Judiciales
Video: Así fueron los alegatos en el Caso Solano
Tanto la querella como la Fiscalía solicitan prisión perpetua para los siete policías imputados en la causa.
Con los alegatos de la parte querellante y la Fiscalía comenzó hoy (3/07) en Roca la instancia final del juicio oral y público por la desaparición y homicidio del joven trabajador rural Daniel Solano, ocurrido en noviembre de 2011 en Choele Choel. Las dos partes acusadoras solicitaron al Tribunal que los siete policías imputados sean condenados a la pena de prisión perpetua, aunque optaron por encuadrar los hechos en calificaciones legales diferentes.
El juicio se desarrolla ante la ex Cámara Criminal Segunda de Roca, que preside la jueza María Evelina García Balduini e integran sus pares Oscar Gatti y Gastón Martín.
El salón Auditorio de la Ciudad Judicial de Roca fue ocupado al límite de su capacidad por el público que asistió a la audiencia. Los alegatos continúan este miércoles 4 de julio a partir de las 12:30 con la exposición de los abogados defensores Ricardo Thompson y Pablo Iribarren y finalizan el jueves 5 a las 9 horas con los alegatos finales del defensor particular Pablo Barrionuevo y el defensor oficial Gustavo Viecens.
La querella
El abogado por la parte querellante, Leandro Aparicio, expuso hoy en primer término y utilizó las dos horas y media asignadas por el Tribunal como tiempo máximo para alegar. Concluyó con un pedido de prisión perpetua contra los siete imputados, a quienes atribuyó la coautoría del delito de “homicidio agravado por alevosía, por promesa remuneratoria, por el concurso premeditado de dos o más personas, por ser criminis causa (para facilitar, consumar u ocultar otro delito) y por haber sido cometido en abuso de la función policial”.
La Fiscalía
Por su parte la fiscal Teresa Giuffrida, por la acusación pública, solicitó para todos la pena de “prisión perpetua más inhabilitación perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y tareas de seguridad privada, más las accesorias legales y costas del proceso”.
Acusó a los imputados Sandro Gabriel Berthe, Pablo Federico Bender y Juan Francisco Barrera como “coautores del delito de vejaciones en concurso real con desaparición forzada de persona seguida de muerte”; a Pablo Andrés Albarrán Cárcamo, Pablo Roberto Quidel y Diego Cuello como “coautores de desaparición forzada de persona seguida de muerte, en concurso ideal con incumplimiento de deberes de funcionario público” y a Héctor César Martínez como “coautor de desaparición forzada de persona seguida de muerte, en concurso real con abuso de autoridad, en concurso ideal con falsedad ideológica -en carácter de autor-”.
Giuffrida sostuvo que si bien el delito principal (desaparición forzada) es una figura cuyo juzgamiento corresponde a la Justicia Federal, el Tribunal rionegrino que lleva adelante el presente proceso fue habilitado por la Corte Suprema de Justicia para dictar una eventual condena por ese delito, en oportunidad de pronunciarse el máximo tribunal del país sobre la competencia para realizar este juicio.
Por último la fiscalía requirió que en caso de dictar una condena el Tribunal imponga también a los acusados la prisión preventiva, por considerar latente el peligro de fuga.
Disposiciones para el público
El Tribunal recordó que están vigentes para el público en general las pautas de seguridad y organización que se vienen implementando desde el inicio del debate. Eso incluye la prohibición de efectuar manifestaciones o exponer consignas o símbolos de cualquier tipo que puedan perturbar el normal desarrollo de la audiencia o generar situaciones de conflicto.
Por otra parte, el uso de teléfonos celulares y equipos de fotografía y/o grabación sólo está permitido a los trabajadores de medios de comunicación que hayan solicitado su credencial en la Delegación de Comunicación Judicial de la Segunda Circunscripción.
Cabe señalar que esas disposiciones derivan de las facultades disciplinarias que la ley asigna a la Presidencia del Tribunal durante el juicio, que incluyen la posibilidad de ordenar el desalojo de la sala y de aplicar sanciones de distinta gravedad en casos de incumplimiento.
Judiciales
Investigan nuevos robos violentos vinculados a una banda que operaba en Río Negro y Neuquén
Los hechos ocurrieron en Cipolletti y presentan el mismo modus operandi que otros robos investigados en la zona.
Un hombre acusado de integrar una asociación ilícita vinculada a una serie de robos agravados en Río Negro y Neuquén sumó este jueves (18/06) dos nuevas imputaciones por hechos ocurridos en la ciudad de Cipolletti durante 2025.
La formulación de cargos fue realizada por la fiscal jefe Belén Calarco y la fiscal Eugenia Vallejos, quienes atribuyeron al imputado su participación en dos violentos asaltos cometidos el 26 de julio y el 10 de septiembre del año pasado.
El acusado participó de la audiencia en condición de detenido, ya que permanece bajo prisión preventiva desde noviembre de 2025 en el marco de otra investigación por delitos similares cometidos en General Roca.
Según la acusación fiscal, ambos hechos presentaron un mismo modus operandi. El grupo realizaba tareas previas de vigilancia sobre las viviendas elegidas, llegaba en vehículos previamente robados e ingresaba por sectores traseros de las propiedades tras escalar paredes y techos. Una vez dentro, reducían a las víctimas mediante armas de fuego y las inmovilizaban con alambres o precintos.
De acuerdo con la investigación, los delincuentes exigían dinero en dólares y la ubicación de cajas fuertes para sustraer efectivo, oro, dispositivos electrónicos y otros elementos de valor. Además, se llevaban los DVR que almacenaban las grabaciones de las cámaras de seguridad para evitar dejar registros de los hechos.
Las fiscales indicaron que la vinculación del imputado con estos nuevos episodios surge de diversas medidas de investigación realizadas por la Comisión de Investigación Judicial, entre ellas el análisis de registros fílmicos, impactos de antenas de telefonía, reportes telefónicos y pericias efectuadas por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) del Ministerio Público.
Durante la audiencia, la defensa particular no presentó objeciones y el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos en los términos planteados por el Ministerio Público Fiscal.
Desde la Fiscalía destacaron que la incorporación de estos nuevos hechos responde a una estrategia de trabajo coordinada impulsada por el Fiscal General Fabricio Brogna, orientada a optimizar recursos y unificar investigaciones vinculadas a robos agravados con características similares ocurridos en la Segunda y Cuarta Circunscripción Judicial de Río Negro.
Judiciales
La Justicia frenó la demolición de la vivienda construida en el Área Natural Protegida Paso Córdoba
El Tribunal ordenó al Municipio abstenerse de realizar cualquier acto de demolición hasta que se resuelva el fondo de la causa.
La Cámara de Apelaciones Civil resolvió un recurso de apelación interpuesto en el marco de una causa iniciada contra la Municipalidad de Roca. El conflicto se vincula con la validez de los actos administrativos que ordenan la demolición de un inmueble ubicado en el Área Natural Protegida de Paso Córdoba y con la solicitud de una medida cautelar de no innovar.
En primera instancia se había rechazado la medida cautelar solicitada con el fundamento principal de que no se encontraba acreditado el peligro en la demora y de que la eventual ejecución de la demolición no resultaba inminente.
Frente a esa decisión, la sentencia fue apelada. Los dueños explicaron que la situación había cambiado de manera sustancial debido a actos administrativos posteriores que realizó la comuna que habilitarían la ejecución directa de la demolición, sin necesidad de intervención judicial previa. También afirmaron la existencia de un daño inminente, la afectación del derecho a la vivienda y la ausencia de un estudio de impacto ambiental.
La Cámara examinó los agravios y revisó la decisión. En primer lugar, consideró que el análisis sobre el peligro en la demora había sido insuficiente, ya que no se valoraron adecuadamente las actuaciones administrativas posteriores incorporadas al expediente.
Señaló que la eventual ejecución de la demolición podía tornar ilusoria la sentencia definitiva, dado que el objeto del litigio podría desaparecer antes de resolverse el fondo del asunto. Destacó además que la demolición de un inmueble implica un efecto material difícil de revertir, lo que refuerza la necesidad de tutela preventiva.
Respecto del planteo ambiental, la Cámara descartó que la falta de un estudio de impacto ambiental constituyera por sí sola un fundamento decisivo para la medida cautelar. Sin embargo, también señaló que los argumentos sobre posibles daños ambientales carecían de sustento concreto en la resolución apelada.
Sobre la verosimilitud del derecho, el tribunal indicó que no correspondía anticipar un pronunciamiento sobre la validez o nulidad de los actos administrativos cuestionados en esta etapa. Aun así, consideró que existía una apariencia suficiente de derecho para justificar una tutela precautoria, sin emitir juicio definitivo sobre el fondo.
Finalmente, la sentencia interlocutoria concluyó que se configuraban los requisitos para la procedencia de la medida cautelar solicitada. En consecuencia, resolvió revocar la sentencia de primera instancia y hacer lugar a la medida de prohibición de innovar.
Así, ordenó a la Municipalidad de Roca abstenerse de ejecutar actos materiales de demolición, remoción o alteración de las construcciones existentes en el inmueble hasta el dictado de la sentencia definitiva o hasta que cambien las circunstancias que justificaron la decisión.
Judiciales
Hallaron sana y salva a la mujer que era buscada en Roca
Tras varios días de incertidumbre, la mujer de 35 años se presentó por sus propios medios en su domicilio.
Fuentes policiales confirmaron que fue hallada la mujer de 35 años que era intensamente buscada en General Roca desde el pasado martes (09/06), cuando fue vista por última vez alrededor de las 13.30 horas.
La búsqueda se había iniciado luego de que familiares cercanos radicaran una denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría 31°, ubicada sobre calle Panamá al 2400. A partir de ese momento, la Policía difundió un pedido de colaboración a la comunidad con el objetivo de obtener información que permitiera localizarla.
Finalmente, durante la jornada de este martes (16/06), la mujer se presentó por sus propios medios en su domicilio.
De esta manera, quedó sin efecto el pedido de búsqueda y se dio por finalizado el operativo que se había desplegado para intentar dar con su paradero.
