Gremios
ATE exige que el gobierno provincial transparente la publicidad oficial
Ante la denuncia pública de radio La Super, el gremio de los estatales salió a respaldar a los medios independientes y pidió que «Campetti no haga política con la plata de los rionegrinos».
Ante la pública denuncia de radio La Super FM 96.3 de General Roca, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) emitió un comunicado de prensa manifestando nuevamente su preocupación sobre «la utilización ilegal de la publicidad oficial que hace el gobierno de la provincia para ejercer presión directa sobre periodistas y dueños de medios, intentando así disciplinar a quienes pretenden garantizar un ejercicio plural de tan noble profesión».
Además de La Super, con anterioridad, también, se habían manifestado otros medios como el diario digital «La Palabra» de la capital provincial y Carmen de Patagones y «Radio La Barcaza» de la localidad de Cervantes, cuyos dueños manifestaron que le quitaron la pauta después de una crítica constructiva a la empresa estatal provincial Aguas Rionegrinas.
La entidad sindical considera que «éstas son sólo algunas de las pruebas directas sobre las graves irregularidades y la corrupción que atraviesa a la Secretaria de Medios que conduce Guillermo Campetti, existiendo otras personas que por ahora no van a hacer publicas las amenazas recibidas por el mencionado funcionario, indicando que no de aire, ni realicen notas o reportajes a determinados dirigentes gremiales o políticos».
«Todos los Gobiernos nos tienen acostumbrados a un uso discrecional de la publicidad oficial, pero éste va mucho más allá a la hora de intentar disciplinar a los medios de comunicación plurales que permiten que todas las voces puedan ser escuchadas. No queremos que con nuestra plata, la plata de todos los rionegrinos, Campetti haga política», condenó así Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Río Negro. «La Secretaría de Medios, que está siendo investigada por corrupción y desmanejos millonarios de su presupuesto, no cesa en la violación de normas, vulnerando la propia Constitución Nacional», prosiguió el dirigente.
Finalmente sostuvo que «hoy hay medios en la provincia que se han convertido en simples difusores de gacetillas oficiales y sus dueños son beneficiados con altas sumas de dinero mensuales. Debemos poner en debate la obligación que tiene el Estado de sostener el funcionamiento de todos los medios de comunicación y de transparentar el uso y distribución de la pauta oficial»
Desde ATE demandan que el Gobierno de Alberto Weretilneck transparente de manera inmediata la distribución mensual de la pauta publicitaria oficial y difunda bajo qué criterios otorga la misma. También el gremio exige que Campetti explique porque algunos medios de comunicación reciben aportes millonarios del Estado, mientras otros que cumplen con todas obligaciones legales, perciben montos mucho menores o ni siquiera reciben un aporte.
El sindicato también exige celeridad a la justicia para investigar los hechos de corrupción denunciados y los presuntos retornos que se reciben en la Secretaría de Medios provincial, recordando que «los fiscales y jueces actuantes deben mostrar completa independencia del Poder Ejecutivo Provincial».
Por último, el gremio pide «restablecer el cumplimiento de todos los derechos constitucionales en Río Negro, esencialmente el de libertad de prensa. Derecho éste que tiene el pueblo entero y que debe ser garantizado por todo Estado».
Gremios
Para ATE, «las garantías constitucionales están en riesgo» luego de la persecución política y judicial contra periodistas
«Este ataque a la libertad de expresión y el intento de allanar a periodistas pone en riesgo toda la institucionalidad de nuestro país», dijo Aguiar.
Luego de que el Gobierno denunciara a los periodistas que difundieron audios sobre la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) repudió este accionar del Poder Ejecutivo y acusó «un grave ataque contra la libertad de expresión».
«La persecución y el intento de allanar a periodistas por revelar hechos de corrupción pone en riesgo toda la institucionalidad en nuestro país», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Se trata de un ataque directo a la libertad de expresión y a todas las garantías constitucionales que como sociedad tenemos que defender. Todos los ciudadanos tienen derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa», agregó el dirigente. Entre los periodistas apuntados se encuentran Jorge Rial y Mauro Federico, además del responsable del portal Data Clave, Pablo Giménez.
Además, el sindicato alertó el preocupante acto de censura por el cual el juez Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello, prohibió la difusión de nuevos audios de la hermana del presidente.
«Estas decisiones atentan directamente contra los derechos constitucionales a la libertad de expresión, amparados en los artículos 14 y 32 de la Carta Magna. Todos los habitantes de la Nación gozan del derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal», detalló Aguiar.
Además, recordó que «la Argentina suscribe a la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual en su artículo 13 señala que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. El ejercicio del derecho no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley».
Gremios
UnTER ratificó el rechazo a la oferta salarial del Gobierno y exigió urgente convocatoria a paritaria
Desde el sindicato esperan que el llamado sea la próxima semana, si no convocarán a un nuevo Congreso.
El plenario de secretarios generales de la UnTER resolvió avalar por unanimidad el rechazo del Consejo Directivo Central a la última propuesta salarial por considerarla «paupérrima» y exigir una urgente convocatoria a paritaria con una oferta de recomposición acorde con los requerimientos del sindicato.
Con la participación de representantes de las 18 Seccionales, el plenario que se desarrolló por plataforma virtual, definió que en caso de no recepcionar la convocatoria del Ministerio de Educación en la primera semana de septiembre, se realizará un Congreso Extraordinario el 9 de septiembre. Asimismo, se resolvió exigir al Gobierno provincial la derogación de las auditorias médicas.
El plenario se expidió también respecto de las situaciones de violencia en diferentes puntos de la Provincia: exigió la continuidad del trabajo, de manera perentoria, en la elaboración de un protocolo y definió exhortar a los legisladores provinciales a tratar urgentemente el proyecto presentado por UnTER para la protección y el resguardo de los docentes en las instituciones rionegrinas.
Gremios
ATE denunció a UPCN y a Unión Personal por prácticas ilegales contra los estatales
El sindicato acusó a la obra social por cobrar coseguros ilegales en prestaciones de salud que forman parte del Programa Médico Obligatorio, y restringir prestaciones a quienes no estén afiliados a UPCN.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación a Unión Personal, obra social administrada por el sindicato Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), por el cobro de coseguros ilegales. También acusa discriminación en las prestaciones médicas según la afiliación sindical y la aplicación de tarifas exorbitantes sobre las prestaciones médicas obligatorias cercenando el derecho a la salud de los trabajadores.
«La conducta de algunos dirigentes del Sector Público es miserable. Primero le destruyen los salarios a los trabajadores avalando recortes sin precedentes, y ahora pretenden cobrar plus o aranceles diferenciados que están prohibidos por ley. No debe haber nada más bajo que meterse con la salud de los trabajadores y sus familias», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Estamos frente a una extorsión comprobada y además debe investigarse si no existen complicidades de las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud por permitir este accionar discriminatorio y manifiestamente ilegal que perjudica a miles de trabajadores estatales», agregó el dirigente.
En esta línea, el referente de ATE apuntó contra la conducción de UPCN. «Están utilizando a la obra social para intentar de manera desesperada frenar las desafiliaciones masivas que están sufriendo a partir del silencio cómplice que mantienen desde hace 19 meses avalando a un Gobierno que de manera permanente y sistemática ha agredido al empleo público e intentado desmantelar numerosas estructuras del Estado», agregó.
«Sin dudas enfrentamos una maniobra dolosa. Se están cometiendo delitos y de manera inmediata tienen que determinarse las responsabilidades de los administradores de la obra social, los dirigentes gremiales y funcionarios públicos que puedan estar involucrados», concluyó Aguiar.
El dirigente sindical argumentó ante la Superintendencia la ilegalidad del cobro de coseguros para intervenciones quirúrgicas, lo que viola el Programa Médico Obligatorio, y la imposición de costos elevados y diferenciales según afiliación sindical. Además, resaltó que «todos los estatales, independientemente de su afiliación o no, tienen el mismo derecho a la salud».
De esta forma, se acusa a UPCN de «extorsionar a los trabajadores para frenar la desafiliación masiva que viene sufriendo y de eximir solo a quienes estén afiliados a dicho sindicato del pago de los coseguros, entre otros privilegios como el acceso exclusivo a distintos sanatorios. Esto último, además de ser inconstitucional, representa una práctica extorsiva e intimidatoria. Además, el sindicato liderado por Andrés Rodríguez actúa en consonancia con el Gobierno Nacional».
Desde ATE se repudia «una deficiente administración por parte de la obra social Unión Personal y de UPCN lo que obliga a trasladar los costos de los servicios a los propios estatales».
«Gracias a la estrategia jurídica que el centenario sindicato estatal implementó para impedir los abusos que está llevando a cabo Unión Personal, ya se logró dar marcha atrás a algunas de las prácticas fraudulentas. Para eso, se presentaron diversos amparos, colectivos e individuales según el caso, ante el órgano de control de las obras sociales», sostuvo Aguiar.
Por otra parte, los delegados del sindicato en cada sector de la Administración Pública Nacional han registrado múltiples casos y asesorado sobre el procedimiento administrativo para impedir estas acciones ilegales y discriminatorias que está ejerciendo la obra social. También se ha puesto a disposición los formularios correspondientes para realizar las denuncias de forma individual.
