El Gobierno de Río Negro intimó a las empresas Techint, Sacde e YPF que llevan adelante la obra del oleoducto Vaca Muerta Sur para que cumplan con la normativa que exige la contratación de mano de obra local. Luego de una audiencia llevada a cabo hoy, el propio gobernador Alberto Weretilneck aseguró que «si no se respeta el derecho de los trabajadores rionegrinos, la obra no avanzará».

«No puede ser que del total de trabajadores en el obrador de Villa Regina, sólo el 30% fueran rionegrinos. Es una vergüenza que eso suceda y no lo permitiremos», remarcó.

«Que nadie se confunda aquí: el oleoducto se hace respetando a los rionegrinos o no se hace», aseguró el gobernador.

Este jueves se llevó a cabo en Cipolletti una audiencia en la que funcionarios del Gobierno Provincial exigieron a las empresas que llevan adelante la obra el cumplimiento de ley que contempla la contratación de mano de obra rionegrina en un 80% del total de los trabajadores, situación que no viene cumpliendo y que culminó con una medida de fuerza del gremio UOCRA en el obrador ubicado en Villa Regina. De la audiencia participaron la Secretaria de Trabajo, María Martha Aviléz; el Secretario de Relaciones Institucionales, Mario Figueroa; y representantes del consorcio Techint-Sacde y de YPF.

Los funcionarios provinciales exigieron el irrestricto cumplimiento de las normativas vigentes que establecen que el 80% de los trabajadores deben ser rionegrinos, luego de haberse detectado que la gran mayoría de los trabajadores registrados en el obrador ubicado de Villa Regina no son de nuestra provincia.

Asimismo, los emplazaron para cumplir con las distintas normas que hacen al ordenamiento interno en materia de empleo, ya que hasta el momento las empresas no han respetado ciertos parámetros que tienen que ver con la contratación de trabajadores empadronados, así como la realización de acciones inconsultas ante las autoridades provinciales, entre otras irregularidades.

Similar situación se dio en lo que refiere al denominado Compre Rionegrino, que establece la prioridad de los comercios de la provincia a la hora de las compras de bienes y servicios que utilizan las empresas encargadas de la obra.

En este marco, se exigió la inmediata regularización de todas estas situaciones, ya que caso contrario, se tomarán las medidas administrativas necesarias para lograr este objetivo.

Los directivos de las empresas reconocieron la situación de anomalía y se comprometieron a enmendar la situación en un plazo inmediato.

Luego del encuentro, el gobernador Alberto Weretilneck fue tajante al asegurar que «no cederemos ni un centímetro si pretenden vulnerar el derecho de los trabajadores rionegrinos. No vamos a permitir que vengan de otros lugares a ocupar los puestos que le pertenecen a nuestros comprovincianos. Las reglas de juego son claras y las empresas saben que deben cumplirlas. No vamos a dejar que hagan lo que quieran. Esta es una obra que tiene que beneficiar a los rionegrinos, en este caso, los trabajadores de la UOCRA. Seguiremos defendiendo sus derechos y el de todos los habitantes de nuestra provincia».

«Que nadie se confunda aquí: el oleoducto se hace con un mínimo del 80% de trabajadores rionegrinos o no sea hace», aseguró el gobernador.

A través del Decreto N° 133/25, el gobernador Alberto Weretilneck dispuso la convocatoria a Sesiones Extraordinarias de la Legislatura de Río Negro para el próximo viernes (28/02) próximo, a partir de las 8 de la mañana.

Durante la jornada, se tratarán dos proyectos en el marco de la Ley Provincial N° 5.733, de Prórroga de las Concesiones Hidrocarburíferas. El primero ratifica el acuerdo de la Provincia con la empresa Petróleos Sudamericanos SA, y el segundo hace lo propio con esta misma firma y JRC SA.

También se tratará en el recinto el proyecto que modifica la Ley N° 5.777, Código Procesal Civil y Comercial y la Ley N° 5773, Código Procesal Administrativo de la provincia de Río Negro.

Asimismo, se incluyó el tratamiento de la propuesta de designación de Gastón Renda como Superintendente General del Departamento Provincial de Aguas, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 2952.

Orden del día

1. El proyecto de Ley N° 133/2025 que ratifica el Acuerdo celebrado entre la Provincia de Río Negro y la empresa Petróleos Sudamericanos S.A, en el marco de la Ley Provincial N° 5.733 de Prórroga de las Concesiones Hidrocarburíferas ubicadas en la Provincia de Río Negro.
2. El proyecto de Ley N° 134/2025 que ratifica el Acuerdo celebrado entre la Provincia de Río Negro y la empresa Petróleos Sudamericanos S.A y J.R.C S.A en el marco de la Ley Provincial N° 5.733 de Prórroga de las Concesiones Hidrocarburíferas ubicadas en la Provincia de Río Negro.
3. El proyecto de Ley N° 135/2025 que modifica la Ley N°5.777 “Código Procesal Civil y Comercial” y la Ley N° 5773 “Código Procesal Administrativo de la provincia de Río Negro”.

Una mujer sufrió una fractura en el pie izquierdo luego de tropezar sobre una vereda en mal estado en Chichinales. El hecho ocurrió cuando la víctima de 63 años salía de un acto en la Escuela N° 38 de esa localidad. La caída le provocó una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, lo que derivó en un tratamiento médico prolongado que afectó su movilidad. En esas circunstancias presentó una demanda contra el Poder Ejecutivo por daños y perjuicios.

A pesar de los argumentos que esgrimió la defensa, el fuero Contencioso Administrativo de la Segunda Circunscripción con asiento en Roca condenó al Municipio. Ordenó indemnizar a la mujer con una suma que incluye gastos médicos, daño moral y la incapacidad sobreviniente.

En su demanda, la damnificada argumentó que el deterioro de la vereda, la falta de señalización y la escasa iluminación del sector fueron determinantes en el accidente. Además, señaló que el municipio es responsable del mantenimiento de los espacios públicos y que su omisión en la reparación del sendero constituyó una falta de servicio. Solicitó una indemnización de $984.358,72 en concepto de gastos médicos, traslado, incapacidad, daño moral y daño a la integridad física.

La Municipalidad de Chichinales negó los hechos y cuestionó la versión de la adulta mayor. En su defensa, sostuvo que el sendero en cuestión estaba en condiciones aceptables y que, en todo caso, la responsabilidad recaía en el Ministerio de Educación de Río Negro, como frentista del establecimiento educativo. Solicitó la citación del Estado provincial como tercero en el proceso.

Sin embargo, el fallo determinó que el Municipio incumplió su deber de mantenimiento y conservación de la vereda, lo que configuró una falta de servicio. Testigos confirmaron que la vereda presentaba baldosas sueltas, pozos y desniveles desde hacía años. Un peritaje corroboró que la zona carecía de iluminación adecuada y que el sendero no estaba en condiciones seguras para el tránsito peatonal. También se constató que la mujer sufrió una incapacidad parcial y definitiva del 6%, lo que afectó su calidad de vida.

En cuanto a la responsabilidad del Estado provincial, el Poder Judicial de Río Negro rechazó su citación. Consideró que el municipio tenía plena competencia en el control y fiscalización de las veredas. Además, se desestimó la cobertura de la aseguradora Horizonte Seguros, ya que las pólizas contratadas por el Ministerio de Educación no contemplaban la reparación de este tipo de siniestros.

Como consecuencia del fallo, la municipalidad de Chichinales deberá abonar a la mujer una indemnización que incluye $45.000 en concepto de gastos médicos y traslado, $1.954.225,88 por daño físico y $2.000.000 por daño moral. A estas sumas se les aplicarán intereses desde la fecha del hecho hasta el pago efectivo.