Río Negro
Ordenaron al gobierno provincial que garantice el acceso a la educación a toda la comunidad de paraje Río Chico Abajo
El Ministerio tiene un plazo de 15 días hábiles para presentar una planificación concreta al respecto.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) ordenó al Ministerio de Educación y DDHH de Río Negro, en el marco de una acción de amparo, garantizar el acceso a la educación de todas las personas que habitan el paraje Río Chico Abajo y otorgó a esa cartera un plazo de 15 días hábiles para presentar una planificación concreta que resuelva la falta de acceso de esa comunidad a los ámbitos de educación formal obligatoria.
El fallo, que lleva el voto inicial del juez Sergio Barotto y la adhesión de los demás vocales del STJ, ordena al Ministerio “garantizar el acceso al servicio de educación pública a todas las personas humanas que habiten en el ámbito físico del Paraje Río Chico Abajo, ya se trate de niños, niñas, adolescentes o adultos/as” y exige que la planificación requerida precise “acciones, plazos y nómina de funcionarios responsables” de cumplir la manda judicial.
La decisión judicial se dictó a raíz de las apelaciones interpuestas por la Fiscalía de Estado y la Defensa Pública contra la sentencia de amparo dictada en el Juzgado N° 11 de El Bolsón, que brindaba una solución puntual a una niña del paraje que perdió la escolarización debido al cierre de la Escuela N° 331, dispuesto en 2017 por el Consejo Provincial de Educación.
El juez Barotto propuso revocar aquella sentencia y dictar una de mayor alcance, por considerar “evidente que las consecuencias de las decisiones administrativas indicadas impactaron al conjunto de pobladores del Paraje (…) que tenían interés en el mantenimiento del servicio educativo”.
Puntualizó que durante la tramitación del expediente, además del reclamo inicial por la situación de dos alumnas, se advirtió el perjuicio a otros niños y niñas del paraje y al grupo de jóvenes y adultos que también se vieron afectados por el cierre de la Escuela Nº 35, que funcionaba como Anexo nocturno de la Escuela N° 331. Esa preocupación fue reflejada incluso por la Municipalidad y el Concejo Deliberante de Ingeniero Jacobacci y por el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI), que reclamó el derecho a la educación intercultural bilingüe respecto de los integrantes de la Comunidad Mapuche Peñi de Río Chico. Además el Sr. Guillermo Pinchulef, Lonko de la mencionada Comunidad, se incorporó a la causa en carácter de colaborador (Amicus Curiae) representado también por la Defensa Pública.
El alcance comunitario de la problemática, finalmente, fue certificado mediante un informe de situación que realizó el Departamento de Servicio Social del Ministerio Público, a requerimiento del STJ.
Durante el proceso surgieron desde Educación algunas propuestas alternativas que no prosperaron, como asignar una vivienda para tres familias en la localidad donde funciona la escuela más cercana o trasladar a los niños y niñasa la Escuela Hogar Mamuel Choique, distante a 80 km del paraje.
Afectación de derechos y garantías
Se señaló en la decisión judicial adoptada que “la fijación de políticas educativas, así como la planificación, organización y administración del sistema educativo son, por imperio constitucional, privativas del Consejo Provincial de Educación”, por lo que no corresponde, “en principio, la intromisión del Poder Judicial” en esas decisiones. Sin embargo, se explicó que el Poder Judicial tiene el deber de dar curso a la acción de amparo “cuando tales obrares afectan negativamente derechos y garantías fundamentales de niños, niñas, adolescentes o inclusive de personas adultas en proceso de escolarización, reconocidos en las Constituciones o en leyes superiores”.
“Concretamente, no es atribución judicial valorar la eficacia o la eficiencia de tal tipo de política institucional (…) pero sí incumbe al Poder Judicial determinar -en el caso concreto- si concurre una alteración de los referidos derechos y garantías”, indicó el fallo.
Por ello, se precisó que “no corresponderá indicar al Ministerio de Educación y Derechos Humanos provincial cómo debe garantizar los derechos constitucionales educativos del grupo poblacional afectado por sus obrares legítimos, pero sí corresponderá ordenar a esa dependencia que deberá garantizar el acceso a un servicio de educación pública a todas las personas humanas que habiten en el ámbito físico del Paraje Río Chico Abajo”.
La decisión a la postre adoptada por el STJ se apoyó, entre otras normas, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño; en la Constitución de la Provincia de Río Negro, que define a la cultura y la educación como “derechos esenciales de todo habitante y obligaciones irrenunciables del Estado” y en la ley provincial D 4109 de Protección Integral de los Derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, que dispone la obligación estatal de asegurarles con «absoluta prioridad» el efectivo goce del derecho a la educación.
“Una solución que se imponga desde esta instancia solo será justa y cumplirá cabalmente con la normativa constitucional y reglamentaria detallada antes, si contempla los intereses educativos de todos los pobladores del Paraje Río Chico Abajo, sean estos niños, niñas, adolescentes o adultos/as”, concluyó el juez votante en primer término.
Deberes de los adultos
En otro tramo del fallo, el juez Barotto recalcó el “deber de colaboración” que corresponde en este caso a las familias de los niños y niñas y a la población afectada.
“La Constitución Provincial no solamente enumera los derechos de los que gozan los habitantes de esta Provincia sino que también dispone una serie de deberes para las mismas personas. (…) En el caso, el deber social de la hora es actuar de manera tal que cada habitante del Paraje Río Chico Abajo haga de sí todo lo que se encuentre a su alcance para que su propia persona y la de sus vecinos puedan tener el mayor y mejor grado de educación; y mucho más fuerte es dicho deber social en el caso de los padres y familiares de los niños, niñas y adolescentes que viven en esa zona”, indicó.
La resolución
En primer lugar el fallo rechazó el recurso de apelación de la Fiscalía de Estado e hizo lugar a la apelación de la Defensa Pública de Menores e Incapaces.
Como consecuencia dispuso “ordenar al Ministerio de Educación y Derechos Humanos garantizar el acceso al servicio de educación pública a todas las personas humanas que habiten en el ámbito físico del Paraje Río Chico Abajo”, imponiendo el plazo de 15 días para la presentación de una planificación acorde.
También ordenó al Ministerio que en un plazo de 48 horas formalice una propuesta de solución puntual para la familia de la niña que inició el amparo. Esa propuesta se notificará electrónicamente al Juez de Paz de la localidad de Río Chico para que el funcionario “en forma inmediata cite al grupo familiar de mención, a los cuales notificará fehacientemente de la propuesta referida y, en el mismo acto, les requerirá se manifiesten si aceptan o no la misma, brindado los fundamentos correspondientes en caso de no aceptación”. La sentencia prevé en este punto que la familia deberá ser informada sobre su “deber primario” de proporcionar a los menores de edad a su cargo “las condiciones de vida necesarias para un adecuado desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”, tal como lo prevé la Ley D Nº 4.109 de Protección Integral.
Por último la sentencia ordenó al Ministerio que informe todo actuado frente a la falta de total de escolarización de otra niña de la comunidad y que indique un plan de acción para revertir esa situación.
Río Negro
En Río Negro quienes provoquen siniestros viales deberán reintegrar los gastos médicos
Es para los casos en que no sean cubiertos por obras sociales o seguros.
En la sesión de este jueves (30/04), los legisladores rionegrinos sancionaron la norma que establece que los conductores que provoquen siniestros viales bajo los efectos del alcohol o estupefacientes deberán reintegrar al Estado los gastos de atención médica, en los casos en que no sean cubiertos por obras sociales o seguros.
El proyecto obtuvo sanción en primera vuelta en sesión extraordinaria en diciembre del 2025. Presentado por el legislador Fernando Frugoni, del bloque CC ARI Cambiemos, obtuvo 24 votos positivos y 17 negativos en segunda vuelta.
La medida también alcanza a conductas graves como el exceso de velocidad, el cruce de semáforos en rojo o la conducción sin licencia. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud y se prevé la ejecución judicial en caso de incumplimiento, además de la realización obligatoria de capacitaciones en seguridad vial.
En la misma sesión, se aprobó la creación del Observatorio Provincial de Arbolado Público, que tendrá como objetivo monitorear y gestionar el arbolado con especies autóctonas. Entre sus funciones se incluyen el censo y mapeo periódico, la evaluación sanitaria y la promoción de la reforestación. La iniciativa contempla la participación de organismos públicos, académicos y de la sociedad civil.
Ambas leyes deberán ser reglamentadas por el Poder Ejecutivo.
Judiciales
Casi 400 personas ya participaron como jurados populares en Río Negro
Desde 2019, se realizaron 23 debates en distintas circunscripciones judiciales de la provincia.
Desde la implementación del juicio por jurados en marzo de 2019, un total de 368 ciudadanos y ciudadanas participaron como jurados titulares y suplentes en Río Negro. En ese período se realizaron 23 debates en distintas circunscripciones judiciales de la provincia.
La participación se distribuyó en juicios por delitos graves, con Tribunales integrados por 16 personas, 12 titulares y cuatro suplentes. En esos procesos fueron juzgadas 28 personas imputadas y se dictaron 27 veredictos de culpabilidad y uno de no culpabilidad. La mayoría de las decisiones condenatorias, 24 en total, se alcanzó por unanimidad.
La Cuarta Circunscripción, con asiento en Cipolletti, concentró la mayor cantidad de juicios por jurados con 8 debates. Le siguieron la Segunda Circunscripción, con sede en Roca, y la Tercera, en Bariloche, con 6 procesos cada una. La Primera Circunscripción, con cabecera en Viedma, registró 3.
Los delitos juzgados correspondieron principalmente a hechos graves contra las personas. Del total relevado, 10 fueron homicidios y 8 femicidios. También se registraron 3 casos de tortura seguida de muerte, 3 de abuso sexual y otros 4 delitos de gravedad. El promedio de duración de cada debate fue de 4,65 días.
La participación en un jurado popular constituye una carga pública. La organización de cada juicio está a cargo de las Oficinas Judiciales, que coordinan la logística, el transporte, el alojamiento y la seguridad de testigos y jurados.
Para asegurar la continuidad del sistema, el Poder Judicial conformó para el bienio 2024-2025 una lista de 4.400 posibles convocados, integrada por 2.200 mujeres y 2.200 varones. Además, ya se realizó un nuevo sorteo para los años 2026 y 2027, del que surgieron 3.600 personas, 1.800 mujeres y 1.800 varones. Las Oficinas Judiciales Penales de cada circunscripción serán las encargadas de contactar a las personas sorteadas, remitirles la comunicación oficial y el formulario de declaración jurada, y brindarles los canales para responder por correo o de manera digital. Esa información permitirá realizar una primera verificación para detectar incompatibilidades o impedimentos legales para integrar un jurado popular.
La información surge del informe elaborado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia.
Capacitación en escuelas del Alto Valle
En paralelo, el Poder Judicial desarrolla instancias de formación destinadas a estudiantes del nivel secundario en el Alto Valle, con actividades en escuelas de Cipolletti, Roca y Villa Regina. La propuesta forma parte del Programa de Prácticas de Extensión Construyendo Ciudadanía, impulsado por la Escuela de Capacitación Judicial en el marco del convenio con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia.
El programa tiene como objetivo acercar a jóvenes de los últimos años al sistema de juicios por jurados, fortalecer el pensamiento crítico y promover la participación ciudadana en el sistema judicial. Está a cargo de un grupo de juezas de garantías, en coordinación con funcionarios del Ministerio Público y de la Defensa.
Las y los estudiantes participan de distintas instancias de formación a cargo de funcionarias y funcionarios judiciales. Se desarrollan clases introductorias, entrenamientos por rol y un taller final preparatorio.
A esto se suma la transmisión en vivo de los juicios por jurados a cargo de la Dirección General de Comunicación Judicial. Esta herramienta amplía el acceso público al sistema y se consolida como una fuente de consulta y análisis para estudiantes y la comunidad educativa.
Política
Río Negro lanzó capacitación para promover el buen trato a personas mayores
Nueva iniciativa que apunta a fortalecer la atención de adultos mayores.
El Gobierno de Río Negro abrió la inscripción a una nueva capacitación orientada a fortalecer el trato digno y respetuoso hacia las personas mayores, especialmente en instituciones de cuidado.
La iniciativa fue presentada por el ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena; el secretario de Políticas Públicas y Personas Mayores, Fernando Henríquez; la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra y la presidenta del IPAP, Juana Benítez.
La propuesta, titulada Promoción del buen trato hacia las personas mayores en instituciones de cuidado, se enmarca en la implementación de la Ley Provincial N° 5798 y forma parte de una estrategia integral que articula distintas áreas del Estado, a través de la Secretaría de Políticas Públicas y Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano y el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP).
La capacitación será de caracter obligatoria y está dirigida principalmente a personal de residencias de larga estadía, tanto públicas como privadas, y se dictará en modalidad virtual, lo que permitirá su alcance en todo el territorio provincial.
La capacitación comenzará de forma virtual el día 15 de junio, y ya se encuentra abierta para inscripción a través del siguiente enlace https://ipap.rionegro.gov.ar/programa/702/adultos-mayores?n=OTQyOzkxNDsxMjEw.
Durante la presentación, las autoridades destacaron la relevancia de esta política pública orientada a mejorar la calidad de atención de un sector prioritario. En ese sentido, el Secretario Henríquez señaló que «en cumplimiento de la ley 5798 ya empezamos la reglamentación de la ley, y hoy en esta primera instancia, que es la presentación de la inscripción para las capacitaciones». Además, subrayó que «se busca, se trabaja fuertemente para poder justamente un mejor trato hacia los adultos mayores».
Por su parte, la presidenta del IPAP, Juana Benítez, celebró la puesta en marcha de la iniciativa y convocó a la participación. «Hoy abrimos una capacitación para adultos mayores que ya está habilitada en nuestra página del IPAP, donde hemos articulado con el Ministerio de Desarrollo Humano, Políticas Públicas de Adultos Mayores y Función Pública». Asimismo, destacó que «esta capacitación es tan importante, ya que vamos a fomentar el trato digno y respetuoso de los adultos mayores», agregó.
Benítez también remarcó el carácter inclusivo de la propuesta. «Esta es modalidad virtual, dirigida a todo el personal de las residencias de la provincia y también al público privado», indicó.
En la misma línea, la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, remarcó que la capacitación será obligatoria para agentes del sector público e invitó al sector privado a adherirse.
A su turno, el Ministro Juan Pablo Muena enmarcó la iniciativa dentro de una política pública más amplia. «Esto está enmarcado dentro de una política pública que lleva adelante el gobernador Alberto Weretilneck, en donde a través de esta ley tenemos que llevar adelante estas capacitaciones para el cuidado de nuestros adultos mayores». Además, destacó que la modalidad virtual permitirá que cada participante realice el curso según su disponibilidad.
Esta iniciativa forma parte de un conjunto de acciones que impulsa el Gobierno provincial para garantizar derechos, promover el respeto y mejorar la calidad de vida de las personas mayores en todo Río Negro.
