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Prisión preventiva por 4 meses para el homicida de Llanquileo

La Justicia le formuló cargos a Juan Sire por “homicidio agravado por el uso de un arma de fuego en concurso real”.

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Ayer (5/06) por la mañana el fiscal del caso Luciano Garrido formuló cargos contra un hombre de 36 años, Juan Sire, por los delitos de “homicidio agravado por el uso de un arma de fuego en concurso real, con portación ilegal de un arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal” (Arts. 79, 41 bis, 189 bis, 2do. y 3er. párr., 55 y 45 del Código Penal). El imputado se encuentra demorado desde el sábado luego de haber aprehendido tras los allanamientos realizados en la zona norte de la ciudad.

Según la acusación fiscal el hecho que se le endilga “ocurrió el 13 de agosto de 2017, a las 04:30 aproximadamente, en una vivienda particular en la que se encontraban el imputado y la víctima fatal, Marcos Cesar Llanquileo, junto a otras personas. En dichas circunstancias, ambos comenzaron a discutir por problemas de vieja data, lo cual implicó que salieron al exterior de la casa”.

“Una vez afuera, el imputado que portaba un arma calibre 32 sin la debida autorización legal, con la intención de dar muerte a Llanquileo, efectuó contra él al menos 5 cinco disparos; al tiempo que éste buscaba refugio ingresando nuevamente a la vivienda. Cuatro proyectiles impactaron contra la víctima ingresando en las siguientes zonas: uno en región dorsal derecha, uno en la región posterior de la oreja izquierda, uno en la región lateral del hombro izquierdo y uno en la sien izquierda. Luego de ello, el imputado se dio a la fuga a bordo de una motocicleta. Producto de dicho accionar Llanquileo perdió la vida como consecuencia de una hemorragia interna toraco-abdominal y una lesión encefálica”, dice la acusación.

Como plexo probatorio el fiscal mencionó entre otros, el acta de procedimiento policial, el certificado médico respecto de la situación en la que ingresó la víctima al hospital local, el acta de requisa del vehículo en que fue trasladado el hombre. Así mismo, entrevistas a testigos, acta de allanamiento confeccionada por el Gabinete de Criminalística, copia de certificado médico de defunción. Como también el resultado de la autopsia realizada a Llanquileo donde oportunamente se verificó que las balas eran calibre 32.

Cabe mencionar que el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva del hombre por el término de 4 meses. “Se funda a raíz de la conducta desplegada por el imputado al momento de culminar el hecho, como también se encuentra objetivamente acreditado la existencia del hecho y la participación del imputado. No caben dudas que nos encontramos ante un hecho de relevancia penal, ya que el resultado fue la muerte de una persona, que ha perdido su vida de forma violenta. Tampoco caben dudas de que el homicidio fue cometido por este hombre”, dijo Garrido.

“La pena ha imponer como mínimo rondará los 10 años y 8 meses de prisión, de ninguna manera la hipotética pena sería de ejecución condicional. Así mismo, no se puede dejar de mencionar que el imputado cometió el hecho cuando contaba con el beneficio de libertad asistida”.

El fiscal del caso expresó que “el responsable de la muerte de Llanquileo ha intentado obstruir el accionar de la justicia, ocultando el arma de fuego y teniendo contacto con algunos testigos”.

“Asimismo en el marco de este expediente se han llevado a cabo varios allanamientos, en esta circunscripción como en otras, y en otras provincias para poder dar con el paradero del imputado, que finalmente ocurrió el sábado pasado”, mencionó Garrido.

Por su parte, la defensa particular no se opuso a la formulación de cargos y solicitó que el plazo sea de 2 meses.

Sin embargo, el juez de Garantías Gustavo Quelín dio la razón a la fiscalía y el imputado permanecerá detenido en prisión preventiva, por el término de 4 meses, venciendo dicho plazo el 4 de octubre.

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No siempre tiene prioridad quien circula por la derecha: Condenan a conductor que no respetó la señal de Pare

Un juez hizo lugar parcialmente a una demanda por daños y perjuicios presentada por una conductora que fue embestida en una intersección, pese a haber ingresado con prioridad de paso.

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Un fallo del fuero civil de Bariloche resolvió que la prioridad de paso cede cuando existe una señal clara que la contradice. Con ese criterio, un juez hizo lugar parcialmente a una demanda por daños y perjuicios presentada por una conductora que fue embestida en una intersección, pese a haber ingresado con prioridad de paso. La colisión ocurrió en una esquina señalizada con un cartel de Pare que el otro conductor no respetó.

El incidente ocurrió cuando un automóvil que circulaba por la calle Villegas, en sentido norte-sur, fue impactado en su lateral derecho por otro vehículo que se desplazaba por Tiscornia en sentido oeste-este. En dicha esquina existe señalización vial que impone la detención total para quienes transitan por Tiscornia.

La presencia del cartel fue confirmada por la Oficina de Tránsito de la Municipalidad y por una testigo que se encontraba justo detrás del vehículo embestido. La prueba pericial también coincidió en la mecánica del hecho, al ubicar el daño en la parte media del lateral derecho del rodado.

El juez interviniente aplicó el artículo 41 de la Ley Nacional de Tránsito, que establece que la prioridad de paso corresponde a quien circula por la derecha, salvo que una señal indique lo contrario. En este caso, la existencia del cartel de Pare desplazaba la regla general. El fallo recordó que dicha señal no permite interpretaciones: impone la detención absoluta del vehículo y no una simple reducción de velocidad.

A la conducta del conductor que no respetó la señal se sumó la falta de prueba sobre la existencia de algún factor externo o culpa de la víctima que pudiera haber interrumpido el nexo causal. En consecuencia, la sentencia lo declaró responsable como guardián del vehículo, y también incluyó en la condena a la titular registral por la responsabilidad concurrente prevista en el artículo 1758 del Código Civil y Comercial de la Nación.

El fallo incluyó los daños materiales comprobados y la privación de uso del vehículo. Se rechazaron los rubros por desvalorización, daño psicológico y daño moral por ausencia de pruebas suficientes. La aseguradora fue alcanzada por la condena conforme a los límites previstos en la póliza y dentro del marco legal aplicable.

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Un juez rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la ley de reiterancia: Un detenido por lesiones seguirá con prisión preventiva

El hecho ocurrió cuando una vecina denunció ruidos molestos y el acusado agredió a efectivos policiales.

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Un hombre de General Godoy que ya tenía una formulación de cargos firme y ahora fue imputado permanecerá en prisión preventiva durante dos meses. El caso toma relevancia porque se enmarcó en la Ley de Reiterancia y el juez debió resolver un planteo de inconstitucionalidad de la flamante ley.

En efecto, el hombre recibió una nueva formulación de cargos, en este caso por atentado y resistencia a la autoridad, evasión y lesiones agravadas contra un miembro de la fuerza de seguridad.

De esta manera, la Fiscalía planteó la prisión preventiva en el marco de la Ley de Reiterancia. La defensa pública, por su parte, consideró que la norma vulnera el principio de inocencia. Argumentó que la legislación se basa en la sospecha de que el imputado cometerá nuevos delitos.

El juez consideró que el planteo de inconstitucionalidad formulado por la defensa pública no estuvo acompañado por antecedentes claros ni concretos.

Al rechazar este planteo, el juez Pierroni explicó que en principio la reiterancia no equivale a castigar por delitos futuros, sino que evita un riesgo procesal concreto. Agregó que la prisión preventiva no anticipa una pena, sino que asegura el desarrollo del proceso.

El juez remarcó que la declaración de inconstitucionalidad representa un acto de máxima gravedad en el sistema judicial. Solo debe recurrirse a ella conforme a la doctrina del Superior Tribunal de Justicia y de la Corte Suprema, cuando no exista posibilidad de una solución adecuada.

La ley rionegrina considera que la acumulación de procesos penales, incluso sin condenas previas, puede indicar una mayor probabilidad de que el imputado evada la justicia o interfiera en el proceso.

El juez afirmó que en este caso existen datos objetivos que evidencian un patrón de conducta en el comportamiento del imputado. «Esa es la base de demostración directa de un riesgo concreto, real y actual, por parte de la Fiscalía, en el sentido de influir sobre los testigos para que se comporten de manera desleal o reticente al momento de declarar en juicio», indicó.

El hecho ocurrió cuando una vecina denunció ruidos molestos. La policía llegó al lugar y según la acusación fiscal se produjo una agresión contra los efectivos. Otras personas rodearon el móvil, lanzaron objetos y atacaron a los policías. Minutos después acudió un refuerzo de la Comisaría N° 35 de Huergo.

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Quisieron robar un auto a la madrugada y terminaron detenidos

La dueña escuchó ruidos extraños fuera de su domicilio y se comunicó con la Policía.

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Este mediodía (30/06), el Ministerio Público Fiscal formuló cargos a un hombre y a una mujer por un intento de robo ocurrido ayer (29/06) a la madrugada en General Roca. Además solicitó la prohibición de acercamiento a dos domicilios y a dos personas.

Según la acusación fiscal, «alrededor de las 7 de la mañana del domingo, la pareja aprovechó que la víctima había dejado su auto en la vía pública, y actuando con un plan en común, habrían violentado el tambor de la cerradura de la puerta del conductor».

«Luego, se subieron al vehículo pero no terminaron de concretar su accionar ya que una de las damnificadas abrió la ventana de su casa que daba a la calle, verificó las cámaras de seguridad y dio aviso al personal policial», explicó la fiscal del caso.

Los dos sospechosos fueron reducidos por el personal de la Comisaría 3°, que tomó intervención en el hecho.

Forman parte del sustento probatorio de esta imputación el acta de procedimiento policial, la denuncia penal, las entrevistas, informes del Gabinete de Criminalística, el análisis de las cámaras de seguridad.

La Fiscalía solicitó además de la imputación, que ambos se abstengan de acercarse a las víctimas, como a dos domicilios.

Por su parte, el defensor público que asistió tanto a la mujer como al hombre no se opuso a la formulación de cargos como tampoco a la medida cautelar.

De esta manera, y tras escuchar a ambas personas imputadas, la jueza de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos por el delito de «tentativa de robo de vehículo dejado en la vía pública y amenazas», imputados por ser co-autores, y ordenó la prohibición de acercamiento.

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