Río Negro
Weretilneck busca llegar a un acuerdo con Vidal por el Fondo del Conurbano a través del diálogo
El gobernador quiere evitar que sea la Justicia la que decida. «Si la Corte hiciera lugar a la medida cautelar pedida por la Provincia de Buenos Aires, Río Negro dejaría de percibir cerca de 1.800 millones por año», aseguró.
Se realizó hoy en Viedma la presentación de las acciones llevadas adelante por el gobierno provincial tras el reclamo judicial realizado por la Provincia de Buenos Aires con el objeto que se declare inconstitucional el tope de 650 millones de pesos, sobre el 10% del fondo establecido por la Ley de Impuesto a las Ganancias.
En la oportunidad, el gobernador Alberto Weretilneck, suscribió la contestación de la demanda que será presentada mañana ante la Corte Nacional. El encargado de poner en conocimiento público los términos de la demanda fue el fiscal de Estado, Julián Fernández Eguía.
“Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación hiciera lugar a la medida cautelar pedida por la Provincia de Buenos Aires, Río Negro dejaría de percibir cerca de 1.800 millones por año. Esto significa un mes de salarios, seis hospitales como los que construimos en Allen y Catriel o alrededor de 3.000 patrulleros. Sin dudas, un golpe a las finanzas del Estado provincial, casi imposible de superar por la Provincia”, explicó el gobernador.
Asimismo afirmó que “la relación de la Nación y las Provincias en la coparticipación y repartición de recursos no es un tema que deba resolverse en la Justicia, sino entre todos aquellos que tenemos responsabilidades públicas emanadas del voto de la gente. Por eso, queremos ser escuchados y que debatamos entre la Nación, las Provincias y el Congreso la solución a esto”.
En este sentido, Weretilneck destacó que “un país federal tiene que contener a todos en su esquema distributivo. A las provincias que producimos mucho y no dependemos de Nación, así como a las provincias que reciben más de lo que aportan”. Añadió: “No debemos olvidarnos de que las provincias son preexistentes a la Nación, por lo que siempre tenemos que tener en la relación bilateral la última palabra”.
“No se puede juzgar un régimen de coparticipación y distribución de fondos federales a partir de lo que una provincia produce. Las provincias centrales del país son lo que son, porque los patagónicos entregamos energía hidroeléctrica, gas y combustible. Por lo tanto, es absolutamente peligroso para la estabilidad institucional del país pretender que cada provincia se haga valer de un esquema egoísta de lo que debería recibir de un régimen de distribución federal”, resaltó.
Weretilneck concluyó con la postura de Río Negro, “más allá de la respuesta jurídica, nuestro planteo es político, y exigimos que la demanda de la Provincia de Buenos Aires tenga una solución política”.
Presidieron el acto junto al gobernador, los ministros de Gobierno, Luis Di Giácomo; y de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri; el secretario de Hacienda, Eduardo Luis Bacci y el legislador Alejandro Palmieri.
Demanda de la Provincia de Río Negro
El fiscal de Estado, Julián Fernández Eguía, explicó que la Provincia de Río Negro está contestando al reclamo que realizó la Provincia de Buenos Aires, sobre la eliminación del tope de $650 millones de pesos establecido en el 10% del Impuesto a las Ganancias.
“Subsidiariamente la Provincia de Buenos Aires plantea que si no se hace lugar al reclamo inicial de eliminación del tope de $650 millones, solicita que se planté la inconstitucionalidad de la eliminación de los incisos B y D que es ese mismo 10% y un 4% del fondo de infraestructura del que solicita ser partícipe. Hasta la fecha no participan porque legalmente se lo impiden”, manifestó Fernández Eguía.
Asimismo, expresó que “estas dos peticiones de la Provincia de Buenos Aires implican para Río Negro en la principal una pérdida de 1700 millones de pesos y la subsidiaria entre 400 y 500 millones de pesos”.
“Nuestra respuesta plantea que la Provincia de Buenos Aires está introduciendo en la Corte una cuestión que debería resolver el Estado Nacional y las provincias en una mesa de diálogo político, en base a que esto es una cuestión relacionada a la coparticipación que la Constitución Nacional se lo asigna al Congreso y a las provincias”, resaltó el Fiscal de Estado y agregó: “Hay que correr el eje de lo que es un inciso de una Ley de Ganancias, sentarse en una mesa y que cada uno pueda plantear las desigualdades que se fueron sucediendo y quiere resolver”.
Judiciales
Acoso laboral: 84 denuncias en lo que va del año
La nueva ley entró en vigencia en marzo de 2023 y en menos de un año las Cámara del Trabajo recibieron 186 demandas de este tipo.
En lo que va de 2024, el Poder Judicial tramitó 84 denuncias por acoso laboral. La nueva ley entró en vigencia en marzo de 2023 y en menos de un año las Cámara del Trabajo recibieron 186 demandas de este tipo.
La Ley de Procedimiento Laboral 5.631 rige en la provincia desde el 16 de marzo de 2023. En materia de violencia, el artículo 72 establece que se puede promover un juicio sumarísimo cuando dentro del ámbito laboral las personas dependientes sean víctimas de acoso.
La norma incluye a la violencia, el acoso o cualquier comportamiento destinado a provocar, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral, ya sea como amenaza o acción consumada, por cualquier medio, y que provengan tanto de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o inferiores.
Las actuaciones se rigen por los principios de celeridad, reserva, confidencialidad, autonomía, gratuidad y no revictimización. La presentación o denuncia de violencia o acoso laboral se formulan vía digital, electrónica, telefónica o por cualquier otro medio.
La nueva ley de procedimiento laboral es única en el país ya que permite la litigación remota e incorpora capítulos especiales como el de violencia laboral.
Durante el primer semestre de 2024, los ingresos al fuero Laboral acumularon un total de 2.362 expedientes nuevos. En este periodo también se dictaron 2.903 sentencias y se realizaron 1.788 audiencias, número que incluye a las conciliaciones y a las vistas de causa.
Los datos surgen del informe estadístico elabora el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
El fuero Laboral de la provincia está compuesto por una Cámara del Trabajo en Viedma, dos en Roca, otras dos en Bariloche y una en Cipolletti. Todas administran sus expedientes a través de las Oficinas de Tramitación Integral. El nuevo modelo implica la separación de la tarea jurisdiccional de la administrativa y de mero trámite. La Oficina de Tramitación Integral ofrece todo el soporte administrativo que requiere cada proceso y tiene a su cargo los trámites de ejecución de sentencias, honorarios, acuerdos homologados, pagos y transferencias.
Política
Weretilneck propuso a Dolores Cardell para la Fiscalía de Investigaciones
El puesto quedó vacante tras la renuncia de Fabián Gatti, quien juró como ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo.
El gobernador Alberto Weretilneck propuso a Dolores Cardell, actual vocal del Tribunal de Cuentas, como nueva titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, con la reciente acefalía en el organismo tras la renuncia de Fabián Gatti, quien juró como ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo.
«Estamos avanzando rápidamente para garantizar la continuidad de este órgano de control fundamental», explicó el mandatario en su cuenta de X.
La designación fue elevada a la Legislatura de Río Negro para su tratamiento en la próxima sesión. «Es clave contar con una conducción sólida y eficiente que garantice la transparencia y el control en la Administración Pública», puntualizó Weretilneck.
Judiciales
Anotaron mal el nombre de sus tatarabuelos y no podía tramitar la ciudadanía
Tras casi 100 años, una joven logró obtener que se realicen los cambios correspondientes para obtener la ciudadanía italiana.
Un hombre que nació en Salerno, Italia, llegó a Carmen de Patagones siendo muy joven. En la ciudad se casó, pero el acta de matrimonio se confeccionó con errores. Por un lado, anotaron que tenía 30 años, cuando tenía 33. Además, escribieron mal el nombre de su mamá, también italiana. Fruto de la relación nació una niña. En el acta de nacimiento se repitieron los datos anteriores, por lo cual también quedaron registrados mal el nombre del hombre y también el de sus padres.
El dato erróneo se fue replicando de generación en generación hasta que hoy, la tataranieta de aquel matrimonio italiano, bisnieta de la pareja que se casó en Patagones hace casi 100 años, está tramitando la ciudadanía italiana.
El año pasado logró que tanto la edad de su bisabuelo como el nombre de su tatarabuela fueran rectificadas del acta de matrimonio.
En su tramitación, se encontró con el problema: su tatarabuela, su tatarabuelo y su bisabuelo figuraban con dos nombres distintos. Entonces, inició un proceso judicial en Viedma para demostrar que en realidad se trataba de las mismas personas, anotadas de manera distinta.
En su presentación manifestó que «en las actas de estado civil labradas en Argentina se modificaron los nombres originarios por los nombres traducidos o bien, se cambiaron algunas letras del nombre».
Expresó que «el motivo por el cual dio inicio al presente trámite es que se encuentra tramitando la ciudadanía italiana y las autoridades de Italia requieren que los nombres y apellidos consignados en la documentación presentada, sean coincidentes con los datos indicados en las actas italianas y, en caso de existir diferencias, que los nombres sean indicados en todas sus formas».
Sostuvo que «en la época en que su abuelo contrajo matrimonio y en los posteriores actos registrados, era común incurrir en este tipo de errores en las inscripciones del Registro Civil, sea por la dificultad de la lengua madre de los inmigrantes, o por la falta de conciencia de la sociedad sobre la importancia de una adecuada identificación con todos los datos filiatorios consignados correctamente».
Indicó que «cuando se transcribían los nombres de los inmigrantes en su documentación nacional se traducían al castellano para una mejor comprensión y que posteriormente se sancionó una ley que convalidó dicha práctica».
Tras analizar la totalidad de la prueba, la jueza concluyó que quedó acreditado que «en todos los casos traídos a examen se trata de las mismas personas». Para ello, se utilizó el certificado de nacimiento del bisabuelo, nacido en el año 1890 en Eboli, Italia.
Resaltó que «expuesta de manera detallada la información consignada en las actas y partidas acompañadas en relación a los nombres de los tatarabuelos y del bisabuelo paternos de la actora, con las rectificaciones administrativas mencionadas respecto de los nombres inscriptos de manera errónea, es posible afirmar que del plexo probatorio agregado al expediente surge con claridad se tratan -en cada caso- de una misma y única persona».
