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UPCN sobre manual de porteros y la protesta de ATE: «Hay que proponer con acierto y no protestar sin sentido»

Scalesi acusa al gremio de Aguiar de «hacer humo» e infundar «miedo» sobre el nuevo reglamento. De hecho, aseguran que todavía ni está en vigencia.

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«Nos vemos en la obligación de salir a aclarar a la opinión pública ciertas notas tendenciosas acerca del Manual de Misiones y Funciones para el Personal del Servicio de Apoyo, firmado el pasado mes de mayo entre el gobierno de Río Negro y la UPCN y que no está en vigencia hasta tanto se terminen de acordar algunos puntos», indicó el secretario general de UPCN, Juan Carlos Scalesi, luego de un jueves cargado de protestas en todos los consejos escolares de la provincia por una jornada de lucha llevada adelante por el gremio ATE.

«Queremos aclararlo para llevar tranquilidad a los compañeros de las escuelas porque no se merecen el destrato que hace ATE y otros grupos sin representación gremial con ellos, que les infunde miedo basado en la mentira más absoluta, solamente para tener un lugar en la prensa, porque no hacen nada, nunca proponen, solo protestan y encima con mentiras. Ya cada vez prenden menos gomas, pero hacen ‘humo’ de otra manera, intentando confundir a la gente», lanzó Scalesi.

«Queremos decir que el manual no fue impreso aún, no está en la calle y, por tanto, nadie puede opinar sobre su contenido completo y definitivo», manifestó por su parte el secretario gremial de UPCN, Rubén Molina. «Cualquier crítica es absolutamente infundada, porque el Manual de Misiones y Funciones aún no fue impreso y se siguen discutiendo algunos puntos», añadió.

«Las generalidades con que se habla sobre el manual, aduciendo que se trata de ‘precarización laboral’ para los trabajadores, además de infundadas son falsas porque el Manual de Misiones y Funciones es una herramienta creada con los agentes mismos, a partir de sus demandas de reconocimiento, delimitación del trabajo, posibilidades escalafonarias, jerarquización de su rol de apoyo en los establecimientos educativos y mejores salarios», aseguró Molina.

«Cuando el Ministerio de Educación convocó a los sindicatos a sentarse a una mesa común para discutir los puntos, solo la UPCN se sentó a esa mesa, porque ATE no fue, ni presentó ninguna propuesta, ellos solo se encargan de la criticar lo que otros hacen porque ellos no hacen nada, y además, lo hacen con argumentos mentirosos, que se caen al otro día», agregó.

«En realidad UPCN hace esta aclaración sobre todo por los compañeros trabajadores, ya que muchos de ellos aportaron a la confección y acuerdo de este manual y nos piden que lo defendamos. Entonces lo defendemos, pero somos conscientes de nuestro rol y del rol de quienes lo critican, sin siquiera tener el manual definitivo en sus manos (porque aún no salió). Ellos están practicando otros ‘humos’ ahora que dejaron de quemar gomas, el ‘humo’ que pretenden echar a la sociedad basado en información falsa. Ellos nunca aportan más que humo, se cuelgan de las luchas y logros de UPCN o sino, los critican», indicó el secretario gremial.

«Quien se niega a la propuesta y critica desde el cómodo lugar de no haber contribuido en nada, que no fue parte de la elaboración de una herramienta que aporte a un real bienestar del trabajo de los compañeros de las escuelas, no merece mucha más atención», sostuvo finalmente.

Por su parte, Scalesi completó con que «queremos llevar tranquilidad a los compañeros del PSA que aún no se han acercado a la UPCN, los invitamos a hacerlo y participar, como muchos de ustedes que en las asambleas y reuniones están aportando y discutiendo los puntos de esta herramienta que será sin dudas una mejora para el trabajo de los agentes no docentes, que, de acuerdo a lo trabajado por nuestro gremio, les dará posibilidades de jerarquización, mejora del escalafón, los salarios y la definición del trabajo en concreto de un Personal de Apoyo. Porque su rol no es el de los señores de los mandados ni menor al de nadie, su rol ha de ser jerarquizado, delimitado, categorizado, ya que aportan mucho al sostenimiento del sistema educativo en toda la provincia».

«Hay que proponer con acierto para los trabajadores. Proponer, y pelear desde la propuesta y no criticar o protestar sin sentido. La protesta es una herramienta de los laburantes, no hay que banalizarla y quitarle contenido», concluyó el titular de UPCN.

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Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal

«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.

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Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.

«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.

Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.

El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

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El Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad del control biométrico para el personal de Salud

La suspensión cautelar perdió vigencia y el sistema de registro mediante biometría facial continúa siendo obligatorio.

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El Gobierno de Río Negro informó que el control biométrico de asistencia continúa vigente y es obligatorio para el personal del Ministerio de Salud, luego de que se agotara la vía administrativa vinculada con los planteos contra la Resolución 986/2026.

La resolución del Consejo Provincial de la Función Pública establece la obligatoriedad del sistema de registro de asistencia mediante biometría facial para el personal de Salud.

La semana pasada, la Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar a una medida cautelar autónoma presentada por ASSPUR y suspendido transitoriamente los efectos de la resolución. Sin embargo, esa medida tenía una condición concreta: la suspensión se mantenía únicamente hasta que el Estado Provincial agotara la vía administrativa.

Según informó la Provincia, la decisión judicial no había resuelto la cuestión de fondo ni declarado inválido el sistema de control biométrico. La cautelar se había dictado debido a que se encontraba pendiente de resolución un recurso jerárquico presentado por ASSPUR.

El Gobierno Provincial completó ese trámite mediante el Decreto N° 903, que rechazó el recurso jerárquico y ratificó la obligatoriedad del sistema establecido por la Resolución 986/2026.

Con el dictado y la notificación del decreto quedó formalmente agotada la vía administrativa. La Provincia comunicó esta circunstancia a la Cámara del Trabajo de Viedma, que tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito y remitió a los términos de su pronunciamiento anterior. De esta manera, al cumplirse la condición fijada por la Justicia, perdió vigencia la suspensión cautelar y continúa vigente la Resolución 986/2026.

La definición se suma a otros pronunciamientos judiciales vinculados con la implementación del sistema. Entre ellos, la Justicia rechazó recientemente un amparo presentado por UPCN para dejar sin efecto el control biométrico para sus afiliados.

En ese caso, se consideró que no estaba acreditada la existencia de un daño grave e irreparable ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que justificara la utilización de la vía excepcional del amparo.

Así, agotada la instancia administrativa y cumplida la condición que había dado sustento a la suspensión cautelar, el sistema de control biométrico continúa vigente y es obligatorio para el personal alcanzado del Ministerio de Salud.

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ATE exigió un examen médico psicofísico para conocer el estado de salud de Milei

«Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo», apuntó Aguiar.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó a Javier Milei para que informe si existe algún examen, junta médica, certificado, dictamen o protocolo que haya evaluado su aptitud psicofísica y/o psíquica para ejercer su rol de presidente y, en caso de que no exista, que lo realice inmediatamente. Además, el sindicato impulsará una iniciativa para que a partir del 2027 quienes se postulen a cargos electivos deban realizar un examen médico preocupacional y presentar un apto psicofísico para ejercer sus cargos.

«Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. La intimación será remitida a la Jefatura de Gabinete de Ministros con copia a Presidencia de la Nación.

En relación a los requisitos que se le solicitan a quienes ingresan a la administración pública, apuntó que «es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado. Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. Es una joda. Además es muy peligroso porque en el caso de Milei, es quien encabeza la administración pública nacional».

«Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen golpistas o destituyentes, porque no buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función. Porque si no lo fuera, las consecuencias jurídicas serían gravísimas. La mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos», agregó.

«Y no tenemos que olvidarnos que el presidente también es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sus actos tienen impacto no solo en la estabilidad institucional y en el funcionamiento del Estado, sino también en la seguridad nacional», completó Aguiar.

En este marco, el dirigente estatal explicó que «estamos ejerciendo el derecho a la información pública y el acceso ciudadano a la información estatal, derechos que están amparados en las leyes, en la Constitución Nacional y además en los tratados internacionales».

«Tenemos que avanzar en una iniciativa legal que permita exigir también examen psicofísicos a todos los cargos electivos a partir del año que viene. Esta presidencia de Milei nos enseñó que la psicosis y el delirio de un candidato en la campaña se pueden camuflar. No nos puede volver a suceder», concluyó el titular de ATE Nacional.

La intimación de ATE se ampara en el artículo 88 de la Constitución Nacional, haciendo saber que conocer el estado de salud del presidente no responde a una mera curiosidad particular, sino a una cuestión de notorio interés público e institucional que hace a la transparencia y a la confianza ciudadana en el ejercicio regular de la primera magistratura.

En su pedido, el sindicato aclaró que los trabajadores de la Administración Pública Nacional deben someterse a exámenes preocupacionales y periódicos de aptitud psicofísica, cuyo resultado condiciona directamente la continuidad del vínculo de empleo, según lo establece la la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164. Es en este marco que se lo insta al máximo responsable del Estado argentino a realizar evaluaciones similares.

Cabe destacar que ATE, en su requerimiento, deja en manifiesto que no busca acceder a ningún tipo de información médica privada, ni de historia clínica ni diagnósticos. sino que únicamente busca saber si existe una evaluación y cuál fue su conclusión: apto/no apto.

Detalles de la solicitud de ATE

  • Exigir que el Gobierno informe si existe algún examen, junta médica, certificado, protocolo o dictamen que haya evaluado la aptitud psicofísica y/o psíquica del Presidente para ejercer el cargo.
  • Si existe esa evaluación, informar la fecha, el organismo o profesional que intervino y el resultado, limitado a si fue considerado «apto» o «no apto», sin solicitar información clínica, diagnósticos ni historia médica.
  • Informar si existe normativa, protocolo o reglamento que establezca controles periódicos de aptitud psicofísica y psíquica para el Presidente, y, en caso afirmativo, entregar una copia.
  • Si el Gobierno decide rechazar total o parcialmente el pedido, ATE exige que la negativa sea fundada por escrito, indicando específicamente qué excepción de la Ley de Acceso a la Información Pública se invoca y aplicando el correspondiente test de daño e interés público.
  • En caso de que no exista ningún tipo de exámen o apto médico realizado, que el mismo sea efectuado a los efectos de constatar si el presidente de encuentro en todas sus facultades psicofísicas para desempeñar el cargo.
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