Para las recientemente asumidas autoridades del Colegio de Abogados General Roca, el decreto N° 54/2017 firmado por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, que modifica el régimen de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo «es inconstitucional».

La entidad que preside el Dr. Gastón Lauriente advirtió que «está basado en argumentos falaces, principalmente aquellos relacionados con la idea de una industria del juicio fortalecida por las deficiencias del sistema».

La Comisión Directiva de la entidad que agrupa a todos los abogados de la Segunda Circunscripción (desde Allen hasta Río Colorado) anticipó que, en caso de avanzar la implementación de los cambios, iniciará acciones colectivas, buscando que se dicte la inconstitucionalidad del decreto.

Para el Colegio roquense el DNU «no respeta la Carta Magna, que establece en su artículo 99 inciso 3, que el Presidente de la Nación no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo».

Además consideran que «no existe ninguna necesidad ni urgencia en la modificación de las leyes 24.557 y 26.773. El sometimiento obligatorio a los trabajadores accidentados de transitar el procedimiento administrativo de las Comisiones Médicas, vedando y obstaculizando el acceso directo a la Justicia, provoca una ostensible discriminación para los trabajadores, olvidando el especial carácter tuitivo que nuestro sistema de valores y principios constitucionales y convencionales otorga a dicho grupo social», agregaron.

Una fuerte crítica realizaron sobre las Comisiones Médicas, «a las cuales el mencionado decreto les asigna funciones cuasi judiciales». En este sentido, detallaron que «son órganos integrados por profesionales de la medicina, con nula formación jurídica y que a su vez, se encuentran en una situación de dudosa imparcialidad, ya que los emolumentos y remuneraciones de tales funcionarios son abonados con fondos que surgen del mismo sistema de ART».

«En el caso de las Comisiones Médicas N° 9 de Neuquén y N° 35 de General Roca, se observa en la práctica, un denodado esfuerzo de los funcionarios médicos de tales reparticiones en favorecer y sostener las posturas de las ART, restringiendo derechos de los accidentados y obstaculizando e impidiendo que los trabajadores sean asesorados adecuadamente en la defensa de sus derechos», concluye el comunicado de prensa que lleva la firma de la Comisión Directiva del Colegio de Abogados de General Roca.