Gremios
UnTER también rechazó la baja de imputabilidad para menores de 16 años
El gremio docente se mostró en contra del polémico proyecto que anunció la ministra Patricia Bullrich.
El gremio docente UnTER repudió duramente la modificación del Régimen Penal Juvenil, anunciado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que implica la baja en la edad de imputabilidad para menores de 16 años para delitos de carácter grave como homicidio, violación, lesiones gravísimas, secuestro extorsivo y robo con armas de fuego.
«Es evidente que la estrategia del gobierno nacional es instalar en la agenda, la problemática de la inseguridad, tomando como rehenes a jóvenes de los sectores más perjudicados por una crisis, que provocaron las medidas neoliberales impuestas por el macrismo», denunciaron a través de un comunicado de prensa desde el sindicato que conduce Patricia Cetera.
En este sentido, explicaron que la ministra Bullrich confirmó la presentación del proyecto para las sesiones legislativas extraordinarias. «Medida sostenida junto al ministro de Justicia Germán Garavano, con el único objetivo de volver a poner en debate una falacia, mientras el contexto social y económico se encuentra atravesado por nuevos despidos, tarifazos, restricciones a la seguridad social que determinó que el 48% de los niños se encuentran por debajo de la línea de la pobreza en Argentina».
Denunciaron desde UnTER que el gobierno busca instalar la «Tolerancia Cero y la implementación de un régimen socioeducativo estricto, fiel a la Teoría Giuliani para imponer el orden social. No se puede negar la coherencia de Bullrich y Garavano, primero se premia a la policía por el gatillo fácil, luego se legitima esta práctica y finalmente se determina la vía libre para la captura de jóvenes de los sectores populares», expresaron.
«No se vislumbra en el gobierno de Macri, ni en sus aliados, ni en la pseudo oposición responsable, encabezada por el senador Miguel Pichetto, ninguna definición respecto de una verdadera política de Seguridad Ciudadana que contemple el estricto cumplimiento de la Constitución Nacional, de la Ley N° 26.061, que prevé la promoción y protección de derechos de niños y jóvenes, tampoco las normativas internacionales. Y mucho más lejos todavía, un atisbo de medidas que garanticen salud, educación y acceso a la justicia para el conjunto del pueblo», agregaron.
Sostuvieron que «los funcionarios no actúan en soledad sino que están avalados por los medios hegemónicos que instalan en la agenda el miedo a la inseguridad y no tienen ningún objeción en brindarle al diputado Olmedo la mayor cantidad de salidas diarias para que siga alimentando el discurso de la mano dura, justificando el trabajo infantil, la explotación laboral y la mano dura con delincuentes comunes, mientras avala la fuga de divisas y la presencia de ‘ladrones de guante blanco’ en sillones ministeriales».
«Tan repudiable como el proyecto de la baja de edad de punibilidad, es el intento de crear una nueva Ley de Residencia, para legalizar la persecución a extranjeros provenientes de los sectores más perjudicados por el capitalismo, mientras el presidente Macri vacaciona en campos de Joe Lewis, territorio usurpado a las comunidades originarias. Evidentemente la lógica es la misma, la culpa de todo lo que está mal siempre es de los otros, nunca de las decisiones propias, ni de la definición política de subordinar a nuestro país bajo los designios del imperio, que ordena el disciplinamiento social», añadieron desde UnTER.
Es por eso que exigieron al gobierno y a los representantes de Río Negro, en la Cámara Legislativa y en el Senado, el absoluto «rechazo a este proyecto. Urge la implementación de medidas sociales y económicas que protejan la vida de nuestros niños y jóvenes, que implica la garantía de tierra, techo y trabajo para sus familias», concluyeron.
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El aumento salarial para estatales rionegrinos será de 4,21% en agosto
El porcentaje surge de promediar el IPC de junio (1,9% a nivel nacional y 1,72% en Viedma) y el de julio (2,1% a nivel nacional y 2,61% en Viedma).
El Gobierno de Río Negro confirmó la nueva pauta salarial que impactará de manera directa en los haberes de agosto del personal estatal. De acuerdo al esquema de actualización automática bimestral vigente, el incremento será del 4,21%.
Para determinar este porcentaje, se promediaron las mediciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional y provincial correspondientes a los meses de junio y julio.
«Este mecanismo garantiza que el salario acompañe la evolución de los precios, brindando alivio directo a las y los trabajadores del Estado y reafirmando el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la Mesa de la Función Pública», destacaron desde el Gobierno provincial.
Cómo se calcula el aumento
El porcentaje surge de promediar el IPC de junio (1,9% a nivel nacional y 1,72% en Viedma) y el de julio (2,1% a nivel nacional y 2,61% en Viedma).
Al igual que en los tramos anteriores, los dos promedios mensuales se acumulan entre sí, asegurando que el incremento cubra la inflación real del bimestre y proteja el poder adquisitivo de las y los estatales.
Evolución salarial
En lo que va del año se mantuvo un esquema de actualización constante, acumulando a la fecha un 20,88% de incremento:
En febrero los salarios aumentaron en un 5,29%; en abril el aumento fue del 5,65%; y en junio el aumento fue del 4,28%.
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Tras el 2,1% de inflación, Aguiar interpeló a Milei: «Ya pasó más de la mitad de su gestión y estamos peor que con Alberto»
«La persistente inflación sigue licuando los salarios y jubilaciones, mientras que permite a los grandes empresarios y al campo que dolaricen sus ganancias», señaló el secretario general de ATE Nacional.
Después de que el INDEC difundiera el dato de inflación de julio, que dio 2,1%, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, interpeló directamente al presidente Javier Milei: «¿Y la inflación cero para cuando, presidente? Este dato me hace decir algo arriesgado: ya pasó más de la mitad de su mandato y estamos peor que con Alberto. Ahora vivimos al día y endeudados», indicó.
El dirigente gremial aseguró que «la persistente inflación sigue licuando salarios y jubilaciones, mientras que permite a los grandes empresarios y al campo que dolaricen sus ganancias”. “El proceso inflacionario hace que todos los meses los trabajadores pierdan poder de compra y sigan siendo empujados vastos sectores hacia la pobreza», agregó.
Aguiar afirmó que «nunca en democracia frente a un ajuste se pagó un costo social tan alto», y puntualizó que «tarifas, transporte, servicios y nafta sistemáticamente se ubican por encima del promedio general».
«Está claro que su decisión de no autorizar una nueva metodología de medición es para seguir robándonos. Lo que sí baja es el apoyo popular a su gestión. Está cada vez más cerca el final, se va a terminar tanta impunidad», dijo.
Con el nuevo dato difundido por el INDEC, la inflación acumulada en 2026 alcanza el 19,3%, con una variación interanual del 33,8%.
En las próximas horas, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que está integrado por ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros, Molineros, movimientos sociales y decenas de organizaciones de todas las centrales obreras, presentará un nuevo informe basado en datos oficiales del INDEC que calcula a cuánto debería ascender el salario mínimo para no ser pobre en la Argentina.
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Encuesta realizada por ATE reveló que el 87% de los trabajadores estatales se endeudan para pagar alquiler, salud, comida y ropa
«El alto nivel de endeudamiento le precariza la vida y enferma a los trabajadores. El Gobierno es el único responsable porque se está tomando deuda para tapar la caída del salario real», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó una encuesta a trabajadores estatales de todo el país, la cual arrojó que el 87% tiene deudas vigentes, el 73% con múltiples entidades y el 40% las usa para pagar urgencias médicas, gastos en educación y el pago de alquileres o expensas, mientras que el 37% las usa para pagar más deuda, comida y ropa.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, indicó que «el resultado del trabajo es categórico”. “El alto nivel de endeudamiento le precariza la vida y enferma a los trabajadores. El Gobierno es el único responsable porque se está tomando deuda para tapar la caída del salario real», apuntó.
«Con techos a las paritarias y negociaciones a la baja, el crédito reemplaza al salario real. Antes la deuda era un mecanismo de inversión, ahora es para sobrevivir», señaló el dirigente sindical. Sin embargo, advirtió que «hoy existe un endeudamiento permanente para cubrir necesidades básicas y no para invertir».
En este marco, Aguiar aseguró que «el Estado es el verdadero responsable porque ataca al poder adquisitivo y luego ofrece deuda como solución. El Estado es quien facilita los créditos, en vez de atacar la inflación y los precios. Más de la mitad de quienes toman deuda no conoce la tasa de interés. La desregulación financiera ha generado una absoluta falta de control sobre la usura».
Resaltó que «hay que tener en cuenta que el proceso de endeudamiento frena la economía. Los trabajadores dejan de consumir y gastar en otros rubros porque la mayor parte del salario se va en cancelar deudas todos los meses», indicó. Agregó que «los recursos que se están transfiriendo de los bolsillos de los trabajadores a los bancos, a las financieras y a las tarjetas de crédito son multimillonarios. Cada cuota que se paga deja de ir al consumo o para sostener la salud y la educación».
«El endeudamiento también genera algo que pocos están advirtiendo y es la baja en la participación política, en la militancia colectiva. No es casual que eso beneficie al Gobierno», dijo el dirigente. «No podemos aceptar una clase trabajadora con ansiedad, angustia y desánimo», aseguró.
La encuesta relevó a trabajadores del Estado Nacional (47,8%), Estado Provincial (41,7%), Estado Municipal (5,8%), Empresas Estatales (2%) y otros ámbitos (2,7%), cuyo promedio de edad es de 45 años.
El 55,4% de las personas encuestadas aseguró tener más de un trabajo para complementar ingresos o asegurar mayor estabilidad económica. De esa porción, el 56% son mujeres y el 34% de ellas trabaja entre 8 y 12 horas diarias para mantener los gastos del hogar.
Además, el 43% dejó de participar en política por cansancio físico y mental, por falta de tiempo y de recursos económicos.
El relevamiento también arrojó las estrategias que usaron los trabajadores del Estado para evitar mayor endeudamiento. La más común fue recortar actividades recreativas como talleres, cursos y salidas (39,22%), seguida de dedicar más tiempo a buscar precios y promociones (29,57%) y de asumir tareas antes delegadas, como la limpieza del hogar (22,91%).
Los resultados de la encuesta nacional también evidenció un grave impacto en la salud mental: el 85,4% de los estatales consultados reportó un deterioro en su bienestar emocional y psicológico en el último año. El 19,5% reportó ansiedad, el 17% angustia y agotamiento, 16% desánimo y 15% insomnio.
