El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro confirmó un fallo que ordenó al Ministerio de Salud remover obstáculos administrativos y garantizar la entrega urgente de una prótesis para intervenir quirúrgicamente a un paciente.

El hombre había iniciado una acción de amparo luego de que transcurrieran varios meses sin que se proveyeran los materiales prescriptos por su médico tratante, tras un accidente que le ocasionó una luxación en su hombro. Aunque inicialmente el cuadro no requería una intervención urgente, un nuevo informe médico incorporado al expediente indicó la agravación del cuadro, con riesgo de exposición ósea y afectación de las tareas habituales.

En su recurso, la Fiscalía de Estado sostuvo que no existía arbitrariedad ni ilegalidad en el accionar estatal, y que la acción no era procedente por falta de urgencia. Además, cuestionó el plazo otorgado por la jueza de primera instancia para cumplir con la orden judicial.

Sin embargo, el STJ desestimó esos argumentos. Señaló que el diagnóstico y la necesidad de la prótesis no fueron controvertidos y que la falta de respuesta efectiva por parte del Ministerio de Salud, tanto en sede administrativa como judicial, configuró una omisión antijurídica.

Agregó que no se acreditaron gestiones previas útiles ni avances en el circuito administrativo de compra. Incluso la nota que aludía al inicio del trámite fue posterior al dictado de la sentencia apelada, por lo que no podía ser tenida en cuenta por el fallo inicial.

Asimismo, rechazó el planteo relativo a la brevedad del plazo fijado para cumplir con la entrega del material quirúrgico. Afirmó que no se aportó ninguna información concreta sobre el estado del trámite administrativo.

El fallo recordó que para aplicar el criterio del caso Acuña (un fallo del Superior Tribunal de 2023), «deben esgrimirse y acreditarse formalmente los motivos jurídicamente atendibles que en el caso particular justifican la ampliación del plazo». Es, decir, se deben «demostrar las gestiones útiles y oportunas para el cumplimiento, así como el estado de avance de aquellas, adjuntando copias de lo actuado administrativamente a ese momento, extremos que no surgen en las actuaciones».

Legisladores que integran diferentes comisiones debatieron ayer martes (03/06) una iniciativa orientada a penalizar a los conductores que hayan ocasionado siniestros viales bajo los efectos del alcohol, estupefacientes o por «conductas irregulares graves», exigiéndoles reintegrar al Estado provincial los gastos incurridos en su atención médica, asistencial y en la logística de fuerzas de seguridad y bomberos.

Fernando Frugoni (ARI-Cambiemos), impulsor del proyecto, enfatizó que «lo que se propone es que esos costos que el Estado asume, es decir, toda la sociedad con sus aportes, los pague quien los provocó», y que «quien conduce un vehículo alcoholizado o drogado, o ambos, se haga cargo de los gastos que le provoca al Estado, el despliegue de de la fuerza policial y los bomberos».

El legislador propuso modificaciones a su proyecto original que incluyen la especificación de que los Ministerios de Salud y Seguridad fijarán los costos correspondientes, y la obligatoriedad de realizar capacitaciones en seguridad vial para los infractores.

Ante cuestionamientos de Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos), Frugoni refutó el argumento de que los responsables son siempre «enfermos» adictos, destacando que muchos siniestros son causados por personas que simplemente exceden el consumo ocasional de alcohol y drogas.

Delgado Sempé expresó su preocupación por la «puerta» que podría abrirse para cobrar a los ciudadanos por afecciones autoinducidas, comparando el alcoholismo con la obesidad y «la posibilidad de que se cobre a un obeso por un atracón que lo lleve al Hospital». También cuestionó hasta dónde se extendería esta lógica: «La adicción es una enfermedad, el alcoholismo, las drogas. Digo, ¿hasta dónde lo vamos a abrir?».

Aunque manifestó estar «totalmente de acuerdo» en cobrar a quienes tienen la capacidad económica, expresó su preocupación por los más vulnerables. «La persona que no tiene recursos le está dejando un problemón a la familia también», temiendo que una deuda pueda dejar a las viudas o familias en la calle.

Otros bloques también manifestaron sus reservas y la necesidad de un estudio más profundo. El legislador Ariel Bernatene (UCR) señaló dudas conceptuales, argumentando que las sociedades «generan sus propias patologías» y que las adicciones son «producto del malestar en la cultura». Cuestionó si la ley no sería un «parche» que busca cobrar «dos veces» a los ciudadanos cuando el Estado ya ha fallado en la prevención y la Justicia.

Por su parte, el legislador Pedro Dantas (PJ-Nuevo Encuentro) propuso que la responsabilidad del conductor sea establecida por la «autoridad judicial competente».

La legisladora Yolanda Mansilla Primero Río Negro), desde una perspectiva legal, sugirió que la Provincia debería tener la obligación de presentarse en cada expediente judicial para recuperar los fondos, reconociendo la dificultad de cuantificar ciertos gastos y la imposibilidad de cobrar en muchos casos.

Ante las propuestas de modificación y las diversas dudas planteadas, se resolvió dejar el proyecto en estudio de la comisión.

El gobernador Alberto Weretilneck firmó en Buenos Aires el convenio de intercambio de información con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con el objetivo de facilitar y garantizar la implementación del Régimen Simplificado de Ganancias en la Provincia.

El acuerdo fue firmado con el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos y el director Ejecutivo de ARCA, Juan Pazo. Tiene por objetivo el resguardo y protección de la información vinculada a los consumos personales y a la situación patrimonial de los contribuyentes, garantizando la confidencialidad de los datos.

«Desde Río Negro apostamos a mejorar la coordinación tributaria, simplificar procesos y dar mayor previsibilidad a quienes producen, trabajan e invierten», expresó el gobernador Weretilneck, a través de sus redes sociales. «Este convenio evita la superposición de regímenes de información y busca respetar la privacidad fiscal de los ciudadanos, sin resignar las facultades del Estado», agregó.

A través de esta firma, Río Negro se compromete a no establecer nuevos régimenes de información, que impliquen una carga burocrática y administrativa excesiva en el ciudadano.

Estas acciones van en línea con el objetivo de facilitar que fondos no formalizados por los argentinos a lo largo de décadas, vuelvan a formar parte de la economía formal y de esta manera permitir fondear el sistema bancario para dinamizar el crédito, promover inversiones y generar una mayor recaudación.

«Seguiremos acompañando toda iniciativa que contribuya a construir un sistema más ordenado», sostuvo el mandatario.