Gremios
UnTER denuncia ajuste educativo en la educación especial
Nuevo cruce entre el gremio y el gobierno provincial. Ahora acusan al Ministerio de que no los consultaron para modificaciones en el ámbito de la educación especial.
El gremio docente UnTER denunció públicamente que el gobierno rionegrino quiere realizar un ajuste en la educación especial de la provincia. «Los cambios y transformaciones inconsultas están a la orden del día en el Ministerio de Educación de Río Negro. Hoy toca de lleno a la educación especial. Como buenos discípulos de Esteban Bullrich (ministro de Educación de la Nación), los funcionarios abren todos los frentes para quebrar la voluntad del colectivo docente, desarticular a las comunidades y desconocer los derechos de niñas/os y jóvenes en situación de discapacidad, con el único objetivo de imponer el ajuste que exige el gobierno nacional», expresaron.
Es que Roxana Méndez, directora de Inclusión Educativa, Educación Especial y Asistencia Técnica, remitió a todas las Escuelas Especiales y de Formación Cooperativa y Laboral los “Lineamientos para la construcción de proyectos educativos institucionales y curriculares. Escuelas de Formación Integral (EFI) para adolescentes y jóvenes con discapacidad”. UnTER critica que este procedimiento se realizó de manera «inconsulta, sin participación de la organización sindical».
«Esta definición, desconoce el compromiso del Ministerio, firmado el 15 de abril de 2016 en la reunión de la Comisión de política educativa entre Ministerio de Educación y UnTER, en la que ésta temática de transformación de las Escuelas de Formación Cooperativa y Laboral (EFCyL) figuraba como temario en la Resolución N° 1737/16. Igual que con la ESRN, en el marco del conflicto salarial iniciado a fines de julio, el gobierno avanzó unilateralmente», remarcaron desde el gremio. «En el mes de noviembre, el Ministerio presentó un proyecto casi concluido a supervisores/as de educación especial y directores/as de escuelas primarias de la modalidad. Finalmente, ahora envió los lineamientos para trabajar la información, con las y los docentes, durante la primera jornada laboral, prevista entre el 1 y el 3 de marzo», agregaron.
«El gobierno pretende que en cuatro horas se analice un documento que modifica sustancialmente el perfil de la escuela, desde la estructura organizacional de Escuelas de Formación Laboral respecto de horarios, turnos y perfiles docentes, hasta los cambios en la población educativa porque modifica la franja etárea de los y las estudiantes, entre otros aspectos. Curioso criterio de la directora de Inclusión educativa sobre el trabajo conjunto, sin tiempo para la lectura crítica ni posibilidades de intercambio de aportes, censura las voces de quienes están en el aula y conocen la realidad que no se puede visibilizar desde los escritorios», reclamaron.
«Desde el punto de vista pedagógico, pese al maquillaje grosero de la denominación “educación integral”, esta nueva escuela eternizará a las y los estudiantes en el nivel primario. Postura aniquiladora de subjetividades, con niños/as y jóvenes que transcurrirán por una escuela primaria hasta los 12 o 13 años, para seguir sus estudios en otra igual. Sin importar su desarrollo madurativo, ingresarán y transitarán sólo por su edad cronológica hasta su egreso a los 17 o 18 años», añadieron desde el Consejo Directivo Central de UnTER, liderado por su secretaria general Patricia Cetera.
«El gobierno impone un proyecto que ni siquiera tuvo en cuenta a las escuelas creadas por las comunidades educativas, a las que no se les consultó sobre esta transformación. Se constituye en un recorte del derecho social a la educación para uno de los grupos más expuestos a la vulnerabilidad, que hoy tiene la oportunidad de acceder a una formación laboral, que respeta los tiempos pedagógicos para la apropiación de conocientos básicos, incluye a jóvenes hasta los 22 años y les brinda las herramientas necesarias para proyectarse con independencia en una sociedad compleja».
«Propuesta que pone en riesgo la continuidad de las escuelas especiales porque con el recorte etario, se verán reducidas a un turno escolar lo que implica cierre grupos, cargos de maestros/as, preceptores/as, equipos técnicos, vice direcciones, maestros/as especiales. Que además pretende que las y los docentes se se transformen en “magos”, que todo podrán hacer sin importar la especificidad de su título».
UnTER denuncia esta postura «negada al diálogo, a la construcción colectiva, que impone monólogos digitados por las políticas de turno. Repudia todo intento de ajuste, que viola los derechos de estudiantes en situación de discapacidad y exige al Ministerio de educación y Derechos Humanos que respete los compromisos asumidos, el tiempo necesario para que las y los docentes puedan remitir sus aportes para, en otra instancia, rediscutir las propuestas y la continuidad del trabajo en la comisión de política educativa, para que se puedan exponer las verdaderas urgencias de la modalidad, que se visibilizan en las escuelas y que la directora Roxana Méndez, no alcanza a reconocer desde la comodidad de su oficina», concluyeron finalmente.
Gremios
ATE denunció que el Gobierno pagó 7 millones de dólares por un software que vale 600.000
El sindicato cuestionó la compra con sobreprecio de 1066,7% en la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (NASA), sumado a la denuncia que ya se realizó por una licitación fraudulenta en la contratación de un servicio de limpieza que supera en un 140% al valor previsto.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció un grave hecho de corrupción por parte de las autoridades de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (NASA): contrataron un sistema de gestión administrativo por 7 millones de dólares, significando 1066,7% de sobreprecio con respecto al software ya utilizado y que cumple las mismas funciones. Esto se suma a la denuncia ya realizada por una licitación a medida de una empresa de limpieza con un sobreprecio de 140%.
«Estamos frente a un hecho de corrupción mayúsculo. Hay autoridades que han ejecutado actos que están prohibidos por las leyes y además se han violentado todos los procedimientos administrativos internos en la empresa. Este uso indebido, ilícito de las funciones públicas causan un grave perjuicio para el Estado. Estos sobreprecios que superan el 1000% tienen que ser investigados a fondo. No se puede descartar que se hayan exigido retornos», apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, cuestionó que «¿Cómo se explica pagar 7 millones de dólares por un sistema cuyo costo no debiera superar los 600.000? ¿O aumentar la erogación más de un 140% para el servicio de limpieza cuando no se ha construido una nueva planta, no se ha alquilado ningún nuevo edificio ni se abrieron nuevas oficinas? Acá es evidente que estamos frente a funcionarios que se creen impunes. Es la única posibilidad de que se materialicen estas graves irregularidades sin pensar que los propios trabajadores no las van a advertir».
«No tenemos que descartar que este accionar delictivo pretenda cumplir una doble finalidad: por un lado, apropiarse de recursos públicos, pero por el otro, contribuir al vaciamiento de la empresa para su venta. Es decir, desfinanciar para privatizar», agregó el dirigente estatal.
«Desde el sindicato demandamos que en estos dos casos se paralicen todas las tramitaciones administrativas antes de que los perjuicios sean mayores y que rápidamente se deslinden responsabilidades. No vamos a aceptar que sancionen o desplacen a algunos trabajadores para quitarse responsabilidad. No vamos a aceptar chivos expiatorios», concluyó Rodolfo Aguiar.
Licitaciones con sobreprecios
El sindicato apuntó que las autoridades del organismo que preside Demián Reidel no justificaron la razón por la cual compraron un programa, el SAP S/4HANA, cuyo costo de 7 millones de dólares es 11,6 veces mayor al actual (600.000 dólares) y que no representa mejoras significativas.
Este caso se suma a la otra denuncia del sindicato por licitación armada a medida de un solo proveedor, LX Argentina, con un sobreprecio de más del 140% con respecto al servicio preexistente: $10.783.900.000 del nuevo contrato frente a los $4.493.300.000
Se dispuso de un pliego a medida con criterios de contratación inéditos para ese área (como tener ocho años de antigüedad o contar con una dotación de entre 300 y 600 empleados), cosa que hizo caer a 7 de las 9 empresas oferentes por no cumplir con los requisitos técnicos. Por otro lado, la propia Administradora del Contrato de Limpieza, Camila Marina, comunicó en reiteradas ocasiones a las autoridades que los montos ofertados «no son razonables» al compararlos con el servicio actual.
El hecho de que el Directorio de NASA haya decidido apartar de sus cargos al gerente General, Marcelo Famá, y al gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, eleva la sospecha sobre la intencionalidad y los objetivos de estas irregularidades. En este marco, ATE exige una auditoría completa de todos los servicios contratados y los procesos de licitación.
Gremios
ATE rechaza la amenaza de Adorni de despedir al 20% de la Jefatura de Gabinete y prepara medidas
«Esta decisión atenta contra la eficacia del Estado. Es mentira que quieran ahorrar. El Estado seguirá perdiendo su capacidad de respuesta», dijo Aguiar.
Luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, amenazara con despedir al 20% de los trabajadores de este sector en febrero y realizar un gran recorte presupuestario, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, indicó que «esta decisión atenta contra la eficacia del Estado» y disparó: «Es mentira que quieran ahorrar. Son medidas que van a impactar sobre los derechos de toda la sociedad. El Estado seguirá perdiendo su capacidad de respuesta. Mintieron. No está recortando privilegios, siguen desmantelando servicios esenciales».
«Están recortando gastos en el Estado para favorecer a los sectores concentrados de la economía como ocurrirá con las 150 empresas a las que quieren bajarles el impuesto a las ganancias. Recortan porque priorizan el pago de la deuda externa. El ajuste siempre es sobre los más débiles, mientras que los sectores más ricos siguen acumulando», agregó el dirigente de ATE.
En esta línea, Aguiar explicó que «estas cesantías son ilegales. Los empleados públicos tenemos estabilidad. Las tenemos que resistir. No pueden seguir dejando familias en la calle en este contexto de crisis. El Estado está tirando a la basura a trabajadores con años de experiencia y altamente calificados. Pretenden despedir personal técnico y especializado que será muy difícil y costoso de poder reemplazar».
Una de las áreas que podría verse afectada por la ‘motosierra’ del Gobierno es la Administración de Parques Nacionales. En referencia a esto, el referente estatal señaló que «no existen argumentos reales. Ninguna de las áreas de la Jefatura están superpobladas. Por el contrario, son los propios informes oficiales los que dan cuenta que la dotación de personal se encuentra muy por debajo de la requerida. El caso paradigmático es que con los incendios en la Patagonia y en el resto país se descubrió que solamente hay 391 brigadistas cuando debieran ser 700. Es decir, solo la mitad para cubrir 5 millones de hectáreas».
«Ya sabemos lo que hizo Adorni en la Secretaría de Comunicación. No va a despedir para ahorrar, sino para reemplazar, hacer lugar para llenar nuevas áreas de militantes libertarios», sentenció el secretario general de ATE Nacional y concluyó con que «lo tenemos que impedir. Los trabajadores no somos un número en una planilla de Excel. Si intenta cumplir con esta amenaza de recortar, la conflictividad rápidamente va a aumentar».
En este sentido, el sindicato también decidió convocar a su Secretariado Nacional a los efectos de definir medidas de acción directa.
Según las estimaciones del sindicato, de los 3000 trabajadores que hay bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, que abarca las secretarías de Asuntos Estratégicos; Coordinación Legal y Administrativa; Ejecutiva; Comunicación y Medios; Innovación, Ciencia y Tecnología; y Ambiente y Turismo, son más de 500 los puestos de trabajo que podrían verse afectados.
Gremios
Paritaria docente: UnTER rechazó la propuesta salarial del Gobierno y convocó a un Congreso
El gremio exige recomposición salarial pendiente de 2025. La negociación pasó a un cuarto intermedio hasta febrero.
Este jueves (22/01) se llevó adelante en la ciudad de Viedma la primera reunión paritaria del año entre el Gobierno de Río Negro y la nueva conducción del gremio docente UnTER, sin que se lograra un acuerdo salarial entre las partes.
Durante el encuentro, realizado en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, la ministra de Educación, Patricia Campos, presentó una propuesta salarial de carácter trimestral, con actualización en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Viedma, correspondiente al período de enero a marzo.
Desde UnTER señalaron que la oferta no puede ser evaluada, ya que «no contempla la recomposición salarial pendiente del año 2025». En ese sentido, las autoridades del gremio reiteraron los reclamos surgidos de los encuentros internos, vinculados a la urgente recomposición del salario docente, mejores condiciones laborales, mayor financiamiento educativo y el cumplimiento de la Resolución 233/98, entre otros puntos.
«El salario debe garantizar la recuperación del poder adquisitivo. Ningún docente por debajo de la línea de la pobreza», remarcaron desde el sindicato.
Por su parte, desde el Gobierno provincial indicaron que «la propuesta salarial se enmarca en un difícil contexto económico, y responde a la política de pagar los salarios en tiempo y forma, garantizar los servicios esenciales del Estado y mantener ingresos que se ubiquen por encima de la inflación, en función de un uso responsable de los recursos disponibles».
Ante la falta de consenso, el Ejecutivo propuso un cuarto intermedio para la primera semana de febrero, instancia que fue cuestionada por UnTER, que manifestó su total desacuerdo con lo que consideró un intento de «dilación» en la negociación.
En ese marco, el gremio docente anunció la convocatoria a un Congreso Provincial, que se realizará el jueves (29/01) en la ciudad de San Antonio Oeste, donde se definirán las acciones a seguir.
Del encuentro participaron, por el Gobierno, la ministra Patricia Campos, la secretaria de Educación Silvia Arza, vocales gubernamentales y autoridades del Consejo Provincial de Educación. En representación de UnTER estuvieron presentes integrantes del Consejo Directivo Central y del equipo gremial y legal del sindicato.
