Gremios
«El acceso a la salud no se negocia»
UnTER repudió la rescisión de contrato entre la obra social provincial y la Federación Clínica.
La puja entre los intereses entre la Federación Médica y el IProSS vuelve a dejar sin cobertura 50000 afiliados de Roca, Cipolletti y Villa Regina. En este sentido, desde el gremio docente UnTER expresaron su «absoluto rechazo a esta situación,que vulnera el derecho a la salud de trabajadores estatales, en la que se cruzan definiciones políticas y la mercantilización de un servicio».
«Es inadmisible que la incertidumbre vuelva a sumarse a los padecimientos de trabajadores que no puedan contar con asistencia médica ni internación, cuando más la necesita. Teniendo en cuenta que mes a mes aportan a una obra social que debería garantizar una atención de calidad. Peor aún es la situación de los jubilados quienes aportan mucho más, y tampoco, pueden recurrir al PAMI, pues con el traspaso de la caja de previsión social a la nación perdieron esta opción», agregaron.
«Cuestionamos la decisión unilateral de la Federación de cortar los servicios, pese al acuerdo de cancelación de deuda con la obra social. La sumatoria de decisiones arbitrarias como esta, igual que el cobro indebido de plus, recortes y demoras en las prestaciones, ponen en riesgo la vida de cientos de rionegrinos, transformándolos en prenda de cambio para los intereses del comercio de la salud», consideraron desde el gremio docente.
«Exigimos al gobierno provincial y sus funcionarios que cumplan con su deber de administrar con celeridad y responsabilidad la obra social que pertenece al conjunto de los trabajadores, una urgente y definitiva solución que garantice la atención a la salud, informando fehacientemente dónde y quienes realizarán las atenciones médicas», indicaron.
«Reiteramos el requerimiento de la definitiva democratización de IProSS, porque somo los trabajadores quienes conocemos nuestras necesidades y sabemos defender nuestros derechos, como lo hicimos hace más de cuarenta años cuando, producto de la lucha sostenida logramos la creación de esta obra social con las garantías del acceso a la atención de la salud, como un derecho humano, bajo los principios de igualdad, equidad y solidaridad», concluyeron.
Gremios
Sin oferta del Gobierno, ATE tildó de fraude a la paritaria y exigió $1.800.000 de salario mínimo
«Las políticas de Milei están destruyendo el diálogo social en la Argentina, un diálogo social que debiera cumplir los objetivos de trabajo decente y crecimiento económico», apuntó Aguiar.
El Gobierno concurrió sin un ofrecimiento formal a la paritaria nacional y la negociación pasó a un cuarto intermedio. Ante esta situación, el secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que «la negociación es un fraude» y exigió elevar el salario mínimo a $1.800.000.
«Las políticas de Milei están destruyendo el diálogo social en la Argentina, un diálogo social que debiera cumplir los objetivos de trabajo decente y crecimiento económico», señaló el dirigente estatal.
«La paritaria estatal se ha transformado en un fraude y el Gobierno vulnera el convenio 154 de la OIT en tanto y en cuanto en las negaciones que se llevan adelante no escucha la voz de la representación sindical. El Ejecutivo está utilizando este ámbito como una herramienta para congelar los salarios de los empleados públicos», agregó en referencia al convenio internacional que promueve la negociación colectiva.
En este marco, Aguiar concluyó que «la pérdida en el poder adquisitivo ya llegó al límite y tiene que quedar claro que la afectación de la paz social es exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo. A la paz social se la debe garantizar con respuestas concretas a los justos reclamos que tienen los trabajadores».
A partir del estudio realizado por los trabajadores del INDEC, ATE determinó que el ingreso mínimo (no el óptimo ni el deseable) debiera ser de $1.819.121 para satisfacer las necesidades mínimas de una familia tipo (dos adultos y dos menores). Este valor se compone de $630.974 necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de $1.188.147 para acceder a otros bienes y servicios básicos, utilizando los datos oficiales del organismo para realizar esta medición.
Cabe recordar que la paritaria en la Administración Pública Nacional comprende el periodo de junio 2024 a mayo 2025. A falta de conocer el dato de inflación de este último mes, los incrementos salariales durante ese periodo (20,8%) fueron la mitad que la inflación (41,4%).
De esta forma, el periodo paritario 2025-2026 del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 queda sin aumento en su inicio.
La situación salarial acrecienta la conflictividad en el Sector Público y, de esta manera, en los próximos días definirá la continuidad del plan de acción en rechazo a las cesantías ilegales, el intento de restringir el derecho constitucional a la huelga, y la fusión y cierre de organismos.
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ATE presentó ante la Justicia un amparo para que se declare inconstitucional el DNU que limita el derecho a huelga
La denuncia recayó en el Juzgado Nacional de 1ª Instancia del Trabajo Nº 20. El sindicato también solicitó una cautelar para dejar sin efecto el decreto.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció al Gobierno Nacional por limitar el derecho a huelga mediante el Decreto N° 340/25 y exigió su declaración inmediata de inconstitucionalidad. «Esperemos que la Justicia actúe con rapidez. Los efectos de este decreto deben ser suspendidos inmediatamente», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.
«Prácticamente el mismo texto ya fue declarado inconstitucional. En esta instancia, no hay otra cosa que hacer más que ratificar lo anteriormente sentenciado. Muchas de las actividades que se plantean como esenciales las brinda el Estado. Por lo tanto esta norma dictada por el Ejecutivo nos afecta de manera directa a ATE y a todos los trabajadores estatales», agregó el dirigente estatal.
El recurso de amparo recayó en el Juzgado Nacional de 1° Instancia del Trabajo Nº 20. En el documento se argumenta «la afectación ilegal, arbitraria y manifiesta del derecho de huelga, al principio de progresividad y al de libertad sindical». El sindicato además solicitó que se dicte una medida cautelar para que se suspendan los efectos del decreto y no tenga vigencia mientras dure la medida cautelar.
«Estamos frente a una inconstitucionalidad manifiesta. El derecho de huelga es nuestro derecho más importante. Si nos lo quitan, a los trabajadores no nos queda nada. Este decreto se lo escribieron al Presidente las multinacionales y los grandes grupos empresarios del país. Tenemos que atacarlo en la Justicia y en la calle», concluyó Aguiar.
El DNU 340/25 modifica el artículo 24 de la Ley 25.877, ampliando los servicios considerados «esenciales». Aquellos que estén contemplados en esta categoría deberán garantizar un 75% de la prestación durante las huelgas, dejando así sin efecto las medidas de fuerza. Hasta antes de la publicación del decreto, se consideraba esencial aquel servicio cuya interrupción pudiera poner en peligro la salud, vida o seguridad de la población, siguiendo los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
ATE aduce que muchas de las actividades que fueron incorporadas como servicios esenciales en el decreto son llevadas adelante por el Estado y, por lo tanto, implica una restricción para el ejercicio del derecho de huelga del sindicato.
Gremios
La medida de fuerza de ATE supera el 90% de adhesión y cobra fuerza la movilización a Economía
«Este Gobierno nos quiere hacer retroceder más de un siglo en materia de derechos laborales. Atacan el derecho de huelga porque para los trabajadores es nuestra arma más letal», apuntó Aguiar.
En las primeras horas del paro nacional de ATE, el sindicato relevó más de 90% de adhesión en todo el país y en la Capital Federal comenzarán los ceses de tarea a partir del mediodía para movilizar al Ministerio de Economía.
«Este Gobierno nos quiere hacer retroceder más de un siglo en materia de derechos laborales. Atacan el derecho de huelga porque para los trabajadores es nuestra arma más letal. La última modificación es ilegal y no existe ninguna posibilidad de que pueda prosperar. Vulnera la Constitución Nacional. Nosotros no la pensamos acatar», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional en referencia al Decreto 340/25 que limita el derecho a huelga.
En referencia a la pérdida del poder adquisitivo de los estatales desde que asumió Javier Milei, el dirigente sindical refirió que «exigimos que se reabran las paritarias y que este Gobierno nos devuelva toda la plata que nos robó en los últimos 17 meses».
En los primeros cuatro meses del año, los estatales ya perdieron más de la mitad de su poder de compra, producto de un 5,4% de incrementos salariales frente a una inflación del 11,6%.
«Con esta gestión, el miedo se transformó en una política de Estado. Nos quieren temerosos para que no reaccionemos. Ya sabemos que con esta gente, el camino no es el diálogo. Los tenemos que seguir confrontando», concluyó Aguiar.
Durante la jornada de protesta sólo se garantizarán guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores.
Otros servicios que ya comenzaron a verse afectados son la recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del el Senasa, radiooperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), migraciones y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros. Además, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias.
La medida de fuerza se da por la reapertura de paritarias, en rechazo al ataque al derecho a huelga mediante el Decreto 340/25, contra el despido de trabajadores que no hayan aprobado el Sistema de Evaluación Pública (SEP), en rechazo al intento de fusión de organismos y para exigir la restitución de los fondos adeudados a las provincias.
