Política
Plan Castello: «La Provincia con otros intereses», dijo Sabbatella
El legislador kirchnerista criticó la deuda que tomó el gobierno provincial a través del denominado «Plan Castello».
«He sido opositor al Plan Castello desde sus inicios a principio del 2017, por un lado porque el tipo de deuda en dólares que íbamos a contraer era un mal negocio e iba a ser impagable para los rionegrinos, poniendo en riesgo hasta los recursos naturales que podrían interpretarse como garantía de la deuda, y además porque el plan de obras públicas se hizo a las apuradas y hoy vemos como a varios meses de recibir los primeros ingresos de esta deuda, no se ha puesto nada en marcha, por lo tanto el dinero no hace más que generar intereses, sin ningún beneficio». Así declaró el legislador rionegrino por Fuerza Nacional y Popular, Mario Sabbatella, en relación a la publicación del economista del Centro de Estudios Patagonia, Claudio Scaletta.
Según explica Claudio Scaletta en su informe ya publicado en varios medios, la decisión de tomar créditos en los mercados internacionales para financiar obra pública doméstica, como es el llamado Plan Castello, se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno nacional que consiste en utilizar a los estados provinciales para la colocación de deuda externa. Pero las provincias usan pesos, no dólares, por lo tanto una vez que los Estados Provinciales consiguen la deuda, al ser ésta en dólares, las divisas extranjeras -los dólares- quedan guardadas en las arcas del Banco Central.
«Se trata de la misma estrategia utilizada por la dictadura militar 1976-83, solo que entonces el endeudamiento se puso fundamentalmente en cabeza de las empresas públicas. Cambiemos, el PRO, como parte de un plan deliberado, utiliza a las provincias para hacer lo mismo», sostuvo al respecto Sabbatella.
«Los números del Boletín Oficial de la resolución 250-E/2017 (7-dic 2017) delatan que la provincia de Río Negro ha perdido ya 100 millones de pesos en el pago de intereses, sin encarar las obras. La provincia lleva varios meses de intereses, lo que suma unos 5.000.000 de dólares o redondeando 100.000.000 pesos del bolsillo de los rionegrinos, mientras el dinero no se usa y reposa en el Banco Central, percibiendo intereses muy por debajo de lo que se paga a los acreedores extranjeros cada mes, de allí la frase de Scaletta ‘Cómo perder 100 millones y dejar de ganar 500′», añadió el legislador kirchnerista.
Sabbatella exige explicaciones al Poder Ejecutivo, y pide que técnicos en la materia analicen si las decisiones son beneficiosas para las finanzas de la provincia, ya que en el informe del economista, menciona sospechas de «administración fraudulenta o infiel consideradas delito en el Código Penal, art 173, inc 7».
«En un abrir y cerrar de ojos, con una simple decisión financiera, la provincia de Río Negro llevó adelante un muy mal negocio. Y quienes nos opusimos fuimos ninguneados. Está claro que si el asesor del gobernador fue el ex viceministro de Domingo Cavallo (Daniel Marx), el plan de deuda no era beneficioso para adentro, sino para afuera. Quiero que el gobernador explique por qué tomó semejante deuda sin tener todo preparado para iniciar las obras apenas ingresara el dinero. Creo que ya es tiempo de que en Río Negro dejemos de improvisar, pensemos en la gente, en el futuro y trabajemos unidos, permitiendo que las voces a veces disidentes colaboren en mejorar el debate y los criterios, para así balancear las decisiones que tanto nos afectan», concluyó.
Judiciales
Rechazaron el pedido de información sobre la contratación de una empresa privada encargada de supervisar licencias médicas del personal estatal
Había sido solicitado por el legislador peronista José Luis Berros.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió rechazar un mandamiento de ejecución interpuesto por el legislador provincial José Luis Berros (Vamos con Todos). El planteo buscó obtener acceso al contrato celebrado entre el Poder Ejecutivo y una empresa privada encargada de supervisar licencias médicas del personal estatal. La presentación se basó «en los principios constitucionales de publicidad y transparencia administrativa».
La solicitud apuntó a que distintas áreas del Poder Ejecutivo -entre ellas, el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública, el Ministerio de Educación y la aseguradora Horizonte Seguros S.A.- entregaran copia del contrato suscripto con la firma Dienst Consulting S.A. La acción invocó el artículo 44 de la Constitución provincial y el Código Procesal Constitucional, con el argumento de que la ciudadanía debe tener acceso a los actos administrativos.
El dictamen de la Procuración General, firmado por Jorge Crespo, al que el STJ remitió por compartir sus fundamentos, examinó la naturaleza jurídica de la presentación y la encuadró como un mandamiento de ejecución, previsto en el artículo 59 del Código Procesal Constitucional. Reconoció que el legislador se encontraba legitimado para iniciar la acción, pero concluyó que no se reunieron los requisitos que exige la normativa vigente para su procedencia formal.
El dictamen sostuvo que no se acreditaron los elementos esenciales para habilitar esta vía excepcional. En particular, indicó que el escrito inicial no demostró la urgencia extrema, la existencia de un daño irreparable ni la ilegalidad manifiesta en la negativa, condiciones requeridas por la ley para admitir este tipo de acción. Además, subrayó que el legislador Berros no aportó fundamentos suficientes para considerar que existió un «rehusamiento expreso» por parte de los organismos interpelados, uno de los presupuestos centrales que exige la figura.
Crespo también señaló que parte de la información solicitada había sido respondida por el Ministerio de Hacienda y por Horizonte Seguros S.A., mediante informes cursados ante la Legislatura. Esos documentos detallaron aspectos del contrato, describieron el servicio contratado y ofrecieron reportes de auditoría junto con antecedentes de la empresa prestadora. En función de esas respuestas, el dictamen concluyó que no se configuró una negativa rotunda que habilitara el uso de esta herramienta constitucional.
Política
Para Soria, el proyecto de guardias urbanas municipales en Roca es «una burrada»
Se trata de un proyecto presentado en el Concejo Deliberante por referentes de La Libertad Avanza.
La intendenta de Roca, María Emilia Soria, se refirió al proyecto de La Libertad Avanza que promovió la creación de guardias urbanas municipales y un Consejo de Seguridad Ciudadana para brindar «protección a los vecinos que ya no quieren vivir con miedo». La jefa municipal explicó que «la iniciativa es una burrada».
En diálogo con el programa Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 9 por La Super FM 96.3), Soria indicó que «la Constitución de Río Negro establece con mucha claridad las personas que tienen competencia en materia de seguridad. Pasa hoy en muchos Municipios de Buenos Aires que esta guardia no puede portar armas, no puede detener a una persona, sencillamente tiene que llamar a la Policía. Son estas buenas expresiones que no conducen a nada, gastar recursos en algo que no es competencia municipal».
Qué dice el proyecto
El proyecto de La Libertad Avanza de Roca, presentado en el Concejo Deliberante contempla la creación de una Guardia Urbana Municipal y un Consejo de Seguridad Ciudadana. Aseguraron que «en los últimos días fuimos testigos de un joven descuartizado, tiroteos y robos constantes. ¿Queremos más seguridad en Roca o vamos a seguir mirando para otro lado? No hay más tiempo que perder».
Explicaron que es necesaria «una fuerza descentralizada, eficiente y sin burocracia, con presencia activa en las calles, patrullajes preventivos, móviles disponibles y un sistema de denuncias digital accesible para todos los vecinos. Esto no se financia con más impuestos, sino recortando los gastos innecesarios del Estado. Seguridad sin meterle la mano en el bolsillo a la gente».
El proyecto contempla la incorporación de tecnología a través de «videovigilancia estratégica, consejos barriales de seguridad y campañas de prevención ciudadana. Queremos una comunidad que construya seguridad desde abajo, con las herramientas adecuadas y sin depender de promesas vacías».
Weretilneck, en la misma línea que Soria
El gobernador Alberto Weretilneck también se refirió a la iniciativa de los referentes libertarios roquenses. «La verdad me sorprende porque La Libertad Avanza se caracteriza por la desaparición del Estado. Entonces que alguien proponga agrandar el estado habría que ver si está en sus cabales».
Judiciales
Weretilneck eleva proyecto de Ley de Reiterancia a la Legislatura: ¿De qué se trata?
El gobernador dijo que «buscamos terminar con la llamada ‘puerta giratoria’, donde los delincuentes quedan libres después de cometer un delito tras otro.
El Gobierno de Río Negro avanza en «una agenda de reformas para mejorar la seguridad, garantizar justicia efectiva y proteger a las víctimas, colocando a la población en el centro de cada decisión», destacaron desde el Ejecutivo provincial. El gobernador Alberto Weretilneck elevó el proyecto de Ley de Reiterancia, que se suma a la Ley de Prisión en doble instancia, ya sancionada y en vigencia. Dos acciones que marcan un cambio profundo para beneficiar directamente a las y los rionegrinos.
El proyecto de Ley de Reiterancia, que será tratado en la próxima sesión legislativa, suma una herramienta clave para frenar el delito reiterado. Permitirá a los fiscales pedir prisión preventiva para quienes acumulen múltiples causas penales activas. Así, se busca terminar con la llamada «puerta giratoria», que deja en la calle a quienes cometen un delito tras otro. Con esta iniciativa, la Provincia se pone del lado de las víctimas y de cada vecino que espera vivir más seguro.
«Con la incorporación de la reiterancia como causal de prisión preventiva estamos del lado de las víctimas y de los vecinos que sufren la inseguridad cotidiana. Estas leyes son una muestra de carácter y decisión para frenar a quienes burlan el sistema y siguen delinquiendo una y otra vez», destacó el gobernador Weretilneck.
La ley que posibilita la prisión en doble instancia asegura que las penas se cumplan en tiempo real: las personas condenadas en dos instancias ya no podrán permanecer libres mientras esperan resoluciones extraordinarias. Esto significa que las víctimas y sus familias no deben soportar durante años la injusticia de ver en libertad a quienes ya fueron condenados. Garantizar que las penas se cumplan rápidamente da tranquilidad a la sociedad, refuerza la confianza en el sistema judicial y envía un mensaje claro: los delitos tienen consecuencias reales.
Además, se impulsa la creación del Registro Provincial de Huellas Genéticas, que permitirá comparar muestras de ADN recogidas en las escenas del crimen con los perfiles de condenados e imputados por delitos dolosos. Esta herramienta moderna ayudará a esclarecer delitos más rápido y con mayor precisión, dando respuestas a las víctimas y evitando nuevos hechos.
El gobernador Weretilneck remarcó que estas reformas reflejan un rumbo claro para la provincia. «Nuestro compromiso es simple y firme: proteger a las víctimas, respaldar a la Justicia y darle a cada rionegrino la seguridad que merece. Con estas herramientas le estamos cerrando la puerta a la impunidad y mostrando que en Río Negro los delitos tienen consecuencias», concluyó.
