Recientemente se conformó el Frente Patria y Futuro en Río Negro, un nuevo espacio que se encolumna detrás del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Integran el frente diferentes dirigentes de Roca, Bariloche, Viedma, Cipolletti, Sierra Grande y Villa Regina, entre los que se destacan los roquenses Mario Álvarez, de Unión Vecinal; y Pedro Videla, de Fuerza Río Negro.

«Porque consideramos al Frente Patria y Futuro como la herramienta política necesaria para este momento histórico de la Argentina, nos constituimos oficialmente como la expresión de dicho Frente en la provincia de Río Negro. Lo hacemos desde las organizaciones políticas, sociales y sindicales que militamos, desde el territorio, con raíces en la historia y en las luchas de nuestra provincia, y con la mirada puesta en el porvenir que queremos construir, desde abajo y con toda la ciudadanía. Lo hacemos con la convicción de que es tiempo de organizarnos en todo el país para ponerle fin al modelo de saqueo, ajuste y entrega que encarna Javier Milei. Frente a eso, más que consignas necesitamos: organización popular, protagonismo colectivo y un programa transformador», indicaron desde el Frente Patria y Futuro en un comunicado de prensa.

En este sentido, reconocen «la conducción de Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Axel expresa con sus actos de gobierno y con su historia de lucha, gestión y militancia, una esperanza concreta y un futuro mejor para nuestra patria. En un país donde muchos se adaptan, Axel marca un rumbo distinto con el que nos sentimos profundamente representados: trabaja por un país soberano e independiente, que ponga en primer lugar a la ciudadanía argentina y no a los intereses extranjeros o de la oligarquía local, en sintonía con lo mejor de la Patria Latinoamericana. Trabaja por un país con justicia social y se solidariza con quienes más están sufriendo, sostiene un estado presente con educación, salud y obras públicas, cuida el trabajo y la producción argentinas, las pymes y la industria. Frente al avasallamiento de las instituciones, el autoritarismo y los discursos de odio y crueldad, Axel representa democracia para la Argentina», agregaron.

«En Río Negro, como en todo el país, sufrimos las consecuencias del ajuste salvaje del gobierno nacional: la paralización de la obra pública y el deterioro de la infraestructura, la destrucción y el cierre de los programas de contención social, el deterioro de salarios, jubilaciones y pensiones, el aumento de precio de alimentos y tarifas, la entrega de los bienes comunes a capitales trasnacionales a precio vil, el avasallamiento de los derechos de los pueblos originarios, de las mujeres y disidencias, la destrucción del complejo científico tecnológico, por citar sólo algunos ejemplos», añadieron.

«El actual oficialismo provincial se ha alineado servilmente con el gobierno nacional, votando paquetes de leyes como la Ley Bases, que entregan nuestra soberanía y nuestros recursos, que deterioran nuestras condiciones de vida y avasallan los derechos que tanto costó conseguir», criticaron.

«Desde el Frente Patria y Futuro Río Negro no nos callamos, ni nos resignamos, muy por el contrario, nos organizamos, con presencia en distintas localidades de la provincia, con vocación amplia de unidad, generosa y militante. Queremos sumar a todos los actores políticos, sociales, sindicales, estudiantiles, culturales que quieran ser parte de una herramienta viva para transformar la realidad. Queremos hacerlo en unidad con todas las organizaciones del campo nacional y popular y la ciudadanía que compartan nuestra esperanza y horizonte de equidad», expresaron.

«El desafío que asumimos es colectivo: construir un espacio democrático y participativo, donde la militancia tenga un rol protagónico y donde la toma de decisiones se base en la escucha, el debate y la reflexión. La salida de esta crisis no será con decisiones posibilistas ni atajos, sino con un programa audaz, con medidas profundas, con coraje político. Tampoco será con candidatos puestos a dedo o por acuerdos de cúpula. Es necesario movilizar a las bases y buscar mecanismos democráticos para legitimar las candidaturas», destacaron.

«Vamos a construir poder popular en serio. Vamos a defender derechos y a conquistar los que faltan. Porque la patria no se vende, porque el futuro se organiza, y porque Río Negro también tiene voz, historia y compromiso», concluyeron.

El ex intendente de Fernández Oro, Juan Oscar Reggioni, fue hallado responsable del delito de administración fraudulenta y uso de documento ideológicamente falso. El tribunal tuvo por acreditado que utilizó una declaración jurada adulterada para destrabar el último desembolso de un plan nacional de viviendas.

El proyecto solo alcanzó a construir 6 de las 12 unidades previstas. El resto de las personas imputadas -tres presidentes de cooperativas y una intermediaria- fueron absueltas. La absolución se fundamentó en la falta de pruebas, en decisiones del Ministerio Público Fiscal o en violaciones al principio de congruencia.

Ayer (12/05) se conoció el veredicto en la causa vinculada al plan de viviendas ACU994, implementado en Fernández Oro entre 2014 y 2015. El tribunal analizó si existió una maniobra para obtener fondos nacionales sin que se cumplieran las condiciones establecidas en el convenio firmado entre el municipio y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación.

El acuerdo preveía construir 12 viviendas en 6 meses, con fondos que serían liberados en cuatro etapas contra certificaciones de obra. Reggioni gestionó tres de los cuatro desembolsos, es decir, el 75% del financiamiento total. En su declaración jurada, afirmó haber ejecutado ese 75%, lo que equivaldría a haber construido 9 viviendas. Sin embargo, durante el juicio se acreditó que solo se construyeron 6 viviendas, sumando tanto las completadas como las parcialmente ejecutadas. Esto representa apenas el 50% del total comprometido.

A pesar de ello, se presentó una rendición de cuentas que informaba un avance físico del 75%, lo que permitió que Nación aprobara el cuarto y último desembolso. Para ello, se utilizó una declaración jurada suscripta en agosto de 2015 que no contaba con la firma del maestro mayor de obras que había intervenido en las certificaciones anteriores. Esa omisión, unida al porcentaje irreal de avance informado, constituyó el núcleo de la maniobra observada por el tribunal, según la prueba presentada en el juicio.

Este fue el único punto que justificó la declaración de culpabilidad: se descartó que Reggioni hubiera falsificado documentos materiales o que se hubiera apropiado del dinero en beneficio propio. La resolución judicial lo encontró responsable del delito de administración fraudulenta agravada contra la administración pública y del uso de documento ideológicamente falso. Determinó que violó los deberes emergentes del convenio, al permitir que se presentara una certificación que no reflejaba el estado real de las obras.

En cuanto al resto de las personas imputadas, el tribunal dictó la absolución de todos ellos.

Fabio Huenchunao, presidente de una de las cooperativas, fue absuelto a pedido del fiscal jefe, quien consideró que había actuado como un instrumento de Reggioni sin conocimiento suficiente ni capacidad real de decisión. Los jueces y la jueza que intervinieron señalaron que, al haberse retirado la acusación en su contra, no existía jurisdicción para emitir una sentencia condenatoria.

A partir de ese criterio, también fueron absueltos Diego Quintero y Luis Méndez, presidentes de otras dos cooperativas. Se indicó que las pruebas no evidenciaban diferencias sustanciales en sus conductas respecto a Huenchunao, y que no se había probado una responsabilidad penal concreta. Además, el tribunal consideró arbitrario mantener la acusación contra ellos sin argumentación suficiente.

Por su parte, Carina Marín, quien operó como nexo informal entre el municipio y las cooperativas, también fue absuelta. El veredicto consideró que la acusación fue modificada sustancialmente al final del juicio, sin respetar el principio de congruencia procesal ni permitirle ejercer una defensa efectiva. Se señaló que no existió evidencia concreta que respaldara ni la acusación inicial ni la reformulación posterior.

La resolución descartó que Reggioni se hubiera apropiado del dinero para fines personales y también desestimó que el perjuicio económico derivado del cuarto desembolso pudiera atribuírsele, ya que su ejecución correspondía a la gestión municipal siguiente. En ese sentido, el veredicto advirtió que el cuarto desembolso se concretó en marzo de 2016, ya fuera del mandato de Reggioni, y que su trazabilidad fue dificultada por la mezcla de fondos con otros planes nacionales, como “Techo Digno”. También se consignó que la investigación no siguió la ruta del dinero.

Ante esta situación, se remarcó que la falta de documentación, el desorden administrativo y las inconsistencias en los archivos del municipio deberán ser investigadas por el Ministerio Público Fiscal.

La causa continuará en una segunda etapa, según lo prevé el Código Procesal Penal rionegrino, enfocada exclusivamente en la aplicación de la pena respecto del ex intendente Reggioni.

El próximo 22 de mayo, la Legislatura de Río Negro tratará, entre otros proyectos, la Ley de Reiterancia, iniciativa que suma una herramienta clave para frenar el delito reiterado y que permitirá a los fiscales pedir prisión preventiva para quienes acumulen múltiples causas penales activas. «Esto soluciona dos aspectos: la tranquilidad de la gente y la aceleración de los procesos», dijo el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti.

El proyecto fue presentado por el gobernador, Alberto Weretilneck. «De esta forma, la Provincia se pone del lado de las víctimas y de cada vecino que espera vivir más seguro», agregó Gatti.

«El proyecto tiene que ver con una idea que se viene planteando hace un tiempo, buscar terminar con la ideología que todavía está vigente en muchos sectores, poderes judiciales, universidades de derecho, que tiene que ver con lo que hemos denominado el abolicionismo penal, que puso el eje a partir de considerar al delincuente una víctima de la sociedad, y revirtió los valores que tienen que ver que con la honestidad y el cumplimiento de la ley», comentó el ministro en declaraciones a Radio Noticias de Viedma.

El funcionario indicó que las normas que rigen actualmente generan «un estado de confusión por parte de la ciudadanía y de desazón en la fuerza policial. Cuando la persona, después de dos detenciones o con dos procesos, uno con elevación a juicio, esperará su sentencia detenido. Ya no podrá especular con dilatar los tiempos para seguir en libertad porque será de su interés máximo que se resuelva».

«Esto soluciona dos aspectos: la tranquilidad de la gente y la aceleración de los procesos», dijo Gatti.

Con respecto al proyecto que se va a tratar el 22 de mayo, el ministro sostuvo que «se nutre de otras iniciativas presentadas anteriormente y la cuales vamos a debatir en comisiones, previo a la sesión. Todos harán su aporte en esa instancia».