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Caso Solano: La defensa planteó recusación del Tribunal tras resolución sobre continuidad de la querella

Sigue el juicio esta mañana en la Ciudad Judicial de Roca.

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En la audiencia del juicio oral y público del “Caso Solano” del pasado martes 10 de abril, el Tribunal, por unanimidad, dispuso la “sustitución” del fallecido querellante Gualberto Solano, padre de la víctima, por su progenitor, Manuel Solano. Dicha sustitución está condicionada a la correcta constitución y presentación ante el Tribunal del poder otorgado en Salta por el abuelo de la víctima a los abogados de esa parte. Dicho documento debería ser presentado en la próxima audiencia.

Contra la “sustitución” en la querella, los abogados defensores de los siete efectivos policiales que están siendo sometidos a proceso hicieron, en primer término, reserva de casación y, en el final de la audiencia, sostuvieron en forma unívoca un planteo de recusación completa del Tribunal de juicio.

Invocaron una supuesta situación de “adelantamiento de opinión, falta de objetividad y pérdida de imparcialidad” por parte de los juzgadores, reflejada -a criterio de los abogados- en la resolución sobre la sustitución. Dicho reemplazo en la querella, para la Defensa, sería jurídicamente improcedente, según el criterio expuesto por esa parte en la audiencia.

Presentado el pedido de recusación y siguiendo lo que manda el artículo 50 del Código Procesal Penal (Ley P2170, aplicable a este proceso) ante este tipo de incidencias, este miércoles 11 de abril, a primera hora, los integrantes de la Cámara Criminal Segunda, María Evelina García Balduini, Oscar Gatti y Gastón Martín, elevaron sus respectivos informes, con la documentación y fundamentos correspondientes. Dicha presentación, como impone el trámite, se efectuó ante la Cámara Criminal Tercera, tribunal que será el encargado de resolver a la brevedad y de manera inapelable sobre el pedido de apartamiento sostenido por la Defensa.

La jueza que preside el juicio oral, Dra. García Balduini, precisó que la audiencia de continuación del debate -convocada para este jueves 12 de abril a las 9 horas- sigue programada sin modificaciones, sin perjuicio de que para entonces aún estará vigente el plazo que tiene el otro Tribunal para resolver sobre las recusaciones. Esa decisión fue tomada por la Cámara Segunda para tratar de evitar una eventual suspensión innecesaria de la audiencia.

Sustitución en la parte querellante

La Resolución que dictó la Cámara permite la continuidad de la participación del querellante particular en la persona de Miguel Solano, abuelo de la víctima, supeditada a la correcta presentación del poder firmado por éste en Salta.

La decisión fue explicada en la audiencia por la presidenta del debate. Allí se precisó que “el señor Manuel Solano es heredero forzoso del señor Gualberto Solano, fallecido, siendo esa una cuestión que ha quedado fuera de discusión entre las partes. De modo tal que se tiene por sustituido al Sr. Gualberto Solano, oportunamente querellante en esta causa, por su padre (…), cuyo parentesco se encuentra acreditado con la partida respectiva”.

Con respecto al momento procesal en que se presenta el Sr. Manuel Solano al expediente, a contrario de lo solicitado en la audiencia por los Defensores, el Tribunal resolvió que la presentación es oportuna, es decir, no es extemporánea.

“No se trata de un nuevo querellante sino de la continuación de la querella oportunamente interpuesta, que había sido tenida por válida, con la misma pretensión punitiva penal que en su oportunidad procesal interpuso el Sr. Gualberto Solano. De modo que es procedente la sustitución del inicial querellante, quien había sido legitimado en la acción punitiva pretendida, a la que se hizo lugar por ser válida y procedente. Se trata de una causal sobreviniente, de modo tal que está implícita la oportunidad para la sustitución”, resolvió la Cámara.

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Acuchilló a su pareja en medio de una discusión y quedó detenida

El hombre se encuentra internado en terapia intensiva. La herida fue a la altura del pulmón.

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Este mediodía (26/06) el Ministerio Público Fiscal formuló cargos y solicitó la prisión preventiva de una mujer de 52 años por el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo. Pese a que el defensor público se opuso a la cautelar, la acusada continuará detenida por el plazo de un mes.

Según la acusación fiscal, el hecho habría ocurrido el pasado martes alrededor de las 2 de la tarde, en un domicilio ubicado en Rosario de Santa Fe al 3200 de General Roca.

«Previo mantener una discusión por celos, la imputada habría tomado un cuchillo de 33 centímetros de largo, con el fin de herir a su pareja, y le habría ocasionado una herida cortopunzante a la altura del pulmón», explicó la representante fiscal.

Tras el ataque, el hombre fue intervenido quirúrgicamente y «se encuentra en estado reservado en la Unidad de Terapia Intensiva», agregó la Fiscalía.

Entre el sustento probatorio mencionado se encuentra el acta de procedimiento confeccionado por la Comisaría 21° tras un llamado al 911, el croquis referencial del lugar del hecho, el acta de entrevistas a allegados de la señora y otras personas, a personal policial.

«Hemos consultado también los legajos obrantes en el fuero de Familia, donde pudimos advertir que la relación tenía historicidad de violencia», dijo la fiscal del caso.

Intervino el Gabinete de Criminalística, se secuestraron el cuchillo, ropa con manchas símil sangre, celulares tanto en el lugar del hecho como en el lugar donde el hombre se encuentra internado, se suma a la prueba el relevamiento fotográfico, la historia clínica del paciente, la intervención del Cuerpo de Investigación Forense (CIF) de la Segunda Circunscripción.

El defensor público explicó que, tras asistir a la mujer, no iba a prestar declaración.

En relación al pedido de la medida cautelar por un mes, la fiscal argumentó que «hay elementos de convicción suficientes sobre quien fue la autora del hecho, si bien la señora no tiene antecedentes penales la calificación legal por la que hoy formulamos los cargos dependerá del avance o no del estado de salud del hombre», aclaró.

«El peligro procesal invocado es el de posible entorpecimiento a la investigación, basándonos en los dichos de la mujer que referenciaron los policías. Además, en caso de mejorar la víctima, necesitamos que él pueda prestar su testimonio con tranquilidad sin temor a ser amedrentado por la señora», agregó la representante fiscal.

El defensor penal público se opuso al pedido fiscal, «toda la prueba está preservada, se realizaron los secuestros pertinentes, la víctima está internada, ¿qué es lo que podría condicionar mi asistida?. Para esta parte, ese riesgo no está del todo presente en este caso. Por eso solicitamos que recupere inmediatamente la libertad y propongo que se le otorgue prisión domiciliaria con dispositivo electrónico».

La jueza de Garantías interviniente resolvió tener por formulados los cargos en los términos esgrimidos por la fiscalía. En relación a la medida cautelar explicó que «tal lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal habría ocultamiento de prueba, el señor además se habría negado a denunciar el hecho, sin embargo la Fiscalía continúo con la acusación teniendo presente la gravedad del hecho y como dijo la representante el delito imputado no podrá ser menor al que hoy se le ha descripto». Por todo lo anterior, la magistrada resolvió que la preventiva sea de un mes.

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Su pareja falleció y la empresa se negó a pagarle: Ordenan indemnizar a la concubina y a los hijos en partes iguales

La víctima murió en galpón de empaque de Huergo. Ella convivía con él, pero no estaban casados legalmente.

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La mujer convivió con su pareja durante más de 6 años. El hombre falleció mientras realizaba tareas en un galpón de empaque en la zona rural de Ingeniero Huergo. La empresa se negó a indemnizarla y argumentó que ese derecho correspondía a los hijos del trabajador. Los menores son fruto de una relación anterior.

Un fallo de la Cámara Laboral de Roca ordenó indemnizar a la concubina y a los hijos del operario en partes iguales. La resolución también intimó a la aseguradora a abonar el seguro de vida en la misma proporción.

Desde el año 2010, y de manera ininterrumpida, el hombre trabajó como mecánico en un galpón de empaque de la zona rural. Cargaba pallets con cajas de frutas con una carretilla elevadora manual. Este trabajo le provocó un fuerte dolor en el pecho y le indicaron reposo por 15 días.

En la demanda, la mujer explicó que tres días después de ese episodio lo convocaron para arreglar un portón. Cuando utilizaba un taladro, sufrió una descompensación. Lo asistieron en el Hospital y falleció minutos más tarde a causa de un paro cardiorrespiratorio. Según el informe médico, también padecía Covid-19.

La concubina acreditó el vínculo y notificó a la empresa sobre la existencia de los herederos legítimos. Requirió el pago de la indemnización por fallecimiento, los haberes y el seguro de vida obligatorio. Ante la negativa de la empresa, la mujer inició un reclamo administrativo. Al no obtener respuesta favorable, presentó la demanda judicial.

El fallo determinó que la Ley de Contrato de Trabajo establece con claridad quiénes son los beneficiarios de la indemnización, mediante la sola acreditación del vínculo. «Queda claro que no es necesaria la apertura de la sucesión, sino que los causahabientes del trabajador sólo deben acreditar el vínculo para tener derecho a la indemnización», explicó la jueza.

Agregó que una mujer que convive públicamente con un hombre soltero, en aparente matrimonio, durante dos años, tiene derechos equiparables a los de una viuda. La mujer presentó la declaración jurada de concubinato, emitida y reconocida por el Registro Civil de Ingeniero Huergo

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Tuvo que pagar consumos de una tarjeta que nunca tuvo para no figurar como deudora: Condenan al banco

El resumen le llegaba a su casilla de correo electrónico, pero el domicilio era diferente. Aunque buscó incansablemente obtener respuestas por parte de la entidad bancaria, fue imposible.

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Una vecina de Roca comenzó a recibir correos electrónicos de un banco. Le informaron que debía pagar el resumen de una tarjeta de crédito que no tenía. Constató que figuraban sus datos, pero con un domicilio diferente. Un fallo del Juzgado Civil de Roca condenó al Banco Supervielle por daños y perjuicios. También deberá rectificar la información ante el Banco Central y suprimir los datos que la señalan como deudora.

El primer resumen fue recibido con un saldo por consumos y por la renovación de la tarjeta. Hizo consultas por correo electrónico y por teléfono, pero no obtuvo respuestas. Descargó la aplicación del banco, generó las claves, dio de baja el producto, pero no logró presentar el reclamo. En la demanda también recordó que el banco no tiene sucursal en la ciudad.

La mujer y sus familiares recibieron llamadas insistentes para que realizara el pago. Con la esperanza de obtener una respuesta, pagó, pero no consiguió la devolución del dinero. Al mes siguiente recibió una nueva nota que incluía intereses sobre consumos que no le correspondían.

Para la jueza, el banco no demostró el origen de la deuda ni la suscripción de la tarjeta de crédito. Adjuntó resúmenes de una caja de ahorro, pero no justificó gastos de una tarjeta supuestamente renovada. Al momento de alegar, la magistrada consideró que la presentación fue extemporánea y sin pruebas suficientes.

La pericia informática confirmó la autenticidad de 160 correos electrónicos que recibió la mujer, entre ellos recordatorios de pagos, promociones y resúmenes de cuenta. Las llamadas telefónicas provenían de números genéricos y aleatorios.

Entre los argumentos de su decisión, la jueza señaló que también existió un daño extrapatrimonial. La conducta del banco afectó la dignidad de la mujer. Le generó incertidumbre, malestar, angustia y una sensación de inseguridad ante la falta de respuestas claras.

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