Judiciales
15 días de prisión preventiva por desobediencia a Ley 3040
El sujeto llegó hasta lo de su ex pareja y la amenazó de muerte. Fue durante la madrugada del domingo.
La jueza de Garantías de Roca Natalia González tuvo hoy por formulados los cargos e impuso 15 días de prisión preventiva a un hombre de 29 años, a quien la Fiscalía atribuyó la presunta comisión de los delitos de «desobediencia a una orden judicial, amenazas y lesiones leves agravadas por haber mantenido una relación de pareja con la víctima y en el marco de violencia de género, todos en concurso real».
La audiencia oral y pública de formulación de cargos se realizó esta mañana y en la oportunidad la fiscal Norma Reyes describió que el hecho investigado ocurrió la madrugada del 28 de enero último, en el domicilio de la denunciante, ex pareja del imputado, ubicado en la zona norte de Roca. Hasta ese lugar llegó el hombre «incumpliendo la prohibición de acercamiento de hasta 200 metros» que había dictado el Juzgado de Familia en mayo de 2016 y que se encuentra formalmente vigente, en el marco de una causa por Ley 3040. Aquella resolución de la jueza de Familia incluía una exclusión del hogar para el imputado.
De acuerdo con la acusación, el hombre habría amenazado de muerte a la mujer «por no dejarlo estar en la casa», exigiéndole «que deje la vivienda». Describió que el imputado habría estado «toda la noche tirando todo, luego se cortó el brazo con un cuchillo serrucho y le dio puñaladas a la cama», para posteriormente golpear y lesionar a la mujer. El auxilio policial llegó luego de que la víctima alertara a un vecino desde el baño de su casa. El imputado fue detenido en la misma vivienda.
La fiscal requirió la formulación de cargos y la imposición de prisión preventiva, alegando la «asimetría» de poder entre la víctima y el victimario y la «escalada de violencia que viene sufriendo la mujer, por existir otros hechos similares denunciados anteriormente». A esa medida cautelar se opuso el Defensor Oficial Miguel Salomón.
Al momento de resolver, la jueza González valoró que si bien el imputado no tiene antecedentes penales computables y que la hipotética pena por los delitos atribuidos podría ser de ejecución condicional, «estamos ante un caso de violencia de género, lo que importa una situación especial que encuentra protección en la Convención de Belém de Para y en la Convención Interamericana para la Protección de la Mujer». Esa circunstancia obliga al Estado «a actuar con la diligencia debida para prevenir, investigar y sancionar cualquier tipo de violencia contra la mujer», agotando «todas las medidas para evitar conductas que puedan poner en peligro la vida o la integridad de las víctimas de este tipo de delitos».
A continuación la jueza valoró que la prohibición de acercamiento del Juzgado de Familia sigue vigente, que el hecho ocurrió en el mismo hogar del cual el hombre está judicialmente excluido y que en diciembre pasado fue imputado por otra situación de desobediencia en el mismo contexto.
«La prisión preventiva está dentro de las medidas cautelares más gravosas, pero no cuento en este caso posibles medidas alternativas, pues las prohibiciones de acercamiento no están siendo cumplidas, más allá de las explicaciones que el imputado dio en la audiencia», señaló la jueza al fundamentar verbalmente su resolución en la audiencia.
Por esa razón hizo lugar a la prisión preventiva por el término de 15 días, plazo en el cual la Fiscalía podrá materializar las medidas probatorias anunciadas en la audiencia.
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La Justicia ratificó la prisión preventiva para la banda acusada de 12 violentos robos en la región
Tras el fallo, continúan vigentes las calificaciones y medidas cautelares dictadas luego de los allanamientos simultáneos del 13 de noviembre, que derivaron en la detención de los 5 acusados.
El juez de juicio no hizo lugar este martes (09/12) a los agravios presentados por las defensas particulares de los 5 imputados señalados por la Fiscalía como integrantes de una asociación ilícita que habría perpetrado 12 hechos delictivos en el Alto Valle. Con esta decisión, se mantienen en pie tanto la acusación fiscal como la calificación legal y las prisiones preventivas solicitadas oportunamente por el Ministerio Público Fiscal.
La formulación de cargos había tenido lugar el pasado 13 de noviembre, tras una serie de allanamientos simultáneos realizados por la Policía de Río Negro en General Roca y Cipolletti. En aquella audiencia, el juez de Garantías dispuso la prisión preventiva por 4 meses para todos los imputados.
Según la acusación, el grupo actuaba bajo un modus operandi reiterado y minucioso: realizaban tareas previas de vigilancia sobre objetivos seleccionados, utilizaban uno o dos vehículos sustraídos para trasladarse y irrumpían violentamente por accesos traseros, trepando paredones y techos. En el interior, reducían a las víctimas con armas de fuego, las ataban con alambres o precintos y exigían dólares y la ubicación de cajas fuertes.
También se llevaban elementos de valor como oro, dispositivos electrónicos -aunque no teléfonos celulares- y los DVR de cámaras de seguridad, para borrar registros de su ingreso.
Los 12 hechos imputados ocurrieron entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, 11 en General Roca y uno en Allen.
Además de la acusación por integrar una asociación ilícita, a los imputados se les atribuyen distintos delitos según su presunta participación en cada caso: robo simple y agravado por ser cometido en poblado y en banda, en algunos episodios agravado por escalamiento, y privación ilegítima de la libertad con violencia. Algunos enfrentan también cargos por robo y hurto de vehículos.
Durante la audiencia, la Fiscalía reiteró que «estas 5 personas se dedicaban a trabajar de esto: hay una selectividad de objetivos, un análisis prolijo de las víctimas y una estrategia definida para concretar los hechos».
La fiscal jefa agregó que la conducta «supera la mera actuación plural circunstancial» y que los hechos «han conmocionado a la sociedad», sin descartar que puedan surgir nuevas evidencias o involucrados.
Con el rechazo de los agravios, la situación procesal de los 5 acusados continúa sin modificaciones y se mantienen las medidas cautelares establecidas por el juez de Garantías.
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Un adolescente, una mamá y dos papás: Un fallo de Roca admite la triple filiación
El joven solicitó al Poder Judicial constituir una triple filiación, es decir, mantener un vínculo jurídico con su padre biológico y su padre de crianza, junto a su madre.
Un adolescente vive desde los 4 años con su mamá y el esposo de ella. Desde entonces, comparte la vida cotidiana en familia y mantiene un vínculo muy fuerte con el hombre. Esa figura paterna lo acompaña en todos sus proyectos de vida, le brinda amor y contención.
Comparten intereses como el dibujo y la actividad física. Pero un hecho fortaleció aún más ese lazo: la pareja adoptó a un niño y la familia creció con la llegada de un hermanito. El adolescente sintió que era momento de cambiar su apellido, pero finalmente solicitó la adopción por integración.
Su padre biológico, con quien mantiene una relación más esporádica, comprendió el profundo deseo de su hijo y no se opuso al cambio de apellido. En relación con la adopción, expresó que desea seguir siendo el padre del chico y que este continúe contando con él, aunque sea como «papá suplente».
El adolescente solicitó al Poder Judicial constituir una triple filiación, es decir, mantener un vínculo jurídico con su padre biológico y su padre de crianza, junto a su madre.
El fuero de Familia de Roca aceptó el requerimiento del joven y declaró la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 558 del Código Civil y Comercial, el cual establece que ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales.
La aplicación literal del artículo «colocaría al adolescente en posición de elegir entre sus dos figuras paternas, cuando los tres adultos involucrados desean permanecer en su vida, acompañando su crecimiento y desarrollo, todos ellos desde un rol de afecto, cariño, amor y contención, como lo han hecho toda la vida», argumentó la jueza.
El fallo otorgó la adopción integrativa plena del adolescente, manteniendo a su vez el vínculo jurídico con el padre biológico. También autorizó la modificación del nombre del joven, respetando así su derecho a la identidad y su voluntad.
La sentencia analiza que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha receptado la noción de familias en plural, ya que sostiene que la Convención Americana de Derechos Humanos no impone un concepto cerrado de familia ni protege un único modelo tradicional.
«De este modo, se brinda un estándar de protección amplio que busca garantizar un derecho filial que responda a la identidad de las personas que integran el grupo familiar. En ese contexto, la noción de socioafectividad resulta clave para comprender el proceso de desbiologización de los vínculos filiales».
El fallo recuerda también que la adopción por integración siempre mantiene el vínculo filiatorio y todos sus efectos entre el adoptado y su progenitor de origen. Ese efecto dependerá de si el adoptado posee un doble o un simple vínculo filial. En el caso del adolescente del Alto Valle, tiene doble vínculo filial, y su intención -al igual que la de los adultos involucrados- fue sumar un vínculo más.
Judiciales
Sentencia ordena el cese de una cuota alimentaria porque los hijos ya tienen 26, 27 y 37 años
La Justicia hizo lugar al pedido de un hombre jubilado que aún pagaba alimentos pese a que sus hijos son mayores y autónomos.
Una sentencia ordenó el cese de una cuota alimentaria que un hombre pagaba desde hacía años a favor de sus tres hijos, quienes actualmente tienen 26, 27 y 37 años. La decisión se tomó luego de que el progenitor solicitara formalmente el cierre de la obligación, al considerar que la mayoría de edad y autonomía de los hijos tornaban improcedente la continuidad del régimen de alimentos. El hombre se había jubilado como policía federal.
Según surge del expediente, el pedido se presentó en noviembre y fue acompañado por las partidas de nacimiento. La jueza de Viedma verificó que los tres hijos habían superado ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria. Tal como indica la sentencia, «habiendo en consecuencia cesado ipso iure la obligación alimentaria del progenitor a su respecto», de conformidad con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial.
El fallo utiliza la expresión latina ipso iure, que significa «por el propio derecho» o «por el solo efecto de la ley». En este tipo de casos, implica que la obligación de pagar alimentos cesa de manera automática cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sin necesidad de una resolución previa, salvo que existan circunstancias excepcionales que deban ser acreditadas.
De acuerdo a la normativa vigente, el cese de la cuota alimentaria requiere una solicitud previa por parte del aportante, no se realiza automáticamente.
El Tribunal resolvió hacer lugar al planteo del alimentante y ordenó el cese inmediato de la cuota que beneficiaba a los tres hijos adultos. Además, dispuso notificar a la persona que estaba autorizada a percibirla y emitir oficio a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para que deje sin efecto la retención.
