Judiciales
Una jueza, una fiscal, siete adjuntos y un forense juraron en Roca
Encabezó el acto el presidente del STJ, Enrique Mansilla.
El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Enrique Mansilla, tomó juramento en la mañana del viernes, en Roca, a una jueza de Garantías del fuero Penal, a un médico forense que se suma al equipo de la Segunda Circunscripción y a ocho nuevos funcionarios de la Fiscalía y la Defensa Pública del fuero Civil.
Junto con Mansilla encabezaron el acto el juez delegado del STJ, Sergio Barotto; el Procurador General, Jorge Crespo, y la Defensora General, Rita Custet Llambi.
Ante un salón Auditorio colmado por autoridades y empleados judiciales, así como por familiares y allegados de los flamantes funcionarios, Mansilla aprovechó su primera visita institucional a Roca como presidente del STJ para fortalecer los lineamientos de la justicia compositiva y bregar por el máximo aprovechamiento de las vías de resolución pacífica de conflictos en los distintos fueros.
En el acto, María Eugenia Gadano asumió funciones como Jueza de Garantías, mientras que Teresa Giuffrida juró como Fiscal de Cámara y los abogados Fernando Pablo Bustamante, María Laura Rodriguez Palmieri, María Estela Ducca Prego, Lucía María Pellizari, Herman Oscar Schmidt, Natalia María Elisa Vidal y Cecilia Noemí Martinez asumieron en sus cargos como Defensores Adjuntos del Fuero Civil.
Por último, el Cuerpo de Investigación Forense de la Segunda Circunscripción incorporó al Dr. Ariel Horacio Bustos Díaz como Médico Forense.
Tiempos de conciliación y más acceso a Justicia
En sus palabras de bienvenida a los nuevos funcionarios judiciales, el juez Mansilla anticipó para su gestión como presidente del STJ su compromiso personal y el fortalecimiento de los llamados métodos pacíficos de resolución de conflictos, como la mediación y la conciliación, anhelando que dejen de considerarse «alternativos» y se consoliden como el camino más normal para resolver un proceso judicial mediante la participación de sus propios protagonistas.
«El Poder Judicial dejó de ser esa institución donde uno ingresaba con una demanda y, con el tiempo, salía con una sentencia. Hoy el Poder Judicial da muchas otras respuestas que se pueden ver, por ejemplo, en la Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos. A la mediación, la facilitación, la conciliación en los distintos fueros, deberíamos dejar de llamarlas ‘métodos alternativos’ de resolución de un proceso. Deberíamos cambiar ese concepto. Lo normal debería ser que trabajemos, el Poder Judicial y las partes, en la construcción de una solución conjunta, donde la gente pueda ser partícipe de la resolución de su propio conflicto; y que lo residual, lo alternativo, lo anormal, en todo caso sea el juicio», sostuvo Mansilla.
En materia de acceso a Justicia, el presidente del STJ destacó la incorporación de siete defensores adjuntos al fuero Civil como reflejo de fortalecimiento de la Defensa Pública, la cual, consideró, «no ha sido bien visibilizada en estos años de la Reforma Procesal Penal, donde se ha puesto el foco en el Ministerio Público Fiscal». «Ahora la Defensa tiene el compromiso de fortalecimiento que se ve en estas designaciones y en la determinación de intensificar el trabajo en los métodos ‘alternativos’ de resolución de conflictos», destacó Mansilla.
Al igual que el juez Barotto, el presidente del STJ coincidió con el Procurador Crespo en sus consideraciones sobre la importancia de la Defensa Pública Civil. «Es el primer contacto con el ciudadano que tiene un problema, donde se le brinda atención y contención”, por lo que se convierte en la vía de entrada «para garantizar el acceso al servicio de justicia a las personas que se encuentran en concretas situaciones de vulnerabilidad», sostuvo el Procurador.
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Compró un iPhone, lo envió por encomienda y llegó la caja vacía: La Justicia condenó a la empresa transportista
El destinatario, un vecino de Roca, recibió el paquete abierto y sin el teléfono. La firma no respondió el reclamo.
Lo que debía ser un simple envío terminó convertido en un conflicto judicial. Un hombre de General Roca había comprado un iPhone 14 Pro Max nuevo para regalárselo a una amiga y, como en ocasiones anteriores, optó por enviarlo mediante un servicio de encomiendas desde la terminal local. Sin embargo, esta vez el paquete no llegó como debía.
Cuando la destinataria se acercó a retirar la encomienda, encontró la caja abierta y sin el dispositivo en su interior. Sorprendida, realizó el reclamo en el momento, pero la empresa de transporte no le ofreció ninguna respuesta.
Frente a la falta de soluciones, el comprador decidió iniciar una demanda por daños y perjuicios. En su presentación sostuvo que la firma incumplió el contrato de consumo al no garantizar la entrega en condiciones adecuadas. Tras analizar el caso, el fuero Civil de Roca le dio la razón y ordenó a la firma transportista indemnizarlo.
En el fallo, el juez remarcó que las relaciones de consumo deben interpretarse bajo el principio de protección al consumidor, que exige buena fe contractual, información clara sobre los servicios y cumplimiento estricto de las obligaciones asumidas. La empresa, además, no contestó la demanda y quedó en rebeldía, lo que permitió dar por acreditados los hechos tal como fueron relatados por el afectado.
El testimonio de la mujer que retiró el paquete fue clave: confirmó que el envío estaba correctamente embalado, describió la apertura visible de la caja al momento de recibirla y detalló la falta de respuesta de la firma ante sus reclamos. También mencionó que ya había usado el servicio en otras oportunidades sin problemas.
Finalmente, el juez concluyó que la empresa incumplió sus obligaciones contractuales y vulneró los derechos previstos en la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial. Recordó que en estos casos rige un régimen de responsabilidad objetiva para el proveedor, quien debe garantizar que la mercadería llegue en las condiciones pactadas.
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Detectaron faltantes en la bóveda de un casino y confirmaron el despido
Las cámaras de videovigilancia registraron ingresos no autorizados a la bóveda, movimientos que obstruyeron la visión de los dispositivos de seguridad y manipulación indebida de contenedores con recaudaciones
Una trabajadora del casino Crown de Cipolletti fue despedida luego de que una auditoría interna detectara maniobras irregulares en el manejo de dinero. Las cámaras de videovigilancia registraron ingresos no autorizados a la bóveda, movimientos que obstruyeron la visión de los dispositivos de seguridad y manipulación indebida de contenedores con recaudaciones. La Cámara del Trabajo de Cipolletti confirmó la validez del despido con causa dispuesto por la empresa.
La persona se desempeñaba en el área de Tesorería del casino y contaba con acceso directo a los sistemas de resguardo de valores. Según el fallo, durante varias jornadas se detectaron diferencias entre los montos informados como recaudación en mesas de juego y los valores efectivamente encontrados al realizar el conteo. Las grabaciones mostraron una secuencia reiterada de ingresos en soledad a la bóveda, manipulación de drop box sin autorización y acciones contrarias a los protocolos internos.
Al momento de retirarse del establecimiento, la trabajadora fue interceptada por personal de seguridad. En presencia de un escribano se constató que llevaba consigo una suma importante de dinero, sin haberla declarado previamente al ingresar, tal como lo exigían las normas internas de la empresa. La empleadora consideró que estos hechos configuraron una violación de los deberes de buena fe, diligencia y lealtad, y notificó el despido con causa mediante acta notarial.
Durante el proceso judicial, testigos del área de vigilancia, seguridad y administración relataron que las diferencias de dinero sólo se produjeron cuando la trabajadora cumplía turno en el área. También indicaron que no existía ninguna necesidad operativa para los movimientos que realizaba dentro de la bóveda, y que el comportamiento registrado en las cámaras se repitió durante varias jornadas consecutivas.
El voto mayoritario del fallo destacó que la empleadora actuó de manera inmediata al constatar las irregularidades y que comunicó la decisión en forma clara y fundada. El tribunal valoró la prueba testimonial, documental y técnica, y concluyó que la conducta de la trabajadora resultó incompatible con las funciones que desempeñaba y con los niveles de confianza que exige el manejo de fondos.
Con esos fundamentos, la Cámara del Trabajo resolvió rechazar la demanda iniciada por la trabajadora y confirmó la legalidad del despido con causa comunicado por el casino Crown.
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Acuerdo Institucional: Ricardo Apcarian presidirá el Superior Tribunal desde febrero
El magistrado ya había ocupado la Presidencia del máximo órgano judicial provincial en 2021.
El Superior Tribunal de Justicia se reunió en Acuerdo Institucional y designó autoridades para el año judicial que comenzará el 1 de febrero de 2026. El juez Ricardo Apcarian presidirá el máximo órgano judicial provincial, según quedó estipulado en la Acordada 33/2025.
La Ley Orgánica establece que «la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia será ejercida anualmente por el juez o la jueza que el mismo Cuerpo designe en la primera quincena de diciembre de cada año. En la misma oportunidad se establecerá el orden en que sus integrantes reemplazarán la Presidencia en caso de ausencia u otro impedimento».
En cuanto al orden de subrogancias en la presidencia se dispuso en primer término al vocal Sergio Barotto, en segundo a Liliana Piccinini, luego Sergio Ceci y por último a la actual presidenta, Cecilia Criado.
También se dispusieron los jueces y juezas delegadas en cada circunscripción. Se mantienen en la Primera Liliana Piccinini, en la Segunda Sergio Barotto. Sergio Ceci estará a cargo de la Cuarta y la Tercera Circunscripción tendrá como jueza delegada a Cecilia Criado.
La resolución también asigna las representaciones institucionales para el período. En el Foro Patagónico de Superiores Tribunales participarán Sergio Barotto y Sergio Ceci. La Presidencia del Superior Tribunal representará al Poder Judicial ante la Junta Federal de Cortes y ante el Foro Federal de los Consejos de la Magistratura, además de ejercer la representación ante la Justicia de Paz, el Centro de Documentación Jurídica y la Oficina de Derechos Humanos y Género.
Por su parte, Barotto encabezará la Escuela de Capacitación Judicial, mientras que Apcarian hará lo propio en el Comité de Informatización.
