Río Negro
Avalan proyecto para regular la actividad de agrimensores
Habilitaron para su tratamiento un proyecto de ley que promueve la creación del Consejo Profesional de Agrimensura de Río Negro.
La plenaria que reunió a las comisiones permanentes de “Asuntos Constituciones y Legislación General” con “Presupuesto y Hacienda” habilitó un proyecto de ley que promueve la creación del Consejo Profesional de Agrimensura de Río Negro.
El proyecto fue presentado por los legisladores Facundo López y Rodolfo Cufré, ambos de Juntos Somos Río Negro. En la oportunidad, representantes del Colegio de Agrimensores y de la Federación Argentina de Agrimensores, fundamentaron la necesidad tener un nuevo órgano que nuclee y regule la actividad.
Explicaron que el Código Civil le otorga a los agrimensores plena responsabilidad en cuestiones de límites y de allí que es necesario un control exhaustivo de la actividad a través de sus pares, como ya ocurre en 16 jurisdicciones nacionales.
Actualmente, es el Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Técnicos el organismo que actúa como rector de la mencionada profesión, cuyos representantes también se hicieron presentes en la comisión, explicando su desacuerdo con la norma y solicitando que se los incorpore a un nuevo debate.
La comisión explicó que los legisladores no pueden oponerse a la conformación de un nuevo nucleamiento y destacó que al tratarse de un proyecto de doble vuelta, estará abierta la posibilidad de realizar modificaciones al proyecto una vez aprobado en primera instancia. Además, la plenaria habilitó el avance de diferentes proyectos para ser tratados en futuras sesiones parlamentarias. Uno de los proyectos busca la declaración de “Ciudadano Ilustre” a todos los combatientes de Malvinas que participaron en la recuperación de las islas, que hayan nacido en Río Negro o que adoptaran esta provincia como lugar de residencia. El legislador Rodolfo Cufré (JSRN) es el autor.
En tanto, también recibió aprobación la iniciativa de los parlamentarios Arabella Carreras (JSRN) y Leandro Lescano (JSRN) que solicitan al Poder Judicial que autorice y convalide el uso de documentos electrónicos para trámites que allí se realicen.
Por su parte, se dio resolución afirmativa al pedido realizado por Comisión de Conmemoración del Bicentenario de declarar “Monumento Histórico” a la cápsula del tiempo ‘Nuntius’, desarrollada por la empresa Invap y pronta a ser emplazada en los jardines del Ministerio de Economía, en Viedma.
Se agrega al listado de proyectos que tuvieron dictamen favorable una iniciativa de Sandra Recalt, Tania Lastra y Alejandro Palmieri de designar con el nombre de “Vicegobernador Carlos Gustavo Peralta” al puente Paso Córdoba, de General Roca, ubicado en la Ruta Provincial 6, que une la Región Sur con el Alto Valle.
También avanzó el proyecto de Mario Sabbatella (FPV) que busca prorrogar todos los plazos procesales establecidos en la Ley de Regimen Excepcional de Protección de la Vivienda Única de Residencia Permanente hasta el 31 de diciembre de 2017. Otra iniciativa que tuvo dictamen favorable fue el pedido de Soraya Yauhar (UCR) de adhesión por parte de Río Negro a ley nacional que establece la promoción y el desarrollo sustentable de las actividades turísticas de los pueblos rurales.
Además, se dio dictamen favorable a proyectos de leyes complementarias que el Poder Ejecutivo solicitó para la reforma del Código Procesal Penal, las cuales anteriormente fueron debatidas en la Comisión de Asuntos Constitucionales. También, quedó constituida la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con Rodolfo Cufré (JSRN) en la presidencia, Alejandro Palmieri (JSRN) y Javier Iud (FpV) en la secretaría. De vocales oficiarán Miguel Vidal, Ricardo Arroyo, Elbi Cides, Oscar Díaz (JSRN), Edith Garro, Alejandro Marinao, Luis Albrieu (FpV) y Jorge Ocampos (Afpir).
Policiales
Río Negro tendrá una nueva Agencia Antinarcóticos
Se trata de un organismo destinado a fortalecer el abordaje de los delitos complejos, mediante capacitaciones internacionales, tecnología de última generación y la incorporación de nuevos recursos operativos.
El Gobierno avanza en la elaboración del proyecto de ley para crear la Agencia Provincial de Lucha contra el Narcotráfico, uno de los objetivos estratégicos definidos por el gobernador Alberto Weretilneck para 2026. Se trata de un organismo destinado a fortalecer el abordaje de los delitos complejos, mediante capacitaciones internacionales, tecnología de última generación y la incorporación de nuevos recursos operativos.
La iniciativa fue anunciada por el gobernador durante el acto central por el Día de la Policía de Río Negro en Los Menucos, donde subrayó la necesidad de dotar al Estado provincial de más herramientas para enfrentar al narcotráfico, al que calificó como «la gran amenaza que tenemos como sociedad».
El secretario de Narcocriminalidad del Ministerio de Seguridad y Justicia, Darío Buonaventura, profundizó sobre el proyecto y detalló que la nueva Agencia se integrará al trabajo que hoy realizan la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC) y las delegaciones de Toxicomanía de la Policía de Río Negro. «Es una sumatoria de capacidades, necesaria para enfrentar una temática cada vez más compleja, que exige recursos acordes y personal altamente capacitado», señaló.
Respecto de los ejes centrales del organismo, Buonaventura indicó que estarán enfocados en la profesionalización permanente del recurso humano, la capacitación continua y la conformación de equipos operativos dedicados exclusivamente a delitos complejos y lavado de activos.
El funcionario destacó que la Provincia viene consolidando su política de formación mediante capacitaciones nacionales e internacionales, incluyendo entrenamientos con especialistas de Colombia, la Embajada de Estados Unidos, la DEA y con el PROCUNAR. «La capacitación es una premisa fundamental establecida por el Ministro Daniel Jara. Este proceso se va a seguir revalorizando porque es clave para el personal que interviene en este tipo de actividades», afirmó.
Judiciales
Un emoji en redes sociales terminó en una prohibición de contacto entre dos vecinos
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con ‘me divierte’ al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería.
Lo que empezó como una simple reacción en redes sociales derivó en una causa contravencional, una audiencia en el Juzgado de Paz de Sierra Grande y la imposición de medidas de restricción entre dos vecinos.
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con un emoji al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería. El ícono representaba un ‘me divierte’. Esa interacción digital generó malestar y escaló rápidamente: según el denunciante, la situación derivó en actos de hostigamiento y mensajes que afectaron su tranquilidad.
Ambos vecinos fueron citados a audiencia. Allí se ratificó la denuncia y pidió que cesaran los actos molestos, tanto personales como a través de redes sociales. Por su parte, el otro hombre negó haber hecho amenazas y sostuvo que únicamente le pidió una explicación por el emoji que había reaccionado al comentario sobre su remisería. Incluso presentó los mensajes que él mismo envió.
La jueza de Paz analizó el caso y concluyó que los hechos denunciados encuadran en el artículo 40 de la Ley D 5592/22, que sanciona actos de intimidación, acoso o amenazas que alteren la tranquilidad o seguridad de las personas. Destacó que el Estado debe actuar con «debida diligencia reforzada» frente a conflictos que, aun originados en espacios digitales, puedan derivar en situaciones de violencia.
Como resultado, la magistrada ordenó medidas preventivas, cautelares y provisorias para ambas partes: prohibición total de contacto por cualquier vía -verbal, telefónica, digital o por redes sociales-, tanto de manera directa como a través de terceros, y la prohibición de difundir comentarios o publicaciones relacionadas con el conflicto.
La Comisaría fue notificada para controlar el cumplimiento de la medida. Además, la jueza exhortó a ambos vecinos a evitar provocaciones, no exponer públicamente el conflicto y recurrir a mecanismos institucionales como la mediación comunitaria o programas de prevención de la violencia.
El fallo advierte que cualquier incumplimiento puede derivar en sanciones que van desde una amonestación hasta trabajo comunitario, multa o arresto.
Judiciales
Fallo limitó los descuentos con tasas poco claras que afectaban a una docente de Río Negro
La mujer tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual.
Una docente de Río Negro con dos hijos a cargo ingresó en una espiral crediticia que llegó a absorberle completamente su salario. Tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual. Los contratos se gestionaban por canales virtuales, incluso por WhatsApp, sin firmas presenciales ni entrega de documentación. Luego de varios reclamos sin respuestas, inició una demanda en el fuero civil de Bariloche.
La sentencia declaró la nulidad parcial de los contratos, ordenó readecuar los intereses y fijó un límite del 20% del salario para futuros descuentos. También determinó que las cuotas deberán calcularse con la tasa pasiva promedio del Banco Central, sustancialmente inferior a la aplicada originalmente.
En su presentación judicial, la docente explicó que nunca recibió copias de los contratos ni información detallada sobre las condiciones. Solo sabía que cada mes, su recibo de sueldo llegaba con retenciones que carecían de explicaciones claras. En agosto de 2024, tras regresar de una licencia sin goce de haberes, su salario volvió a activarse. Pero fue absorbido por completo: los débitos de distintas mutuales superaron el millón de pesos.
La resolución alcanzó a la Asociación Mutual de Servidores Públicos de Río Negro (AMSU) y a la Unión Provincial Asociación Mutual (UPAM), ambas condenadas a readecuar los contratos tras no acreditar el cumplimiento de los deberes de información previstos en la Ley de Defensa del Consumidor. El fallo remarcó que ninguna de las entidades aportó documentación respaldatoria ni desgloses de los descuentos aplicados.
El fallo analizó los recibos de sueldo aportados y comprobó que los descuentos se realizaban bajo conceptos genéricos, sin detalle de intereses, capital ni cuotas. También subrayó que las condiciones de contratación no respetaban lo establecido en la normativa vigente. El deber de información, señaló el tribunal, no es una formalidad: es la base del consentimiento válido.
Además, se destacó una práctica extendida entre trabajadores del Estado: acceder a créditos rápidos, con mecanismos de aprobación exprés y cobro directo desde el salario, sin evaluación del impacto económico en el hogar. En este caso, ese mecanismo dejó a la mujer sin ingresos, sin documentación para reclamar y con su salud afectada.
El Tribunal entendió que los descuentos desmedidos, sin respaldo documental ni mecanismos de control, vulneran derechos básicos como la subsistencia, el acceso a la salud y el interés superior de los hijos a cargo. La sentencia de primera instancia no está firme porque puede ser apelada.
