Una vez conocida la decisión del Consejo de la Magistratura de destituir al magistrado Diego Broggini, para la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) el «cuerpo colegiado acaba de cometer un grave error y demuestra un uso abusivo de las facultades que la ley le confiere, transformándose en un órgano orientado a perseguir a los jueces que no fallan según los intereses del Gobierno de turno».

Estas consideraciones de las organizaciones firmantes, «exentas de cualquier vinculación política o personal», según aclaran, «surgen de haber seguido de cerca la trayectoria del juez y valorar la mayoría de sus resoluciones que, resguardando los derechos de los trabajadores, mostraron coherencia entre lo que se enseña en las facultades de Derecho y los fallos judiciales, cuestión difícil de encontrar en otros integrantes de los Tribunales del Trabajo».

Para la CTA y ATE la medida adoptada es «absolutamente excesiva y persigue la finalidad de aleccionar al resto de los jueces, haciéndoles saber que si muestran independencia del poder político, podrían correr la misma suerte».

«El poder político, los diputados y algunos abogados abusan de las facultades de los cargos públicos que ostentan. El Consejo de la Magistratura acaba de cometer un error irreparable que afectará el servicio de Justicia en Río Negro. Decidir la máxima sanción, como es la destitución de un Juez por el simple hecho de haberse atrasado en algunas causas, termina siendo un mensaje para el resto de los magistrados. Esto también es una persecución política dirigida a quienes fallan en contra de los intereses del Gobierno de turno», manifestó Rodolfo Aguiar; Secretario General de ATE y CTA.

«Aparece completamente desproporcionada la decisión de adoptar la máxima sanción, la máxima pena, como es la destitución por el hecho de haberse verificado un atraso en las tramitaciones de distintos expedientes judiciales, aun respetando el derecho que le asiste a los involucrados de acceder a la justicia en tiempo oportuno».

Por último, las organizaciones sindicales consideraron que «con esta decisión, los distintos poderes que integran el Consejo de la Magistratura privan a la Justicia provincial de contar, de ahora en más, con los servicios de un ilustrado, ampliamente formado y honesto profesional».