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Para Aguiar, el gobierno nacional toma por «boludos» a los trabajadores
Cuestiona las modificaciones que se producirán sobre el Impuesto a las Ganancias y asegura que el proyecto de ley elaborado por el Gobierno Nacional «empeora el escenario actual».
En el inicio de una semana que será clave para definir las modificaciones que se producirán sobre el Impuesto a las Ganancias, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro asegura que el proyecto de ley elaborado por el Gobierno Nacional «empeora el escenario actual y que una gran cantidad de trabajadores, que hasta ahora no lo hacían, pasarán a pagar este injusto tributo».
La Central Obrera consideró, a través de su Secretario General, Rodolfo Aguiar, que «elevar el minino no imponible solamente entre 15% y 25% es absolutamente insuficiente y, apenas producidos los primeros aumentos salariales del 2017, más empleados serán alcanzados por el referido impuesto».
«Es burdo el incumplimiento del presidente Mauricio Macri sobre varias de las promesas realizadas en época electoral ya que, en este punto, se pasó al olvido el compromiso de eliminar definitivamente este gravamen de los ingresos de los asalariados y jubilados», dijo Aguiar.
«Nos toman por boludos a los trabajadores. Resulta que, no sólo el Gobierno no cumple con la promesa de eliminar este impuesto realizada en campaña, sino que, por el contrario, propone una modificación que nos perjudicará más aun», destacó el Secretario General de la CTA Autónoma de Río Negro. «El aumento del piso no imponible es irrisorio. Se quitan deducciones, se limitan otras y se sigue sin cobrar a los que verdaderamente obtienen ganancias en nuestro país», agregó.
«Hoy hay trabajadores que por el solo hecho de hacer horas extras pagan este impuesto. Apenas se otorguen los próximos incrementos salariales, pagarán este injusto tributo una mayor cantidad de trabajadores que en la actualidad. Esto es una joda», resaltó Aguiar.
La Central Sindical afirma que «es grave la intención del Poder Ejecutivo Nacional de quitar importantes deducciones que podían realizar los trabajadores como, por ejemplo de cónyuge, y restringir otras, contemplando los hijos sólo hasta los 18 años».
Por otro lado, «resulta irrisorio llevar el mínimo a $21.712 para los solteros y $25.230 en el caso de los casados», indicaron desde la CTA.
La CTA Autónoma señala, como otro de los aspectos negativos de la propuesta de modificación, el hecho que «no contemple un ajuste automático de acuerdo a los índices inflacionarios, generando una importante falta de seguridad jurídica».
Teniendo en cuenta estudios comparativos con otros países de la región, la Central concluye que si se toma el dólar de acuerdo a la paridad de compra, en Argentina, un trabajador en relación de dependencia, comienza a pagar el impuesto a partir de los U$S 2.750, mientras que en Perú recién lo hace desde los U$S 6.100, en Chile a los U$S 11.500 y en Uruguay a los U$S 14.000.
Por último, la Central Gremial cuestionó que «el proyecto oficial profundiza la regresividad del impuesto en dos aspectos. Primero, considerando que los aportes de los trabajadores igualan a los recursos pagados por la totalidad de las empresas alcanzadas por este tipo de gravámenes, calculando que de un total de $450.000 millones cobrados por la AFIP anualmente, $220.000 son aportados por los empleados y jubilados. Y, en segundo término, la intención del Gobierno es seguir sin afectar impositivamente a los sectores económicos de mayor rentabilidad y que continúan acumulando fabulosas ganancias, como la renta minera, el gas, petróleo, casinos, salas de juego, bancos y entidades financieras».
Gremios
Paro de ATE contra la reforma laboral
Aguiar también apunta a los gobernadores: “son cómplices primarios”, dijo.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realiza este martes (09/12) un paro nacional con protestas en todo el país y, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se movilizará al Congreso de la Nación a las 11 para rechazar la reforma laboral regresiva del Gobierno, exigir la inmediata reapertura de paritarias con una recomposición salarial de emergencia y en rechazo al intento de recorte del 10% de los trabajadores estatales.
Se prevé que el Gobierno ingrese el proyecto de reforma laboral el mismo día de la medida de fuerza del sindicato estatal. En este marco, su secretario general, Rodolfo Aguiar, apuntó que «intentarán imponer una reforma regresiva, pero esta vez el único responsable no será Milei. Los gobernadores son partícipes necesarios, cómplices primarios del mayor ataque en democracia a todos los derechos laborales. Algunos, incluso como el de Catamarca, juntaron votos en sus provincias hablando contra el ajuste nacional y ahora pretenden ser funcionales a esas políticas. No descartamos movilizaciones nacionales a esos distritos».
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habrá retiros de los lugares de trabajo a partir de las 10.30 para permitir la participación de los trabajadores en la protesta.
«En el sector público estamos en emergencia salarial. Con la ayuda de algunos pseudo gremialistas nuestros ingresos han sido destrozados. En los últimos 23 meses hemos perdido más de 33% de nuestro poder adquisitivo. El gobierno debe convocar a paritarias y otorgar una inmediata recomposición salarial», agregó el dirigente de ATE.
Otro de los motivos de la medida de fuerza es la intención del Gobierno de recortar la planta de trabajadores del Sector Público. En este marco, Aguiar apuntó que «la intención de achicar el Estado un 10% se convierte en una utopía luego de que fueran rechazados por el Congreso los decretos de desregulación de Sturzenegger. No pueden hacerlo. Sería ilegal».
Entre los principales reclamos se encuentra el intento de recorte del 10% en el Estado que intenta el Gobierno, el cual apuntaría a los organismos descentralizados como la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el INTA, el INTI y el Enacom.
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ATE fijó la fecha del paro nacional para el 9 de diciembre y se movilizará al Congreso
“Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió la fecha del paro nacional para el 9 de diciembre y se movilizará al Congreso de la Nación para rechazar la reforma laboral del Gobierno, exigir la inmediata reapertura de paritarias con una recomposición salarial de emergencia y en rechazo al intento de recorte del 10% de los trabajadores estatales.
«Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Cuando fue la crisis económica global del 2009/10, legislaciones similares se implementaron en varios países del mundo y en todos los casos fracasaron. Si analizamos la historia más reciente, el periodo de mayor creación de empleo y registro de trabajadores fue desde el 2002 al 2011/12, cuando existía la doble indemnización. Y aún con doble indemnización igual se registraban trabajadores. Eso prueba que la única manera de superar la crisis que hoy vive el mundo del trabajo es poniendo en valor las convenciones colectivas», explicó el dirigente estatal.
En base a la pérdida del poder adquisitivo que se profundizó en el sector público durante el 2025, Aguiar sostuvo que «quienes desempeñamos tareas en la Administración Pública nos negamos a ser expulsados por debajo de la línea de pobreza. Tienen que convocar a paritarias y otorgar una recomposición salarial de manera inmediata».
«Están soñando en el Gobierno si piensan que van a poder recortar el 10% de la planta estatal. A pesar del esfuerzo sobrehumano de los trabajadores y de su vocación, sumado a la desinversión, los servicios públicos están en su piso mínimo histórico», concluyó el secretario general de ATE.
El sindicato había definido adelantar la medida de fuerza -votada por unanimidad en su Confederal realizado en San Luis el pasado 27 de noviembre- y ahora la convocatoria podría coincidir con la presentación del proyecto de reforma laboral en el Congreso. Además, cada provincia definirá las modalidades de protesta y en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se dispondrán retiros de los lugares de trabajo a partir de las 10.30 horas.
Entre los principales reclamos se encuentra el intento de recorte del 10% en el Estado que intenta el Gobierno, el cual apuntaría a los organismos descentralizados como la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el INTA, el INTI y el Enacom.
El sindicato también reclama por la inmediata reapertura de las paritarias y exige una recomposición salarial de emergencia, recordando que el Ejecutivo realizó una convocatoria el pasado viernes 28 de noviembre de manera virtual a la cual asistió sin ofrecimiento.
Gremios
Municipio y gremios cerraron un nuevo incremento salarial para trabajadores
El Ejecutivo roquense y los sindicatos definieron subas del 2,5% en diciembre y 2,2% en enero y febrero para recomponer los haberes.
El Municipio de Roca y los gremios que representan a las y los trabajadores municipales cerraron un nuevo acuerdo salarial durante la última reunión paritaria. Del encuentro participaron representantes del Poder Ejecutivo local y las organizaciones sindicales ATE, ATM, SOYEM y UPCN.
La propuesta, aprobada por unanimidad, establece una suba acumulativa del salario básico: un 2,5% correspondiente a los haberes de diciembre de 2025; un 2,2% en enero de 2026; y un 2,2% adicional en febrero de 2026.
Tras el acuerdo, desde el Ejecutivo destacaron la importancia de «sostener un mecanismo de actualización que acompañe el contexto económico, asegurando la continuidad del diálogo paritario para evaluar nuevos acuerdos en los próximos meses, según los índices inflacionarios».
