Río Negro
Ordenaron al gobierno provincial que garantice el acceso a la educación a toda la comunidad de paraje Río Chico Abajo
El Ministerio tiene un plazo de 15 días hábiles para presentar una planificación concreta al respecto.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) ordenó al Ministerio de Educación y DDHH de Río Negro, en el marco de una acción de amparo, garantizar el acceso a la educación de todas las personas que habitan el paraje Río Chico Abajo y otorgó a esa cartera un plazo de 15 días hábiles para presentar una planificación concreta que resuelva la falta de acceso de esa comunidad a los ámbitos de educación formal obligatoria.
El fallo, que lleva el voto inicial del juez Sergio Barotto y la adhesión de los demás vocales del STJ, ordena al Ministerio “garantizar el acceso al servicio de educación pública a todas las personas humanas que habiten en el ámbito físico del Paraje Río Chico Abajo, ya se trate de niños, niñas, adolescentes o adultos/as” y exige que la planificación requerida precise “acciones, plazos y nómina de funcionarios responsables” de cumplir la manda judicial.
La decisión judicial se dictó a raíz de las apelaciones interpuestas por la Fiscalía de Estado y la Defensa Pública contra la sentencia de amparo dictada en el Juzgado N° 11 de El Bolsón, que brindaba una solución puntual a una niña del paraje que perdió la escolarización debido al cierre de la Escuela N° 331, dispuesto en 2017 por el Consejo Provincial de Educación.
El juez Barotto propuso revocar aquella sentencia y dictar una de mayor alcance, por considerar “evidente que las consecuencias de las decisiones administrativas indicadas impactaron al conjunto de pobladores del Paraje (…) que tenían interés en el mantenimiento del servicio educativo”.
Puntualizó que durante la tramitación del expediente, además del reclamo inicial por la situación de dos alumnas, se advirtió el perjuicio a otros niños y niñas del paraje y al grupo de jóvenes y adultos que también se vieron afectados por el cierre de la Escuela Nº 35, que funcionaba como Anexo nocturno de la Escuela N° 331. Esa preocupación fue reflejada incluso por la Municipalidad y el Concejo Deliberante de Ingeniero Jacobacci y por el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI), que reclamó el derecho a la educación intercultural bilingüe respecto de los integrantes de la Comunidad Mapuche Peñi de Río Chico. Además el Sr. Guillermo Pinchulef, Lonko de la mencionada Comunidad, se incorporó a la causa en carácter de colaborador (Amicus Curiae) representado también por la Defensa Pública.
El alcance comunitario de la problemática, finalmente, fue certificado mediante un informe de situación que realizó el Departamento de Servicio Social del Ministerio Público, a requerimiento del STJ.
Durante el proceso surgieron desde Educación algunas propuestas alternativas que no prosperaron, como asignar una vivienda para tres familias en la localidad donde funciona la escuela más cercana o trasladar a los niños y niñasa la Escuela Hogar Mamuel Choique, distante a 80 km del paraje.
Afectación de derechos y garantías
Se señaló en la decisión judicial adoptada que “la fijación de políticas educativas, así como la planificación, organización y administración del sistema educativo son, por imperio constitucional, privativas del Consejo Provincial de Educación”, por lo que no corresponde, “en principio, la intromisión del Poder Judicial” en esas decisiones. Sin embargo, se explicó que el Poder Judicial tiene el deber de dar curso a la acción de amparo “cuando tales obrares afectan negativamente derechos y garantías fundamentales de niños, niñas, adolescentes o inclusive de personas adultas en proceso de escolarización, reconocidos en las Constituciones o en leyes superiores”.
“Concretamente, no es atribución judicial valorar la eficacia o la eficiencia de tal tipo de política institucional (…) pero sí incumbe al Poder Judicial determinar -en el caso concreto- si concurre una alteración de los referidos derechos y garantías”, indicó el fallo.
Por ello, se precisó que “no corresponderá indicar al Ministerio de Educación y Derechos Humanos provincial cómo debe garantizar los derechos constitucionales educativos del grupo poblacional afectado por sus obrares legítimos, pero sí corresponderá ordenar a esa dependencia que deberá garantizar el acceso a un servicio de educación pública a todas las personas humanas que habiten en el ámbito físico del Paraje Río Chico Abajo”.
La decisión a la postre adoptada por el STJ se apoyó, entre otras normas, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño; en la Constitución de la Provincia de Río Negro, que define a la cultura y la educación como “derechos esenciales de todo habitante y obligaciones irrenunciables del Estado” y en la ley provincial D 4109 de Protección Integral de los Derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, que dispone la obligación estatal de asegurarles con «absoluta prioridad» el efectivo goce del derecho a la educación.
“Una solución que se imponga desde esta instancia solo será justa y cumplirá cabalmente con la normativa constitucional y reglamentaria detallada antes, si contempla los intereses educativos de todos los pobladores del Paraje Río Chico Abajo, sean estos niños, niñas, adolescentes o adultos/as”, concluyó el juez votante en primer término.
Deberes de los adultos
En otro tramo del fallo, el juez Barotto recalcó el “deber de colaboración” que corresponde en este caso a las familias de los niños y niñas y a la población afectada.
“La Constitución Provincial no solamente enumera los derechos de los que gozan los habitantes de esta Provincia sino que también dispone una serie de deberes para las mismas personas. (…) En el caso, el deber social de la hora es actuar de manera tal que cada habitante del Paraje Río Chico Abajo haga de sí todo lo que se encuentre a su alcance para que su propia persona y la de sus vecinos puedan tener el mayor y mejor grado de educación; y mucho más fuerte es dicho deber social en el caso de los padres y familiares de los niños, niñas y adolescentes que viven en esa zona”, indicó.
La resolución
En primer lugar el fallo rechazó el recurso de apelación de la Fiscalía de Estado e hizo lugar a la apelación de la Defensa Pública de Menores e Incapaces.
Como consecuencia dispuso “ordenar al Ministerio de Educación y Derechos Humanos garantizar el acceso al servicio de educación pública a todas las personas humanas que habiten en el ámbito físico del Paraje Río Chico Abajo”, imponiendo el plazo de 15 días para la presentación de una planificación acorde.
También ordenó al Ministerio que en un plazo de 48 horas formalice una propuesta de solución puntual para la familia de la niña que inició el amparo. Esa propuesta se notificará electrónicamente al Juez de Paz de la localidad de Río Chico para que el funcionario “en forma inmediata cite al grupo familiar de mención, a los cuales notificará fehacientemente de la propuesta referida y, en el mismo acto, les requerirá se manifiesten si aceptan o no la misma, brindado los fundamentos correspondientes en caso de no aceptación”. La sentencia prevé en este punto que la familia deberá ser informada sobre su “deber primario” de proporcionar a los menores de edad a su cargo “las condiciones de vida necesarias para un adecuado desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”, tal como lo prevé la Ley D Nº 4.109 de Protección Integral.
Por último la sentencia ordenó al Ministerio que informe todo actuado frente a la falta de total de escolarización de otra niña de la comunidad y que indique un plan de acción para revertir esa situación.
Río Negro
Río Negro comienza la eliminación del pasivo de transformadores con PCB’s
Se trata de aproximadamente 70 transformadores que fueron retirados a partir del año 2012.

La Provincia inició el operativo para eliminar el pasivo de transformadores con restos de PCB´s almacenados en Hiparsa, mediante su acondicionamiento y traslado a una planta especializada en Francia para su tratamiento final.
Comenzaron las tareas para eliminar de manera definitiva los pasivos ambientales vinculados a aproximadamente 70 transformadores contaminados con PCB que permanecían almacenados en el predio de Hiparsa S.A., en Sierra Grande. La acción forma parte del plan provincial de gestión de pasivos históricos y busca garantizar un tratamiento seguro y acorde a la normativa internacional.
La medida se concreta a partir del trabajo articulado entre la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y la empresa Hiparsa, permitiendo avanzar hacia la solución final de estos residuos mediante su traslado a una planta especializada en el exterior. Por la concentración original del contaminante y su reglamentación específica, esta es la única vía autorizada para su eliminación segura.
El plan operativo incluye el acondicionamiento de las carcasas de transformadores que permanecían bajo custodia de Hiparsa -cuyos aceites con PCB fueron retirados en 2012-. Los componentes sólidos serán embalados en big bags de estándar internacional y consolidados en contenedores marítimos dentro del predio, con supervisión de Aduana y Prefectura. Luego serán trasladados al puerto para su embarque con destino a Francia, donde la empresa Trédi ejecutará procesos de descontaminación en autoclave e incineración de alta temperatura, garantizando la eliminación segura y total del contaminante.
El proceso cuenta con financiamiento del Proyecto PNUD ARG20/G27, que cubre la logística, el transporte y el tratamiento en la planta de destino. Una vez certificada la eliminación, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático gestionará la baja correspondiente en el Registro Nacional Integrado de Poseedores de PCB (RENIPP), completando así una instancia clave en la gestión ambiental de la provincia.
Policiales
Presupuesto 2026: El 13% de los recursos se destinarán a Seguridad
El objetivo es sostener una fuerza equipada, ágil y presente en cada localidad.

El Presupuesto 2026 que envió el gobernador Alberto Weretilneck a la Legislatura proyecta asignar el 13% de los recursos provinciales a Seguridad. Se busca consolidar un modelo de prevención moderno basado en tecnología, presencia y una infraestructura capaz de acompañar el crecimiento de las comunidades.
La inversión prevista permitirá renovar móviles policiales, incorporar equipamiento tecnológico de última generación, fortalecer los centros de monitoreo 911, mejorar edificios de comisarías y unidades operativas, y avanzar en obras clave para el sistema penitenciario provincial.
El plan edilicio incluye obras en comisarías de toda la provincia (incluyendo la nueva Comisaría 1º de Viedma) y la ampliación unidades carcelarias. Estas inversiones permitirán modernizar espacios de trabajo, mejorar la capacidad operativa y reforzar la articulación entre las áreas.
La política de equipamiento tecnológico seguirá el camino iniciado en 2024, con la incorporación de cámaras, sistemas de monitoreo inteligente, dispositivos de asistencia y herramientas digitales que permiten optimizar el despliegue. A esto se suma la renovación y ampliación de la flota de vehículos, un componente esencial para garantizar presencia efectiva en ciudades, zonas rurales y rutas provinciales.
El fortalecimiento del sistema penitenciario también forma parte del esquema financiero del año próximo, con obras y mejoras destinadas a ampliar la infraestructura, mejorar espacios de alojamiento y garantizar condiciones seguras tanto para el personal como para las personas privadas de libertad.
«Con esta orientación, el Presupuesto 2026 combina tecnología, infraestructura y recursos humanos para consolidar un modelo provincial de seguridad inteligente, con capacidad de prevención, respuesta rápida y presencia territorial equilibrada en toda la provincia», destacaron desde el Ejecutivo.
Río Negro
VMOS: Llegó el cargamento de módulos y contenedores para el obrador
Trasladó la infraestructura necesaria para el armado del obrador que funcionará como base logística para la próxima etapa constructiva del oleoducto VMOS

El puerto de San Antonio Este recibió al buque CS Fortune, que arribó con 130 módulos habitacionales y 140 contenedores de 40 pies destinados al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). «Cada buque que llega, cada módulo y cada caño descargado, es parte de una provincia que se proyecta al futuro con trabajo, seriedad y decisión», destacó el gobernador Weretilneck.
El CS Fortune, de 182,91 metros de eslora y 28,44 metros de manga, trasladó la infraestructura necesaria para el armado del obrador que funcionará como base logística para la próxima etapa constructiva del oleoducto VMOS. La descarga comenzó a media mañana de este jueves y se terminará hoy, en un rápido operativo coordinado por el equipo técnico de Patagonia Norte.
Este cargamento se suma a los recientes movimientos portuarios vinculados a los grandes proyectos energéticos que confluyen en Río Negro, incluido el arribo de 10.000 toneladas de caños de acero para el gasoducto del GNL, descargados en el mismo puerto días atrás.
Infraestructura clave para las próximas etapas del oleoducto
Los módulos habitacionales permitirán alojar al personal técnico y operativo que trabajará en los nuevos frentes de obra del VMOS, mientras que los contenedores contienen equipamiento, suministros y componentes para complementar la instalación del campamento y la logística asociada al proyecto.
Una vez descargados, los módulos y contenedores serán inventariados, verificados y acopiados temporalmente para su posterior traslado hacia las áreas operativas donde se montará el obrador.
El puerto de SAE se consolida como nodo estratégico
Con este nuevo operativo, el puerto de SAE confirma su rol como puerta de entrada de insumos para los grandes proyectos energéticos vinculados a Vaca Muerta. La terminal rionegrina se ha convertido en un eje logístico central para movilizar equipamiento, cañerías, estructuras y módulos habitacionales, tanto para el oleoducto VMOS como para los proyectos de GNL que avanzan sobre la costa provincial.
En ese sentido, Weretilneck afirmó que «el puerto de SAE se consolida como un nodo estratégico para los grandes proyectos energéticos del país». Además, destacó que «defendemos nuestros recursos, fortaleciendo nuestra infraestructura y asegurando que Río Negro sea protagonista del desarrollo energético nacional».
La combinación de infraestructura, capacidad operativa y la creciente diversificación de cargas energéticas posiciona al puerto como un eslabón clave en la transformación productiva de Río Negro vinculada a la industria hidrocarburífera.
Un nuevo avance para el VMOS
El arribo del CS Fortune marca un paso fundamental en el avance físico del VMOS, que en semanas anteriores alcanzó su última soldadura automática y progresa hacia la fase de montaje de instalaciones complementarias, como el montaje de la playa de tanques. La llegada de estos módulos permitirá acelerar el despliegue del obrador y sostener el ritmo de obra de una de las infraestructuras energéticas más relevantes del país.








