Una empresa dedicada al rubro frutícola suscribió un convenio para obtener una cobertura de daños por granizo. La firma adhirió al Fondo Compensador Agrícola, pero no realizó los aportes en tiempo y forma. Mediante carta documento, fue intimada a regularizar la situación, pero el ente que administra los recursos no obtuvo respuesta.

Un Juzgado Contencioso Administrativo de Roca condenó a la empresa a abonar al organismo estatal la suma adeudada, más intereses y costas. Los aportes no pagados corresponden a la adhesión al Fondo Mixto Compensador de Daños por Granizo, creado por la Ley Provincial.

La demanda fue presentada por el Ente Compensador Agrícola. A través del acuerdo, la firma se comprometía a realizar un aporte dividido en tres cuotas mensuales. Sin embargo, la empresa, dedicada al rubro de frutas y frutos secos, incumplió sus obligaciones contractuales.

Durante el proceso, la empresa no contestó la demanda ni se presentó a la primera audiencia. Por esta razón, el juez dio por reconocidos los hechos. También convalidó el convenio de adhesión, debidamente firmado por un apoderado de la sociedad y sellado ante la Agencia de Recaudación Tributaria.

El juez valoró la falta de comparecencia al juicio y el silencio procesal de la empresa. Señaló además que la obligación de pago se encontraba documentada con claridad y que la intimación previa había sido fehacientemente recibida por la demandada.

En consecuencia, la sentencia hace lugar íntegramente a la acción por cobro de pesos, y ordena a la firma privada el pago de la suma reclamada, junto con los intereses devengados desde la fecha de mora hasta su cancelación efectiva, conforme a los criterios jurisprudenciales del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) resolvió lanzar una serie de protestas y cortes de rutas en distintos puntos del país, ante la falta de acuerdo en la paritaria nacional del sector. El gremio denunció que las propuestas salariales ofrecidas por las patronales agropecuarias están por debajo de la línea de pobreza y calificó la situación como «insostenible».

El conflicto se agravó este miércoles (23/07), cuando debía llevarse a cabo una nueva audiencia en el ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). Sin embargo, los representantes de las entidades empresarias no se presentaron. «Fue la señal definitiva de que no hay voluntad real de negociar», señalaron desde el gremio.

La primera oferta salarial ya había sido rechazada de plano por UATRE. Según denunciaron, la propuesta incluía un 0% de aumento para junio, 1% para julio y otro 1% para agosto, más un bono no remunerativo de apenas $8.000. «Pretenden imponer aumentos miserables que ni siquiera alcanzan para cubrir la canasta básica», expresó el secretario general del gremio, José Voytenco.

La medida de fuerza se replicará en varias regiones productivas, incluido el Alto Valle, donde UATRE cuenta con fuerte presencia. Desde el sindicato advirtieron que el conflicto podría escalar si no hay una propuesta seria por parte del sector empresario. «No vamos a aceptar que se consolide la pobreza del trabajador rural», concluyó Voytenco. Además de Río Negro y Neuquén, las principales movilizaciones se realizarán en Entre Ríos, Villa María (Córdoba), Salta y Jujuy.

La Comisión Nacional de Trabajo Agrario está conformada por funcionarios del Estado, Sociedad Rural (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria (FAA) y Coninagro por la parte patronal, y la UATRE en representación de los trabajadores.

La reciente habilitación del ingreso de asado con hueso plano a la Patagonia, dispuesta por el Gobierno nacional, continúa generando preocupación en la región. El ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy, manifestó su disconformidad con la medida y criticó la ausencia de una estrategia sanitaria integral en el país. «Desde hace años venimos reclamando un plan sanitario nacional. No puede ser que, después de 24 años, aún no se haya unificado el estatus sanitario», cuestionó el funcionario, haciendo alusión a la tradicional barrera que resguardaba a la Patagonia de la fiebre aftosa.

En diálogo con Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 9 por La Super FM 96.3), Banacloy señaló que los cortes que comenzarán a arribar «son excedentes de exportación, provenientes de animales más pesados, con mayor grasa, cortes que el mercado internacional no demanda y que acá terminan vendiéndose como si fueran de alta calidad». En esa línea, subrayó que «no es cierto que el precio va a bajar» y denunció que «se trata de carne descartada que se comercializa a un valor elevado».

Además, criticó la falta de diálogo con las provincias al momento de tomar la decisión. «Se sigue actuando con centralismo, como ocurre con las rutas. No hay comunicación ni consulta previa, y recién ahora se acuerdan de Río Negro», agregó.

El ministro también relacionó la resolución con el contexto social y climático que atraviesa el país. «Se eliminan subsidios al gas en medio de una ola polar, y no es lo mismo el invierno en el norte que en la Patagonia. Las decisiones se toman sin una noción real de lo que vivimos acá», indicó. A su vez, insistió en que la provincia no se opone al comercio interno, pero sí exige igualdad en las condiciones sanitarias para todas las regiones. «Si realmente no hay riesgo, no entendemos por qué se continúa vacunando en el resto del país. Necesitamos reglas claras para todos», remarcó.

La Resolución 460/2025 del Senasa, publicada el pasado viernes (27/06), autoriza el ingreso a la Patagonia de cortes con hueso plano -como costilla, asado y esternón- provenientes de zonas consideradas libres de fiebre aftosa con vacunación. Estas carnes llegarán a una región que mantiene su estatus libre sin vacunación. Aunque el Gobierno nacional sostiene que la medida no compromete los acuerdos internacionales ni los estándares sanitarios, en Río Negro y otras provincias patagónicas persiste la preocupación por las consecuencias comerciales y sanitarias que puede acarrear esta flexibilización.