Política
«El Plan Castello aumenta la deuda provincial en un 134%»
El Frente Grande emitió un duro comunicado en el que consideran que el «Plan Castello» llevaría la deuda del Estado provincial a 1017 millones de dólares elevándola en un 134%.
El Frente Grande de Río Negro, presidido por Julio Accavallo, emitió un duro documento donde fija la posición del partido en contra del «Plan Castello» presentado en la legislatura por el gobierno de Alberto Weretilneck.
«El gobierno provincial a través del llamado ‘Plan Castello’ pretende tomar un crédito de 580 millones de dólares. Esto significa que la deuda pública provincial aumentaría un 134%, o sea de 7.000 millones de pesos la provincia pasaría a deber 16.280 millones de pesos. Si estos valores los transformamos a dólares, la provincia de Río Negro tendría una deuda de 1.017 millones de dólares en vez de los actuales 437 millones de dólares», indicaron en un comunicado de prensa.
«Aunque el gobierno pretenda disfrazar esta deuda bajo un supuesto plan de infraestructura, en realidad lo que busca principalmente es resolver el déficit fiscal que hoy tiene la provincia. Esta política es alentada por el gobierno nacional que ha utilizado la emisión de deuda externa como el único mecanismo para atender los efectos de la megadevaluación, la baja de las retenciones, la caída del consumo y la producción», añadieron desde el Frente Grande.
«La política ‘federal’ de Macri ha sido facilitar el endeudamiento para enfrentar el deterioro de las cuentas provinciales. La cuestión de fondo reside en que las mismas se han visto deterioradas por la caída de la actividad por una doble vía: la recaudación provincial ha crecido por debajo de la inflación al igual que las transferencias por coparticipación. Es decir el endeudamiento, fundamentalmente externo, se orienta finalmente al financiamiento del déficit provincial».
«El contexto provincial indica que la provincia a fines del año 2016 decretó por un año la emergencia económica y financiera y se ha endeudado desde hace dos años con letras del Tesoro para resolver el déficit fiscal mensual y afrontar el pago de salarios. En este marco pretende endeudarse por otros 580 millones de dólares, la pregunta que nos hacemos todos los rionegrinos es, si con los ingresos actuales no podemos afrontar los gastos corrientes y pagar la deuda de 437 millones de dólares ¿de dónde se prevén sacar los recursos para que el Estado funcione y pague una deuda de 1.017 millones de dólares?».
«La única respuesta es que el gobierno provincial bajo el disfraz del ‘Plan Castello’, toma esta deuda para zafar del desastroso momento económico del país y de la provincia. De esta manera se haría de recursos frescos para hacer campaña y patear la resolución de los problemas de fondo para adelante».
«Es muy difícil creerle al gobierno que el dinero que pide es para desarrollar un ‘Plan de Desarrollo’ ya que con los Fondos Petroleros también nos dijeron que se iban a hacer cientos de obras en toda la provincia y una parte importante terminaron tapando el déficit fiscal que tiene el Estado provincial».
«Además de creer que el dinero pretendido por el gobierno va a tener otro destino, lo que hemos visto del llamado ‘Plan Castello’ no es un plan es un listado de obras hecho a las apuradas, sin ningún tipo de planificación , sin consultar a los actores sociales y de la producción de Rio Negro, sin dar participación a la ciudadanía y en algunos casos, como en Bariloche, incorporando obras que serán financiadas por el Estado Nacional como el Centro de Congresos y Convenciones».
«Otro aspecto muy peligroso es que los principales economistas del país prevén una fuerte devaluación para después de las elecciones de octubre y se debería ser muy cauteloso respecto a tomar deuda en dólares ya que una devaluación podría tener un impacto demoledor en las finanzas provinciales. En este sentido el mismo Ministro de Hacienda de la ciudad de Buenos Aires, Martín Mura, dijo que buscan bajar en forma significativa el peso de la deuda pública en dólares para reducir el riesgo de una eventual devaluación de la moneda».
«No se puede apoyar un proyecto que endeuda a la provincia alegre e irresponsablemente, sin saber cuál es la verdadera capacidad real de repago, en un marco de confrontación entre los que pretenden mayor devaluación de nuestra moneda y los que quieren crear un mercado futuro para asegurarse la renta financiera. En esa lógica se mueve la euforia por la colocación de deuda, aunque no se sabe a qué tasa saldrá la misma, al 8% o más, no importa, sólo importa que con financiamiento se consolida un modelo que primero se endeuda para gastos corrientes, luego para pagar intereses y después, cuando no se llega, se pide más capital y retorna la rueda perversa del sistema financiero».
«En síntesis, el ‘Plan Castello’ debería rebautizarse Plan Massaccesi ya que si se aprueba nos va a llevar a una crisis más profunda que la actual. Endeudar al Estado en esa magnitud va a provocar una situación financiera muy grave, como la que vivimos en el segundo mandato del gobierno de Horacio Masaccessi. En ese período no se podían pagar los sueldos de los estatales ni afrontar los servicios de salud y educación. Por estos motivos consideramos que la legislatura debe votar por la negativa a un proyecto que va a hipotecar el futuro de todos los rionegrinos», concluyeron desde el Frente Grande.
Judiciales
Rechazaron el pedido de información sobre la contratación de una empresa privada encargada de supervisar licencias médicas del personal estatal
Había sido solicitado por el legislador peronista José Luis Berros.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió rechazar un mandamiento de ejecución interpuesto por el legislador provincial José Luis Berros (Vamos con Todos). El planteo buscó obtener acceso al contrato celebrado entre el Poder Ejecutivo y una empresa privada encargada de supervisar licencias médicas del personal estatal. La presentación se basó «en los principios constitucionales de publicidad y transparencia administrativa».
La solicitud apuntó a que distintas áreas del Poder Ejecutivo -entre ellas, el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública, el Ministerio de Educación y la aseguradora Horizonte Seguros S.A.- entregaran copia del contrato suscripto con la firma Dienst Consulting S.A. La acción invocó el artículo 44 de la Constitución provincial y el Código Procesal Constitucional, con el argumento de que la ciudadanía debe tener acceso a los actos administrativos.
El dictamen de la Procuración General, firmado por Jorge Crespo, al que el STJ remitió por compartir sus fundamentos, examinó la naturaleza jurídica de la presentación y la encuadró como un mandamiento de ejecución, previsto en el artículo 59 del Código Procesal Constitucional. Reconoció que el legislador se encontraba legitimado para iniciar la acción, pero concluyó que no se reunieron los requisitos que exige la normativa vigente para su procedencia formal.
El dictamen sostuvo que no se acreditaron los elementos esenciales para habilitar esta vía excepcional. En particular, indicó que el escrito inicial no demostró la urgencia extrema, la existencia de un daño irreparable ni la ilegalidad manifiesta en la negativa, condiciones requeridas por la ley para admitir este tipo de acción. Además, subrayó que el legislador Berros no aportó fundamentos suficientes para considerar que existió un «rehusamiento expreso» por parte de los organismos interpelados, uno de los presupuestos centrales que exige la figura.
Crespo también señaló que parte de la información solicitada había sido respondida por el Ministerio de Hacienda y por Horizonte Seguros S.A., mediante informes cursados ante la Legislatura. Esos documentos detallaron aspectos del contrato, describieron el servicio contratado y ofrecieron reportes de auditoría junto con antecedentes de la empresa prestadora. En función de esas respuestas, el dictamen concluyó que no se configuró una negativa rotunda que habilitara el uso de esta herramienta constitucional.
Política
Para Soria, el proyecto de guardias urbanas municipales en Roca es «una burrada»
Se trata de un proyecto presentado en el Concejo Deliberante por referentes de La Libertad Avanza.
La intendenta de Roca, María Emilia Soria, se refirió al proyecto de La Libertad Avanza que promovió la creación de guardias urbanas municipales y un Consejo de Seguridad Ciudadana para brindar «protección a los vecinos que ya no quieren vivir con miedo». La jefa municipal explicó que «la iniciativa es una burrada».
En diálogo con el programa Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 9 por La Super FM 96.3), Soria indicó que «la Constitución de Río Negro establece con mucha claridad las personas que tienen competencia en materia de seguridad. Pasa hoy en muchos Municipios de Buenos Aires que esta guardia no puede portar armas, no puede detener a una persona, sencillamente tiene que llamar a la Policía. Son estas buenas expresiones que no conducen a nada, gastar recursos en algo que no es competencia municipal».
Qué dice el proyecto
El proyecto de La Libertad Avanza de Roca, presentado en el Concejo Deliberante contempla la creación de una Guardia Urbana Municipal y un Consejo de Seguridad Ciudadana. Aseguraron que «en los últimos días fuimos testigos de un joven descuartizado, tiroteos y robos constantes. ¿Queremos más seguridad en Roca o vamos a seguir mirando para otro lado? No hay más tiempo que perder».
Explicaron que es necesaria «una fuerza descentralizada, eficiente y sin burocracia, con presencia activa en las calles, patrullajes preventivos, móviles disponibles y un sistema de denuncias digital accesible para todos los vecinos. Esto no se financia con más impuestos, sino recortando los gastos innecesarios del Estado. Seguridad sin meterle la mano en el bolsillo a la gente».
El proyecto contempla la incorporación de tecnología a través de «videovigilancia estratégica, consejos barriales de seguridad y campañas de prevención ciudadana. Queremos una comunidad que construya seguridad desde abajo, con las herramientas adecuadas y sin depender de promesas vacías».
Weretilneck, en la misma línea que Soria
El gobernador Alberto Weretilneck también se refirió a la iniciativa de los referentes libertarios roquenses. «La verdad me sorprende porque La Libertad Avanza se caracteriza por la desaparición del Estado. Entonces que alguien proponga agrandar el estado habría que ver si está en sus cabales».
Judiciales
Weretilneck eleva proyecto de Ley de Reiterancia a la Legislatura: ¿De qué se trata?
El gobernador dijo que «buscamos terminar con la llamada ‘puerta giratoria’, donde los delincuentes quedan libres después de cometer un delito tras otro.
El Gobierno de Río Negro avanza en «una agenda de reformas para mejorar la seguridad, garantizar justicia efectiva y proteger a las víctimas, colocando a la población en el centro de cada decisión», destacaron desde el Ejecutivo provincial. El gobernador Alberto Weretilneck elevó el proyecto de Ley de Reiterancia, que se suma a la Ley de Prisión en doble instancia, ya sancionada y en vigencia. Dos acciones que marcan un cambio profundo para beneficiar directamente a las y los rionegrinos.
El proyecto de Ley de Reiterancia, que será tratado en la próxima sesión legislativa, suma una herramienta clave para frenar el delito reiterado. Permitirá a los fiscales pedir prisión preventiva para quienes acumulen múltiples causas penales activas. Así, se busca terminar con la llamada «puerta giratoria», que deja en la calle a quienes cometen un delito tras otro. Con esta iniciativa, la Provincia se pone del lado de las víctimas y de cada vecino que espera vivir más seguro.
«Con la incorporación de la reiterancia como causal de prisión preventiva estamos del lado de las víctimas y de los vecinos que sufren la inseguridad cotidiana. Estas leyes son una muestra de carácter y decisión para frenar a quienes burlan el sistema y siguen delinquiendo una y otra vez», destacó el gobernador Weretilneck.
La ley que posibilita la prisión en doble instancia asegura que las penas se cumplan en tiempo real: las personas condenadas en dos instancias ya no podrán permanecer libres mientras esperan resoluciones extraordinarias. Esto significa que las víctimas y sus familias no deben soportar durante años la injusticia de ver en libertad a quienes ya fueron condenados. Garantizar que las penas se cumplan rápidamente da tranquilidad a la sociedad, refuerza la confianza en el sistema judicial y envía un mensaje claro: los delitos tienen consecuencias reales.
Además, se impulsa la creación del Registro Provincial de Huellas Genéticas, que permitirá comparar muestras de ADN recogidas en las escenas del crimen con los perfiles de condenados e imputados por delitos dolosos. Esta herramienta moderna ayudará a esclarecer delitos más rápido y con mayor precisión, dando respuestas a las víctimas y evitando nuevos hechos.
El gobernador Weretilneck remarcó que estas reformas reflejan un rumbo claro para la provincia. «Nuestro compromiso es simple y firme: proteger a las víctimas, respaldar a la Justicia y darle a cada rionegrino la seguridad que merece. Con estas herramientas le estamos cerrando la puerta a la impunidad y mostrando que en Río Negro los delitos tienen consecuencias», concluyó.
