Río Negro
Río Negro cerró 2018 con seis nuevas áreas hidrocarburíferas adjudicadas
El objetivo es ampliar las reservas de gas y petróleo. Habrá una inversión de U$S 68.000.000 en los próximos cinco años.
El gobierno provincial adjudicó en diciembre pasado a las compañías President Petroleum y Petrolera Aconcagua Energía la concesión de explotación de seis áreas hidrocarburíferas con planes de inversión millonarios. En ambos casos será en asociación con la empresa estatal EDHIPSA, para efectuar actividades valorizadas en más de U$S 68.000.000 durante el próximo quinquenio.
Las áreas adjudicadas son Catriel Oeste, Catriel Viejo, Loma Guadalosa, Tres Nidos, que fueron adjudicadas por decreto 1523/18 a Petrolera Aconcagua Energía; y Las Bases y Puesto Prado, a President Petroleum, por decreto 1507/18; ambas en el marco de una licitación pública internacional.
Se trata de áreas que en su momento no fueron renegociadas por lo que sus contratos vencieron y volvieron al Estado Provincial. El secretario de Energía, Sebastián Caldiero, explicó que “lo que hicimos fue lanzar una convocatoria pública que tuvo un gran interés por parte de las empresas. De hecho, hubo una decena de compañías de primera línea que adquirieron pliegos y, en el caso de las ofertas recibidas, en todos los casos estuvieron por encima de las condiciones mínimas que establecimos”.
Sobre las inversiones previstas para los primeros cinco años de concesión, el funcionario contó que “son compromisos firmes de inversión en nuestro territorio que tendrán un impacto directo e inmediato en la producción y en la recaudación impositiva, así como en la generación de mano de obra rionegrina y en la contratación de empresas que funcionan en nuestra Provincia”.
Los acuerdos establecieron la exigencia a las empresas de efectuar el pago de un bono fijo de dinero en efectivo para la Provincia de unos U$S 16.900.000, que se está haciendo en forma desdoblada. Del total, las compañías ya pagaron el 72% de lo establecido, restando la cancelación de poco más de U$S 4.200.000 que llegarán durante el transcurso del año.
Los dos acuerdos establecen que la empresa provincial EDHIPSA participe en los bloques adjudicados en un 10% de los derechos y obligaciones que se cedieron. Es por ello que el decreto previó que tanto President como Aconcagua firmen un contratro de Unión Transitorio de Empresas (UTE) con EDHIPSA, lo cual les permite comenzar con la actividad en los bloques.
En el caso de President Petroleum, el acuerdo establece que la empresa explotará Puesto Prado y Las Bases, donde ejecutará inversiones cercanas a los U$S 29.000.000, muy por encima de lo establecido como mínimo en la licitación. “Entre las inversiones destacadas se puede señalar que harán tres pozos exploratorios, cuatro pozos nuevos y pondrán en marcha una planta de tratamiento de gas, además de dar continuidad con trabajos de reparación a la explotación productiva del área”, precisó Caldiero.
El titular de Energía también se refirió a las cuatro áreas adjudicadas a Petrolera Aconcagua donde “esperamos que realicen otros cuatro pozos exploratorios, seis pozos nuevos y una gran cantidad de reparaciones de los pozos existentes, que necesitan un acomodamiento para poder incrementar su producción”. “Aquí, las inversiones serán por más de U$S 39.000.000, siendo el 70% de las mismas en Catriel Oeste y Catriel Viejo”, añadió.
A la hora de evaluar el proceso, Caldiero reconoció que “fue muy satisfactorio ya que al momento de establecer las condiciones del pliego se plantearon objetivos altos y exigentes, considerando no sólo la inversión productiva sino la vinculada a la preservación y remediación del ambiente, así como la situación de los superficiarios del lugar, para quienes también se previó un importante reconocimiento dinerario”.
Por caso, CIC, la anterior operadora de las áreas adjudicadas a President dejó una deuda de $21.000.000 con una decena de superficiarios de tierras donde se realizan las actividades por parte de la concesionaria. Caldiero destacó que «por una decisión gubernamental, se incluyó esta cancelación como una obligación adicional a todo aquel que quisiera licitar por las áreas Puesto Prado y Las Bases».
Gremios
El Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad del control biométrico para el personal de Salud
La suspensión cautelar perdió vigencia y el sistema de registro mediante biometría facial continúa siendo obligatorio.
El Gobierno de Río Negro informó que el control biométrico de asistencia continúa vigente y es obligatorio para el personal del Ministerio de Salud, luego de que se agotara la vía administrativa vinculada con los planteos contra la Resolución 986/2026.
La resolución del Consejo Provincial de la Función Pública establece la obligatoriedad del sistema de registro de asistencia mediante biometría facial para el personal de Salud.
La semana pasada, la Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar a una medida cautelar autónoma presentada por ASSPUR y suspendido transitoriamente los efectos de la resolución. Sin embargo, esa medida tenía una condición concreta: la suspensión se mantenía únicamente hasta que el Estado Provincial agotara la vía administrativa.
Según informó la Provincia, la decisión judicial no había resuelto la cuestión de fondo ni declarado inválido el sistema de control biométrico. La cautelar se había dictado debido a que se encontraba pendiente de resolución un recurso jerárquico presentado por ASSPUR.
El Gobierno Provincial completó ese trámite mediante el Decreto N° 903, que rechazó el recurso jerárquico y ratificó la obligatoriedad del sistema establecido por la Resolución 986/2026.
Con el dictado y la notificación del decreto quedó formalmente agotada la vía administrativa. La Provincia comunicó esta circunstancia a la Cámara del Trabajo de Viedma, que tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito y remitió a los términos de su pronunciamiento anterior. De esta manera, al cumplirse la condición fijada por la Justicia, perdió vigencia la suspensión cautelar y continúa vigente la Resolución 986/2026.
La definición se suma a otros pronunciamientos judiciales vinculados con la implementación del sistema. Entre ellos, la Justicia rechazó recientemente un amparo presentado por UPCN para dejar sin efecto el control biométrico para sus afiliados.
En ese caso, se consideró que no estaba acreditada la existencia de un daño grave e irreparable ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que justificara la utilización de la vía excepcional del amparo.
Así, agotada la instancia administrativa y cumplida la condición que había dado sustento a la suspensión cautelar, el sistema de control biométrico continúa vigente y es obligatorio para el personal alcanzado del Ministerio de Salud.
Política
Weretilneck promulgó la ley que destina $7.000 millones a las Rutas 22 y 151
El aporte previsto no podrá utilizarse para gastos corrientes.
El gobernador Alberto Weretilneck firmó el Decreto 901/26 que promulga la Ley N° 5895 y consolida el esquema para destinar unos $7.000 millones provenientes de una inversión energética al inicio de las obras de reparación y mantenimiento de las Rutas Nacionales 22 y 151. Es el paso posterior a la aprobación legislativa, que permite convertir recursos de la nueva etapa productiva en infraestructura concreta para Río Negro.
La promulgación ratifica una decisión política definida por Weretilneck: que los recursos que generan las nuevas inversiones de petróleo y gas queden en la provincia y se transformen en obras necesarias para los rionegrinos.
La Ley 5895 había recibido un fuerte respaldo en la Legislatura, con el acompañamiento de 37 legisladores y el rechazo de parte del peronismo. La norma ratifica el acuerdo entre Río Negro y Oldelval por el Proyecto Duplicar Norte y establece que la totalidad del Aporte al Desarrollo Territorial que recibirá la Provincia tendrá como destino exclusivo el inicio de las obras sobre las Rutas 22 y 151.
Se trata de dos corredores fundamentales para Río Negro, por donde todos los días transitan miles de personas y circulan la producción, la industria, el comercio y buena parte de la actividad logística y energética provincial.
El aporte previsto no podrá utilizarse para gastos corrientes. Weretilneck ya había definido que esos recursos serán destinados directamente a las primeras intervenciones sobre ambas rutas.
La decisión se integra al proceso iniciado por la Provincia para asumir la gestión de las Rutas Nacionales 22 y 151 frente a años de deterioro y falta de respuestas nacionales. Río Negro decidió hacerse cargo y buscar sus propias herramientas de financiamiento para recuperar dos corredores estratégicos.
De la inversión energética a las rutas
El Proyecto Duplicar Norte contempla un nuevo oleoducto de aproximadamente 207 kilómetros, de los cuales 146 atravesarán territorio rionegrino. La inversión deja recursos concretos para la Provincia y se incorpora al modelo que impulsa Weretilneck: atraer inversiones, defender lo que le corresponde a Río Negro y transformar esos ingresos en infraestructura.
Además del aporte destinado a las rutas, Oldelval abonará una tasa anual de US$ 200.000 para tareas provinciales de control y fiscalización, mientras que el proyecto quedó comprendido dentro del régimen que prioriza la contratación de trabajadores rionegrinos.
Judiciales
El STJ definió el procedimiento para causas penales que involucren a menores de edad
La resolución también establece que quienes no hayan cumplido 14 años al momento del hecho no serán sometidos a proceso, aunque deberá acreditarse la existencia del hecho ilícito.
El Superior Tribunal de Justicia estableció las reglas que deberán aplicarse en Río Negro en los procesos penales que involucren a niñas, niños y adolescentes, hasta que la provincia cuente con un Código Procesal específico en materia Penal Juvenil. La Acordada dispone la aplicación del Código Procesal Penal provincial junto con los principios y garantías previstos por la legislación provincial y el nuevo Régimen Penal Juvenil nacional. Una de las definiciones es que no se someterán a juicios por jurados populares.
La decisión se adoptó luego de la entrada en vigencia de la Ley Nacional N° 27.801, que derogó el anterior Régimen Penal de Minoridad. La Acordada señala que la nueva legislación, sancionada por el Congreso Nacional, establece, entre otros aspectos, «la edad de punibilidad plena a partir de los 14 años», incorpora otros tipos de penas, prohíbe imponer prisión y reclusión perpetua y fija que la pena de prisión «“no puede exceder de 15 años».
El STJ señaló que las normas procesales previstas en esa ley nacional no se aplican en el ámbito provincial, ya que las provincias conservan facultades para dictar sus propias normas procesales. Al mismo tiempo, recordó que Río Negro todavía no cuenta con una normativa procesal específica de Responsabilidad Penal Juvenil.
Hasta que exista un procedimiento específico, la Acordada estableció que debe aplicarse el Código Procesal Penal provincial junto con los principios y garantías de cumplimiento obligatorio contenidos en la Ley Provincial D 4109 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en la Ley Nacional 27.801. La resolución establece que este esquema se aplicará «con excepción del juicio por jurados».
Entre los fundamentos, el STJ recordó que la Constitución de Río Negro establece que las personas menores de edad gozan, «como mínimo de las mismas garantías procesales que las personas adultas». También señaló que la Ley D 4109 regula el procedimiento para juzgar a adolescentes punibles y establece garantías específicas para niñas, niños y adolescentes involucrados en un proceso penal.
La Acordada aborda específicamente la situación de quienes no hayan cumplido 14 años al momento del hecho. En esos casos, en concordancia con la Ley Nacional, establece que «no serán sometidos a proceso», sin perjuicio de la obligación del Ministerio Público de acreditar la existencia del hecho ilícito. Si se determina la necesidad de intervención del organismo de protección, la situación deberá ponerse en conocimiento de esa autoridad.
La resolución también dispuso comunicar a la SENAF y requerirle que informe al Foro Penal de Jueces y Juezas de las cuatro Circunscripciones Judiciales cuáles son los programas vigentes y operativos con los que cuenta para cumplir las obligaciones previstas por la Ley D 4109. Además, hizo saber al Poder Ejecutivo que las disposiciones de esa ley provincial «rigen en toda su extensión para el Organismo Técnico Proteccional».
Finalmente, el STJ encomendó a la Escuela de Capacitación Judicial continuar durante este año con el plan de capacitación obligatoria sobre Régimen Penal Juvenil destinado a integrantes del fuero Penal y del Tribunal de Impugnación. También invitó a la Procuración General a disponer la participación de integrantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa y solicitó al Consejo de la Magistratura que incorpore esta temática en los exámenes para cubrir cargos del fuero Penal.
