Opinión
El derecho a la salud es humano y universal
Nota de opinión por Magdalena Odarda, senadora nacional por Río Negro.
«Estamos convocados por un compromiso ineludible: debemos luchar por una sociedad más justa y equitativa, sin prejuicios de ninguna índole. Sólo lo lograremos si no nos apartamos nunca de los lineamientos éticos basados en el respeto a la dignidad del hombre». (Mensaje del Dr. René Favaloro a los estudiantes reunidos en Glacier Park Lodge , Montana, Estados Unidos, 1993. De «Don Pedro y la educación»).
Cuando el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, anticipaba días atrás en Salta su decisión de cobrar en los hospitales públicos la atención de salud a los extranjeros, haciendo referencia a que “Los argentinos pagamos impuestos y por eso es que recibimos la atención de la salud”, instaló un debate sobre un punto sensible en la población, a la vez que despertó una serie de posicionamientos éticos antagónicos que merecen algunas consideraciones.
Bastante diferente parecía la concepción de aquel intachable presidente argentino, el Dr. Arturo Illia, quien desde el mismo partido político, la Unión Cívica Radical, revelaba hace más de 50 años, que “Con la salud no se negocia”; visión que contrasta notablemente con las expresiones del actual gobernador, reconocido por él mismo como “nieto de bolivianos”, cuando expresó días atrás que “Mientras esto no ocurra (la instauración de un sistema de reciprocidad con Bolivia), nosotros le vamos a cobrar la atención de salud a todos los extranjeros”.
Con el mismo criterio ético, el gran René Favaloro nos enseñaba que “En cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente y los conceptos éticos y morales; entonces la ciencia y la conciencia estarán siempre del mismo lado, del lado de la humanidad» (Congreso de Bioingeniería 1999).
Sin embargo, es necesario que nos adentremos un poco más sobre el contenido jurídico de lo que constituye el “derecho a la salud”, tanto en el ámbito nacional como internacional para comprender que, más allá de que podamos realizar convenios de reciprocidad con otros estados a fin de que se garanticen las mismas prestaciones de servicios médicos a los ciudadanos argentinos que se encuentren en sus territorios; la realización o no de dichos acuerdos no pueden en manera alguna constituir un obstáculo para brindar la atención del servicio de salud primario hacia cualquier extranjero que se encuentre en nuestro país.
Ello resulta así, en tanto el Estado Nacional argentino ha celebrado y suscripto instrumentos internacionales vinculantes que resultan claros en tal sentido, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y el Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tal circunstancia tornaría a cualquier tipo de norma que pudiera dictarse en el sentido de limitar el derecho de prestación de salud hacia extranjeros por parte del Estado en abiertamente inconstitucional e inconvencional.
El mero hecho de promover Convenios bilaterales con países hermanos a fin de establecer sistemas de reciprocidad en los servicios de salud no constituye, en sí mismo, un problema a la vista, en tanto los Estados se encuentran en condiciones de garantizar a sus ciudadanos algún tipo de cobertura o garantía adicional cuando transiten por el territorio de los Estados con quienes se celebran estos acuerdos, luego de los cuales podrá existir, o no, algún tipo de reintegro de un estado al otro.
Sin embargo, esto no significa en absoluto que desde nuestros servicios de salud pública puedan negarse a atender debidamente, y en condiciones de absoluta igualdad, a los ciudadanos de otro estado que se encuentren convalecientes en nuestro territorio ante la carencia de firma del acuerdo bilateral correspondiente. Tal actuación podría derivar, incluso, en la convocatoria del Estado Nacional Argentino a los Tribunales Internacionales a fin de que rinda cuentas por la falta de cumplimiento de los referidos instrumentos internacionales potencialmente incumplidos en dicho caso.
Así, el Protocolo de San Salvador, revela claramente en su artículo 10 que “Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”, aclarando luego que entre las medidas para garantizar este derecho se encuentran “la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad” y “la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y de los que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables”.
A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que integra el bloque de constitucionalidad argentino a través de la reforma constitucional de 1994 en el texto del artículo 75, inc. 22, refleja en su artículo 12 que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, aclarando luego que “Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para… d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”.
En la misma dirección, la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 expresaba en su artículo 25. 1 que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”; lo que resulta ratificado por la misma Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en Colombia en 1948, cuando dice que “Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad” (Art. 11).
Asimismo, el derecho a la salud se reconoce, en particular, en el inciso iv) del apartado e) del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de 1965; en el apartado f) del párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 1979.
Pero el instrumento internacional al que ha adherido la Argentina, que resulta más exhaustivo y específico respecto al derecho a la salud viene siendo, sin lugar a dudas, la Observación General N° 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, creado en el seno de Naciones Unidas y referido al “derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud”, donde se considera a la salud como “Un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente”, aclarando en su apartado 8 que “Entre los derechos figura el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud”.
Entre los elementos esenciales que debe incluir el derecho a la salud se encuentra, precisamente, la accesibilidad, en cuanto los establecimientos, bienes y servicios de salud deben resultar accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte; incluyendo entre los elementos que impidan la discriminación al hecho de que los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles, de hecho y de derecho, a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquier motivo.
El apartado 18 de la misma Observación General 14, aclara que “El Pacto prohíbe toda discriminación en lo referente al acceso a la atención de la salud y los factores determinantes básicos de la salud, así como a los medios y derechos para conseguirlo, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o posición social, situación económica, lugar de nacimiento, impedimentos físicos o mentales, estado de salud (incluidos el VIH/SIDA), orientación sexual y situación política, social o de otra índole que tengan por objeto o por resultado la invalidación o el menoscabo de la igualdad de goce o el ejercicio del derecho a la salud”.
Al igual que sucede con la totalidad de los derechos humanos, el Comité PIDESC resulta claro al expresar que “no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud”, por lo que agrega en el punto 34 que “los Estados tienen la obligación de respetar el derecho a la salud, en particular absteniéndose de denegar o limitar el acceso igual de todas las personas, incluidos, los presos o detenidos, los representantes de las minorías, los solicitantes de asilo o los inmigrantes ilegales, a los servicios de salud preventivos, curativos y paliativos; abstenerse de imponer prácticas discriminatorias como política de Estado”.
Del mismo modo en que el notable sanitarista que cimentara el sistema de salud de la República argentina, Dr. Ramón Carrillo, nos iluminara hacia el camino de la igualdad en la atención de la salud al decir que “Sólo sirven las conquistas científicas sobre la salud si éstas son accesibles al pueblo”; aquel mismo René Favaloro que citáramos al comienzo, signado por un inocultable espíritu latinoamericanista de “Patria Grande”, junto a sus reconocidos referentes a quienes citaba regularmente, San Martín, Bolívar, Sucre y Artigas, expresaba “sufro más como latinoamericano que como argentino” («Marginalidad y pobreza de cara al tercer milenio», Universidad del Litoral, noviembre de 1997).
Magdalena Odarda.
Senadora Nacional por Río Negro.
Opinión
Más allá del diagnóstico: La necesidad de una salida con contenido
Nota de opinión por Federico Vasches, integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.
¿Cuánto más se puede decir del estado actual de las cosas? Esta mezcla de novedad y continuidad, esta cotidianeidad que venimos habitando, nos fuerza muchas veces a una suerte de parálisis, obligándonos a detenernos indefinidamente en el diagnóstico. Nos enfrentamos, una vez más, cara a cara con sorpresas previsibles: es la sensación de que asistimos a «más de lo mismo», con el agravante de que ese «lo mismo» es, cada vez, peor.
Esta realidad no es abstracta; es una fuerza complicada que está tensionando transversalmente a la Argentina. Tensa a los individuos, a las familias y a los hogares, pero también erosiona a las instituciones, a los partidos políticos y a las organizaciones sociales en su conjunto. Estamos ante un escenario tan complejo como hondo, donde conviven la complicidad de algunos sectores con un agotamiento social generalizado. Es el agotamiento de quienes dijeron «no» a lo anterior para decir «sí» a esto, y que hoy se encuentran en la encrucijada de decir «no» a esto, sin querer regresar a lo otro. En ese limbo, la construcción de una salida institucional sigue siendo una asignatura pendiente.
La trampa de la reactividad: El vacío de la alternativa
En este escenario, lo que queda peligrosamente a la vista es un modelo de gestión de la oposición —tanto institucional como política— que es meramente reactivo en lugar de propositivo. Esta es una falencia generalizada que atraviesa a representantes políticos, sindicales y partidarios por igual: el gobierno nacional impone condiciones y la respuesta carece de propuestas superadoras. Las estructuras tradicionales se mueven siempre un paso por detrás de lo previsible, persiguiendo un modelo oficial que se percibe como arrasador.
Lo más alarmante no es el contenido de lo que se negocia, sino la incapacidad técnica para proyectar algo distinto. Nos enfrentamos a paritarias que no funcionan, a presupuestos que son jirones de la realidad y a discusiones por servicios básicos que parecen vaciadas de sentido. El rol de sindicatos, gobernadores y legisladores se ha degradado al de simples acompañantes de la coyuntura. Mientras se transita esa urgencia, no se está proyectando un plan de salida relevante. Esta reactividad es especialmente compleja en las universidades, donde ciertas conducciones operan como oposición política nacional pero como oficialismos institucionales, quedando atrapadas en la misma falta de iniciativa propositiva.
De la demencia al negacionismo: La inercia institucional de parte del sistema de CyT
Para entender la parálisis de quienes deben conducir, es necesario observar su comportamiento reciente. Tras el punto de inflexión de diciembre de 2023, cuando el flujo de recursos se detuvo abruptamente y las partidas dejaron de llegar, las instituciones universitarias no reaccionaron con un cambio de paradigma. Por el contrario, operaron bajo lo que podríamos llamar una demencia institucional: siguieron haciendo las cosas como si el escenario no hubiera cambiado, repitiendo fórmulas de un pasado que ya no tenía sustento material.
Hoy, esa demencia ha mutado en algo más peligroso: el negacionismo institucional. Al encontrar mecanismos modernos e innovadores para «oxigenar» el sistema -vía financiamientos externos, fundaciones propias o venta de servicios-, las conducciones «optan» por darle la espalda a la lucha estructural de sus trabajadores. Bajo la excusa de la eficiencia técnica y la creatividad para «salvar los muebles», están validando de facto el ajuste. Están demostrando una agilidad que en momentos de flujo ni siquiera se atrevieron a imaginar, pero lo hacen opacando la lucha docente y Nodocente, y confirmando ante el poder central que el recorte era, después de todo, ejecutable.
El experto disciplinar y la orfandad política
Esta desconexión tiene una raíz estructural en la formación de quienes dirigen el sistema de ciencia, tecnología y universitario. Por un lado, tenemos a los docentes e investigadores, y por otro, a los equipos de gestión Nodocente, que constituyen la arquitectura institucional invisible que permite mantener en pie el sistema. En la cima, el funcionariado (Rectores, Vicerrectores y Secretarios) ocupa cargos de naturaleza eminentemente política.
Sin embargo, el sistema está diseñado para que los académicos gestionen, bajo la premisa de que la excelencia en el grado o posgrado se traduce en capacidad de gestión. Pero la trayectoria académica no es proporcional a la pericia política. Geólogos, contadores, biólogos o arquitectos de renombre se encuentran hoy dirigiendo instituciones complejas frente a una política de choque para la cual sus herramientas disciplinares -que representan el 95% de su expertise- son insuficientes. No es lo mismo administrar el flujo que gestionar la incertidumbre y la restricción. Al no ser cuadros políticos de formación, quedan aislados de los debates profundos y los avatares partidarios los toman por sorpresa.
La seducción del intelectual y el desembarco de los gestores
Este contraste se refleja en la figura presidencial. Su ascenso fue el de un intelectual que ofrecía una doctrina económica liberal inspiradora y de gran penetración en jóvenes votantes y en una gran parte de la población desencantada con lo conocido. La sociedad, en su dificultad para determinar el rol efectivo del Estado, parece haber votado esa elocuencia, apostando a un horizonte filosófico pero dejando de lado o acaso, jamás interpelándose por el «cómo».
Pero una vez en el poder, se produjo un desplazamiento: la gestión real fue delegada en personajes cuyo activo no es la teoría, sino el know-how de la vieja política y la gestión de choque. Mientras el discurso se mantiene en la doctrina, la ejecución queda en manos de segundas y terceras líneas que saben operar las palancas del Estado de forma pragmática. Esta dualidad genera la máxima tensión: un relato intelectual que se ejecuta con las herramientas más conocidas de la gestión tradicional.
El intelectual como arquitecto y el control social
Frente a este vacío, el rol superador del intelectual debe ser el de un traductor: aquel que logre el match entre la ideología (el horizonte filosófico) y el cotidiano de la política pública. No puede ser alguien que se refugie en la academia para dar una clase virtual cada quince días; debe ser quien dote de sentido a la acción técnica e impregne e ilumine los debates públicos.
Nadie discute qué funciones debe afrontar el Estado en tanto garante de derechos. Su capilaridad social estratégica (en términos de Oszlak) es irremplazable. Sin embargo, no podemos seguir persiguiendo quimeras de innovación que mueren en acuerdos personales sobre un andamiaje inexistente. Propongo una salida que incluya una instancia de control social e intelectual comunitario, similar a una Defensoría del Pueblo, pero con una matriz de pensamiento crítico. Un espacio técnico con voz y probada incidencia donde la ciudadanía participe y rediscuta las políticas públicas junto a los intelectuales que les dan sentido.
Conclusión: Salir del asombro
En un mundo de información fragmentada, en el cual desde millennials a la generación alfa son bombardeados constantemente, los discursos vacíos ya no alcanzan. Lo que hoy se vuelve imperativo es la propuesta concreta. Debemos entender que, si la esperanza no tiene acción, es simplemente fe; y la fe es insuficiente para gestionar una organización, menos aún un sistema, demasiado lejos, una nación.
La salida no es dicotómica – izquierda o derecha-, sino programática. Requerimos un nuevo acuerdo social basado en ejes fundantes: ambiente, obra pública, educación, salud, deporte, disidencias, derechos humanos, vivienda y todos los otros temas que la sociedad pueda determinar. La única manera de garantizar a la ciudadanía una protección real es a través de una salida política integral: intelectuales, académicos, gestores y técnicos trabajando en un programa de gobierno concreto que abandone el asombro y retome la iniciativa. Es hora de que la arquitectura del Estado deje de servir a la supervivencia de una casta y empiece a tener a la gente presente en el centro de su diseño y control.
Federico Vasches
Integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.
Opinión
La Encrucijada de la IA: Moda o Soberanía
Nota de opinión por Federico Vasches, integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.
Estamos inmersos en un momento de avances exponenciales de la Inteligencia Artificial (IA). Esta carrera tecnológica, impulsada por el sector privado, genera nuevas oportunidades, pero también expone complejidades estructurales profundas en sociedades como la latinoamericana y la argentina en especial, agravadas ahora por el desfinanciamiento estatal.
Detrás de palabras y conceptos como costo, lucidez e inclusive debatiendo sobre la Paradoja de la Modernización, es crucial entender que no incorporar tecnología es, de hecho, más costoso que hacerlo. La adopción requiere una «lucidez estratégica»: un rediseño consciente y deliberado que entienda que lo que se hace se puede hacer mejor. Pero que de ninguna manera la IA reemplaza ni a las personas ni a sus responsabilidades.
Como dos caras de una moneda:
El sector privado actúa deliberadamente para maximizar la ganancia. Moderniza con celeridad, buscando mejorar procedimientos, presentándose a la vanguardia y el desarrollo, y poniendo en valor la IA.
El sector público, cuyo fin es social, a menudo responde al llamado de la modernización con el desfinanciamiento, con recorte y achicamiento. La negación a incorporar la IA transversalmente como tecnología que permita innovar, claramente es no estratégica, pues la sociedad ya la está utilizando, generando una distancia creciente entre ambos mundos.
Acá nos encontramos con el problema de la falsa dicotomía, la creencia simplista de que el privado es inherentemente más moderno y brillante. Esta visión es escasa, pues las personas en ambos sectores utilizan tecnología personal (smartphones, herramientas de IA como Gemini, ChatGPT, etc.).
La diferencia reside en la cultura organizacional: en el privado, la modernización se transparenta y premia; en el público, no está institucionalizada y a veces se castiga la desviación del proceso tradicional.
A no preocuparse, porque no todo es tan sombrío y acaso para evitar un futuro distópico, la solución reside en construir una soberanía tecnológica y digital más horizontal.
Esto nos propone:
Divulgación y Conocimiento: las sociedades y los individuos deben entender el impacto de la tecnología y la IA en todas las instituciones. Este conocimiento es la base para que los ciudadanos puedan defender, construir y validar las reformas necesarias.
Espacios de Co-creación: es imperativo crear espacios público-privados, liderados con la participación activa de la sociedad civil, tecnólogos, divulgadores y directores de proyectos.
Gobierno Abierto: estos espacios deben estar anclados en los principios de Gobierno Abierto: participación ciudadana, innovación, transparencia y rendición de cuentas.
Solo a través de esta colaboración estratégica y una ciudadanía informada, el Estado podrá evolucionar tecnológicamente no solo para sobrevivir, sino para construir un futuro donde la tecnología sirva a fines sociales amplios, y no solo a la maximización de la ganancia privada.
Federico Vasches
Integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.
Opinión
¿Publicidad electoral gratuita? Para los medios, un costo que nadie reconoce
Nota de opinión por Emilio Occhionero, periodista y socio gerente de Medios Roquenses SRL.
En cada proceso electoral se repite la misma escena: los medios de comunicación legalmente habilitados recibimos órdenes y cronogramas para transmitir espacios de publicidad electoral gratuita. Y, como corresponde a la ley, cumplimos. Sin embargo, pocas veces se habla del costo real que este esquema implica para las radios locales como La Súper FM 96.3, que somos parte activa de la vida comunitaria de General Roca.
Es que a través de la Ley N° 26.571, se fijó la prohibición por parte de las agrupaciones políticas de adquirir espacios en medios de comunicación audiovisual para transmitir publicidad electoral. A raíz de ello, debemos disponer de los espacios asignado mediante sorteo público durante el período de campaña en medios audiovisuales. En otras palabras, financiamos a los partidos políticos.
Y a nosotros, ¿quién nos financia? Muchas veces me preguntaron, ¿las radios de que viven? Vivimos de la publicidad, esa que se escucha cada vez que el conductor de un programa dice vamos a la pausa y volvemos. Si, esos minutos de aire, son los que nos permiten vivir día a día, pagar salarios, servicios e impuestos.
Nuestra emisora –como tantas otras del país– atraviesa un contexto económico crítico. Las tarifas de electricidad y gas aumentan, los impuestos como los de la utilización del éter radial, también. No existen beneficios específicos para los medios, y la pauta publicitaria oficial del gobierno nacional se redujo a cero, como lo dijo el presidente Javier Milei desde el día que asumió. En definitiva, debemos sostener estructuras, personal, equipos y servicios casi sin ingresos fijos, con costos crecientes y sin apoyos estatales.
En ese escenario, la obligación de dar minutos de programación para publicidad electoral gratuita es, en realidad, un esfuerzo económico que sale directamente del bolsillo de los propios medios. Es tiempo que dejamos de vender a anunciantes privados, es contenido que dejamos de producir y, en definitiva, es dinero que dejamos de ingresar. Así, terminamos financiando involuntariamente la campaña de los mismos dirigentes que luego deciden sobre tarifas, beneficios y regulaciones para el sector, incluso que determinan sus propios aumentos salariales.
No cuestionamos el derecho de los partidos políticos a difundir sus propuestas. Por el contrario, somos espacios abiertos al debate democrático. Pero la actual normativa necesita una revisión urgente: si el Estado exige transmisión obligatoria, también debe reconocer los costos y garantizar algún tipo de compensación, pauta o beneficio fiscal que equilibre la carga.
De otro modo, las emisoras locales, sobre todo, quedamos en una situación asfixiante y desigual frente a otros actores mediáticos que no tienen estas obligaciones.
Es hora de discutir con seriedad un sistema que permita sostener tanto la pluralidad de voces como el derecho de la ciudadanía a informarse. Las radios comerciales locales y comunitarias no podemos seguir soportando solas un gasto que no generamos y que, además, compromete nuestra supervivencia. La Democracia necesita medios fuertes e independientes, no medios debilitados por normativas que, aunque bienintencionadas, terminan siendo injustas.
Emilio Occhionero
Periodista – Socio gerente de Medios Roquenses SRL, propietaria de LRG 746 La Super Radio FM 96.3 y www.lasuperdigital.com.ar
