es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado. Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. Es una joda. Además es muy peligroso porque en el caso de Milei, es quien encabeza la administración pública nacional».
«Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen golpistas o destituyentes, porque no buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función. Porque si no lo fuera, las consecuencias jurídicas serían gravísimas. La mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos», agregó.
«Y no tenemos que olvidarnos que el presidente también es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sus actos tienen impacto no solo en la estabilidad institucional y en el funcionamiento del Estado, sino también en la seguridad nacional», completó Aguiar.
En este marco, el dirigente estatal explicó que «estamos ejerciendo el derecho a la información pública y el acceso ciudadano a la información estatal, derechos que están amparados en las leyes, en la Constitución Nacional y además en los tratados internacionales».
«Tenemos que avanzar en una iniciativa legal que permita exigir también examen psicofísicos a todos los cargos electivos a partir del año que viene. Esta presidencia de Milei nos enseñó que la psicosis y el delirio de un candidato en la campaña se pueden camuflar. No nos puede volver a suceder», concluyó el titular de ATE Nacional.
La intimación de ATE se ampara en el artículo 88 de la Constitución Nacional, haciendo saber que conocer el estado de salud del presidente no responde a una mera curiosidad particular, sino a una cuestión de notorio interés público e institucional que hace a la transparencia y a la confianza ciudadana en el ejercicio regular de la primera magistratura.
En su pedido, el sindicato aclaró que los trabajadores de la Administración Pública Nacional deben someterse a exámenes preocupacionales y periódicos de aptitud psicofísica, cuyo resultado condiciona directamente la continuidad del vínculo de empleo, según lo establece la la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164. Es en este marco que se lo insta al máximo responsable del Estado argentino a realizar evaluaciones similares.
Cabe destacar que ATE, en su requerimiento, deja en manifiesto que no busca acceder a ningún tipo de información médica privada, ni de historia clínica ni diagnósticos. sino que únicamente busca saber si existe una evaluación y cuál fue su conclusión: apto/no apto.
Detalles de la solicitud de ATE
- Exigir que el Gobierno informe si existe algún examen, junta médica, certificado, protocolo o dictamen que haya evaluado la aptitud psicofísica y/o psíquica del Presidente para ejercer el cargo.
- Si existe esa evaluación, informar la fecha, el organismo o profesional que intervino y el resultado, limitado a si fue considerado «apto» o «no apto», sin solicitar información clínica, diagnósticos ni historia médica.
- Informar si existe normativa, protocolo o reglamento que establezca controles periódicos de aptitud psicofísica y psíquica para el Presidente, y, en caso afirmativo, entregar una copia.
- Si el Gobierno decide rechazar total o parcialmente el pedido, ATE exige que la negativa sea fundada por escrito, indicando específicamente qué excepción de la Ley de Acceso a la Información Pública se invoca y aplicando el correspondiente test de daño e interés público.
- En caso de que no exista ningún tipo de exámen o apto médico realizado, que el mismo sea efectuado a los efectos de constatar si el presidente de encuentro en todas sus facultades psicofísicas para desempeñar el cargo.
