Río Negro
Proyectan una nueva ruta por la barda norte rionegrina
Desde Allen a Campo Grande, para alivianar el tránsito de la Ruta 22.
Con el objetivo de acondicionar el territorio para los cambios que generará la explotación de Vaca Muerta, se presentaron los principales proyectos viales. La principal atención estuvo puesta en el diseño de una nueva vialidad por la Barda Norte rionegrina y su articulación con el mapa de rutas neuquino, y en la elaboración de proyectos de ciclovías/bicisendas.
Durante la tarde del martes (13/08) se concretó la segunda reunión del año de la denominada Mesa de Acuerdos Metropolitana, oportunidad en la que Intendentes y Referentes de las provincias de Neuquén y Río Negro analizaron la posibilidad de ejecución de una la vía alternativa de carga pesada y un proyecto de ciclovías/bicisendas; y se adentraron sobre los avances la propuesta de formalización de la RMC.
De esta manera, se avanzó en la elaboración de las condiciones que definen la ejecución de las obras concretas para los Municipios participantes del proyecto, y se abordaron cuestiones relativas a los estudios necesarios para el diseño de la nueva vialidad por la Barda Norte de los municipios rionegrinos y su articulación con el mapa de rutas neuquino.
Este proyecto puntual, propone un trayecto que una Allen-Cipolletti-Campo Grande con el objetivo de alivianar el tránsito de la Ruta Nº 22 y contribuir a conducir de manera adecuada el incremento de tránsito de carga que se estima generará la explotación de Vaca Muerta.
En la ocasión, la secretaria de Programas Especiales y Enlace con CFI, Laura Perilli, destacó el funcionamiento de la mesa de acuerdos a nivel regional frente al desafío que implica adaptar y acondicionar el territorio zonal de acuerdo al impacto de Vaca Muerta.
“Este espacio cuestión imprescindible para ambas provincias y para todos los municipios que de alguna forma van a estar recibiendo el impacto poblacional que acarreará el desarrollo de Vaca Muerta”, indicó, y aseguró que serán las provincias las deberán dar respuesta a todos los requerimientos logísticos y de desarrollo de servicios.
“Que todos los que tienen que tomar las decisiones políticas respecto al futuro de la región hoy ya estén sentados y pensando de manera conjunta me parece por demás relevante”, aseguró la funcionaria, y adelantó que hay incluir en la propuesta al conjunto de los sectores públicos y privados. “Hay mucho para ampliar, pero este primer paso que estamos dando las gestiones provinciales y locales en la conformación de esta mesa de acuerdos estratégicos, resulta elemental”.
Respecto a la instancia de institucionalización se expusieron las alternativas legales/administrativas que permitirán la institucionalización del espacio. “La idea es darle un marco legal de organización con vistas a la planificación de todo el territorio de la Región Confluencia alimentando posibilidades de consolidación en una organización que se sustente en el consenso y equidad entre todos los actores”, culminó.
El encuentro contó con la participación de los intendentes de la Región Metropolitana Confluencia y de referentes de Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE) y de la Secretaría de Programas Especiales de Río Negro, y de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE), y COPADE de Neuquén.
Se recuerda que La RMC se conformó, a efectos del diseño del Plan de Ejecución Metropolitano (PEM), que requería el programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior II (DAMI) financiado por el BID.
Policiales
En los últimos días, la Policía detuvo a 7 personas por hechos de violencia de género
Fue en diferentes operativos realizados en Allen, Regina y Mainqué.
En una serie de intervenciones llevadas a cabo entre el 8 y el 13 de agosto pasados, personal policial de distintas dependencias de la Unidad Regional 2° logró impedir que varios episodios de violencia de género e intrafamiliar escalaran, deteniendo a 7 personas en las ciudades de Allen, Villa Regina y Mainqué.
El primer procedimiento ocurrió en Allen el viernes (8/08), cuando efectivos de la Comisaría 33° detuvieron a un hombre que, pese a tener una prohibición de acercamiento vigente, fue sorprendido merodeando la vivienda de su ex pareja.
Al día siguiente (9/08), en la misma ciudad, personal de la Comisaría 6° arrestó a un sujeto que había provocado destrozos en la casa de sus padres y que, al ser identificado, intentó agredir a los uniformados con un objeto metálico en forma de T. El domingo (10/08), nuevamente en Allen, otro hombre fue detenido horas después de recibir la notificación de una medida de alejamiento, al presentarse en el domicilio de la víctima.
Ese mismo día, en Villa Regina, efectivos de la Comisaría 5° aprehendieron a dos mujeres que se encontraban en una vivienda sobre la que pesaba una restricción judicial.
En Mainqué, la Subcomisaría 66° detuvo a un hombre denunciado por desobediencia reiterada, tras ser sorprendido siguiendo a una mujer con medida cautelar vigente.
Finalmente, el miércoles (13/08), la Comisaría 6° de Allen arrestó a un joven acusado de amenazar con un arma blanca a su madre y agredir a su hermano. Todas las actuaciones fueron informadas de inmediato a las Fiscalías correspondientes, que dispusieron la continuidad de las medidas procesales.
Judiciales
El STJ rechazó habeas corpus por la intensificación de requisas tras hallazgos de drogas en un Penal de Río Negro
Ordenó al Servicio Penitenciario Provincial que elabore en un plazo de 15 días nuevos protocolos de actuación con base en estándares internacionales.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó formalmente una acción de habeas corpus que denunció un agravamiento de las condiciones de detención en la Unidad Penal Nº 5 de Cipolletti, en particular por las requisas a visitantes. No obstante, ordenó al Servicio Penitenciario Provincial que elabore en un plazo de 15 días nuevos protocolos de actuación con base en estándares internacionales.
El STJ evaluó la situación y concluyó que no existía un motivo suficiente para cambiar la regla que ya tenía establecida: que los casos individuales deben ser atendidos por el juez de Ejecución.
La acción fue promovida por el Observatorio de Derechos Humanos a raíz de múltiples denuncias sobre el trato recibido por familiares de personas detenidas. Las personas accionantes reclamaron el cese inmediato de las requisas a las visitas de los internos.
El STJ valoró un informe presentado por el Comisario Lucas Matamala, responsable de la Unidad Penal, quien explicó que durante julio y agosto de 2025 se incrementaron los casos de hallazgos de elementos ocultos durante las visitas, en su mayoría estupefacientes. Señaló que tales situaciones activaron una investigación de la Fiscalía Federal de Primera Instancia y que, ante esos indicios, se intensificaron las requisas.
En ese contexto, la Unidad Penal implementó escáneres corporales como recurso adicional de control. Según el informe, las requisas más minuciosas se aplicaron únicamente cuando existieron indicios concretos, siempre bajo intervención de personal capacitado y respetando parámetros legales. Se sostuvo que no se realizaron inspecciones invasivas a niños y que en casos de personas mayores o con problemas de salud se priorizó un trato diferenciado.
La respuesta oficial también afirmó que el personal de requisas recibió formación en técnicas de registro y principios de derechos humanos, que las inspecciones se efectuaron por personal del mismo sexo y en espacios higiénicos, y que no hubo contacto físico entre los agentes y las personas que visitaron a los internos.
La Procuración General dictaminó que el habeas corpus colectivo no encuadró en los supuestos previstos por el Código Procesal Constitucional y que las situaciones descriptas no lograron acreditar un carácter general que habilitara esta vía procesal. Consideró que cada hecho debe tratarse ante el juez natural de la causa, quien detenta el control jurisdiccional sobre la ejecución de la pena. Sobre la base de esos argumentos se expidió por el rechazo del habeas corpus.
El STJ sostuvo esa misma línea. Señaló que en casos anteriores ya se había establecido que esta vía excepcional no puede desplazar sin justificación a los magistrados que tienen a su cargo la ejecución de las penas. Recordó que los jueces provinciales deben velar por los derechos de las personas privadas de la libertad, condenadas o con prisión preventiva.
En los fundamentos del fallo, el STJ subrayó que no se presentó ningún elemento que justificara un apartamiento de esa doctrina. Afirmó que existe un cauce judicial idóneo para atender las situaciones denunciadas, sin que se acredite la necesidad de recurrir al habeas corpus.
No obstante, el tribunal decidió instar a las autoridades penitenciarias a que en un plazo de 15 días elaboren y formalicen los protocolos de actuación, en línea con los instrumentos internacionales mencionados en la presentación.
Judiciales
Compró un celular y le cobraron ocho: Un banco y una empresa financiera deberán indemnizarlo
Le devolvieron el dinero y además, deberán pagar una multa civil.
Un cliente de Cipolletti adquirió un teléfono móvil a través de internet, pero en el resumen de su tarjeta aparecieron cargados siete equipos adicionales que no recibió. Aunque intentó concretar la operación en reiteradas oportunidades y finalmente pudo comprar solo un dispositivo, en su cuenta bancaria se le descontaron indebidamente las cuotas de ocho operaciones en total.
En un primer momento, el hombre intentó realizar la compra en una tienda virtual utilizando una tarjeta Visa Platinum emitida por una entidad bancaria. Según explicó posteriormente, debió repetir la transacción varias veces debido a sucesivos rechazos de la plataforma virtual. Finalmente logró adquirir solo un equipo móvil, pero en el resumen de cuenta siguiente figuraron ocho compras efectuadas en cuotas.
Inmediatamente, el cliente hizo reclamos ante el banco y la empresa emisora de tarjetas de crédito, Prisma Medios de Pago S.A.U., pero no obtuvo una solución. Frente a la persistencia de los cobros mensuales indebidos, inició una denuncia administrativa ante la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro, organismo competente en defensa de los consumidores.
Luego del trámite administrativo, la Agencia de Recaudación Tributaria sancionó tanto al Banco BBVA Argentina S.A. como a Prisma Medios de Pago S.A.U. Ordenó que se devolviera al consumidor el monto que le habían descontado incorrectamente.
Sin embargo, las empresas cuestionaron la sanción administrativa mediante diversos recursos, pero estos fueron rechazados. La Agencia de Recaudación Tributaria confirmó entonces la sanción económica impuesta y el resarcimiento al afectado.
El cliente decidió entonces recurrir al fuero Civil de Cipolletti para ampliar su reclamo por daños y perjuicios contra ambas compañías. En su demanda solicitó una indemnización por daño moral, como así también una multa civil (daño punitivo), debido a lo que consideró una conducta abusiva por parte de las empresas.
Luego de analizar el caso, el Poder Judicial determinó la responsabilidad solidaria de Banco BBVA Argentina S.A. y Prisma Medios de Pago S.A.U. por haber efectuado descuentos injustificados en el resumen de la tarjeta del cliente. En consecuencia, las condenó a pagar una suma en concepto de multa civil y otra por daño moral. El fallo resaltó que las empresas prolongaron indebidamente la situación y no brindaron una solución rápida al ciudadano afectado.
Además, la sentencia resolvió que las empresas deberán pagar al cliente una actualización de intereses sobre el daño directo, desde el momento en que la Agencia de Recaudación Tributaria emitió su resolución inicial hasta la fecha efectiva del pago.
