Gremios
UnTER denuncia ajuste educativo en la educación especial
Nuevo cruce entre el gremio y el gobierno provincial. Ahora acusan al Ministerio de que no los consultaron para modificaciones en el ámbito de la educación especial.
El gremio docente UnTER denunció públicamente que el gobierno rionegrino quiere realizar un ajuste en la educación especial de la provincia. «Los cambios y transformaciones inconsultas están a la orden del día en el Ministerio de Educación de Río Negro. Hoy toca de lleno a la educación especial. Como buenos discípulos de Esteban Bullrich (ministro de Educación de la Nación), los funcionarios abren todos los frentes para quebrar la voluntad del colectivo docente, desarticular a las comunidades y desconocer los derechos de niñas/os y jóvenes en situación de discapacidad, con el único objetivo de imponer el ajuste que exige el gobierno nacional», expresaron.
Es que Roxana Méndez, directora de Inclusión Educativa, Educación Especial y Asistencia Técnica, remitió a todas las Escuelas Especiales y de Formación Cooperativa y Laboral los “Lineamientos para la construcción de proyectos educativos institucionales y curriculares. Escuelas de Formación Integral (EFI) para adolescentes y jóvenes con discapacidad”. UnTER critica que este procedimiento se realizó de manera «inconsulta, sin participación de la organización sindical».
«Esta definición, desconoce el compromiso del Ministerio, firmado el 15 de abril de 2016 en la reunión de la Comisión de política educativa entre Ministerio de Educación y UnTER, en la que ésta temática de transformación de las Escuelas de Formación Cooperativa y Laboral (EFCyL) figuraba como temario en la Resolución N° 1737/16. Igual que con la ESRN, en el marco del conflicto salarial iniciado a fines de julio, el gobierno avanzó unilateralmente», remarcaron desde el gremio. «En el mes de noviembre, el Ministerio presentó un proyecto casi concluido a supervisores/as de educación especial y directores/as de escuelas primarias de la modalidad. Finalmente, ahora envió los lineamientos para trabajar la información, con las y los docentes, durante la primera jornada laboral, prevista entre el 1 y el 3 de marzo», agregaron.
«El gobierno pretende que en cuatro horas se analice un documento que modifica sustancialmente el perfil de la escuela, desde la estructura organizacional de Escuelas de Formación Laboral respecto de horarios, turnos y perfiles docentes, hasta los cambios en la población educativa porque modifica la franja etárea de los y las estudiantes, entre otros aspectos. Curioso criterio de la directora de Inclusión educativa sobre el trabajo conjunto, sin tiempo para la lectura crítica ni posibilidades de intercambio de aportes, censura las voces de quienes están en el aula y conocen la realidad que no se puede visibilizar desde los escritorios», reclamaron.
«Desde el punto de vista pedagógico, pese al maquillaje grosero de la denominación “educación integral”, esta nueva escuela eternizará a las y los estudiantes en el nivel primario. Postura aniquiladora de subjetividades, con niños/as y jóvenes que transcurrirán por una escuela primaria hasta los 12 o 13 años, para seguir sus estudios en otra igual. Sin importar su desarrollo madurativo, ingresarán y transitarán sólo por su edad cronológica hasta su egreso a los 17 o 18 años», añadieron desde el Consejo Directivo Central de UnTER, liderado por su secretaria general Patricia Cetera.
«El gobierno impone un proyecto que ni siquiera tuvo en cuenta a las escuelas creadas por las comunidades educativas, a las que no se les consultó sobre esta transformación. Se constituye en un recorte del derecho social a la educación para uno de los grupos más expuestos a la vulnerabilidad, que hoy tiene la oportunidad de acceder a una formación laboral, que respeta los tiempos pedagógicos para la apropiación de conocientos básicos, incluye a jóvenes hasta los 22 años y les brinda las herramientas necesarias para proyectarse con independencia en una sociedad compleja».
«Propuesta que pone en riesgo la continuidad de las escuelas especiales porque con el recorte etario, se verán reducidas a un turno escolar lo que implica cierre grupos, cargos de maestros/as, preceptores/as, equipos técnicos, vice direcciones, maestros/as especiales. Que además pretende que las y los docentes se se transformen en “magos”, que todo podrán hacer sin importar la especificidad de su título».
UnTER denuncia esta postura «negada al diálogo, a la construcción colectiva, que impone monólogos digitados por las políticas de turno. Repudia todo intento de ajuste, que viola los derechos de estudiantes en situación de discapacidad y exige al Ministerio de educación y Derechos Humanos que respete los compromisos asumidos, el tiempo necesario para que las y los docentes puedan remitir sus aportes para, en otra instancia, rediscutir las propuestas y la continuidad del trabajo en la comisión de política educativa, para que se puedan exponer las verdaderas urgencias de la modalidad, que se visibilizan en las escuelas y que la directora Roxana Méndez, no alcanza a reconocer desde la comodidad de su oficina», concluyeron finalmente.
Gremios
ATE exigió un examen médico psicofísico para conocer el estado de salud de Milei
«Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo», apuntó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó a Javier Milei para que informe si existe algún examen, junta médica, certificado, dictamen o protocolo que haya evaluado su aptitud psicofísica y/o psíquica para ejercer su rol de presidente y, en caso de que no exista, que lo realice inmediatamente. Además, el sindicato impulsará una iniciativa para que a partir del 2027 quienes se postulen a cargos electivos deban realizar un examen médico preocupacional y presentar un apto psicofísico para ejercer sus cargos.
«Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. La intimación será remitida a la Jefatura de Gabinete de Ministros con copia a Presidencia de la Nación.
En relación a los requisitos que se le solicitan a quienes ingresan a la administración pública, apuntó que «es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado. Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. Es una joda. Además es muy peligroso porque en el caso de Milei, es quien encabeza la administración pública nacional».
«Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen golpistas o destituyentes, porque no buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función. Porque si no lo fuera, las consecuencias jurídicas serían gravísimas. La mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos», agregó.
«Y no tenemos que olvidarnos que el presidente también es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sus actos tienen impacto no solo en la estabilidad institucional y en el funcionamiento del Estado, sino también en la seguridad nacional», completó Aguiar.
En este marco, el dirigente estatal explicó que «estamos ejerciendo el derecho a la información pública y el acceso ciudadano a la información estatal, derechos que están amparados en las leyes, en la Constitución Nacional y además en los tratados internacionales».
«Tenemos que avanzar en una iniciativa legal que permita exigir también examen psicofísicos a todos los cargos electivos a partir del año que viene. Esta presidencia de Milei nos enseñó que la psicosis y el delirio de un candidato en la campaña se pueden camuflar. No nos puede volver a suceder», concluyó el titular de ATE Nacional.
La intimación de ATE se ampara en el artículo 88 de la Constitución Nacional, haciendo saber que conocer el estado de salud del presidente no responde a una mera curiosidad particular, sino a una cuestión de notorio interés público e institucional que hace a la transparencia y a la confianza ciudadana en el ejercicio regular de la primera magistratura.
En su pedido, el sindicato aclaró que los trabajadores de la Administración Pública Nacional deben someterse a exámenes preocupacionales y periódicos de aptitud psicofísica, cuyo resultado condiciona directamente la continuidad del vínculo de empleo, según lo establece la la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164. Es en este marco que se lo insta al máximo responsable del Estado argentino a realizar evaluaciones similares.
Cabe destacar que ATE, en su requerimiento, deja en manifiesto que no busca acceder a ningún tipo de información médica privada, ni de historia clínica ni diagnósticos. sino que únicamente busca saber si existe una evaluación y cuál fue su conclusión: apto/no apto.
Detalles de la solicitud de ATE
- Exigir que el Gobierno informe si existe algún examen, junta médica, certificado, protocolo o dictamen que haya evaluado la aptitud psicofísica y/o psíquica del Presidente para ejercer el cargo.
- Si existe esa evaluación, informar la fecha, el organismo o profesional que intervino y el resultado, limitado a si fue considerado «apto» o «no apto», sin solicitar información clínica, diagnósticos ni historia médica.
- Informar si existe normativa, protocolo o reglamento que establezca controles periódicos de aptitud psicofísica y psíquica para el Presidente, y, en caso afirmativo, entregar una copia.
- Si el Gobierno decide rechazar total o parcialmente el pedido, ATE exige que la negativa sea fundada por escrito, indicando específicamente qué excepción de la Ley de Acceso a la Información Pública se invoca y aplicando el correspondiente test de daño e interés público.
- En caso de que no exista ningún tipo de exámen o apto médico realizado, que el mismo sea efectuado a los efectos de constatar si el presidente de encuentro en todas sus facultades psicofísicas para desempeñar el cargo.
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ATE lanza paro y movilización al PAMI el martes a las 13 ante la crisis y colapso de la obra social de los jubilados
«Más de 5 millones de jubilados son víctimas y rehenes de quienes están haciendo negocios a costa de su salud», indicó Aguiar.
A raíz de la profunda crisis que atraviesa el PAMI que incluye una deuda con prestadores de más de 500.000 millones de pesos, cambios en la cúpula directiva, falta de prestaciones a sus afiliados y salarios de sus trabajadores por debajo de la canasta básica, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió un paro con movilización a la sede central de la obra social (Av. Corrientes 655, CABA) el martes 8 a las 13 y paraliza actividades en todo el país.
«Si no frenamos a tiempo tanta desidia de los funcionarios, la obra social será irrecuperable. Más de 5 millones de jubilados son víctimas y rehenes de quienes están haciendo negocios a costa de su salud», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional quien también es trabajador de PAMI.
En este marco, apuntó que «el vaciamiento de la obra social que se ha llevado adelante en este tiempo no tiene precedentes. Los jubilados ya no tienen ningún tipo de prestación. En los últimos dos años murieron 45 mil adultos mayores más de los esperados por la falta de medicamentos y de prestaciones. Hay un riesgo cierto de que desaparezca una de las obras sociales más grandes, prestigiosas y solidarias de Latinoamérica. Mientras que los funcionarios cobran sueldos millonarios, los salarios de los trabajadores se encuentran congelados».
«No puede ser que después de haber aportado durante toda su vida, a los jubilados se les vulnere su derecho humano de acceder de manera libre y gratuita al sistema de salud. Hemos decidido parar en todo el país y movilizarnos a la sede central del PAMI. Si no existen respuestas, todas las medidas se van a profundizar», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
En las últimas horas se anunció la salida de Juan Cruz Montero de la coordinación ejecutiva de la obra social, quién será reemplazado por Verónica Gabriela Pérez, muy ligada a Santiago Caputo. En simultáneo, también se dio la baja de Florencia Zicavo, de la sindicatura del organismo, quien aún no tiene sustituto definido.
El sindicato denuncia que la obra social está absolutamente colapsada y no puede dar respuestas a los más de 5 millones de jubilados y pensionados que están afiliados. «Una buena parte del desfinanciamiento se basa en la eliminación del Impuesto País que destinaba gran parte de lo recaudado a PAMI. En 2024, el Gobierno aseguró que cubriría ese monto con fondos del Tesoro Nacional. Sin embargo, de los 2,8 billones de pesos que hubieran ingresado a la obra social mediante el tributo, solo se compensaron 0,9 billones hasta julio de este año», aseguraron desde ATE.
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Para Aguiar, «el Consejo del Salario es inservible, una puesta en escena para convalidar los acuerdos entre empresarios y el Gobierno»
«El Consejo del Salario es la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores», indicó el titular de ATE Nacional.
Finalizada la reunión del Consejo del Salario Mínimo en la que los empresarios propusieron un aumento de 1,8% en septiembre y 1,7% para octubre hasta abril, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que «este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio».
«El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores. El SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación», agregó el dirigente estatal.
En esta línea, cargó directamente contra el ámbito tripartito que reúne a trabajadores, empresarios y el Poder Ejecutivo. «El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno. ¿El Consejo existe? Si seguimos así, el Consejo va a existir pero los salarios van a desaparecer», indicó.
«Este organismo nació para garantizar dignidad y no pobreza legal como sucede hoy. Ha sido copado por los grandes empresarios y se reúne sólo para convalidar lo que ellos resolvieron previamente con el Gobierno», agregó Aguiar.
En referencia a la intención del Ejecutivo de implementar un salario mínimo garantizado de 1 millón de pesos para los convenios privados, apuntó que «y ahora queda claro que el Gobierno acaba de inventar un salario mínimo paralelo con el objetivo de frenar la actualización de las asignaciones sociales como la AUH y otros programas».
Cabe recordar que, según el último informe del INDEC, la línea de pobreza en la Argentina se ubica en $1.564.716 y la de indigencia en $708.016.
