Río Negro
YPF confirmó una inversión de U$S 550 millones en el área de Allen
Se firmó el convenio entre la empresa, la Provincia y el Municipio. La empresa entregará asfalto para reparaciones en espacios de uso público y aportará fondos para la construcción de una terminal de ómnibus.
El gobierno de Río Negro, la empresa YPF y el Municipio de Allen firmaron hoy el contrato que prevé el plan de inversiones y actividades de la empresa para el período 2018/2022 en el área denominada “Fernández Oro”.
Se trata de una inversión superior a los U$S 500 millones de inversión, que traerá aparejada un aumento del 25% al 30% en la producción de gas y petróleo. El convenio fue suscripto hoy en Buenos Aires por el gobernador Alberto Weretilneck; la intendenta de Allen, Sabina Costa; el secretario de Energía, Sebastián Caldiero y el presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez.
“Este convenio significa 93 nuevos pozos de petróleo, con lo cual comenzamos a tener otra presencia en la margen sur del río también para generar mayor actividad en la zona”, señaló el gobernador Weretilneck tras la firma del convenio.
Agregó que “es una gran noticia para la provincia, más inversiones, más empleo, más actividad comercial, obras de carácter social para Allen. Definitivamente genera la consolidación de la provincia de Río Negro como una fuerte productora de gas y petróleo”.
“En otro aspecto significa una inversión de YPF en Allen de más de $120 millones, una obra emblemática es la nueva terminal de ómnibus”, sostuvo.
A fines de abril, las partes ya se habían reunido en la región, donde las principales autoridades de YPF presentaron el “máster plan” de inversiones que proyectan realizar en el período 2018-2022 y su impacto en la realidad rionegrina. Fue incorporado por el Ministerio de Energía y Minería de Nación dentro del Programa de Estímulo a las Inversiones de Desarrollo de Producción de Gas Natural Provenientes de Reservorios No Convencionales, popularmente conocido como Plan Gas.
El programa tiene previsto la perforación de 93 nuevos pozos y readecuación de sus instalaciones con una inversión estimada en los U$S 558,9 millones. Si bien la actividad se desarrolla mayoritariamente en el ejido de Allen, ya tiene una locación en Fernández Oro y tiene proyectada la ejecución de un pozo exploratorio en tierras de Cipolletti.
Para la Provincia significa el desarrollo y la incorporación de reservas en formaciones de tipo no convencionales con escasa explotación hasta el momento, lo cual implica un incremento en la producción de gas e ingresos en concepto de regalías.
La producción de gas del yacimiento Estación Fernández Oro lo ubican entre los tres proyectos más importantes de la compañía en todo el país. Actualmente tiene una producción diaria de 3.55 millones de metros cúbicos pero se espera en breve que se eleve a 4 millones de metros cúbicos por día.
Para atender el crecimiento previsto de la producción, se construirá un centro operativo de 1.200 m2 en Allen, similar al que la empresa tiene en Loma Campana, en la vecina provincia de Neuquén.
En cuanto a los compromisos que la empresa asume en Allen se incluye la entrega de asfalto para reparaciones en espacios de uso público; la transferencia de los fondos que requiera la construcción de una Terminal de Transporte de Pasajeros en la ciudad; un monto de dinero anual para construcción, mantenimiento y/o recuperación de espacios verdes en el área urbana; y pagos fijos de tasas municipales de cancelación en fechas prefijadas.
Judiciales
Un fallo del STJ protegió la gratuidad de quien ganó un juicio de consumo
El Banco Patagonia había recurrido la decisión y pretendía aplicar el tope previsto para la responsabilidad por costas.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó una sentencia que declaró inaplicable, por inconstitucional, el límite establecido en el artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación en un juicio de consumo. De esta manera, protegió el beneficio de gratuidad de la persona consumidora que había ganado el proceso.
La discusión surgió luego de que Banco Patagonia, condenado en costas, pretendiera aplicar el límite previsto en esa norma. La aplicación del tope reducía la parte de los honorarios que debía afrontar la entidad y trasladaba la diferencia a la persona consumidora que había resultado vencedora.
La persona consumidora y su abogado cuestionaron esa situación y plantearon que el límite no podía aplicarse porque la Ley de Defensa del Consumidor reconoce el beneficio de gratuidad para quienes recurren a la Justicia para defender sus derechos.
La Cámara de Apelaciones hizo lugar al planteo y declaró inaplicable el artículo 730 para el caso concreto. El banco recurrió ante el STJ, entre otros motivos, porque consideraba que el planteo de inconstitucionalidad había sido realizado fuera de tiempo.
El máximo Tribunal rechazó ese argumento. Explicó que el perjuicio generado por la norma se hizo concreto recién cuando se regularon los honorarios y se dispuso la aplicación del artículo 730. Antes de ese momento, el impacto económico todavía no estaba determinado.
El STJ también analizó el beneficio de gratuidad de la Ley de Defensa del Consumidor y señaló que las relaciones de consumo cuentan con un régimen especial de protección. Ante una duda, sostuvo, debe prevalecer la interpretación más favorable a la persona consumidora.
El Tribunal aclaró que la gratuidad no es absoluta: en los reclamos individuales, una empresa puede demostrar que el consumidor posee solvencia económica y solicitar que el beneficio cese. En este caso, Banco Patagonia no acreditó esa circunstancia.
Por esos fundamentos, el STJ rechazó el recurso del banco y confirmó la sentencia que declaró inaplicable e inconstitucional el artículo 730 para este expediente.
Política
La Provincia busca fondos para comenzar a recuperar los tramos críticos de las Rutas 22 y 151
El proyecto enviado a la Legislatura autoriza al Ejecutivo a gestionar financiamiento externo para obras en los sectores más deteriorados y estudios de preinversión.
Río Negro busca contar con los recursos necesarios para comenzar a recuperar los tramos críticos de las Rutas Nacionales 22 y 151, luego de décadas de abandono de los gobiernos nacionales. El proyecto de ley enviado por el gobernador Alberto Weretilneck propone autorizar un financiamiento externo de hasta US$ 60 millones para obras y estudios de preinversión
La propuesta contempla inicialmente recurrir a FONPLATA–Banco de Desarrollo, aunque también habilita al Poder Ejecutivo a gestionar otros programas de financiamiento externo multilateral, bilateral o nacional que pueda disponer el Gobierno Nacional.
El programa tiene un objetivo concreto: resolver los problemas más urgentes y generar las condiciones para una recuperación integral. Contempla obras de puesta en valor en los sectores de mayor deterioro y estudios de preinversión que permitan definir las siguientes etapas, evaluar alternativas técnicas y económicas y determinar los esquemas más convenientes para cada ruta.
La Provincia busca trabajar en dos tiempos: atender primero los puntos críticos y, al mismo tiempo, planificar lo que viene. Las intervenciones permitirán mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad, mientras que los estudios aportarán la información necesaria para organizar la recuperación durante los próximos años.
Un financiamiento con destino específico
El proyecto establece que los recursos tendrán un destino exclusivo vinculado con las Rutas 22 y 151. Podrán utilizarse para ejecutar obras en los tramos de máxima criticidad, realizar estudios de preinversión y cubrir los costos de administración necesarios para desarrollar el programa.
El Ministerio de Hacienda, a través de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo, será el organismo ejecutor, con la participación de Vialidad Rionegrina como responsable técnica de las obras e intervenciones.
La autorización de la Legislatura no significa que los US$ 60 millones ingresarán automáticamente ni que el financiamiento se tomará de manera inmediata. Permitirá que el Poder Ejecutivo gestione y estructure la operación y suscriba los instrumentos necesarios para concretarla.
Las condiciones financieras, como la tasa de interés, el plazo de amortización, las comisiones y los gastos, se determinarán posteriormente en el convenio de préstamo correspondiente.
Política
Rutas 22 y 151: Qué cambia con la Emergencia Vial Provincial
La medida permitirá acelerar intervenciones sobre los tramos que pasen a la órbita provincial, con prioridad en reparación, mantenimiento, repavimentación y señalización.
El Gobierno de Río Negro busca acelerar las respuestas frente al deterioro de distintos sectores de las Rutas Nacionales 22 y 151. El proyecto enviado por el gobernador Alberto Weretilneck a la Legislatura propone declarar la Emergencia Vial Provincial en toda su extensión dentro del territorio rionegrino, una herramienta que permitirá agilizar las intervenciones necesarias sobre cada tramo, una vez concretada la transferencia de competencias.
Durante años, el abandono de los Gobiernos Nacionales se fue acumulando hasta convertir algunos sectores en un riesgo cotidiano. Ahuellamientos, banquinas deterioradas, obras inconclusas y otras condiciones afectan la seguridad de miles de personas y también impacta en la producción y la conectividad.
Ahora, la Provincia se prepara para asumir una responsabilidad que cambia el escenario. Y para eso necesita contar con herramientas propias para actuar sobre estos corredores.
Por eso, el proyecto propone declarar la Emergencia Vial por un año desde la publicación de la ley, con la posibilidad de prorrogarla por otro período igual mediante un decreto del Poder Ejecutivo. En términos simples, la medida busca que la Provincia pueda responder con mayor rapidez cuando un tramo presente una situación que no puede esperar.
Vialidad Rionegrina será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la gestión, administración, mantenimiento, planificación y ejecución de obras sobre los sectores que se vayan incorporando. Esto permitirá atender los puntos deteriorados, realizar tareas de mantenimiento, mejorar la señalización, ejecutar repavimentaciones y desarrollar otras intervenciones necesarias para recuperar condiciones de seguridad y transitabilidad.
El acuerdo con Nación establece que la transferencia será progresiva, tramo por tramo. Cada sector deberá contar con un convenio específico y un Acta de Toma de Posesión que determine qué se transfiere, en qué condiciones y desde qué momento Vialidad Rionegrina comienza a hacerse cargo.
De esta manera, la Provincia podrá ordenar las intervenciones, conocer el estado de cada tramo, establecer prioridades y actuar sobre aquellos sectores que se encuentren efectivamente bajo su gestión.
