Río Negro
Cambios en Ingresos Brutos y Sellos a raíz del consenso fiscal
Se trata de una nueva Ley impositiva para los próximos cinco años.
En 2018 se reducirán las alícuotas de Ingresos Brutos a la construcción, energía, actividades primarias, industria y transporte y se incrementarán las de comercio y servicios. También se amplían las bonificaciones para los contribuyentes cumplidores.
La ley impositiva vigente para los próximos cinco años se enmarca dentro de las alícuotas acordadas con el resto de las provincias y con el gobierno nacional en el consenso fiscal firmado en noviembre.
Las Provincias firmantes acordaron fijar topes a las alícuotas en cada uno de los sectores de la actividad económica, reduciendo y/o eximiendo a las primeras etapas de la cadena productiva y recostando el peso de la imposición en las etapas finales de comercialización de bienes y servicios.
Esto tiene por finalidad reducir el costo de los productos y mejorar nuestra competitividad como país, apuntando a reducir los efectos distorsivos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que grava en cascada a todas las etapas productivas y a los insumos transversales a la economía como son el transporte y la energía.
El hecho de que todas las provincias hayan acordado reducir las alícuotas de la industria y el transporte tendrá un efecto en los costos de producción y comercialización de todos los bienes que ingresan para su consumo en nuestra provincia (tanto nacionales como importados). Siendo Río Negro una provincia alejada de los centros industriales del país el costo de transporte tiene una incidencia muy alta en todo lo que consumimos, por ello la ecuación, tanto para los consumidores como para las empresas, será muy positiva.
En cuanto a las actividades comerciales y de servicios, el tope del 5% acordado en el consenso fiscal era superior a las alícuotas vigentes en Río Negro (del 3% al 4%), las cuales se encontraban por debajo del promedio de otras provincias. Ello permitió que el costo fiscal que significó reducir o eximir a determinadas actividades se pueda compensar con un leve incremento en estas actividades, resultado en un impacto neutro en la recaudación total del impuesto y en las finanzas de la Provincia.
Asimismo, para amortiguar la suba a las actividades comerciales y de servicios, se incrementaron las bonificaciones por pago en término de todas las MiPyMES, llevándolas del 15% al 30% (antes 5% al 10%). El beneficio alcanza a las empresas comerciales que facturen hasta $900.000.000 al año y a las de servicios hasta $250.000.000 al año.
En conclusión, el precio de los productos al consumidor final no debería incrementarse como consecuencia de los cambios introducidos, dado que la reducción y eliminación general de las alícuotas en las etapas previas a la venta deberían producir una baja en el costo final de los bienes y servicios vendidos.
La construcción también tendrá una alícuota reducida de Ingresos Brutos, medida que se suma a la tomada para reducir el impuesto sobre los ingresos brutos a los créditos hipotecarios, y que en ambos casos facilitarán el acceso a la vivienda a las familias rionegrinas bajando los costos de financiación y de construcción.
Impuesto de Sellos
Se acordó una reducción de las alícuotas del impuesto de sellos sobre los contratos en general (excepto inscripción de 0 km y transferencias de inmuebles) que va desde el 1% en 2018 hasta la desgravación total en el 2022. Esta es sin duda una medida que reducirá los costos de todas las actividades económicas.
En la inscripción de 0 km se elimina el tratamiento diferencial que existía cuando la compra se realizaba fuera de la provincia, reduciéndose la alícuota del 3% al 2% para dichas transacciones.
Para las hipotecas se reduce la alícuota del 1,5% al 0,5%, a los fines de fomentar el crédito hipotecario.
Río Negro
Weretilneck confirmó el aval de Nación para financiar obras en las Rutas 22 y 151
El financiamiento de FONPLATA permitirá intervenir los sectores más deteriorados de ambos corredores y mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial.
El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que Río Negro obtuvo la garantía del Gobierno Nacional para avanzar con un crédito de hasta US$ 60 millones de FONPLATA – Banco de Desarrollo, destinado a financiar obras prioritarias en las Rutas Nacionales 22 y 151.
El financiamiento permitirá intervenir los sectores más deteriorados de ambos corredores, mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial.
La operación se enmarca en la decisión de la Provincia de asumir progresivamente la gestión de estas rutas y definir y ejecutar las obras necesarias en territorio rionegrino.
El avance se produjo luego de un relevamiento realizado recientemente por Vialidad Rionegrina, la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), especialistas de FONPLATA y el Gobierno Nacional.
El trabajo permitió constatar en territorio el estado de las trazas y avanzar en la definición del plan de obras que acompañará la operación de financiamiento.
Con el aval obtenido, la Provincia continúa trabajando en la documentación técnica y financiera necesaria para presentar la operación ante el Directorio de FONPLATA, previsto para noviembre.
El programa tendrá impacto directo sobre más de 438.000 habitantes de los departamentos de Pichi Mahuida, Avellaneda y General Roca, además de las personas y vehículos que utilizan diariamente ambas rutas.
También se estima un mejor acceso para 312.000 habitantes a 81 centros de salud, 15 hospitales, 20 cuarteles de bomberos y distintas dependencias policiales.
La operación contempla financiamiento externo por hasta US$ 60 millones, con la Nación como garante. La gestión administrativa, financiera y fiduciaria estará a cargo de la UPCEFE, mientras que Vialidad Rionegrina tendrá la responsabilidad técnica de definir las prioridades y ejecutar las intervenciones.
Judiciales
Por el aumento de causas, Roca tendrá una nueva Unidad Procesal del Fuero de Familia
El Poder Judicial detectó durante la última década un incremento sostenido de expedientes en el Fuero de Familia de General Roca.
La Legislatura de Río Negro aprobó el proyecto impulsado por el Superior Tribunal de Justicia para crear una nueva Unidad Procesal del Fuero de Familia con sede en General Roca, correspondiente a la Segunda Circunscripción Judicial.
Al fundamentar la iniciativa, la legisladora Natalia Reynoso (JSRN) explicó que la propuesta surge a partir de los estudios realizados por la Dirección de Planificación Estratégica del Poder Judicial, que durante los últimos diez años registró un crecimiento sostenido de las causas y expedientes que ingresan al fuero de Familia.
Según detalló, el relevamiento correspondiente al período comprendido entre 2016 y 2026 permitió detectar un incremento que calificó como «exponencial, sostenido y estructural», particularmente en la Segunda Circunscripción Judicial.
Reynoso destacó además que el Poder Judicial modificó la metodología utilizada para determinar la carga que soportan los distintos organismos. Hasta ahora, uno de los principales parámetros era simplemente cuantitativo: se contabilizaba la cantidad de expedientes ingresados y tramitados.
La nueva metodología incorpora el concepto de «carga ponderada de trabajo», que busca determinar no solamente cuántos expedientes tramita un organismo, sino también cuánto esfuerzo y tiempo demanda cada uno de ellos de acuerdo con su complejidad.
Para establecer ese indicador se tuvieron en cuenta variables como la complejidad de las causas, su duración y el grado de intervención judicial requerido.
«No es lo mismo una causa que puede resolverse mediante una audiencia y posterior homologación que aquellos procesos que demandan seguimientos durante dos años o más, sucesivas audiencias y la participación de equipos interdisciplinarios», explicó la legisladora.
Entre las problemáticas de mayor complejidad mencionó las situaciones de violencia de género e intrafamiliar, además de causas relacionadas con alimentos, filiaciones y adopciones.
La metodología, elaborada con participación de juezas de Familia de las diferentes circunscripciones judiciales, permitió establecer con mayor precisión la carga efectiva de trabajo de cada organismo.
En el caso de General Roca, los resultados mostraron no solamente un aumento en la cantidad de expedientes, sino también una creciente exigencia funcional derivada de la complejidad de las causas.
Reynoso sostuvo que la ciudad viene registrando «un nivel de demanda estructural superior al resto de las localidades analizadas», pese a contar con estructuras organizativas similares a las existentes en organismos que atienden volúmenes y niveles de demanda considerablemente menores.
Ese desequilibrio, explicó, determinó la necesidad de avanzar con la creación de una nueva Unidad Procesal de Familia.
La iniciativa busca así adecuar la estructura judicial de General Roca a una realidad que se modificó sustancialmente durante la última década y mejorar la capacidad de respuesta del fuero frente a causas que, además de haber aumentado en cantidad, requieren intervenciones cada vez más prolongadas y complejas.
Río Negro
Los estatales de Río Negro dejan de estar obligados a permanecer en IPROSS y podrán elegir otra obra social
La Legislatura aprobó la reforma que elimina la obligatoriedad de permanecer en IPROSS. La opción alcanza a trabajadores activos, jubilados y sus grupos familiares.
Los trabajadores estatales de Río Negro podrán elegir libremente su obra social y dejar de estar obligados a permanecer en el Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS), a partir de la reforma aprobada por la Legislatura provincial. La nueva norma establece un régimen de afiliación voluntaria u optativa que alcanza a agentes públicos activos y pasivos y contempla también a sus grupos familiares.
La modificación cambia el esquema vigente y permite que quienes actualmente tienen afiliación obligatoria a IPROSS puedan optar por otra entidad para su cobertura de salud.
La opción tendrá determinadas condiciones. Quien decida cambiar de cobertura deberá permanecer durante un período mínimo de 12 meses en la entidad elegida. Cumplido ese plazo, podrá optar por otra cobertura.
Además, una vez transcurridos 36 meses desde el primer ejercicio de la opción, el afiliado podrá solicitar su reincorporación a IPROSS como afiliado obligatorio directo, sin períodos de carencia.
La reforma también contempla situaciones vinculadas con tratamientos médicos. Durante el proceso de cambio deberá garantizarse la continuidad de los tratamientos, mientras que también se prevé el regreso a IPROSS cuando la cobertura elegida cese por causas ajenas al afiliado.
De esta manera, el nuevo esquema modifica la relación entre los trabajadores estatales y la obra social provincial: IPROSS deja de ser la única alternativa obligatoria y los afiliados pasan a contar con la posibilidad de elegir otra cobertura.
El cambio había sido anunciado por el Gobierno provincial y finalmente fue convertido en ley por la Legislatura, que aprobó la iniciativa por 35 votos a favor y 9 en contra.
Desde el Gobierno sostuvieron que el nuevo escenario busca que IPROSS compita por mantener a sus afiliados a partir de la calidad de sus prestaciones y atención. Esa posición fue planteada públicamente por el gobernador Alberto Weretilneck al presentar la iniciativa.
