Judiciales
Gigli podría pasar hasta 25 años en prisión
En los próximos días la Oficina Judicial fijará la fecha para la audiencia de cesura.
Los jueces de juicio Verónica Rodríguez, Fernando Sánchez Freytes y Oscar Gatti, por unanimidad, declararon hoy (27/04) culpable al imputado Octavio Gigli como autor del “homicidio simple” del que resultó víctima el ciudadano Guillermo Martínez la noche del 31 de agosto de 2015 en Roca.
La lectura del veredicto, en audiencia oral y pública, se realizó este mediodía en la Ciudad Judicial. La jueza Rodríguez, autora del voto rector, dio lectura a los fundamentos centrales y anunció que en los próximos días la Oficina Judicial fijará la fecha para la audiencia de cesura. En esa futura instancia las partes debatirán -y el Tribunal definirá- el monto de la pena que corresponda aplicar, que deberá ceñirse a los límites de la escala penal prevista para el delito de homicidio simple, que es de 8 a 25 años de prisión según establece el art. 79 del Código Penal.
La secuencia probada
El Tribunal tuvo por acreditado el vínculo de amistad de más de 10 años que unía a la víctima y al imputado y concluyó que “fue Gigli y no otra persona quien dio muerte a Martínez entre las 20:30 horas del día 31 de agosto de 2015 y las primeras horas del 1 de septiembre del mismo año, en circunstancias en que Martínez se encontraba sentado en la mesa de la cocina de la vivienda (de Gigli) y se disponía a tomar un café”. Para el Tribunal el ataque con el arma blanca fue “por la espalda” y consistió en siete puñaladas: una en la espalda, cinco en la zona torácica y una en el antebrazo de la víctima.
De acuerdo con la secuencia fáctica que tuvo por probada el Tribunal, tras el ataque Gigli “subió a la parte superior de la vivienda, se limpió la herida que seguramente se causó con la primera puñalada que le asestó a su amigo y se cambió el calzado (se puso un par de zapatillas Salomon); dejó a la víctima ya sin vida o agonizando tendida en la cocina del domicilio, previo a verificar con su pie si se encontraba aún con vida, dejando de esta manera el rastro de dicho calzado en la remera que vestía Martínez. Cerró con llave la puerta principal, arrojó las mismas por el buzón de cartas y abandonó la ciudad en compañía de su hijo con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde dejó al joven al cuidado de su padrino (…); luego ocultó la camioneta en una playa de estacionamiento privada (…) para después abandonar el país en forma clandestina por un paso fronterizo no habilitado legalmente”.
La evidencia analizada
Con el veredicto se enunció en primer lugar la “prueba directa” que dio sustento a la decisión de los jueces y los llevó a “descartar cualquier duda que la defensa intentó infructuosamente sembrar al respecto”.
Así, enumeraron y analizaron: los testimonios de la esposa de la víctima, de un vecino de Gigli, del personal del café donde ambos hombres se habían saludado esa misma tarde; los informes de comunicaciones telefónicas de la OITEL; la denuncia por desaparición de persona radicada en la Comisaría Tercera a las 00:30 del 1 de septiembre por la familia de Martínez; las constancias de la labor policial, de criminalística y forense; las huellas de pisada en la casa y en el cuerpo de la víctima y su coincidencia con calzado secuestrado; los resultados de las pruebas de Bluestar sobre la sangre detectada en la vivienda, la ropa, las zapatillas y en la camioneta del imputado y los resultados de estudios de ADN, entre otras evidencias.
Luego, como “prueba indiciaria”, el Tribunal valoró la reconstrucción virtual ofrecida por la Fiscalía; las tareas de inteligencia e intervenciones telefónicas posteriores, las comunicaciones de Gigli con allegados y su ocultamiento en Brasil.
En ese marco los jueces valoraron que “no se halló indicio alguno que permita inferir la presencia de más personas en el lugar, como sostiene la defensa” y concluyeron que “el alegado temor de muerte por parte de la defensa (…) no ha sido mínimamente probado y se contrapone con la actitud del imputado”, pues “Gigli dejó a su hijo, se desentendió de su familia y huyó del país falseando su identidad, lo que nos lleva a concluir que el único temor que tenía era el de ser aprehendido y afrontar este proceso”.
En cuanto al ticket de peaje que la defensa invocó como prueba de que Gigli no estaba en la ciudad a la hora de la muerte de Martínez, el Tribunal señaló que fue exhibido “en fotos” pero que no fue ingresado al juicio por las vías procesales correspondientes, por lo que no puede ser tenido en cuenta por los magistrados.
Por último, con respecto al móvil del crimen, los jueces señalaron que “es cierto que no se ha podido acreditar por qué Gigli dio muerte a su amigo, pero ello no obsta a un pronunciamiento de culpabilidad, máxime si tenemos en cuenta la profusa prueba directa e indiciaria que obra en contra del imputado”.
La lectura del veredicto finalizó con el rechazo al pedido de libertad formulado por la defensa de Gigli y con el anuncio de la próxima instancia del proceso, que es el juicio para definir el monto de la pena.
En el juicio intervinieron como partes el Fiscal Luciano Garrido, los abogados por la parte querellante Juan Francisco Alberdi y Darío Sujonitzki y los abogados por la defensa Patricia Espeche y Ricardo Thompson.
Judiciales
Casi ocho de cada diez sentencias contencioso administrativas se dictaron con asistencia de inteligencia artificial
La herramienta automatiza controles y prepara sentencias para su firma, aunque la decisión final continúa bajo responsabilidad de juezas y jueces. Su implementación comenzó en 2023 y se extendió progresivamente a organismos provinciales y municipios.
Durante el primer semestre de 2026, el fuero Contencioso Administrativo de Río Negro dictó 3.461 sentencias con asistencia de inteligencia artificial. La cifra representa el 79,14% de las 4.373 resoluciones emitidas durante ese período. El uso de esta tecnología creció respecto del mismo semestre de 2025, cuando había alcanzado el 55,63%.
La herramienta fue desarrollada por la Dirección General de Sistemas del Poder Judicial de Río Negro y permitió reducir significativamente los tiempos de tramitación de las ejecuciones fiscales. Antes de su implementación, cada expediente requería cerca de una hora de procesamiento manual. Con el sistema automatizado, esa tarea se realiza en aproximadamente tres minutos.
La reducción también se refleja en la duración total del trámite. El plazo promedio de una ejecución fiscal pasó de 6,5 días a menos de tres días hábiles. La herramienta comenzó a utilizarse el 24 de agosto de 2023 y se incorporó progresivamente a los organismos provinciales y municipales que promueven este tipo de procesos.
El desarrollo propio permite automatizar una serie de controles que antes se realizaban manualmente. El sistema verifica los datos de la persona demandada y el monto reclamado, comprueba que no existan procesos sucesorios o de quiebra y prepara la sentencia para su firma. La decisión final permanece siempre bajo responsabilidad de la jueza o el juez.
La experiencia comenzó con las demandas de la Agencia de Recaudación Tributaria y después se extendió a los municipios. Viedma y Allen fueron los primeros en incorporarla. Actualmente también la utilizan Bariloche, Cinco Saltos, Cipolletti, El Bolsón, Roca, San Antonio Oeste y Villa Regina. En algunos municipios, la herramienta también se emplea para ejecutar multas de tránsito, infracciones por ruidos molestos y cuestiones ambientales.
Durante los primeros seis meses de 2026, las Unidades Jurisdiccionales Contencioso Administrativas recibieron 3.975 expedientes, un 220% más que en el mismo período del año anterior. Las ejecuciones fiscales representaron la mayor parte de esa actividad, con 3.711 registros, equivalentes al 93,1% de las acciones relevadas.
El incremento de estos procesos también se reflejó en las resoluciones dictadas. Durante el semestre se registraron 3.791 sentencias monitorias, vinculadas principalmente con ejecuciones. Además, se dictaron 488 interlocutorias, 87 definitivas y siete homologaciones. En cuanto al uso de inteligencia artificial, la participación de sentencias elaboradas con esta herramienta aumentó 23,51 puntos porcentuales respecto del primer semestre de 2025. De las 4.373 resoluciones dictadas durante este año, 912 se realizaron sin asistencia de IA.
El fuero Contencioso Administrativo funciona en las cuatro circunscripciones judiciales de Río Negro. Comenzó su actividad en Viedma en diciembre de 2021 y completó su implementación provincial en 2024. Su competencia comprende los procesos en los que el Estado interviene como demandante o demandado.
Los datos estadísticos forman parte del Informe Estadístico del Primer Semestre de 2026, elaborado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia.
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La Fiscalía pidió declarar responsable a un hombre por el abuso sexual de su suegra
El hecho ocurrió en agosto de 2025 en el domicilio de la mujer. La Fiscalía sostuvo su acusación con testimonios familiares y pericias psicológicas.
En el marco de los alegatos de clausura del debate oral, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se declare responsable penal a un hombre acusado de haber abusado sexualmente de su suegra, una mujer de 79 años, en un hecho ocurrido en agosto de 2025 en el domicilio de la víctima.
La fiscal Julieta Villa sostuvo durante su exposición que el imputado ingresó a la vivienda simulando intenciones familiares y que, según la acusación, aprovechándose de la confianza y de la situación de vulnerabilidad de la mujer, la agredió.
Para fundamentar el pedido de responsabilidad penal, la Fiscalía presentó durante el debate el testimonio de la propia víctima y las declaraciones de su nieta, su hija, su hijo y una amiga.
Según expuso la acusación, estos testimonios permitieron acreditar las revelaciones inmediatas realizadas por la mujer, su estado de shock inicial y la posterior admisión de los hechos que habría realizado el acusado ante integrantes de su entorno familiar.
También declaró la psicóloga Virginia Ansola, integrante de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), quien expuso sobre el impacto emocional sufrido por la mujer.
A su vez, intervino una especialista del Cuerpo de Investigación Forense (CIF), quien ratificó en audiencia la veracidad del relato, descartó fabulaciones y confirmó la presencia de un cuadro de trauma psíquico severo.
La Fiscalía encuadró la conducta atribuida al imputado como abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. Por su parte, el defensor particular solicitó la absolución de su asistido.
Concluidos los alegatos de las partes, el Tribunal integrado por los jueces Gastón Martín, Maximiliano Camarda y Oscar Gatti dará a conocer su veredicto el próximo martes (13/10) a las 12.00.
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Formularon cargos a un conductor de 71 años por la muerte de un motociclista en Roca
Según la acusación, el imputado realizó un giro a la izquierda de manera antirreglamentaria e interrumpió la trayectoria de la motocicleta que conducía la víctima.
La Fiscalía formuló cargos este miércoles (07/10) contra un conductor de 71 años por un siniestro vial ocurrido en junio pasado en la intersección de las calles Félix Heredia y 9 de Julio de General Roca, en el que murió Ezequiel Alfredo Giles.
Según explicó la representante fiscal Victoria Bou Abdo, el hecho ocurrió alrededor de las 18.00 horas, cuando el imputado circulaba en una camioneta en sentido norte-sur y realizó una maniobra de giro a la izquierda hacia 9 de Julio.
De acuerdo con la acusación, el giro fue realizado de manera antirreglamentaria e imprudente, interrumpiendo la trayectoria de la motocicleta que conducía Giles, quien avanzaba en sentido contrario.
«Debido a la repentina obstrucción de la calzada, Ezequiel Giles no pudo evitar la colisión e impactó contra el lateral de la camioneta», explicó la fiscal. Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió un traumatismo encéfalocraneano grave que le provocó la muerte en el lugar.
Para sustentar la formulación de cargos, el Ministerio Público Fiscal presentó las actas del procedimiento policial, el croquis del lugar, el certificado médico de defunción y el resultado negativo del test de alcoholemia realizado al imputado.
También se incorporaron entrevistas a testigos, informes de la Dirección de Tránsito Municipal, peritajes mecánicos realizados sobre ambos vehículos, un relevamiento fotográfico y la pericia accidentológica del Gabinete de Criminalística de General Roca.
La Fiscalía atribuyó al hombre la calificación legal provisoria de “homicidio culposo cometido por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor”.
El defensor penal público Gustavo Viecens, quien asiste al imputado, no presentó objeciones a la formulación de cargos.
Luego de escuchar a la querella, que acompañó el pedido fiscal, la jueza Natalia González tuvo por formulados los cargos y estableció en cuatro meses el plazo de investigación penal preparatoria.
