Judiciales
Reforma Procesal Penal: Fiscales de Roca recibieron a la Policía
En pos de la aplicación de la Reforma Procesal Penal mantuvieron un encuentro este lunes por la tarde.
Durante la tarde del lunes se reunieron en General Roca fiscales y personal de la Policía de Río Negro en pos de la aplicación de la Reforma Procesal Penal. Concretamente, la fiscal de Cámara Graciela Echegaray, en su carácter de coordinadora de la sede de Roca, el fiscal de Cámara, Andrés Nelli, como coordinador de las Fiscalías descentralizadas de la Segunda Circunscripción Judicial, junto a la totalidad de los fiscales de Grado y Adjuntos con referentes de la Policía rionegrina. Participó el jefe de la fuerza de seguridad, el comisario general Daniel Jara, el jefe de la Unidad Regional II de General Roca, comisario inspector Dante Oscar Bressan, comisarios, sub-comisarios, integrantes del Área de Criminalística y personal policial de Allen, Roca, Cervantes, Mainque, Godoy, Regina, Huergo, Valle Azul y Chichinales.
Jara destacó que los recursos humanos para la implementación de la Reforma están listos para comenzar a trabajar en ese sentido y señaló que la nueva ley orgánica de la Policía prevé que se asigne personal al área de investigación. En el encuentro se repasó la división temática de las Fiscalías específicamente de Roca y se comentó que la organización policial debería adoptar una modalidad de espejo, conformando cuerpos capacitados en cada temática.
Además, se conversó el desarrollo de protocolos de actuación, de los que se van a consensuar su implementación. Particularmente, se trató cómo va a influir en la Reforma Procesal Penal en las prácticas de la fuerza policial atendiendo al paradigma del Nuevo Código, en el que el Juez cumple un rol diferente al actual y se fortalece la actuación del fiscal. Ante estas apreciaciones, las consultas no tardaron en aparecer en la sala y los integrantes de la fuerza policial preguntaron acerca de cómo se trabajará en relación al detenido y, entre otras cuestiones cuál será la participación de la Defensa en este nuevo sistema y si se producirán cambios en la elaboración del legajo policial.
Por su parte, los fiscales de Grado, en base a su experiencia según la temática, realizaron aportes respecto de situaciones ejemplares que traerá la Reforma. Así intervinieron Luciano Garrido y Teresa Giuffrida de la Unidad Temática I dedicada a los “Delitos contra las Personas”, Ricardo Romero, Silvana García y Laura Olea de la Unidad Fiscal Temática II de “Delitos contra la Propiedad”, Julieta Villa y Norma Reyes de la Unidad III de los “Delitos contra la Administración Pública”.
Mientras que los fiscales Adjuntos de esas unidades temáticas, Ana Hernando, Natalia Pascual, Graciela Cofré, Rocío Guiñazú, adquirirán un rol importante en la nueva Unidad Temática de Flagrancia, en el contexto de la nueva organización. En ese marco se acordaron nuevas reuniones para continuar con las tareas.
Judiciales
Lo condenaron por violencia de género, volvió a convivir con la víctima y lo enviaron a prisión
La situación salió a la luz a partir de un procedimiento policial. El Ministerio Público acreditó que regresó a convivir con la mujer, quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad.
Un hombre condenado por violencia de género cumplirá pena efectiva en Cipolletti tras comprobarse el incumplimiento de las pautas de conducta. La situación salió a la luz a partir de un procedimiento policial y de un informe de la Oficina de Atención a la Víctima. El Ministerio Público Fiscal acreditó además que regresó a convivir con la mujer, quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad. El juez de Ejecución transformó la pena en suspenso en prisión efectiva.
La condena original se dictó en agosto de 2025 por hechos que incluyeron lesiones, amenazas y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. En ese momento, el Poder Judicial había dispuesto reglas claras: no acercarse ni mantener contacto con la mujer y sostener un domicilio informado. Esas condiciones formaron parte de una pena de ejecución condicional que buscó evitar el encierro.
Sin embargo, la presencia en la vivienda de la mujer evidenció la transgresión de esas restricciones. El informe de la Oficina de Atención a la Víctima describió un escenario atravesado por temor y dependencia económica, además de referencias a episodios de violencia posteriores a la condena.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el planteo se centró en el incumplimiento de las pautas impuestas y no en la investigación de un nuevo delito. La defensa se opuso al pedido y señaló que los hechos integraban una causa en trámite, además de plantear objeciones sobre la posibilidad de una doble sanción.
El juez de Ejecución Penal analizó la documentación incorporada, en especial el informe técnico, y consideró acreditada la violación de las reglas de conducta, en particular la prohibición de acercamiento. Con base en ese análisis y en normativa vinculada a la protección contra la violencia de género, dispuso la revocación de la condicionalidad.
La resolución ordenó la detención y el traslado a un establecimiento penitenciario.
Judiciales
Escándalo en el Poder Judicial: Un arma secuestrada apareció en un procedimiento policial y faltan otras en las oficinas de Roca
La irregularidad puso en evidencia fallas en el circuito de secuestros judiciales.
El Poder Judicial de Río Negro impulsó una denuncia penal y una investigación interna de carácter urgente luego de detectar que un arma de fuego que se encontraba secuestrada y bajo custodia judicial apareció en un procedimiento policial realizado en la ciudad de Roca. El hallazgo alertó sobre una irregularidad grave en el resguardo de ese elemento y desencadenó una serie de medidas institucionales.
La denuncia tramita en la Fiscalía de Roca, donde se investiga cómo el arma, que debía permanecer en dependencias judiciales, terminó involucrada en un episodio delictivo. En paralelo, el organismo dio intervención al Auditor General, requirió información a distintas áreas, tomó declaraciones testimoniales y analizó documentación vinculada al circuito de secuestros judiciales.
Como medida complementaria, se ordenó un relevamiento y arqueo integral de los objetos secuestrados en la Oficina Judicial de Roca, que fue extendido a todas las Oficinas Judiciales de la provincia para verificar la correspondencia entre los registros y la existencia material de los elementos resguardados.
El resultado del arqueo agravó el cuadro: se detectó el faltante de otras armas de fuego, lo que motivó la ampliación de la denuncia penal. El número total de elementos involucrados aún no está determinado, dado que el control sigue en curso.
Actualmente se indaga sobre los registros de elementos secuestrados y los protocolos de control interno en las dependencias judiciales. La revisión abarca depósitos, sistemas de inventario y circuitos administrativos relacionados con la custodia.
El Poder Judicial indicó que el proceso interno podría derivar en medidas precautorias o sanciones. La causa penal en la Fiscalía de Roca continúa en etapa inicial, mientras el Auditor General prosigue con las actuaciones administrativas dispuestas por el organismo.
Judiciales
Imputaron a una profesora de natación y un guardavidas por el fallecimiento del niño de 11 años en la pileta municipal de Roca
Según la acusación, ambos imputados habrían omitido el deber de cuidado al no advertir a tiempo lo que le ocurría a la víctima.
El Ministerio Público Fiscal imputó a una profesora de natación y a un guardavidas por el delito de homicidio culposo, en el marco de la investigación por la muerte de un niño de 11 años ocurrida el 22 de diciembre de 2023 durante una clase en la pileta municipal de General Roca, ubicada en la zona norte de la ciudad.
Según la acusación fiscal, ambos imputados estaban a cargo de un grupo de seis menores cuando, alrededor de las 11.40, se le indicó al grupo un ejercicio en el agua. El niño no salió a la superficie como los demás y la situación fue advertida minutos después, cuando lo sacaron del agua e iniciaron maniobras de RCP hasta la llegada de la ambulancia.
La Fiscalía sostuvo que ambos habrían omitido el deber de cuidado al no advertir lo que ocurría con el menor. El tiempo de inmersión prolongada sin supervisión efectiva ni asistencia inmediata provocó un episodio de ahogamiento por sumersión que derivó en su fallecimiento por asfixia. La calificación legal aplicada es la de homicidio culposo, conforme a los artículos 45 y 84 del Código Penal.
El defensor penal público que asiste a ambos imputados señaló que, a criterio de la defensa, no existen elementos suficientes para formular cargos en esta instancia, y reclamó la realización de un estudio histopatológico antes de arribar a conclusiones definitivas sobre la causa de la muerte.
La jueza de Garantías interviniente, ante la presencia de los padres del niño y su querellante -quien adhirió al pedido fiscal-, explicó que la investigación deberá determinar si la muerte fue producto de negligencia o imprudencia de quienes tenían a su cargo al menor, o si fue consecuencia de una patología previa que no hubiera podido evitarse aun con la debida diligencia. Tuvo por formulados los cargos y fijó un plazo de cuatro meses para la etapa de investigación penal preparatoria.
