Judiciales
Condenaron a Rubén López por abuso sexual pero no irá a la cárcel
Fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión condicional.
El Tribunal que encontró culpable al gremialista de Cipolletti, Rubén López le impuso una pena de dos años y seis meses de prisión condicional. Además le fijó pautas de conducta durante el plazo de dos años bajo apercibimiento de revocar la condicionalidad de la pena impuesta. La sentencia se dio a conocer esta mañana en el edificio del Foro de Jueces y Juezas de Cipolletti.
El Tribunal que juzgó a López estuvo integrado por el juez de juicio Pablo Repetto y por las juezas de garantías María Florencia Caruso y Laura González Vitale.
El imputado fue encontrado culpable por los delitos de “abuso sexual simple, lesiones leves y coacción”. La víctima fue una joven que trabajaba en la casa del acusado realizando tareas domésticas.
El veredicto de culpabilidad se dio a conocer este lunes, en tanto hoy jueves los jueces determinaron el monto de la pena.
Las pautas de conducta son las siguientes: a) Fijar y mantener residencia; b) Abstenerse de utilizar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas en lugares públicos; c) Prohibición de mantener cualquier tipo de contacto (virtual o físico) hacia la víctima y su grupo familiar conviviente d) No cometer nuevos delitos. e) Presentarse de manera mensual ante la Oficina Judicial a fin de dar cuenta de sus condiciones de vida.
El debate comenzó el miércoles de la semana pasada con la declaración de cinco testigos. Continuó el jueves con otros cuatro testigos. El viernes declararon los últimos dos testigos y se realizaron los alegatos. El imputado López negó los hechos.
Intervinieron por la fiscalía Santiago Márquez Gauna y Eugenia Vallejos y por la querella el abogado Eduardo Ricardo Sandoval Córdoba en representación de la víctima. La defensa de Rubén López fue ejercida por los abogados Pablo Agabios y Rolando Villasuso.
La Fiscalía expuso que el hecho ocurrió el 18 de octubre de 2016 en el domicilio de Rubén López ubicado en la calle Alem de Cipolletti, alrededor de las 14 hs. En esas circunstancias la víctima se encontraba realizando tareas en la cocina y él la tomó por la espalda y la manoseó, según la acusación. Como la joven se resistió se produjo un zamarreo y antes de echarla de su casa el imputado la amenazó para que no lo denunciara.
El proceso, que se realizó bajo el nuevo Código Procesal Penal, se llevó a cabo en dos etapas. La primera incluyó el debate sobre la culpabilidad o inocencia del acusado. Y la segunda contempló lo relativo a la imposición de la pena. El juicio de cesura se realizó ayer miércoles.
Judiciales
La Justicia Federal aceptó el amparo colectivo por la Ruta Nacional 151
Analizarán los tramos específicos incluidos en la cautelar, para evaluar la necesidad de obras de conservación hasta la sentencia definitiva.
El Juzgado Federal de General Roca, a cargo del juez Hugo Greca, reconoció la acción de amparo colectivo presentada por el gobernador Alberto Weretilneck, intendentes y cámaras empresariales para garantizar la seguridad en la Ruta Nacional N° 151.
En su resolución, el magistrado definió avanzar en los tramos específicos de la ruta incluidos en la cautelar solicitada, para evaluar la necesidad de obras de conservación hasta la sentencia definitiva.
«La fecha de realización del reconocimiento judicial in situ, que deberá ser propuesta de manera conjunta, contando con los medios para el traslado», indica además.
«La participación de peritos de parte, en condiciones de producir luego un examen científico que precise tanto las medidas requeridas como las defensas planteadas por la demandada», agrega.
El fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, señaló que «es un paso indispensable para dejar en evidencia la gravedad del abandono de la Ruta 151 y exigir medidas urgentes que resguarden la seguridad de los rionegrinos».
A su vez, subrayó que «el propio Estado Nacional reconoció que en dos años no ejecutó obras sustanciales y que lo hecho hasta ahora es claramente insuficiente. Esa confesión deja en claro que la Provincia tenía razón al plantear esta acción judicial», dijo.
Además, el fiscal de Estado sostuvo que «Río Negro no se va a resignar a que la desidia nacional ponga en riesgo vidas humanas. Vamos a seguir insistiendo hasta que se ordenen las obras mínimas de conservación y se cumpla con el deber básico de garantizar rutas seguras».
Finalmente, Pérez Estevan remarcó la necesidad de celeridad en el proceso. «Llevamos meses reclamando medidas mínimas mientras la causa se demora en trámites que no se condicen con la urgencia del caso. El amparo no puede transformarse en un juicio ordinario: la Justicia debe actuar rápido porque está en juego la vida de quienes transitan todos los días esta ruta», concluyó.
Judiciales
Fiscalía de Estado recuperó más de $8.600.000 para el sistema de salud
Una sentencia judicial obliga al responsable de un accidente vial y a su aseguradora a reintegrar los gastos médicos al IPROSS.
La Fiscalía de Estado de Río Negro obtuvo un fallo favorable que ordena la restitución de más de $8.600.000 al Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS), consolidando su rol central en la defensa del patrimonio público.
El Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N 13 de Viedma hizo lugar a la demanda presentada por el organismo provincial, que actuó en representación de IPROSS. La sentencia, dictada el 1 de septiembre de 2025, obliga al responsable de un accidente vial y a su aseguradora a reintegrar los gastos médicos y asistenciales afrontados por la obra social estatal en la atención de un afiliado gravemente lesionado sobre la Ruta Nacional N° 3.
La resolución judicial reconoce el derecho de la Provincia a recuperar, mediante acción subrogatoria, los costos generados por la negligencia de terceros. El fallo también subraya la legitimidad del accionar de la Fiscalía de Estado, que promovió la demanda con éxito y aseguró una importante restitución a favor del sistema público de salud.
«Esta acción reafirma nuestro compromiso con la protección del erario provincial y la defensa activa de los recursos del sistema solidario de salud», destacó el Fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan.
El organismo explicó que cada peso recuperado fortalece la capacidad operativa de IPROSS y alivia la carga sobre el sistema público de salud, que no debe asumir costos ajenos a su responsabilidad.
«La estrategia de iniciar acciones judiciales busca precisamente garantizar el recupero de los gastos cubiertos por IPROSS a los afiliados cuando la responsabilidad de los daños corresponde a un tercero y a su aseguradora», destacaron desde el Gobierno.
Judiciales
Familia del Alto Valle definió el cuidado de un adulto mayor y el destino de una chacra
Fue a través del Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos, bajo la coordinación de la Defensa Pública de mediación.
En el Alto Valle, una mesa de mediación reunió a una familia entera que buscaba organizar el cuidado de su padre ya mayor y resolver cómo administrar una chacra de la región. La cita ocurrió el 26 de agosto de 2025 en un Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos, bajo la coordinación de la Defensa Pública de mediación. El proceso fue gratuito y concluyó con un acta que dejó asentados compromisos y responsabilidades.
Ese día, uno de los hijos tomó la palabra con decisión: trasladaría a su padre a su casa el 28 de agosto y se haría cargo de su cuidado cotidiano. Además, aceptó realizar los trámites previsionales para asumir la representación como apoderado y administrar los ingresos del adulto mayor.
En la misma mesa, una de las hermanas ofreció colaborar en la atención diaria. El objetivo fue claro: que quien asumiera la carga principal pudiera disponer de espacios de descanso. Se estableció que los detalles de esa ayuda se coordinarían de manera directa entre los familiares. La conversación giró luego hacia la chacra. Otro de los hermanos aceptó administrar la tierra y los animales. Dijo que se encargaría de los tributos y del cuidado del ganado. El compromiso incluyó la entrega de un grupo de vacas con sus crías a uno de sus hermanos, con retiro fijado entre el 30 y el 31 de agosto.
El tema económico también ocupó un lugar en la discusión. Varias personas se comprometieron a aportar una suma de dinero todos los meses, durante los primeros diez días, mediante transferencias a una cuenta bancaria. La mediación recogió esa decisión sin prever sanciones, solo como un acuerdo de responsabilidad compartida.
La audiencia se extendió hasta el mediodía. Dos de los hermanos decidieron no suscribir a ciertos puntos, y por eso el documento final reflejó únicamente los aspectos consensuados. La mediadora informó que lo acordado tenía carácter inmediato y obligatoriedad plena.
La reunión concluyó con la lectura del acta. Cada integrante escuchó en silencio el detalle de las fechas, las tareas y los aportes comprometidos. La tensión del inicio se transformó en un registro escrito que marcó un camino para la organización familiar. La intervención de la Defensa Pública permitió que este proceso se desarrollara sin costo y bajo un marco oficial que dio respaldo a la palabra de los participantes.
