Río Negro
Más de 100 personas participaron en la audiencia pública por el plan de saneamiento de Roca
La instancia se desarrolló en la mañana de este martes con una buena participación de expositores. Todas las opiniones serán tenidas en cuenta en el proceso de evaluación.
Más de un centenar de personas asistieron durante cuatro horas a la Audiencia Pública convocada por la Secretaría de Ambiente de la provincia, para analizar todos los detalles del Plan Director de Desagües Cloacales, una obra valuada en $400.000.000 y que pone el acento en reforzar toda la estructura troncal de la red local de cloacas.
La obra consistirá en 12,5 kilómetros de colectores troncales, 15,4 kilómetros de cañerías entre las plantas impulsoras y casi 30 kilómetros de redes domiciliarias. Se contempla llevar el servicio de cloacas a los barrios Mosconi, La Ribera, además de Stefenelli Sur y Stefenelli Norte, lo que va a representar 700 conexiones.
La Provincia hizo los estudios previos, diseñó las ampliaciones y presentó el proyecto ante el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), donde obtuvo la aprobación del financiamiento. Una vez disponibles los fondos (que desembolsa el Gobierno Nacional) y firmado el contrato, se estima un tiempo de ejecución de toda la obra de 18 meses.
La secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dina Migani, fue quien dio inicio formal a esta instancia de participación ciudadana y destacó la importancia de la obra, tanto para la localidad como para las ciudades vecinas. Migani estuvo acompañada por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri y el superintendente del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Fernando Curetti.
En este marco, Valeri destacó que la obra está enmarcada en el Plan Director de Saneamiento que se está llevando adelante en toda la provincia, en conjunto con el DPA y el ENHOSA “que tiene por objetivo ampliar y recambiar las redes cloacales en los lugares donde sea necesario, en concordancia con el crecimiento poblacional que están teniendo las distintas localidades, procurando la sanidad de las personas”.
Valeri aclaró que “se trata de una obra que va a beneficiar a toda la cuenca del río”, la cual además “va a estar en consonancia con el Plan Castello”, que dispondrá de una partida de U$S92.500.000 de dólares para ejecutar otros planes de saneamiento urbano en ciudades como General Conesa, Luis Beltrán, Mainqué, Maquinchao, Pilcaniyeu, Sierra Colorada, Río Colorado y Villa Regina, Las Grutas, y Viedma.
Valeri reivindicó el mecanismo de la audiencia pública, porque “es parte de la transparencia de la gestión, donde podemos explicar qué, y como vamos a hacer las cosas”.
A su vez, Curetti resaltó la importancia de llevar adelante este proceso de audiencia “porque viene a democratizar las decisiones que se toman en materia de obra pública, y además permite que la comunidad pueda conocer el proyecto y así presentar sus objeciones y consideraciones”. El funcionario también realizó una presentación donde dio detalles técnicos del proyecto.
Curetti hizo referencia a la existencia de “serias limitaciones actuales”, determinadas por “la obsolescencia de las instalaciones y la falta de inversiones”.
La premisa, será lograr eliminar los desbordes, “generar efluentes de mejor calidad, porque la meta es la protección de la población y del medio ambiente”.
Posteriormente, expusieron el ingeniero Mario Álvarez, quien realizó la descripción del Plan Director de Agua Potable y la licenciada Roxana Rodríguez, quien presentó el Estudio de Impacto Ambiental. Además, se contó con la presencia del ingeniero Horacio Lizasoain, de Aguas Rionegrinas, empresa prestataria del servicio.
Tras un breve receso, se retomó la rueda de expositores invitados. En principio, expuso Vanesa Funes, gerente del Consorcio de Riego y Drenaje de General Roca; Hernán Zuñiga, asesor técnico de ese organismo. También asistió el Defensor del Pueblo adjunto, César Domínguez, quien aseguró que “esta obra la necesitamos con carácter de urgente”. Agregó que “estamos contentos porque se va a empezar a resolver desde Cipolletti la contaminación de nuestro río” y explicó sus presencia diciendo: “Veníamos a rectificar que ésta obra se haga realidad”.
Finalmente, expusieron los inscriptos como oradores, entre los que se encontraban Diego Rodil, Miguel Ángel Ceballo Díaz, Héctor David Morales y el licenciado Héctor Labollita, de AIC.
Judiciales
Más de 100 causas de Defensa del Consumidor ingresaron solo al fuero Civil en lo que va de 2025
Este tipo de expedientes suele requerir la realización de audiencias orales, instancias de conciliación y, en muchos casos, la emisión de sentencias definitivas o la homologación de acuerdos.
En los primeros 6 meses del año, los Juzgados y unidades jurisdiccionales Civiles tramitaron 108 causas por denuncias de Defensa del Consumidor. Este tipo de expedientes suele requerir la realización de audiencias orales, instancias de conciliación y, en muchos casos, la emisión de sentencias definitivas o la homologación de acuerdos alcanzados entre las partes. Es una de las vías de ingreso, aunque no la única, de temas de consumo.
El fuero civil provincial cuenta actualmente con 16 organismos distribuidos en 8 ciudades: Viedma, San Antonio Oeste, Roca, Villa Regina, Choele Choel, Bariloche, El Bolsón y Cipolletti. Desde estos organismos se tramitan procesos que van desde reclamos de consumidores hasta sucesiones, daños y perjuicios, ejecuciones y amparos, entre otros.
Existen otros organismos que también reciben denuncias de las y los consumidores como por ejemplo los juzgados de Paz, algunas oficinas municipales y las áreas de Defensa del Consumidor del poder Ejecutivo.
En el Poder Judicial de Río Negro, durante el primer semestre de 2025, el fuero Civil recibió 3.056 causas nuevas. En ese mismo período, dictó 2.213 sentencias que pusieron fin a los procesos, lo que refleja un alto nivel de resolución de expedientes. Entre los tipos de procesos más frecuentes se destacan las sucesiones intestadas (953 casos, 30% del total), los reclamos por daños y perjuicios (395) y los procesos ejecutivos (379), además de las denuncias de Defensa del Consumidor.
La Ley 24.240 establece los derechos de los consumidores y las obligaciones de los proveedores en las relaciones de consumo. Una relación de consumo es un vínculo que se establece entre el proveedor de un bien o servicio y el consumidor o usuario del mismo. Incluye el antes, durante y después de la compra del producto o contratación del servicio.
Esta norma garantiza que las personas tengan derecho a recibir información cierta, clara y detallada sobre los productos o servicios, a ser tratadas de manera digna y equitativa, a obtener comprobantes de las operaciones y a contar con bienes y servicios que no representen riesgos para su salud o seguridad.
También regula aspectos clave como las garantías legales, los plazos de entrega, las condiciones de las compras por internet y la calidad en la prestación de servicios públicos esenciales.
La información estadística del fuero Civil forma parte de los informes semestrales realizados por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia. Las estadísticas permiten optimizar la toma de decisiones al apuntalar determinados fueros u organismos de acuerdo a la carga de trabajo.
Política
«Un país no se construye abandonando las universidades y la salud»
Weretilneck habló tras los nuevos vetos de Milei a las leyes aprobadas en el Congreso y aseguró que no hubo ningún llamado del presidente.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, cuestionó con firmeza los vetos del presidente Javier Milei a leyes claves para el financiamiento de la educación, la salud pública y las provincias. Anticipó que en el Congreso se rechazarán estas decisiones. «Un país no se construye abandonando a las universidades, quitándole la salud a los niños y negándole a las provincias los recursos que les corresponden. Eso no es federalismo, es un castigo injusto», afirmó.
El mandatario provincial remarcó que los vetos dejaron sin efecto normas votadas por amplia mayoría en el Congreso: la ley de financiamiento universitario, la emergencia pediátrica y la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). «Estamos hablando de derechos básicos: educación, salud y federalismo. No de privilegios», enfatizó.
En relación a los ATN, explicó que «son fondos que se descuentan de la coparticipación, es decir, de los impuestos que nos pertenecen a las provincias. No pedimos nada más que lo que corresponde: esos recursos son de los rionegrinos y deben volver en obras, en escuelas, en hospitales y en servicios para nuestra gente».
En diálogo con LU19, Weretilneck también advirtió que «no hubo ninguna convocatoria institucional a las provincias» por parte del Gobierno Nacional. «El diálogo que existió fue partidario, con gobernadores aliados a La Libertad Avanza. Exigimos un ámbito federal serio, con temario claro, donde estemos todas las provincias, no un encuentro político a puertas cerradas», sostuvo.
Finalmente, fue categórico. «Río Negro no se va a quedar en silencio frente a estas decisiones. Vamos a defender en el Congreso lo que corresponde a nuestra gente. Porque la defensa nace acá, en cada provincia, en cada universidad, en cada hospital que necesita recursos para seguir de pie», concluyó.
Judiciales
Estuvo varado más de 12 horas sin agua ni asistencia: Condenan a empresa de transporte por trato indigno
El colectivo se quedó sin combustible a pocos kilómetros de Chimpay.
Un hombre que viajaba desde Cipolletti hacia Sierra Grande quedó varado en la ruta, sin agua ni comunicación, cuando el colectivo de larga distancia en el que se trasladaba se detuvo por falta de combustible a pocos kilómetros de la localidad de Chimpay. Horas más tarde, al retomar el viaje en otra unidad, el colectivo no se detuvo en el parador correspondiente y, luego de una discusión con los choferes, la persona fue obligada a descender a la intemperie, sin su equipaje.
Tras varios intentos administrativos para obtener una compensación por parte de la empresa Autotransportes Andesmar S.A., y al no lograrlo, el cliente inició una demanda de menor cuantía en el Juzgado de Paz de Sierra Grande.
En el fallo se explicó que el hombre abordó el colectivo interno 5295 a las 10 de la mañana, una hora después del horario estipulado. Hacia el mediodía, a unos 15 kilómetros de Chimpay, la unidad se detuvo por falta de combustible. Las personas pasajeras permanecieron en el lugar hasta que personal policial y de bomberos organizó traslados particulares hacia la terminal de esa localidad. Recién a las 22 horas llegó otra unidad para continuar el viaje.
Durante la madrugada siguiente, ya en las proximidades de Sierra Grande, el colectivo pasó de largo por el lugar donde la persona solía descender. Al pedir que se detuviera, el chofer la insultó y se negó a retroceder. Un segundo conductor, que no se encontraba de servicio, intervino en la discusión. Según el relato, descendió del vehículo con el torso descubierto y un cinturón en la mano, y obligó al pasajero a bajar, lejos de su destino y sin su valija.
Frente a esta situación, presentó reclamos ante Defensa del Consumidor de San Antonio Oeste y Sierra Grande. La empresa negó los hechos denunciados y ofreció una suma compensatoria que fue rechazada por el cliente. Luego, las partes intentaron una instancia de mediación, sin resultados.
En su análisis, la jueza de Paz sostuvo que existió una relación de consumo encuadrada en la Ley 24.240 y en el Código Civil y Comercial. Señaló que el proveedor debe garantizar información clara, trato digno y cumplimiento del servicio contratado. También indicó que, ante la existencia de dudas, corresponde interpretar el contrato de manera más favorable a la persona usuaria.
El fallo consideró acreditada la situación de vulnerabilidad de la parte actora y concluyó que el accionar de la empresa vulneró los derechos protegidos por la normativa vigente. Además del daño material, el juzgado identificó una afectación moral relacionada con la angustia, el maltrato sufrido y la pérdida del equipaje.
La sentencia también impuso un resarcimiento en concepto de daño punitivo, al considerar que la empresa ignoró los distintos reclamos administrativos y obligó a la persona afectada a acudir al Poder Judicial para resolver el conflicto.
Finalmente, la magistrada condenó a la empresa Andesmar a pagar, en concepto de daño directo, la suma de $1.400.000; en concepto de daño extrapatrimonial, $200.000; y en concepto de daño punitivo, $200.000, más intereses.
