Río Negro
Restablecen el aporte del Estado del 1% para los dos gremios mayoritarios
La ley modifica el actual Estatuto General y Básico del personal de la Administración Pública.
La Legislatura sancionó la ley que modifica el Estatuto General y Básico para el Personal de la Administración Pública rionegrina en su artículo referido al aporte del 1% que debe realizar el estado provincial a los gremios mayoritarios y reconocidos que representan a los estatales.
Los alcances de la modificatoria fueron explicados en Cámara por la legisladora Tania Lastra (JSRN) quien se explayó sobre temas referidos a las organizaciones sindicales, negociaciones colectivas, convenios laborales, otros aspectos gremiales y leyes provinciales vinculados a la cuestión que garantizan a los trabajadores los beneficios que de ellas surgen.
Según la norma, el Poder Ejecutivo y los entes autárquicos o descentralizados deben contribuir con un aporte del 1%, sobre la totalidad de los sueldos del personal amparado por el mencionado Estatuto con destino a las obras sociales de los dos sindicatos correspondiendo a cada uno de ellos el 0,5% de esa masa dineraria, para su aplicación a la prestación de los servicios de obra social, prestaciones mutuales, beneficios sociales, viviendas sociales, formación y capacitación, promoción educativa y cultural que prestan a sus afiliados.
Adhesión a la ley nacional que fija reglas para los vehículos de transporte
Río Negro adhirió hoy a la norma nacional y legislación afín que establece las “Reglas para Vehículos de Transporte” que establece las nuevas modalidades de transporte que se están desarrollando en la República Argentina, con el objeto de sumar el transporte interprovincial de Río Negro al avance en esta materia.
El legislador Leandro Tozzi (JSRN) sostuvo durante el debate los argumentos del expediente elevado por el Ejecutivo a la Legislatura y abundó en algunos aspectos técnicos que se desprenden y demandarán de la regulación y puesta en práctica de esta ley.
El Ejecutivo señaló al presentar el expediente que “la existencia de mercados productivos en Río Negro en aprovechamiento de los recursos con que cuenta el territorio, como la producción frutícola, ganadera, el aprovechamiento y explotación de los recursos renovables y no renovables, entre otras, exigen de la Provincia una regulación que facilite la plena circulación de vehículos”, de acuerdo a las leyes vigentes.
Concluye sus argumentos expresando que “las modificaciones propiciadas encuentran un objetivo común destinado a la ampliación en la capacidad de los vehículos de transporte de carga y la optimización de las condiciones exigidas para su circulación”.
Convenio para garantizar la distribución de gas propano en la Región Sur
La Legislatura avaló hoy la ratificación del acuerdo suscrito entre la Provincia y la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, Sociales y Viviendas El Bolsón Ltda (Coopetel), Capex e YPF, para garantizar la prestación del servicio de distribución de gas propano en Maquinchao, Los Menucos, Ramos Mexía y Sierra Colorada.
La ratificación aprobada hoy tiene como fin continuar con el convenio hasta que se concluyan las obras que se están llevando en la zona, mediante el Plan Gobernador Castello, a través del cual se proveerá gas natural a las localidades de la región sur.
El legislador Miguel Vidal (JSRN) recordó que Coopetel se hizo cargo del servicio por el año 1999, cuando la prestadora Camuzzi Gas del Sur dejó el servicio “porque no era rentable”.
Señaló que desde aquel momento se fueron ratificando sucesivos convenios y que si bien la cooperativa ha podido cumplir durante todo este tiempo, hoy no puede hacerse cargo del servicio por el alto valor del gas.
En este marco, señaló que el gobierno provincial hizo un acuerdo en mayo con las empresas proveedoras de gas propano, para que el Estado pueda respaldar la compra de la materia que se le provee a Coopetel, a través de sus regalías hidrocarburíferas.
El legislador Alejandro Marinao (FPV) adelantó el voto favorable de su bancada y rescató el valor de las cooperativas de la zona en los tiempos de privatizaciones en el país.
Río Negro
Avanzan las tareas de prevención ante posibles crecidas de los ríos del Alto Valle
El encuentro permitió evaluar pronósticos, niveles de embalses, erogaciones y caudales previstos para los próximos 15 días.
Autoridades provinciales, municipales y organismos de seguridad avanzan en la coordinación de acciones preventivas ante eventuales crecidas de los ríos del Alto Valle. En ese marco, este lunes (21/09) se realizó una reunión con referentes de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), durante la cual se analizó el estado de los ríos Limay, Neuquén y Negro.
Durante el encuentro se evaluaron los pronósticos meteorológicos vinculados al fenómeno de El Niño, el volumen actual de los embalses, las erogaciones previstas y la estimación de caudales para los próximos 15 días.
El objetivo fue unificar criterios de monitoreo y respuesta ante eventuales variaciones en los cursos de agua que puedan impactar en las localidades ribereñas.
Del dispositivo preventivo participaron fuerzas de seguridad de la provincia. Entre los presentes estuvieron el jefe de la Unidad Regional V de Cipolletti, Javier Yáñez, y el representante de la Regional de Policía de General Roca, José González.
Los efectivos coordinaron pautas de trabajo junto a Prefectura Naval Argentina, Protección Civil y los cuarteles de Bomberos Voluntarios, con el propósito de fortalecer la logística de patrullaje y asistencia en zonas consideradas vulnerables.
También participaron intendentes de Cinco Saltos, Cordero y Campo Grande, funcionarios del Departamento Provincial de Aguas (DPA) y secretarios de obras públicas municipales.
De esta manera, se consolidó un esquema preventivo unificado para el Alto Valle.
Política
Aporte adicional de $12.347 millones al año para los Municipios rionegrinos
Roca percibirá $608.587.677.
El Gobierno de Río Negro destinará más de $12.347 millones anuales adicionales a 14 municipios a través del convenio de Compensación Financiera Transitoria. A valores iniciales, el esquema representa un aporte provincial de aproximadamente $1.029 millones por mes, financiado con recursos del Tesoro Provincial, sin reducir los fondos que reciben las demás localidades por el régimen vigente de coparticipación.
La medida busca reconocer las diferencias surgidas a partir de la actualización de los datos utilizados para la distribución, manteniendo al mismo tiempo los índices establecidos por la actual Ley de Coparticipación.
De esta manera, la Provincia cubrirá con recursos propios la diferencia correspondiente a los 14 municipios alcanzados por el esquema, mientras los otros 25 continuarán recibiendo los recursos que les corresponden actualmente.
«Tomamos esta decisión porque entendemos que el crecimiento de nuestras ciudades también exige más capacidad de respuesta. Queremos municipios fuertes, con herramientas para sostener servicios, hacer inversiones y acompañar las necesidades de cada comunidad. La Provincia va a hacer ese esfuerzo con recursos propios», señaló el gobernador Alberto Weretilneck.
Los nuevos recursos estarán orientados específicamente a sostener y mejorar servicios públicos esenciales, ejecutar infraestructura asociada a esas prestaciones y adquirir bienes de capital que fortalezcan la capacidad operativa de los municipios. El convenio establece, además, que esos fondos no podrán utilizarse para financiar gastos de personal.
«Esta compensación permite actualizar la distribución sin perjudicar a ningún municipio. Es una decisión de equilibrio y de responsabilidad: reconocer las nuevas realidades de cada localidad, fortalecer la gestión municipal y garantizar que los recursos lleguen donde hoy son necesarios», agregó Weretilneck.
El impacto será concreto en cada localidad. En términos anuales, Cipolletti incorporará $3.832.872.960; San Carlos de Bariloche, $2.350.831.387; General Fernández Oro, $1.796.179.764; El Bolsón, $1.653.996.966; Dina Huapi, $1.071.083.602; Catriel, $464.844.798; Cervantes, $260.679.049; Los Menucos, $194.190.821; General Roca, $608.587.677; Comallo, $37.907.144; Ramos Mexía, $32.121.394; Darwin, $26.851.276; Guardia Mitre, $12.316.523; e Ingeniero Huergo, $4.708.773. Todos los montos expresados corresponden a pesos argentinos.
El esquema tendrá carácter transitorio y contempla actualizaciones semestrales vinculadas a la evolución positiva del IVA y de Ingresos Brutos. Por eso, los $12.347 millones constituyen una proyección anual realizada sobre los montos iniciales: el esfuerzo efectivo del Tesoro Provincial podría incrementarse a medida que se apliquen esas actualizaciones.
Judiciales
Los juicios orales crecieron un 28% en los últimos tres años
477 debates finalizaron con condena, 129 con absolución y 15 registraron resultados mixtos.
La cantidad de juicios orales realizados en el sistema penal de Río Negro aumentó un 28 por ciento entre 2022 y 2025. Durante esos cuatro años se registraron 621 debates. En 2022 se realizaron 137 juicios orales. La cifra pasó a 145 en 2023, a 164 en 2024 y alcanzó los 175 durante 2025.
Los datos también permiten conocer qué tipo de casos llegaron con mayor frecuencia a esta instancia. De los 621 juicios orales registrados en el período, 321 estuvieron vinculados con delitos contra la integridad sexual, categoría que comprende, entre otros, los distintos tipos de abuso sexual. Representaron el 51,7% del total.
Le siguieron los delitos contra la propiedad, categoría que incluye hechos como robos, hurtos, estafas y otros ataques al patrimonio, con 97 juicios.
Otros 78 debates correspondieron a delitos contra las personas, que comprenden hechos como homicidios y lesiones; 53 a delitos contra la libertad, donde se encuentran, entre otros, amenazas, coacciones y privaciones ilegítimas de la libertad; y 49 a delitos contra la administración pública, categoría que reúne conductas que afectan el funcionamiento de los organismos estatales como las desobediencias a una orden judicial.
En cuanto a los resultados, 477 debates finalizaron con condena, 129 con absolución y 15 registraron resultados mixtos.
La información surge de los registros estadísticos de las Oficinas Judiciales y permite analizar la evolución de la actividad penal, identificar tendencias y contar con datos objetivos sobre el funcionamiento del sistema.
