Opinión
La Educación es responsabilidad de toda la sociedad, no solo potestad de los gobiernos de turnos
Por Mario Floriani, ex Secretario General de UnTER.

En estos últimos días estamos viviendo una catarata de decretos, tanto del gobierno Nacional como del gobierno de Río Negro, avasallando claramente el Estado democrático que tanto pregonan por los medios de comunicación. La clase política se ufana de preocuparse por la educación y remarcan que es su prioridad y el camino para ser libres.
Las políticas que implementan no se condicen para nada con estos principios. No alcanza con mejorar las estadísticas de la repitencia cero a costa del vaciamiento de contenidos, de focalizar el trabajo en las trayectorias escolares individuales, en pagar primero en el cronograma salarial al sector docente, cuando muchos han quedado por debajo de la línea de pobreza de $13.155.
El gobierno de Mauricio Macri hasta ahora gobernó para los grupos económicos concentrados de Argentina y de la Banca Internacional, sin ningún condicionante, solo promesas de inversión que no llegan. A la hora de la distribución de la riqueza los trabajadores/ras hemos quedado a la espera. La inflación feroz del 2016 dilapidó lo que en cada provincia cada sector pudo conquistar. La mejora en el segundo semestre del 2016 nunca llegó, ahora la meta se fija para el último trimestre del 2017.
La nueva oleada de tarifazos no contribuye a bajar los índices de precios, arrancamos enero con la suba de combustibles, luego el transporte público, se viene nuevamente el de la electricidad y el gas. Todo esto se traducirá al costo de vida con más pérdida de nuestro poder adquisitivo, que provocará más recesión, menos consumo en el mercado interno, desempleo y convulsión social. Cada vez hay más pobres e indigentes, más argentinos sufren hambre, marginación y discriminación. Los sectores más vulnerables, hacen lo que pueden para sobrevivir. De la puja política y la “gobernabilidad” que acordó la oposición partidaria, sigue contribuyendo a la pérdida de derechos de los trabajadores/as, jubilados/as y la infancia.
Esto no se corrige bajando la edad de imputabilidad a los 14 años, se mejora con políticas claras de contención social, educación, deporte, cultura, formación laboral y los recursos necesarios para favorecer a una economía social, micro emprendimientos y el arranque de las PyMES que generen trabajo y dignidad a las personas con acceso a los servicios básicos.
El Gobierno nacional se niega a convocar a Paritaria Nacional Docente fijado por la Ley de financiamiento educativo. Recordemos que en febrero de 2016 se acordó un porcentaje de aumento salarial y luego no se quería homologar. Por las fuertes presiones y movilizaciones antes del comienzo de clases, tuvieron que firmar en el Ministerio de Trabajo Nacional. Algo similar le sucede a los compañeros Bancarios.
En diciembre vivimos la novela del cambio de Ley del Impuesto a las Ganancias, hubo un avance mínimo, incumpliéndose las promesas de campaña sobre la eliminación del impuesto al trabajo. A la fecha millones de argentinos seguimos aportando a este impuesto regresivo, que es utilizado como el poder de la billetera para presionar a los gobernadores y lograr obediencia y alineamiento.
Esto último es lo que pasa en Río Negro, ante el despilfarro de recursos en el 2015, con discursos efusivos de que estábamos en una provincia equilibrada y que no necesitábamos de nación para seguir funcionando, terminamos el segundo semestre del 2016 con atrasos en el pago de sueldos, emisión de letras para financiar los gastos corrientes y no escuchando las necesidades de los trabajadores/as.
Podemos confirmar que nuestros gobernantes son los mejores discípulos del poder central, exageran en el ajuste de un 20 %, resintiendo el correcto funcionamiento de las instituciones públicas, en educación faltaran recursos, ni hablar de las dificultades en el mantenimiento escolar que ya es evidente, el derecho social a la educación no estará garantizado. Modificaron la manera de designar a los docentes suplentes, esto se traduce en que el lerdo trámite burocrático para autorizar los suplentes hará que pasen semanas sin docentes en las aulas, modificando las funciones y condiciones laborales de Supervisores, directores, vicedirectores, modelo que se utiliza en otras provincias donde solo se autorizan suplencias mayores a 30 días. ¿Esto no es acaso flexibilización laboral? ¿Quién paga el ajuste? es claro que los trabajadores.
Nada se dice de la fuga de fondos en los suculentos sueldos de los funcionarios, legisladores, jueces y los subsidios a las escuelas privadas. Como siempre el hilo se corta por lo más delgado, los que menos tienen, en recursos y poder de definir.
Por ello la UnTER se opone a la imposición de políticas educativas y al vaciamiento de conocimientos de la escuela pública, al recorte del presupuesto educativo, a la nodesignación de suplentes.
Un párrafo aparte merece la aplicación de la Reforma Secundaria, además de la falsa discusión que nos quieren hacer creer que se dio entre toda la sociedad. Sin haber acordado el Diseño Curricular (qué y cómo enseñar, proceso evaluativo), sin régimen de asistencia, incumbencias, compatibilidades y espacios de formación reales. Pretenden imponer una reforma educativa que por los cambios en las modalidades e incumbencias de títulos impuestas se perderán puestos de trabajo.
La resistencia a esta reforma no solo es por parte de los trabajadores/as de la educación, sino además de estudiantes, padres y distintos Consejos Deliberantes incluidos concejales del partido gobernante en la provincia.
Esta imposición también llega a Educación en contexto de encierro (CEPJA), sin poder disimular que todo apunta al achique y que toman a Educación como un gasto. Es evidente que el trasfondo es electoral, para las elecciones legislativas nacionales de medio término. No se entiende la soberbia de las autoridades gubernamentales cuando por un lado sostienen que hay que reducir el gasto público, achicar el estado, y por el otro manifiestan que aumentarán las horas cátedras y los recursos entre un 25 al 30% del actual presupuesto, sin contar las necesidades edilicias, comedores y transporte escolar en los distintos niveles.
La falta de acuerdos no ha dejado muchas alternativas a los trabajadores, se pasó de los dichos a las acciones políticas de bloquear las asambleas. Esto comenzó a molestar al gobierno a tal punto que sacó al vocal gubernamental Omar Ribodino, quién agredió a un dirigente gremial en San Antonio Oeste. Dicho funcionario continúa con la protección de la Ministra Silva, al día de la fecha no se le pidió la renuncia. Si es una estrategia para negociar salarios se equivocan, no alcanza el 17%, más aun cuando todavía no se ofreció nada para recuperar lo perdido en el 2016.
Es lamentable el grado de autoritarismo con que se quiere imponer una manera de gobernar. Los trabajadores/as no estamos dispuestos a soportar este accionar, seguiremos exigiendo que se cumplan con las leyes laborales y salariales, por ello reivindicamos las paritarias como espacio genuino de discusión y negociación colectiva. El tiempo se agota, es necesaria la convocatoria a una urgente paritaria para debatir: la trasformación educativa de todo el nivel secundario, un aumento salarial de acuerdo a la pérdida del poder adquisitivo real, y políticas educativas que contemplen las necesidades de las comunidades educativas.
El conflicto está latente, el gobierno de Río Negro tiene la responsabilidad de buscar las soluciones, las que no serán el ajuste, desempleo, pérdida del poder adquisitivo, ni mucho menos el vaciamiento de la Educación Pública.
Mario Floriani.
Ex Secretario General de UnTER.-
Opinión
“Todos conocemos a alguien que no volvió”: El doloroso mensaje de la hija de una víctima fatal por un choque en la Ruta 22
Omar Edgardo Moreno murió tras un violento choque frontal ocurrido a la altura de Cervantes; mientras que otras tres personas resultaron heridas. Su hija escribió una carta, donde apuntó contra la desidia política y vial.

A poco más de una semana del choque frontal ocurrido sobre la Ruta Nacional N° 22, a la altura de Cervantes, Cindy Moreno publicó una extensa y conmovedora carta abierta tras la muerte de su padre, Omar Edgardo Moreno, quien perdió la vida en el siniestro vial registrado el pasado jueves (14/05).
El hecho ocurrió minutos después de las 10.30 horas en el kilómetro 1165 de la Ruta N° 22, en cercanías del barrio Colonia Fátima. El impacto frontal fue entre un Ford Focus que circulaba de oeste a este y un Peugeot 307 que viajaba en sentido contrario.
En cada vehículo viajaban dos personas. Como consecuencia del choque, Omar Moreno, conductor del Focus, murió en el lugar. Los otros tres ocupantes sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Francisco López Lima de General Roca, donde continúan recibiendo atención médica.
En su carta, Cindy Moreno apuntó contra la negligencia vial, el abandono estatal, la falta de obras sobre la Ruta N° 22 y también destacó el acompañamiento del personal de salud y de la comunidad en medio del dolor.
La carta completa
Mi papá no murió solamente en un choque sobre la Ruta 22.
Mi papá murió en una provincia donde hace más de treinta años la desidia política avanza más rápido que las obras. Donde los funcionarios cambian, los discursos cambian, las campañas cambian, pero las rutas siguen rotas, los hospitales siguen sobreviviendo como pueden y las familias siguen enterrando seres queridos mientras escuchan promesas recicladas.
No le escribo esta carta abierta a quienes salen todos los días a trabajar y manejan con responsabilidad entre un pueblo y otro, rezando llegar bien. Ellos ya conocen el miedo. Lo sienten cada vez que toman la Ruta 22 para ir al médico, llevar a sus hijos a estudiar, hacer un trámite o volver a casa.
Esta carta está dirigida a quienes manejan con negligencia, creyendo que el volante es una extensión de su impunidad. Pero también está dirigida a los municipios y gobiernos que durante décadas convirtieron una obra vital para toda la región en una disputa absurda de egos, intereses y mezquindades políticas.
Mientras la gente esperaba una ruta segura, ellos discutían si un tramo debía pasar por arriba o por abajo, si convenía un puente más o una rotonda menos, mientras la obra se demoraba eternamente entre internas políticas, especulación y abandono.
Y en el medio, la gente siguió muriéndose.
En el Alto Valle ya ni siquiera hacen falta estadísticas. Todos conocemos a alguien que no volvió. Todos conocemos una familia destruida por una ruta inconclusa. Todos vimos cruces al costado del camino multiplicarse más rápido que las soluciones.
Hace más de diez años comenzaron las obras de mejora de la Ruta 22. Diez años en los que miles de rionegrinos soñamos que, por respeto a los muertos y por responsabilidad hacia los vivos, finalmente se terminara aquello que nos prometieron una y otra vez.
Pero la política eligió otra cosa.
Eligió discutir poder mientras la gente enterraba hijos, padres, hermanos y amigos.
Mi papá no va a volver. Y no existe pésame institucional capaz de reparar el vacío que deja una ausencia así cuando durante años se ignoraron pedidos básicos de infraestructura, prevención y dignidad.
Porque la desidia no aparece solamente en las rutas. También aparece en hospitales sostenidos a pulmón sus trabajadores. Aparece en localidades donde ni siquiera las entradas para las ambulancias están asfaltadas. Aparece en edificios públicos sin calefacción en plena Patagonia. Aparece cuando falta lavandina en los baños, cuando el personal de salud no tiene dónde calentarse un almuerzo después de horas intentando salvar vidas.
Mi mamá sigue grave en el hospital de General Roca. Y aun en medio de semejante abandono estructural, el personal humano de ese hospital logró algo extraordinario: devolvernos un poco de fe. Nunca voy a olvidar la humanidad del servicio de Hematología, ni las palabras cálidas, ni las sonrisas, ni la forma en que acompañan a familias destruidas aun cuando trabajan en condiciones indignas. Tampoco voy a olvidar a toda la gente que se acercó a donar sangre sin conocernos. Ahí entendí algo doloroso y hermoso al mismo tiempo: esta provincia sobrevive gracias a su gente, no gracias a sus dirigentes. Río Negro está lleno de personas extraordinarias obligadas a compensar todos los días la ausencia del Estado.
Hoy no escribo para pedir nada. Porque lo único que quiero es que me devuelvan a mi papá, y eso no va a pasar.
Pero sí necesito decir que las muertes evitables también tienen responsables. Que las obras postergadas matan. Que la negligencia mata. Que gobernar mirando encuestas, disputas partidarias y negocios mientras la gente arriesga la vida para ir de un pueblo a otro también tiene consecuencias. A los conductores de la camioneta y el auto blanco que hicieron todo mal aquel día, que les faltan papeles y les sobra inconsciencia, ojalá los acompañe la culpa de su irresponsabilidad. Y a quienes durante años tuvieron en sus manos la posibilidad de terminar una ruta segura y fortalecer un sistema de salud digno, ojalá alguna vez comprendan el daño irreparable que produce gobernar de espaldas a la realidad.
Mi papá ya no está. Pero pienso honrar su memoria haciendo lo mismo que él hizo siempre: decir lo que incomoda, exigir justicia y negarme a aceptar que el abandono sea el destino inevitable de nuestra región.
A quienes estuvieron con nosotros en estos días, gracias. El mundo sigue siendo un lugar digno gracias a personas como ustedes.
Cindy Moreno B.
Opinión
Más allá del diagnóstico: La necesidad de una salida con contenido
Nota de opinión por Federico Vasches, integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.

¿Cuánto más se puede decir del estado actual de las cosas? Esta mezcla de novedad y continuidad, esta cotidianeidad que venimos habitando, nos fuerza muchas veces a una suerte de parálisis, obligándonos a detenernos indefinidamente en el diagnóstico. Nos enfrentamos, una vez más, cara a cara con sorpresas previsibles: es la sensación de que asistimos a «más de lo mismo», con el agravante de que ese «lo mismo» es, cada vez, peor.
Esta realidad no es abstracta; es una fuerza complicada que está tensionando transversalmente a la Argentina. Tensa a los individuos, a las familias y a los hogares, pero también erosiona a las instituciones, a los partidos políticos y a las organizaciones sociales en su conjunto. Estamos ante un escenario tan complejo como hondo, donde conviven la complicidad de algunos sectores con un agotamiento social generalizado. Es el agotamiento de quienes dijeron «no» a lo anterior para decir «sí» a esto, y que hoy se encuentran en la encrucijada de decir «no» a esto, sin querer regresar a lo otro. En ese limbo, la construcción de una salida institucional sigue siendo una asignatura pendiente.
La trampa de la reactividad: El vacío de la alternativa
En este escenario, lo que queda peligrosamente a la vista es un modelo de gestión de la oposición —tanto institucional como política— que es meramente reactivo en lugar de propositivo. Esta es una falencia generalizada que atraviesa a representantes políticos, sindicales y partidarios por igual: el gobierno nacional impone condiciones y la respuesta carece de propuestas superadoras. Las estructuras tradicionales se mueven siempre un paso por detrás de lo previsible, persiguiendo un modelo oficial que se percibe como arrasador.
Lo más alarmante no es el contenido de lo que se negocia, sino la incapacidad técnica para proyectar algo distinto. Nos enfrentamos a paritarias que no funcionan, a presupuestos que son jirones de la realidad y a discusiones por servicios básicos que parecen vaciadas de sentido. El rol de sindicatos, gobernadores y legisladores se ha degradado al de simples acompañantes de la coyuntura. Mientras se transita esa urgencia, no se está proyectando un plan de salida relevante. Esta reactividad es especialmente compleja en las universidades, donde ciertas conducciones operan como oposición política nacional pero como oficialismos institucionales, quedando atrapadas en la misma falta de iniciativa propositiva.
De la demencia al negacionismo: La inercia institucional de parte del sistema de CyT
Para entender la parálisis de quienes deben conducir, es necesario observar su comportamiento reciente. Tras el punto de inflexión de diciembre de 2023, cuando el flujo de recursos se detuvo abruptamente y las partidas dejaron de llegar, las instituciones universitarias no reaccionaron con un cambio de paradigma. Por el contrario, operaron bajo lo que podríamos llamar una demencia institucional: siguieron haciendo las cosas como si el escenario no hubiera cambiado, repitiendo fórmulas de un pasado que ya no tenía sustento material.
Hoy, esa demencia ha mutado en algo más peligroso: el negacionismo institucional. Al encontrar mecanismos modernos e innovadores para «oxigenar» el sistema -vía financiamientos externos, fundaciones propias o venta de servicios-, las conducciones «optan» por darle la espalda a la lucha estructural de sus trabajadores. Bajo la excusa de la eficiencia técnica y la creatividad para «salvar los muebles», están validando de facto el ajuste. Están demostrando una agilidad que en momentos de flujo ni siquiera se atrevieron a imaginar, pero lo hacen opacando la lucha docente y Nodocente, y confirmando ante el poder central que el recorte era, después de todo, ejecutable.

El experto disciplinar y la orfandad política
Esta desconexión tiene una raíz estructural en la formación de quienes dirigen el sistema de ciencia, tecnología y universitario. Por un lado, tenemos a los docentes e investigadores, y por otro, a los equipos de gestión Nodocente, que constituyen la arquitectura institucional invisible que permite mantener en pie el sistema. En la cima, el funcionariado (Rectores, Vicerrectores y Secretarios) ocupa cargos de naturaleza eminentemente política.
Sin embargo, el sistema está diseñado para que los académicos gestionen, bajo la premisa de que la excelencia en el grado o posgrado se traduce en capacidad de gestión. Pero la trayectoria académica no es proporcional a la pericia política. Geólogos, contadores, biólogos o arquitectos de renombre se encuentran hoy dirigiendo instituciones complejas frente a una política de choque para la cual sus herramientas disciplinares -que representan el 95% de su expertise- son insuficientes. No es lo mismo administrar el flujo que gestionar la incertidumbre y la restricción. Al no ser cuadros políticos de formación, quedan aislados de los debates profundos y los avatares partidarios los toman por sorpresa.

La seducción del intelectual y el desembarco de los gestores
Este contraste se refleja en la figura presidencial. Su ascenso fue el de un intelectual que ofrecía una doctrina económica liberal inspiradora y de gran penetración en jóvenes votantes y en una gran parte de la población desencantada con lo conocido. La sociedad, en su dificultad para determinar el rol efectivo del Estado, parece haber votado esa elocuencia, apostando a un horizonte filosófico pero dejando de lado o acaso, jamás interpelándose por el «cómo».
Pero una vez en el poder, se produjo un desplazamiento: la gestión real fue delegada en personajes cuyo activo no es la teoría, sino el know-how de la vieja política y la gestión de choque. Mientras el discurso se mantiene en la doctrina, la ejecución queda en manos de segundas y terceras líneas que saben operar las palancas del Estado de forma pragmática. Esta dualidad genera la máxima tensión: un relato intelectual que se ejecuta con las herramientas más conocidas de la gestión tradicional.
El intelectual como arquitecto y el control social
Frente a este vacío, el rol superador del intelectual debe ser el de un traductor: aquel que logre el match entre la ideología (el horizonte filosófico) y el cotidiano de la política pública. No puede ser alguien que se refugie en la academia para dar una clase virtual cada quince días; debe ser quien dote de sentido a la acción técnica e impregne e ilumine los debates públicos.
Nadie discute qué funciones debe afrontar el Estado en tanto garante de derechos. Su capilaridad social estratégica (en términos de Oszlak) es irremplazable. Sin embargo, no podemos seguir persiguiendo quimeras de innovación que mueren en acuerdos personales sobre un andamiaje inexistente. Propongo una salida que incluya una instancia de control social e intelectual comunitario, similar a una Defensoría del Pueblo, pero con una matriz de pensamiento crítico. Un espacio técnico con voz y probada incidencia donde la ciudadanía participe y rediscuta las políticas públicas junto a los intelectuales que les dan sentido.

Conclusión: Salir del asombro
En un mundo de información fragmentada, en el cual desde millennials a la generación alfa son bombardeados constantemente, los discursos vacíos ya no alcanzan. Lo que hoy se vuelve imperativo es la propuesta concreta. Debemos entender que, si la esperanza no tiene acción, es simplemente fe; y la fe es insuficiente para gestionar una organización, menos aún un sistema, demasiado lejos, una nación.
La salida no es dicotómica – izquierda o derecha-, sino programática. Requerimos un nuevo acuerdo social basado en ejes fundantes: ambiente, obra pública, educación, salud, deporte, disidencias, derechos humanos, vivienda y todos los otros temas que la sociedad pueda determinar. La única manera de garantizar a la ciudadanía una protección real es a través de una salida política integral: intelectuales, académicos, gestores y técnicos trabajando en un programa de gobierno concreto que abandone el asombro y retome la iniciativa. Es hora de que la arquitectura del Estado deje de servir a la supervivencia de una casta y empiece a tener a la gente presente en el centro de su diseño y control.
Federico Vasches
Integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.
Opinión
La Encrucijada de la IA: Moda o Soberanía
Nota de opinión por Federico Vasches, integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.

Estamos inmersos en un momento de avances exponenciales de la Inteligencia Artificial (IA). Esta carrera tecnológica, impulsada por el sector privado, genera nuevas oportunidades, pero también expone complejidades estructurales profundas en sociedades como la latinoamericana y la argentina en especial, agravadas ahora por el desfinanciamiento estatal.
Detrás de palabras y conceptos como costo, lucidez e inclusive debatiendo sobre la Paradoja de la Modernización, es crucial entender que no incorporar tecnología es, de hecho, más costoso que hacerlo. La adopción requiere una «lucidez estratégica»: un rediseño consciente y deliberado que entienda que lo que se hace se puede hacer mejor. Pero que de ninguna manera la IA reemplaza ni a las personas ni a sus responsabilidades.
Como dos caras de una moneda:
El sector privado actúa deliberadamente para maximizar la ganancia. Moderniza con celeridad, buscando mejorar procedimientos, presentándose a la vanguardia y el desarrollo, y poniendo en valor la IA.
El sector público, cuyo fin es social, a menudo responde al llamado de la modernización con el desfinanciamiento, con recorte y achicamiento. La negación a incorporar la IA transversalmente como tecnología que permita innovar, claramente es no estratégica, pues la sociedad ya la está utilizando, generando una distancia creciente entre ambos mundos.
Acá nos encontramos con el problema de la falsa dicotomía, la creencia simplista de que el privado es inherentemente más moderno y brillante. Esta visión es escasa, pues las personas en ambos sectores utilizan tecnología personal (smartphones, herramientas de IA como Gemini, ChatGPT, etc.).
La diferencia reside en la cultura organizacional: en el privado, la modernización se transparenta y premia; en el público, no está institucionalizada y a veces se castiga la desviación del proceso tradicional.
A no preocuparse, porque no todo es tan sombrío y acaso para evitar un futuro distópico, la solución reside en construir una soberanía tecnológica y digital más horizontal.
Esto nos propone:
Divulgación y Conocimiento: las sociedades y los individuos deben entender el impacto de la tecnología y la IA en todas las instituciones. Este conocimiento es la base para que los ciudadanos puedan defender, construir y validar las reformas necesarias.
Espacios de Co-creación: es imperativo crear espacios público-privados, liderados con la participación activa de la sociedad civil, tecnólogos, divulgadores y directores de proyectos.
Gobierno Abierto: estos espacios deben estar anclados en los principios de Gobierno Abierto: participación ciudadana, innovación, transparencia y rendición de cuentas.
Solo a través de esta colaboración estratégica y una ciudadanía informada, el Estado podrá evolucionar tecnológicamente no solo para sobrevivir, sino para construir un futuro donde la tecnología sirva a fines sociales amplios, y no solo a la maximización de la ganancia privada.
Federico Vasches
Integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.





