Se trata de una iniciativa que presentaron Jorge Ocampos y Daniela Agostino bajo la premisa que el delito rural no tiene las mismas características del delito urbano, especialmente por la clara diferencia del terreno en el que opera, cuyas dimensiones lo hacen difícilmente controlable. “En la comisión de este tipo de delitos, corren riesgo hasta las vidas de las personas, puesto que el accionar delictivo no tiene ningún tipo de límites”, explican los legisladores del Frente Progresista en la propuesta parlamentaria.

“Para lograr su cometido, los ladrones cortan alambrados y matan a los animales, mientras que otra metodología utilizada, es la de apoderarse de los camiones de transporte de hacienda en las rutas, donde la vigilancia es casi nula”, indicó Ocampos.

El presidente de la bancada referenció que “las provincias de Buenos Aires y de Entre Ríos, pioneras en la cuestión, ya cuentan con varias fiscalías de competencia exclusiva para el tratamiento del delito rural”. Detalló que estas fiscalías tienen una competencia exclusiva basada en los delitos que se cometen en el campo o hechos conexos, que pueden ser el abigeato, sustracción de animales tanto ganado mayor o menor, hurto de elementos utilizados en el campo, maquinarias de trabajo, alambrados o cercos.

“El robo de ganado es un hecho que los productores agropecuarios padecen, sin que la difícil situación encuentre un tratamiento y solución adecuados. De hecho, en la renovación de autoridades que tuvo lugar recientemente en la Sociedad Rural de Río Colorado, la primera solicitud al gobierno provincial fue la implementación de medidas para combatir la inseguridad de áreas rurales”, recordó el legislador.

En la propuesta parlamentaria indican que “el hurto o robo de animales, cuenta con una ventaja respecto de los delitos urbanos, cual es la distancia que separa a las víctimas del auxilio de la fuerza pública”. Y agregan que si bien el sistema de patrullas rurales establecido en algunas provincias argentinas, destinado a recorrer y vigilar caminos vecinales, con base en la policía y en los municipios, es una medida aliativa, choca con la falta de uniformados y de móviles para cumplir esa función.

Ocampos aseguró “resulta indispensable la creación de fiscalías especializadas en delitos rurales, que a su vez puedan tener la misma disposición de las demás fiscalías de las fuerzas de seguridad para asegurar la función que cumplen”. Y detalló “el proyecto de ley presentado establece la designación de un fiscal rural por cada circunscripción judicial de la provincia”.