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Judiciales

15 días de prisión preventiva por desobediencia a Ley 3040

El sujeto llegó hasta lo de su ex pareja y la amenazó de muerte. Fue durante la madrugada del domingo.

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La jueza de Garantías de Roca Natalia González tuvo hoy por formulados los cargos e impuso 15 días de prisión preventiva a un hombre de 29 años, a quien la Fiscalía atribuyó la presunta comisión de los delitos de «desobediencia a una orden judicial, amenazas y lesiones leves agravadas por haber mantenido una relación de pareja con la víctima y en el marco de violencia de género, todos en concurso real».

La audiencia oral y pública de formulación de cargos se realizó esta mañana y en la oportunidad la fiscal Norma Reyes describió que el hecho investigado ocurrió la madrugada del 28 de enero último, en el domicilio de la denunciante, ex pareja del imputado, ubicado en la zona norte de Roca. Hasta ese lugar llegó el hombre «incumpliendo la prohibición de acercamiento de hasta 200 metros» que había dictado el Juzgado de Familia en mayo de 2016 y que se encuentra formalmente vigente, en el marco de una causa por Ley 3040. Aquella resolución de la jueza de Familia incluía una exclusión del hogar para el imputado.

De acuerdo con la acusación, el hombre habría amenazado de muerte a la mujer «por no dejarlo estar en la casa», exigiéndole «que deje la vivienda». Describió que el imputado habría estado «toda la noche tirando todo, luego se cortó el brazo con un cuchillo serrucho y le dio puñaladas a la cama», para posteriormente golpear y lesionar a la mujer. El auxilio policial llegó luego de que la víctima alertara a un vecino desde el baño de su casa. El imputado fue detenido en la misma vivienda.

La fiscal requirió la formulación de cargos y la imposición de prisión preventiva, alegando la «asimetría» de poder entre la víctima y el victimario y la «escalada de violencia que viene sufriendo la mujer, por existir otros hechos similares denunciados anteriormente». A esa medida cautelar se opuso el Defensor Oficial Miguel Salomón.

Al momento de resolver, la jueza González valoró que si bien el imputado no tiene antecedentes penales computables y que la hipotética pena por los delitos atribuidos podría ser de ejecución condicional, «estamos ante un caso de violencia de género, lo que importa una situación especial que encuentra protección en la Convención de Belém de Para y en la Convención Interamericana para la Protección de la Mujer». Esa circunstancia obliga al Estado «a actuar con la diligencia debida para prevenir, investigar y sancionar cualquier tipo de violencia contra la mujer», agotando «todas las medidas para evitar conductas que puedan poner en peligro la vida o la integridad de las víctimas de este tipo de delitos».

A continuación la jueza valoró que la prohibición de acercamiento del Juzgado de Familia sigue vigente, que el hecho ocurrió en el mismo hogar del cual el hombre está judicialmente excluido y que en diciembre pasado fue imputado por otra situación de desobediencia en el mismo contexto.

«La prisión preventiva está dentro de las medidas cautelares más gravosas, pero no cuento en este caso posibles medidas alternativas, pues las prohibiciones de acercamiento no están siendo cumplidas, más allá de las explicaciones que el imputado dio en la audiencia», señaló la jueza al fundamentar verbalmente su resolución en la audiencia.

Por esa razón hizo lugar a la prisión preventiva por el término de 15 días, plazo en el cual la Fiscalía podrá materializar las medidas probatorias anunciadas en la audiencia.

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El STJ anuló la prescripción y confirmó la orden de captura para Chechile

En 2012 fue condenado a 3 años y 5 meses de prisión pero nunca cumplió la pena. Fue el responsable del siniestro vial que dejó como víctima fatal a la joven Paola Acuña.

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El Superior Tribunal de Justicia (STJ) anuló la sentencia que declaraba la prescripción de la pena de un prófugo por homicidio culposo. Consideró que su rebeldía impedía la extinción de la pena. La decisión involucra a Jorge Chechile, quien fue condenado a 3 años y 5 meses de prisión, además de 10 años de inhabilitación para conducir, por su responsabilidad en un siniestro vial con resultado de muerte y múltiples lesiones. La víctima fatal fue Paola Acuña, de Roca.

Chechile fue condenado en 2012 por el entonces Juzgado Correccional N° 14, pero evadió la justicia después de que la sentencia fue confirmada. Permanece prófugo desde 2014. A lo largo de estos años se llevaron a cabo múltiples intentos de captura, sin éxito. En 2024, la madre del condenado, asistida por un abogado, solicitó la prescripción de la pena. Argumentó que había transcurrido el tiempo suficiente para extinguir la condena. El ex Juzgado Correccional aceptó el pedido: declaró extinguida la pena y levantó la captura.

El Ministerio Público Fiscal y los querellantes apelaron esta decisión ante el STJ. Afirmaron que la prescripción de la pena no se podía aplicar mientras el condenado estuviera en rebeldía. La Fiscalía sostuvo que Chechile había eludido deliberadamente la acción de la justicia y que, según la ley, en esas circunstancias no es posible computar los plazos a su favor para extinguir la condena.

El STJ, en una decisión unánime, aceptó el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía y anuló la sentencia que extinguía la pena. Subrayó que la rebeldía de Chechile impide que se considere el plazo de prescripción de la pena. Además de la jurisprudencia propia y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, citó el artículo 144 del Código Procesal Penal (Ley P 2107), que ordena suspender el proceso y reservar el legajo hasta que «el rebelde comparezca, por propia voluntad o por la fuerza».

En consecuencia, el STJ anuló la sentencia del Juzgado Correccional y reenvió la causa a Roca para que se mantenga la suspensión del proceso hasta que el condenado sea capturado o se presente voluntariamente ante el Poder Judicial. La orden de captura y la declaración de rebeldía de Chechile continúan vigentes.

Entre sus fundamentos, el STJ citó fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que limitan «severamente el derecho a la jurisdicción del imputado prófugo o rebelde». Esa limitación se basa en la contradicción de que una persona reclame un beneficio ante la misma autoridad que ha desconocido con sus propias acciones, es decir, con su voluntad de mantenerse prófugo. «Quien se sustrae voluntariamente de la acción de la justicia que reclama su presencia, carece de derecho para impetrar, ante la autoridad que él ha desconocido, el cumplimiento de preceptos cuya observancia elude, impidiendo por su acto propio su puntual satisfacción», precisó.

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Una joven estudiante universitaria denunció a un martillero y dueño de una inmobiliaria por abuso sexual

La víctima se encontraba en el departamento de un amigo que le había pedido si podía atender al encargado de su alquiler porque él no iba a estar. Allí se habría producido el ataque.

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Una joven estudiante universitaria de 20 años radicó una denuncia por abuso sexual en contra de un martillero público y dueño de una inmobiliaria radicada en General Roca, por un hecho que habría tenido lugar el martes (15/10) al mediodía.

Según informó la Agencia de Noticias Roca (ANR), el hecho ocurrió en el departamento de un amigo de ella, quien le había pedido el favor de que se acercara a esperar al martillero ya que él debía salir. El sujeto que luego terminó denunciado, tenía que asistir al lugar con un plomero que iba a hacer una reparación.

En ese momento, el titular de la inmobiliaria, habría aprovechado la situación para abusar de la joven. Según consta en la denuncia policial, el hombre habría tocado a la estudiante, violentando sus derechos e intentando besarla. También habría cometido acoso verbal. Usando todas sus fuerzas, la denunciante pudo escapar y encerrarse en una habitación.

Una vez que el martillero abandonó la vivienda, la víctima pudo contarle al plomero, que había llegado unos minutos antes, lo que había sucedido. Este trabajador afirmó haber tenido experiencias similares previas de relatos de personas respecto al agente inmobiliario. Según contó, el denunciado ya habría tenido actitudes inapropiadas con otras mujeres en el pasado.

Ante estos hechos, la joven radicó la denuncia correspondiente en la Fiscalía, donde se inició una investigación. La fiscal interviniente ordenó tomar declaración testimonial a la víctima, al amigo y al plomero, como así también se iniciaron las actuaciones correspondientes para investigar al denunciado.

Este medio de comunicación se resguarda la identidad de la persona denunciada, ya que cómo establece la ley, hasta tanto se realice la formulación de cargos, no se pueden dar nombres.

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La intervención del Poder Judicial le permitió a una madre obtener su DNI y acceder a derechos familiares

El padre de su hijo falleció y ella no pudo tramitar la asignación universal.

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La intervención de una trabajadora social del Poder Judicial permitió a una madre de Cipolletti obtener su DNI. El padre de su hijo falleció y ella no pudo tramitar la asignación universal. En la partida de nacimiento del adolescente estaban los datos de la mujer aunque se consignaba: «DNI no posee».

Una jueza de Cipolletti resolvió un pedido de rectificación de partida de nacimiento solicitado por la madre de un adolescente. La mujer inició la acción luego de obtener su Documento Nacional de Identidad (DNI) que no poseía al momento de inscribir el nacimiento de su hijo. En esa instancia, contó con el acompañamiento de una trabajadora social del Poder Judicial.

Luego contó con el patrocinio de una defensora pública que, en su presentación, explicó que al no contar con DNI en la partida de nacimiento se dejó constancia de que «no posee» en el apartado correspondiente al número de documento. A partir del fallecimiento del padre del joven, quien hasta ese momento ejercía los derechos sobre sus hijos, la madre gestionó y obtuvo su DNI. Esto la llevó a solicitar la rectificación del acta de nacimiento de su hijo para incluir sus datos completos y poder acceder a derechos como las asignaciones familiares.

Según se consignó en la demanda, antes de que falleciera el marido, la mujer no creía en la necesidad de tener DNI. Aunque todos los derechos derivados, no sólo del hijo, sino de ella iban a quedar inconclusos por no tener documento.

La solicitud planteó que, además de añadir el número de DNI, debía corregirse el nombre de la progenitora en el acta, ya que faltaban datos.

Como el niño nació en Buenos Aires intervino la Dirección del Registro de esa provincia. Desde el organismo se dictaminó que la jueza de Familia de Cipolletti podía ordenar la rectificación solicitada. Asimismo, la Fiscalía expresó su acuerdo con la medida. Consideró que no existían objeciones para llevarla a cabo y que los motivos eran justificados.

Sobre la base de lo dispuesto por la Ley N° 26.413, que regula las inscripciones en los Registros de Estado Civil y Capacidad de las Personas, la jueza decidió hacer lugar a la solicitud. Se ordenó rectificar la partida de nacimiento e incorporar el número de DNI de la madre además de completar su nombre de forma correcta.

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