Esta mañana (3/10) sucedieron los alegatos de las partes en el juicio político que se lleva adelante al suspendido juez de Ejecución N° 10 de General Roca, Juan Pablo Chirinos, frente al Consejo de la Magistratura de la Segunda Circunscripción Judicial.

La acusación representada por el Procurador General Jorge Crespo, inició su intervención explicando que «estamos en un juicio político, no se están discutiendo cuestiones técnicas relacionadas con las causas. Sino lo que acá más importa es si el magistrado mantiene en el momento de dictar las resoluciones objetadas en esos expedientes, los conceptos y el perfil que se tuvieron en cuenta al momento de su designación».

Precisamente el Procurador General señaló los parámetros de prudencia, de tolerancia, de empatía, explicando que «cuando se designa a un funcionario judicial exigimos sus antecedentes, su capacidad técnica y un determinado perfil de juez. No es lo mismo cuando como Consejo de la Magistratura designamos un juez de Familia, uno Penal o uno de Ejecución, uno de Garantías. En cada una de esas designaciones analizamos el tipo de perfil de juez que se quiere y no es casualidad que ese punto sea el que da el máximo puntaje. En este caso, ¿qué le exigimos al juez de Ejecución, es decir a ese juez que vamos a poner a decidir la suerte de las personas que están destinadas al encierro?. Elegimos el concepto y el perfil de prudencia, de empatía, todos parámetros que va a tener que ejercitar en el momento de resolver. En estas causas puntuales hubo una falencia en esos conceptos».

Luego la acusación señaló los expedientes analizados en este juicio. «En la resolución de Geldres puede ser un error de prudencia. La misma fiscal señalaba que esa salida debía ser denegada, ya que algo le llamaba la atención y lo dice y lo expresa, ¿qué espero como ciudadano de ello? Que la sentencia acepte o rechace con fundamentos por qué razón se acepta o rechaza. El mismo juez Chirinos reconoce una contradicción respecto de la sentencia y las sanciones disciplinarias que tenía el detenido, en un lugar del expediente decía que había y en otro no. Acá tengo un indicador de lo que vengo diciendo».

En relación a Luna, sostuvo que «tal vez sea una causa en donde más se evidencia la cuestión de la prudencia, la cuestión de la empatía, aquello que yo dije al principio, la necesidad y obligación que tiene el juez de nutrirse de todos los elementos necesarios para dictar una mejor sentencia posible». Y más adelante detalló que «mientras en un juzgado de la provincia se le daba a Luna el beneficio de la semilibertad, en otro, en el de Choele Choel era reconocido en una rueda de reconocimiento e indagado por ello, en dos nuevas causas, una de abuso y otra de robo. El día 15 de diciembre de 2014 el doctor Chirinos sabía que Luna se iba a trasladar a esas dos diligencias judiciales y el 17 de diciembre le otorga el beneficio, pero como fue reconocido el día que debía regresar, el 20, no lo hace».

«Es cierto de la inactividad del Juzgado N° 30, pero ello será materia de otra investigación. ¿Qué le reclama esta Procuración a esta actuación? No tengo duda de que Luna cumplía con todos los requisitos de la Ley N° 20.660, lo que yo quiero es que el juez cumpla con todos los requisitos a los que fue llamado cuando fue elegido y además que se nutra de todos los insumos necesarios para dictar sentencia», dijo Crespo.

Y luego señaló que «el doctor Chirinos no tiene responsabilidad de todos los actos que hizo Luna en libertad, pero si en esta causa puntual hay una falencia en el deber de prudencia, como en Geldrez, y es que no se ha valido de todos los requisitos para dictar sentencia».

En relación al expediente de Lara, «le reclamamos lo mismo, que se dictó una resolución sin tener en cuenta si correspondía o no, de hecho al día de hoy nunca nadie tuvo a la vista ese incidente de cómputo. Aquí tampoco el juez tuvo prudencia en este caso».

Finalmente, el Procurador General expresó que «se han configurado todos los extremos fácticos que traía la acusación. Para solicitar la sanción tuve presente estas cuestiones: la primera es que de los 64 jueces que tiene la provincia hay sólo 4 jueces de ejecución. La segunda es que coincido en que los juzgados de ejecución carecen de equipos técnicos propios y tienen que estar constantemente confiando en terceros que no corresponden al Poder Judicial, esto debe ser tenido en cuenta, y no es reprochable al juez Chirinos. Lo anterior son atenuantes que deben ser considerados para la sanción, por ello solicito 40 días de suspensión sin goce de haberes, que deben ser compurgados por los días que el funcionario viene suspendido. Así mismo el Poder Judicial debe revisar el funcionamiento del Juzgado N° 30 de Choele Choel», concluyó el Procurador.

Por su parte, la defensa ejercida por Oscar Pandolfi y Juan Carlos Chirinos solicitó la «absolución porque la Fiscalía no ha podido probar los cargos y además la inmediata restitución del juez, ya van 6 meses de suspendido y lo máximo señalado por el Consejo de la Magistratura es de 60 días».

La sentencia se conocerá el próximo lunes 8 de octubre a las 8 de la mañana en el Auditorio de los Tribunales de Roca mediante videoconferencia.