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Por el «Plan Castello», la CTA demanda a Weretilneck un referéndum y lanzó una consulta popular
Proponen que los rionegrinos voten en urnas, a través de una consulta popular, si están o no favor del proyecto de obras lanzado por el gobierno, el cual generaría una deuda de casi 9.000 millones de pesos.
En una conferencia de prensa realizada en la mañana de este miércoles en Viedma, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma comunicó su exigencia al Poder Ejecutivo Provincial y anunció una inusual iniciativa vinculada al denominado «Plan Castello».
«Estamos frente a una propuesta del Ejecutivo que reúne todas las condiciones para que se convoque a ejercer el mecanismo de participación democrática directa prevista por las leyes. El Plan Castello se ha transformado en un asunto de vital importancia para el Estado y se trata de un mega-endeudamiento que compromete a futuras gestiones de gobierno. Ambas cuestiones habilitan la posibilidad para que el pueblo rionegrino -en el marco de la Constitución- emita su opinión favorable o no, en un referéndum», adelantó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE y CTA Río Negro.
«Si bien estos institutos de participación popular, como el referéndum o plebiscito se impulsan como ideas progresistas desde el año 1994, lo cierto es que los gobernantes han sido mezquinos, no los usan y muchas veces deciden interpretar ellos la voluntad de la ciudadanía en temas de suma importancia», añadió el dirigente de los trabajadores
“Tenemos la sensación que los rionegrinos no avalan semejante endeudamiento en el mercado financiero internacional y lo consideran un retroceso directo a la década del 90. Estamos entrando en un ciclo de debilitamiento de la economía provincial que abre interrogantes sobre la futura sustentabilidad. Más que endeudarse, el gobierno debería empezar a cobrar impuestos a las empresas mineras, petroleras, bancos, casinos y salas de juego», agregó.
Por un lado, la central obrera demanda al gobierno encabezado por Alberto Weretilneck que convoque a un «referéndum» de acuerdo al marco normativo provincial. En este sentido explicaron que el Artículo N° 181 de la Constitución de Río Negro refiere a las atribuciones del gobernador y en su inciso 18 lo faculta para convocar elecciones, consultas y referéndum. En tanto que la Ley N° 3.688, sancionada en el año 2002, reglamenta la Consulta Popular en la provincia.
Para la CTA «están dadas todas las condiciones exigibles que permiten la utilización de este mecanismo legal, propiciando un ámbito de participación democrática directa. Se debe llamar a toda la ciudadanía rionegrina para que emita su opinión en relación al mega-endeudamiento, ya que se trata de un empréstito en moneda extranjera de entre 8.000 o 9.000 millones de pesos, que compromete a futuras gestiones obligándose por 10 años hasta el 2028 y que se convierte en un asunto de vital importancia para el Estado».
Por otro lado, la central sindical lanzó una consulta popular que tendrá inicio desde esta mañana y durará dos semanas. «Será de alcance provincial y permitirá que el pueblo emita su opinión sobre la conveniencia o no de avanzar en el Plan Castello, pudiendo expresarse en urnas que serán colocadas en lugares públicos en las principales ciudades de la provincia, por la afirmativa o bien rechazando el proyecto planteado por el Ejecutivo», explicó Aguiar.
La CTA alertó asimismo sobre la «posibilidad que en este caso puntual, la intervención de la Legislatura resulte insuficiente y existan grandes diferencias entre la opinión de los diputados y el pueblo». También ratificó su postura negativa argumentando que «la provincia está ingresando en un ciclo de endeudamiento que abre serios interrogantes sobre su sustentabilidad económica futura, si se tiene en consideración que ya acumula una deuda cercana a los 3.000 millones de pesos y un déficit de similar monto».
Además, la central considera que «tomar un crédito de semejante magnitud, recurriendo para ello al mercado financiero internacional, hará perder autonomía al Estado provincial, quedando éste sujeto a los designios de organismos internacionales y haciendo recorrer a la sociedad un camino inverso al del desendeudamiento que caracterizó los últimos años».
Durante la rueda de prensa los dirigentes señalaron que «los militantes impulsarán el voto negativo argumentando la necesidad que se produzca un cambio en el régimen de recaudación impositiva a los efectos de generar fuentes genuinas de ingresos y avanzar en la afectación tributaria de aquellos sectores de la economía ampliamente beneficiados y que han acumulado ganancias millonarias, como la renta minera, la actividad petrolera, las entidades bancarias, financieras y crediticias y los casinos».
Los ciudadanos que decidan participar de la consulta popular podrán pronunciarse entre dos alternativas, votando por «Si» o por «No» a la opción “estoy de acuerdo con que el gobierno se endeude en 8.000 millones de pesos”.
La conducción de la CTA estima que antes del día 23 de marzo podría contarse ya con datos provisorios que permitan conocer la inclinación en la opinión popular. Los organizadores también aclararon que se trata de una iniciativa «no vinculante» y «no obligatoria» como podría ser si la convocatoria finalmente decidiera hacerla el Poder Ejecutivo.
Cronograma de colocación de urnas y lanzamiento en las principales ciudades:
[mks_icon icon=»fa-clock-o» color=»#ff9335″ type=»fa»] Jueves 16 de marzo: Viedma y Cipolletti
[mks_icon icon=»fa-clock-o» color=»#ff9335″ type=»fa»] Viernes 17 de marzo: Villa Regina. y General Roca
[mks_icon icon=»fa-clock-o» color=»#ff9335″ type=»fa»] Lunes 20 de marzo: El Bolsón. y San Carlos de Bariloche
No descartaron que sumen más localidades a la participación de la consulta con la instalación de urnas en los próximos días.
Gremios
Paro de ATE contra la reforma laboral
Aguiar también apunta a los gobernadores: “son cómplices primarios”, dijo.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realiza este martes (09/12) un paro nacional con protestas en todo el país y, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se movilizará al Congreso de la Nación a las 11 para rechazar la reforma laboral regresiva del Gobierno, exigir la inmediata reapertura de paritarias con una recomposición salarial de emergencia y en rechazo al intento de recorte del 10% de los trabajadores estatales.
Se prevé que el Gobierno ingrese el proyecto de reforma laboral el mismo día de la medida de fuerza del sindicato estatal. En este marco, su secretario general, Rodolfo Aguiar, apuntó que «intentarán imponer una reforma regresiva, pero esta vez el único responsable no será Milei. Los gobernadores son partícipes necesarios, cómplices primarios del mayor ataque en democracia a todos los derechos laborales. Algunos, incluso como el de Catamarca, juntaron votos en sus provincias hablando contra el ajuste nacional y ahora pretenden ser funcionales a esas políticas. No descartamos movilizaciones nacionales a esos distritos».
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habrá retiros de los lugares de trabajo a partir de las 10.30 para permitir la participación de los trabajadores en la protesta.
«En el sector público estamos en emergencia salarial. Con la ayuda de algunos pseudo gremialistas nuestros ingresos han sido destrozados. En los últimos 23 meses hemos perdido más de 33% de nuestro poder adquisitivo. El gobierno debe convocar a paritarias y otorgar una inmediata recomposición salarial», agregó el dirigente de ATE.
Otro de los motivos de la medida de fuerza es la intención del Gobierno de recortar la planta de trabajadores del Sector Público. En este marco, Aguiar apuntó que «la intención de achicar el Estado un 10% se convierte en una utopía luego de que fueran rechazados por el Congreso los decretos de desregulación de Sturzenegger. No pueden hacerlo. Sería ilegal».
Entre los principales reclamos se encuentra el intento de recorte del 10% en el Estado que intenta el Gobierno, el cual apuntaría a los organismos descentralizados como la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el INTA, el INTI y el Enacom.
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ATE fijó la fecha del paro nacional para el 9 de diciembre y se movilizará al Congreso
“Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió la fecha del paro nacional para el 9 de diciembre y se movilizará al Congreso de la Nación para rechazar la reforma laboral del Gobierno, exigir la inmediata reapertura de paritarias con una recomposición salarial de emergencia y en rechazo al intento de recorte del 10% de los trabajadores estatales.
«Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Cuando fue la crisis económica global del 2009/10, legislaciones similares se implementaron en varios países del mundo y en todos los casos fracasaron. Si analizamos la historia más reciente, el periodo de mayor creación de empleo y registro de trabajadores fue desde el 2002 al 2011/12, cuando existía la doble indemnización. Y aún con doble indemnización igual se registraban trabajadores. Eso prueba que la única manera de superar la crisis que hoy vive el mundo del trabajo es poniendo en valor las convenciones colectivas», explicó el dirigente estatal.
En base a la pérdida del poder adquisitivo que se profundizó en el sector público durante el 2025, Aguiar sostuvo que «quienes desempeñamos tareas en la Administración Pública nos negamos a ser expulsados por debajo de la línea de pobreza. Tienen que convocar a paritarias y otorgar una recomposición salarial de manera inmediata».
«Están soñando en el Gobierno si piensan que van a poder recortar el 10% de la planta estatal. A pesar del esfuerzo sobrehumano de los trabajadores y de su vocación, sumado a la desinversión, los servicios públicos están en su piso mínimo histórico», concluyó el secretario general de ATE.
El sindicato había definido adelantar la medida de fuerza -votada por unanimidad en su Confederal realizado en San Luis el pasado 27 de noviembre- y ahora la convocatoria podría coincidir con la presentación del proyecto de reforma laboral en el Congreso. Además, cada provincia definirá las modalidades de protesta y en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se dispondrán retiros de los lugares de trabajo a partir de las 10.30 horas.
Entre los principales reclamos se encuentra el intento de recorte del 10% en el Estado que intenta el Gobierno, el cual apuntaría a los organismos descentralizados como la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el INTA, el INTI y el Enacom.
El sindicato también reclama por la inmediata reapertura de las paritarias y exige una recomposición salarial de emergencia, recordando que el Ejecutivo realizó una convocatoria el pasado viernes 28 de noviembre de manera virtual a la cual asistió sin ofrecimiento.
Gremios
Municipio y gremios cerraron un nuevo incremento salarial para trabajadores
El Ejecutivo roquense y los sindicatos definieron subas del 2,5% en diciembre y 2,2% en enero y febrero para recomponer los haberes.
El Municipio de Roca y los gremios que representan a las y los trabajadores municipales cerraron un nuevo acuerdo salarial durante la última reunión paritaria. Del encuentro participaron representantes del Poder Ejecutivo local y las organizaciones sindicales ATE, ATM, SOYEM y UPCN.
La propuesta, aprobada por unanimidad, establece una suba acumulativa del salario básico: un 2,5% correspondiente a los haberes de diciembre de 2025; un 2,2% en enero de 2026; y un 2,2% adicional en febrero de 2026.
Tras el acuerdo, desde el Ejecutivo destacaron la importancia de «sostener un mecanismo de actualización que acompañe el contexto económico, asegurando la continuidad del diálogo paritario para evaluar nuevos acuerdos en los próximos meses, según los índices inflacionarios».
