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Inició juicio a policía que apuntó a su ex mujer con un arma, la desnudó y la obligó a caminar por la calle

El sujeto irrumpió en la casa de la víctima cuando ella se encontraba con un compañero de trabajo. El hecho ocurrió el año pasado.

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La fiscal Norma Reyes junto a la adjunta Analía Cofré tienen a cargo la acusación contra un empleado policial imputado por delitos cometidos en el marco de violencia de género contra quien era su pareja.

“Más allá de la ausencia de la víctima, porque ella misma ha expresado que tenía temor en que el sujeto por llegar a juicio perdiera su trabajo, sumado a que ella comentó que se siente estigmatizada. Este Ministerio como integrante del Estado debe continuar con la misma”, comenzó explicando la representante del Ministerio Público Fiscal.

“La Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) intervino a raíz de nuestra solicitud, más allá de que la joven estaba siendo atendida por el equipo interdisciplinario de la Reginal 2°”, explicó Reyes.

“La Fiscalía debe asegurar que estos hechos no se vuelvan a repetir, al menos para la víctima. Como parte del Estado debemos actuar con la debida diligencia y teniendo presente los pactos internacionales a los que nuestro país y nuestra provincia han suscripto, entre ellos la Convención de Belen Do Para respecto de prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género”, expresó la fiscal.

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió en junio del año pasado, aproximadamente a las 14.30 cuando el imputado irrumpió de manera violenta, rompiendo la puerta de ingreso de la vivienda donde se encontraba la víctima junto a un compañero de trabajo, ambos policías.

“Agarró a su expareja de los pelos, la golpeó en varias partes del cuerpo, provocándole lesiones leves. Cuando ella logró zafarse, el hombre la corrió y volvió a pegarle, la arrastró y la ingresó nuevamente a la casa. El sujeto le quitó la ropa y la sacó fuera de la vivienda mientras ella le pedía volver a entrar”, describió Reyes.

“Sin poder controlar su violencia hacia ella, la amenazó con el arma reglamentaria, apoyándosela en la cabeza mientras le decía: ´me las vas a pagar vos y el otro… te voy a matar´”, agregó la Fiscalía.

“De esta manera el imputado se posicionó en un lugar de poder debido a su cargo en el escalafón policía, como también que al momento de los hechos vestía el uniforme de la institución, y teniendo en cuenta la asimetría física con la víctima lo anterior se vio asentuado”, dijo Reyes.

Entre ayer y hoy declararon un total de 10 personas, 6 empleados policiales que intervinieron en el hecho, entre ellos quien era Jefe de la Comisaría Tercera en ese momento, también prestó su declaración el médico policial respecto de las heridas de la mujer, que fueron calificadas como leves.

En la jornada de hoy (14/05) lo hicieron el médico forense del Poder Judicial Ariel Bustos, como la integrante del Equipo interdisciplinario de la OFAVI, Graciela Hussein, y Celina Vernal la psiquiatra forense.

La calificación legal que sostiene la fiscalía es la de “lesiones leves doblemente calificadas por la relación de pareja y por ser cometidas por un hombre contra una mujer, y mediando violencia de género, daño y amenazas calificadas, todo en concurso real”.

El debate continuará frente al juez de Juicio Daniel Tobares el próximo viernes a las 9, donde se conocerán los alegatos de clausura de las partes.

Judiciales

Sentencia ordena el cese de una cuota alimentaria porque los hijos ya tienen 26, 27 y 37 años

La Justicia hizo lugar al pedido de un hombre jubilado que aún pagaba alimentos pese a que sus hijos son mayores y autónomos.

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Una sentencia ordenó el cese de una cuota alimentaria que un hombre pagaba desde hacía años a favor de sus tres hijos, quienes actualmente tienen 26, 27 y 37 años. La decisión se tomó luego de que el progenitor solicitara formalmente el cierre de la obligación, al considerar que la mayoría de edad y autonomía de los hijos tornaban improcedente la continuidad del régimen de alimentos. El hombre se había jubilado como policía federal.

Según surge del expediente, el pedido se presentó en noviembre y fue acompañado por las partidas de nacimiento. La jueza de Viedma verificó que los tres hijos habían superado ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria. Tal como indica la sentencia, «habiendo en consecuencia cesado ipso iure la obligación alimentaria del progenitor a su respecto», de conformidad con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial.

El fallo utiliza la expresión latina ipso iure, que significa «por el propio derecho» o «por el solo efecto de la ley». En este tipo de casos, implica que la obligación de pagar alimentos cesa de manera automática cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sin necesidad de una resolución previa, salvo que existan circunstancias excepcionales que deban ser acreditadas.
De acuerdo a la normativa vigente, el cese de la cuota alimentaria requiere una solicitud previa por parte del aportante, no se realiza automáticamente.

El Tribunal resolvió hacer lugar al planteo del alimentante y ordenó el cese inmediato de la cuota que beneficiaba a los tres hijos adultos. Además, dispuso notificar a la persona que estaba autorizada a percibirla y emitir oficio a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para que deje sin efecto la retención.

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Caso Mandagaray: El STJ rechazó que el caso vaya a la Corte porque no hay sentencia definitiva

El máximo Tribunal provincial sostuvo que el planteo es prematuro y que el expediente debe continuar en la Justicia rionegrina.

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El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) rechazó el Recurso Extraordinario Federal en la causa donde se investigan responsabilidades por la muerte de Gabriel Mandagaray. De esta manera, el proceso continúa en el ámbito provincial y el próximo paso será el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación. El máximo órgano rionegrino sostuvo que el planteo resulta prematuro, ya que «la sentencia objetada no posee la condición de definitiva ni equiparable».

El fallo recuerda que la resolución impugnada, que ordenó un nuevo examen integral, «no concluye el proceso, no define responsabilidad penal ni clausura la persecución, sino que se limita a disponer la nulidad de la revisión realizada por el TI 2 y a reenviar las actuaciones». En consecuencia, explicó el STJ, el agravio alegado «recién adquirirá entidad a los fines de la vía excepcional una vez emitido el pronunciamiento final».

La Corte Suprema tiene una doctrina de no admitir recursos cuando la sentencia no es definitiva. En el fallo se sostiene que «la ausencia del requisito de definitividad no se suple por la invocación de arbitrariedad o de garantías constitucionales que se estimen vulneradas».

Además, el STJ señaló que los recursos federales interpuestos no satisfacen los requisitos formales de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema. En el texto se consigna que las presentaciones «no desarrollan un relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso», «no demuestran el gravamen ocasionado», «no refutan todos y cada uno de los fundamentos» de la sentencia impugnada y «no ponen en evidencia que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas con lo debatido y resuelto en el caso».

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Ordenaron la captura nacional e internacional de uno de los fugados de la Comisaría 3° de Roca

Se trata de Luca Nicolás Torres, uno de los acusados del crimen de Julián Dobra.

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Este mediodía (04/12), tras la notificación de la fuga de la Unidad Policial de uno de los imputados que cumplía prisión preventiva en el legajo donde se investiga el homicidio de Julián Dobra, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se ordene su captura nacional e internacional. Se trata de  Luca Nicolás Torres, de 18 años de edad.

«Alrededor de las 2.05 de la madrugada recibimos la información del personal de la Comisaria que dos personas se habían dado a la fuga. Una de ellas es este imputado, que inmediatamente se dispuso la búsqueda con la Brigada Judicial de investigación y con canes», explicó el fiscal del caso.

El otro fugado es Ramiro Ezequiel Sosa, quien se encontraba cumpliendo una pena efectiva desde el 20 de octubre de este año, tras haber sido detenido por una causa de robo.

«Solicitamos que se libren los oficios pertinentes tanto a la Policía Federal, a Interpol, a Gendarmería Nacional, policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Nacional y Jefatura de Policía de Río Negro», detalló la Fiscalía.

La querella adhirió al pedido, no hubo objeciones por parte de la defensa penal pública. El juez de Garantías resolvió en el mismo sentido que lo solicitado.

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