Gremios
ATE acusa a la Policía de Allen de detener ilegalmente a un trabajador municipal
Los hechos se remontan a junio de 2015 en el marco de una protesta de la entidad sindical en las instalaciones del Municipio de Allen.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció «el incremento de la violencia institucional contra los trabajadores sindicalizados de parte del Municipio de la ciudad de Allen» y repudió «el uso de la fuerza pública para llevar adelante estos actos ilegales». Es que, según explicaron, «mientras que la intendenta Sabina Costa durante largos meses nada dijo y amparo en su gabinete a denunciados múltiples veces por hechos de acoso y violaciones, ahora recrudece las acciones contra los trabajadores de ATE; criminalizando la protesta social».
«Acá estamos lisa y llanamente frente a una detención ilegal de la policía. No se puede apresar a alguien para llevarlo a tribunales sin que se hayan cumplido todos los procedimientos de notificación», denunció Esterea Gonzalez, Secretaria Gremial ATE Río Negro. «La policía sigue acumulando en su haber graves irregularidades y la persecución ideológica de la Intendenta Costa no es propia de los días de democracia que vivimos», finalizó la dirigente.
Los hechos se remontan a junio de 2015 en el marco de una protesta de la entidad sindical en las instalaciones del Municipio de la mencionada ciudad. Allí el gremio reclamaba por justas y considerables mejoras salariales. Un año más tarde, uno de los delegados que participó de las medidas, recibe la cédula de notificación con orden de traslado directo al Juzgado N° 12 de General Roca a los fines de prestar declaración indagatoria ante el Juez.
Desde ATE, condenan «el uso desmedido de la fuerza pública, la misma irrumpe violentamente en la casa del mencionado gremialista y obliga bajo amenazas a ser trasladado hasta los Juzgados de Roca; sin mediar causa que amerite semejante acción. A los fines de evitar un conflicto accede a ser conducido en una unidad policial hasta la vecina ciudad. Cabe aclarar que previamente no había sido notificado sobre el caso».
Para la entidad sindical «es preocupante, y remite a nefastas prácticas de oscuros años de nuestro país, que la fuerzas del orden actúen de una manera intimidatoria y al servicio de intereses que no son precisamente los que tienen que salvaguardar».
Por otro lado, «una vez arribado a Ciudad Judicial el delegado hizo uso de su derecho a negarse a declarar. Allí, los magistrados de turno esgrimieron la excusa que, de no mediar asesoría legal, eso no sería posible. Esto habla a las claras de un avasallamiento de los derechos por parte de los responsables de turno y un acto de total falta a los principios que deben defender».
Para la entidad sindical, «este hecho no se trata más que del uso de los recursos, tanto económicos como estructurales, del Estado para pretender criminalizar el reclamo social y socavar los derechos constitucionales que tienen los trabajadores».
Gremios
ATE denunció a UPCN y a Unión Personal por prácticas ilegales contra los estatales
El sindicato acusó a la obra social por cobrar coseguros ilegales en prestaciones de salud que forman parte del Programa Médico Obligatorio, y restringir prestaciones a quienes no estén afiliados a UPCN.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación a Unión Personal, obra social administrada por el sindicato Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), por el cobro de coseguros ilegales. También acusa discriminación en las prestaciones médicas según la afiliación sindical y la aplicación de tarifas exorbitantes sobre las prestaciones médicas obligatorias cercenando el derecho a la salud de los trabajadores.
«La conducta de algunos dirigentes del Sector Público es miserable. Primero le destruyen los salarios a los trabajadores avalando recortes sin precedentes, y ahora pretenden cobrar plus o aranceles diferenciados que están prohibidos por ley. No debe haber nada más bajo que meterse con la salud de los trabajadores y sus familias», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Estamos frente a una extorsión comprobada y además debe investigarse si no existen complicidades de las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud por permitir este accionar discriminatorio y manifiestamente ilegal que perjudica a miles de trabajadores estatales», agregó el dirigente.
En esta línea, el referente de ATE apuntó contra la conducción de UPCN. «Están utilizando a la obra social para intentar de manera desesperada frenar las desafiliaciones masivas que están sufriendo a partir del silencio cómplice que mantienen desde hace 19 meses avalando a un Gobierno que de manera permanente y sistemática ha agredido al empleo público e intentado desmantelar numerosas estructuras del Estado», agregó.
«Sin dudas enfrentamos una maniobra dolosa. Se están cometiendo delitos y de manera inmediata tienen que determinarse las responsabilidades de los administradores de la obra social, los dirigentes gremiales y funcionarios públicos que puedan estar involucrados», concluyó Aguiar.
El dirigente sindical argumentó ante la Superintendencia la ilegalidad del cobro de coseguros para intervenciones quirúrgicas, lo que viola el Programa Médico Obligatorio, y la imposición de costos elevados y diferenciales según afiliación sindical. Además, resaltó que «todos los estatales, independientemente de su afiliación o no, tienen el mismo derecho a la salud».
De esta forma, se acusa a UPCN de «extorsionar a los trabajadores para frenar la desafiliación masiva que viene sufriendo y de eximir solo a quienes estén afiliados a dicho sindicato del pago de los coseguros, entre otros privilegios como el acceso exclusivo a distintos sanatorios. Esto último, además de ser inconstitucional, representa una práctica extorsiva e intimidatoria. Además, el sindicato liderado por Andrés Rodríguez actúa en consonancia con el Gobierno Nacional».
Desde ATE se repudia «una deficiente administración por parte de la obra social Unión Personal y de UPCN lo que obliga a trasladar los costos de los servicios a los propios estatales».
«Gracias a la estrategia jurídica que el centenario sindicato estatal implementó para impedir los abusos que está llevando a cabo Unión Personal, ya se logró dar marcha atrás a algunas de las prácticas fraudulentas. Para eso, se presentaron diversos amparos, colectivos e individuales según el caso, ante el órgano de control de las obras sociales», sostuvo Aguiar.
Por otra parte, los delegados del sindicato en cada sector de la Administración Pública Nacional han registrado múltiples casos y asesorado sobre el procedimiento administrativo para impedir estas acciones ilegales y discriminatorias que está ejerciendo la obra social. También se ha puesto a disposición los formularios correspondientes para realizar las denuncias de forma individual.
Gremios
Nueva fecha paritaria para estatales rionegrinos: Será el 8 de septiembre
Así lo acordaron el gobernador Weretilneck y el titular de ATE, Rodolfo Aguiar.
El secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, y el gobernador Alberto Weretilneck se reunieron este lunes en Buenos Aires y acordaron para el 8 de septiembre una nueva reunión paritaria que será convocada por la Función Pública, de la cual también forma parte el gremio UPCN.
El sindicato había reclamado esta instancia luego de que el INDEC diera a conocer el índice de inflación de julio. Una porción mayoritaria de empleados públicos rionegrinos permanece aún sin conocer cuál será su ingreso en septiembre en un contexto económico turbulento.
«En un escenario nacional que se ha caracterizado por los recortes sobre el sector público, es muy importante poder garantizar paritarias que nos permitan defender los salarios de todos los estatales», dijo Rodolfo Aguiar.
«Está comprobado que el aumento del dólar se trasladó de manera directa a todos los precios de la economía. El ajuste no puede recaer sobre la espalda de los trabajadores. En la próxima negociación, el Gobierno debe realizar un ofrecimiento concreto que les permita a los estatales tener certeza de sus haberes en septiembre y recomponer su poder adquisitivo», agregó.
«También deben ser convocadas mesas en todos los ministerios, a los efectos de discutir problemáticas específicas y actualizar ítems congelados desde hace mucho tiempo», dijo Aguiar.
Gremios
UnTER calificó como «paupérrima» la nueva oferta salarial del Gobierno
Se trata de una suma de $20.000 a pagar por única vez con los haberes de septiembre.
El Gobierno de Río Negro a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, se reunió este lunes (250) en paritarias con representantes del gremio docente UnTER. El encuentro se desarrolló en la sede de la Secretaría de Trabajo de Río Negro y en ella se dio continuidad a los diferentes temas que se estuvieron trabajando en la paritaria realizada el 8 de agosto.
Al finalizar el encuentro, desde el gremio docente calificaron como «paupérrima» la propuesta del Gobierno. Es que desde el Ministerio se ofreció una suma fija no remunerativa por agente pago por única vez de $20.000 con los haberes de septiembre. Esta propuesta se suma a la convenida en la paritaria de julio la cual consistió en una propuesta trimestral que consiste en un 1% para julio al básico más $20.000 con criterio FONID a liquidarse en el concepto Asignación Docente; 1% para agosto más $10.000 con criterio FONID a liquidarse en el concepto Asignación Docente, y 1% al básico + $10.000 con criterio FONID a liquidarse en el concepto Asignación Docente.
Además se había incorporado el pago de una suma fija no remunerativa a pagar por única vez por agente en complementaria la última semana de julio de $40.000.
«La propuesta salarial es paupérrima e insuficiente frente a la crítica situación económica que atravesamos los trabajadores de la educación. Los representantes del Gobierno llevaron como única oferta el pago de una suma fija no remunerativa y por agente de $20.000 para el mes de septiembre. Exigimos una nueva convocatoria con un ofrecimiento que dé respuestas a los requerimientos y necesidades de quienes sostenemos el sistema educativo», indicaron desde UnTER.
Asimismo, ratificaron su reclamo de «una recomposición que contemple la pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios, agravada por el impacto del aumento del dólar sobre los precios de los artículos de consumo, el costo de los alquileres y servicios básicos».
«El salario docente no puede seguir siendo una variable de ajuste, y resulta imprescindible que el Ministerio avance hacia una propuesta que dignifique nuestro trabajo, garantice condiciones laborales justas, y esté a la altura de la responsabilidad institucional y del compromiso que día a día demostramos los trabajadores en las aulas», concluyeron.
