Judiciales
Por ahora, el acusado de golpear a su ex pareja no irá preso
Fue imputado por violencia de género. La jueza considera que no hay peligro de fuga.
Esta mañana Francisco Norry fue imputado por la fiscal del caso Norma Reyes y el fiscal jefe Andrés Nelli por lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por haber sido perpetradas contra una mujer en el marco de violencia de género en concurso real, se suma a lo anterior el delito de privación ilegítima de la libertad en concurso ideal y finalmente el de amenazas simples contra dos víctimas (Arts. 89 en función del Art. 92 en función del Art. 80 incs. 1° y 11°, Art. 142 inc 1°, Art. 149 bis del CP). La defensa privada solicitó el sobreseimiento de su asistido, pero el planteo fue rechazado por la jueza de garantías interviniente, Natalia González.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que el 30 de octubre pasado, cerca de las 5 de la mañana, la víctima junto a su novio se retiraron de un bar en el vehículo del acusado. Una vez allí el imputado le reclamó a la mujer porqué desconfiaba de él y empezó a pegarle. Mientras circulaban la víctima intentó bajarse del auto, pero no lo logró ya que el hombre la volvía a agredir, mientras le decía “acordate de tu hijo que está en mi casa” -haciendo mención al chico de 15 años que se encontraba durmiendo en el domicilio.
Una vez que llegaron a la casa, el imputado llevó a la chica de los pelos y agarrándola de los brazos contra su voluntad hacia una habitación. Allí le sacó la ropa a la fuerza, le pidió tener relaciones sexuales y como se negó, volvió a golpearla. Cada vez que la mujer intentaba pedir ayuda a su hijo, el acusado la golpeaba. Esto continuó hasta que la chica se hizo la desmayada y en un descuido del hombre, se acercó hasta donde estaba su hijo. Pero una vez en el living, el acusado la tomó del cuello haciendo que cayera al suelo y se golpeara la cabeza perdiendo el conocimiento. Cuando despertó, el menor la estaba ayudando a levantarse y el hombre les decía “vayánse de acá”.
Una vez en la vía pública, siendo las 7 de la mañana, el acusado desde su auto les gritó: “te voy a matar y a vos también”, cuestión que ocasionó temor en la víctimas.
La jueza de garantías dio por formulados los cargos tal como lo realizó la Fiscalía y pese al pedido de la defensa, no hizo lugar al cambio de la calificación legal.
Luego la fiscal solicitó como medida cautelar un mes de prisión preventiva y la querella sumó a ello el pedido de embargo preventivo del suelo del acusado.
Respecto de lo anterior, la jueza resolvió hacerle lugar al embargo, y que en vez de quedar detenido el imputado cumpla con ciertas medidas cautelares. Se trata de mantener la prohibición de acercamiento hacia la víctima y su hijo, prohibición de mantener cualquier tipo de comunicación por cualquier medio con ella y su hijo, no obstruir el accionar de la justicia, prohibición de salida del país librándose oficios a Gendarmería Nacional y Ministerio del Interior. A lo anterior, el acusado debe presentarse cada 7 días en la oficina judicial de esta ciudad y no podrá ausentarse de su domicilio sin previo aviso. “Todas estas medidas son prorrogables y en caso de incumplimiento se iniciará una causa por desobediencia a una orden judicial”, aclaró la jueza de garantías.
Respecto de la internación propuesta por la defensa, aceptada por Fiscalía y querella, para tratar la enfermedad que mencionó el acusado esta mañana en la audiencia, González ordenó que “previo a hacerla efectiva se deberá informar a las partes dónde se realizará, en qué consistirá y demás detalles. De esta manera si tienen alguna duda podrán solicitar evacuarla”. Por su parte, la fiscal Reyes agregó que “antes de que la internación se concrete esperaremos el resultado de la pericia psiquiátrica que realice el profesional del Cuerpo Médico Forense, mencionada como prueba por producir antes de la audiencia de control de acusación”.
Asimismo, la jueza dispuso custodia policial permanente para la mujer y su hijo durante el tiempo que dure el proceso.
Judiciales
Por el aumento de causas, Roca tendrá una nueva Unidad Procesal del Fuero de Familia
El Poder Judicial detectó durante la última década un incremento sostenido de expedientes en el Fuero de Familia de General Roca.
La Legislatura de Río Negro aprobó el proyecto impulsado por el Superior Tribunal de Justicia para crear una nueva Unidad Procesal del Fuero de Familia con sede en General Roca, correspondiente a la Segunda Circunscripción Judicial.
Al fundamentar la iniciativa, la legisladora Natalia Reynoso (JSRN) explicó que la propuesta surge a partir de los estudios realizados por la Dirección de Planificación Estratégica del Poder Judicial, que durante los últimos diez años registró un crecimiento sostenido de las causas y expedientes que ingresan al fuero de Familia.
Según detalló, el relevamiento correspondiente al período comprendido entre 2016 y 2026 permitió detectar un incremento que calificó como «exponencial, sostenido y estructural», particularmente en la Segunda Circunscripción Judicial.
Reynoso destacó además que el Poder Judicial modificó la metodología utilizada para determinar la carga que soportan los distintos organismos. Hasta ahora, uno de los principales parámetros era simplemente cuantitativo: se contabilizaba la cantidad de expedientes ingresados y tramitados.
La nueva metodología incorpora el concepto de «carga ponderada de trabajo», que busca determinar no solamente cuántos expedientes tramita un organismo, sino también cuánto esfuerzo y tiempo demanda cada uno de ellos de acuerdo con su complejidad.
Para establecer ese indicador se tuvieron en cuenta variables como la complejidad de las causas, su duración y el grado de intervención judicial requerido.
«No es lo mismo una causa que puede resolverse mediante una audiencia y posterior homologación que aquellos procesos que demandan seguimientos durante dos años o más, sucesivas audiencias y la participación de equipos interdisciplinarios», explicó la legisladora.
Entre las problemáticas de mayor complejidad mencionó las situaciones de violencia de género e intrafamiliar, además de causas relacionadas con alimentos, filiaciones y adopciones.
La metodología, elaborada con participación de juezas de Familia de las diferentes circunscripciones judiciales, permitió establecer con mayor precisión la carga efectiva de trabajo de cada organismo.
En el caso de General Roca, los resultados mostraron no solamente un aumento en la cantidad de expedientes, sino también una creciente exigencia funcional derivada de la complejidad de las causas.
Reynoso sostuvo que la ciudad viene registrando «un nivel de demanda estructural superior al resto de las localidades analizadas», pese a contar con estructuras organizativas similares a las existentes en organismos que atienden volúmenes y niveles de demanda considerablemente menores.
Ese desequilibrio, explicó, determinó la necesidad de avanzar con la creación de una nueva Unidad Procesal de Familia.
La iniciativa busca así adecuar la estructura judicial de General Roca a una realidad que se modificó sustancialmente durante la última década y mejorar la capacidad de respuesta del fuero frente a causas que, además de haber aumentado en cantidad, requieren intervenciones cada vez más prolongadas y complejas.
Judiciales
Cuatro policías fueron declarados responsables por vejaciones y otros delitos contra adolescentes
Uno de los policías fue declarado autor y los otros tres partícipes necesarios. Ahora deberán atravesar la audiencia de cesura para conocer la pena.
El Tribunal Colegiado declaró hoy (24/09) responsables penalmente a cuatro policías por hechos cometidos contra dos adolescentes en junio de 2024, en el playón deportivo del barrio Alta Barda.
De esta manera, el Tribunal consideró acreditada la plataforma fáctica y la teoría del caso presentada por la Fiscalía durante el juicio. Uno de los empleados policiales fue declarado responsable en carácter de autor, mientras que los otros tres fueron considerados partícipes necesarios.
La calificación legal comprende los delitos de vejaciones y severidades, lesiones leves calificadas por el carácter de funcionario policial, privación ilegal de la libertad con abuso de función y amenazas con arma.
Los cuatro deberán atravesar ahora la audiencia de cesura de pena, instancia en la que se determinará el monto de la condena. La Fiscalía ya adelantó que solicitará que la pena sea de cumplimiento efectivo.
Como medida cautelar para asegurar el avance del proceso hacia esa próxima etapa, el Ministerio Público Fiscal había solicitado que los cuatro responsables utilicen tobillera electrónica y que se establezca una prohibición de acercamiento.
«El peligro procesal de entorpecimiento a la investigación quedó explicitado tanto en nuestros alegatos como en la resolución del Tribunal, además el de fuga también es latente», expresó el fiscal del caso, Gastón Britos Rubiolo.
El funcionario agregó que se debe tener en cuenta la ubicación territorial, que los imputados son empleados policiales y que podrían recibir o pedir ayuda para fugarse. También hizo referencia a las contradicciones acreditadas entre los acusados y otros empleados policiales durante el juicio.
Las defensas penales públicas y particulares se opusieron a la colocación de los dispositivos electrónicos. Finalmente, el Tribunal resolvió que los cuatro realicen presentaciones semanales ante la Fiscalía que lleva adelante el caso.
El proceso continuará cuando las partes presenten la prueba con la que cuentan para atravesar el juicio de cesura de pena y la Oficina Judicial establezca la fecha de la audiencia.
Judiciales
Una hermana de la vida: Autorizaron a una mujer a donarle un riñón a su amiga
La donante y la receptora se conocieron en 2017 y construyeron una amistad que se extendió a sus familias. Los estudios confirmaron que son compatibles.
«Una hermana de la vida». Así definió una mujer a su amiga de varios años al explicar ante la Justicia por qué decidió donarle uno de sus riñones. El vínculo comenzó en 2017, cuando ambas se conocieron en un espacio de trabajo comunitario de Bariloche, y con el tiempo se extendió también a sus familias.
La receptora se encuentra en lista de espera para un trasplante renal desde el año pasado y necesita realizar tratamiento de diálisis. Su amiga decidió postularse como potencial donante y comenzó los estudios médicos correspondientes. Los análisis determinaron que ambas son compatibles.
La situación requería, sin embargo, una autorización judicial. La Ley N° 27.447 permite la donación de órganos en vida entre determinados vínculos familiares, cónyuges o convivientes, pero una relación de amistad no está incluida dentro de esa enumeración.
Por ese motivo, el pedido fue presentado mediante una medida autosatisfactiva ante el fuero de Familia de Bariloche. El objetivo fue acreditar que la donación era voluntaria, que la mujer conocía los riesgos de la intervención y que no existía dinero, compensación ni otro beneficio detrás de su decisión.
La urgencia también fue analizada. Una pericia médica estableció que la postergación u omisión del tratamiento de diálisis podía provocar complicaciones sistémicas severas, mientras que el trasplante permitiría discontinuarlo y representaría un beneficio clínico para preservar la salud de la receptora.
La potencial donante fue evaluada por profesionales médicos, psicólogos y trabajadores sociales. Los estudios confirmaron la compatibilidad inmunológica y analizaron su estado de salud y los riesgos asociados a vivir con un solo riñón. La evaluación psicológica concluyó que comprendía los alcances, riesgos y consecuencias de la intervención.
También se analizó el vínculo entre ambas. La mujer explicó que se trataba de una amistad cercana de varios años y que había decidido donar el órgano más de un año antes. Los informes señalaron que su voluntad estaba vinculada con el deseo de ayudar a su amiga a mejorar su calidad de vida.
Dos testigos declararon ante el tribunal y dieron cuenta de la relación entre las mujeres y de las circunstancias en las que conocieron la decisión de donar.
La donante además ratificó su voluntad en una audiencia y fue informada de que puede arrepentirse hasta el momento de la cirugía, sin necesidad de justificar la decisión y sin que esa retractación le genere una obligación.
La receptora también fue evaluada y las pericias determinaron que comprende el procedimiento, sus riesgos y la importancia que el trasplante tiene para su salud.
Con todos esos elementos, la Justicia tuvo por acreditada la relación de amistad, la voluntad libre de la donante y la inexistencia de pagos o retribuciones. De esta manera, autorizó la ablación de un riñón para su posterior implante a su amiga.
Ahora, el trasplante deberá cumplir las restantes exigencias médicas y contar con el dictamen favorable del equipo que llevará adelante la intervención.
