Judiciales
Caso Sofía: Modificaron la acusación para el padrastro y la madre
Actualmente ambos están con prisión preventiva.
El fiscal jefe Andrés Nelli, la fiscal del caso Belén Calarco, y la asistente letrada Victoria Bou Abdo reformularon cargos hoy contra el hombre y la mujer acusados de los delitos que el 4 de febrero pasado provocaron la muerte de una nena de tres años.
“En base a la prueba producida hasta el momento, la teoría del caso de la Fiscalía se ha afianzado y toma el rumbo que hoy explicitamos en la audiencia, todo a los fines de re-encuadrar los delitos cometidos por la madre de la nena y su padrastro”, dijo Calarco.
Los hechos
Es así que los hechos que se les imputó hoy sucedieron, según la Fiscalía, “en Lamarque, durante octubre de 2018 y posteriormente, en el domicilio familiar. Duraron hasta que la niña fue ingresada al hospital de Lamarque el 1 de febrero, falleciendo en el Sanatorio Juan XXIII en Roca 3 días después”, comenzó explicando la fiscal.
“En esas circunstancias, es que los imputados, en forma conjunta e individualmente -con conocimiento y anuencia del otro- ejercieron maltrato físico y psicológico, contínuo y sistemático contra la niña”.
Además, el hombre abusó sexualmente de la nena, en varios oportunidades, aprovechando su calidad de guardador y conviviente, sin oposición de la madre, y a consecuencia de ello, la niña contrajo “trichomonas vaginalis”.
“Lo anterior violó la resolución de la Jueza de Paz de Lamarque dictada el 16 de octubre de 2018 por la que les ordenó a ambos imputados la prohibición de realizar actos que comprometan el adecuado desarrollo físico, emocional o cualquier otra violación de los derechos de los niños y niñas, medida dictada para resguardar tanto a la niña fallecida como a sus dos hermanitos”, describió Calarco.
Se agrega a lo anterior, que al momento de su detención, la madre de la niña tenía en su poder 18 fotos de contenido explícito de pornografía infantil almacenadas en su celular, tal como pudo constatar la pericia realizada por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) del Ministerio Público.
La Fiscalía además proporcionó el dato de que entre el 26 y el 31 de enero de este año, tanto el padrastro como su madre le dieron a la nena golpes en la zona abdominal que fue el punto de partida de la peritonitis sufrida.
“Esto derivó en un síndrome de disfunción multiorgánica por shock séptico y que produjo su muerte. La niña no fue asistida ni por su madre ni por el hombre, pese a que por varios días presentó dolor abdominal, vómitos y fiebre. No la llevaron inmediatamente a un centro de salud, y a consecuencia de todo este devenir descripto es que abandonaron a la nena a su suerte, y por dicho abandono, es que falleció”.
Calificación legal propuesta por el Ministerio Público Fiscal
Para el hombre: “lesiones leves calificadas por un hombre contra una mujer, en el marco de violencia de género, reiteradas en un número indeterminado de veces, como autor; abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización reiterado doblemente calificado por el vínculo y por la convivencia preexistente con un menor de 18 años, como autor; corrupción de menores agravada por la edad de la víctima, por mediar violencia física, por ser el autor persona conviviente y guardador de la víctima, como autor, y en concurso ideal con la figura anterior; desobediencia a una orden judicial, autor; abandono de persona seguida de muerte, como co-autor; todo en concurso real.
Para la madre de la niña la Fiscalía propuso la siguiente calificación legal de los hechos: “lesiones leves calificadas por el vínculo reiteradas en un número indeterminado de veces, autora; abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización reiterado doblemente calificado por el vínculo y por la convivencia preexistente con un menor de 18 años, partícipe necesario; corrupción de menores agravada por la edad de la víctima, por mediar violencia física, por ser el autor persona conviviente y ascendiente de la niña, como partícipe necesario; en concurso ideal con la figura anterior; desobediencia a una orden judicial, como autora; abandono de persona seguida de muerte calificado por el vínculo, como co-autora; tenencia ilegal de pornografía infantil agravada por la edad de las víctimas, como autora. Todo en concurso real”.
Resolución
Tras no tener objeciones formales de los defensores penales públicos, Oscar Mutchinick, que asiste a la mujer, y Miguel Salomón que defiende al hombre, el Juez de Garantías interviniente en la audiencia de hoy, Maximiliano Camarda tuvo por formulados los cargos tal como los verbalizó la fiscal Calarco.
Asimismo resolvió, luego del pedido fiscal, prorrogar el plazo de la investigación preliminar preparatoria por el plazo de dos meses, ya que “no han llegado aún ciertos informes de suma importancia para el legajo y debemos tomar muestras biológicas a los imputados”.
Cabe recordar que ambos imputados están cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva desde febrero pasado, momento en que a un día del fallecimiento de la menor, el Ministerio Público Fiscal les formuló cargos.
Judiciales
Caso House Vial: El Sindicato de Trabajadores Viales debe pagarle el valor actualizado del terreno
Ya fueron condenados a más de 10 años de prisión los acusados de 586 hechos de estafa, Carlos Sansuerro y Carlos Iturburu.
Una ola de estafas con promesas de viviendas afectó a cientos de personas en la provincia entre los años 2006 y 2008. La misma se conoció como el caso House Vial. Hubo víctimas, principalmente, en Roca y en Villa Regina. Por aquellos hechos, después de complejos procesos en el fuero penal, Carlos Sansuerro y Carlos Iturburu fueron condenados a más de 10 años de prisión efectiva por la gran acumulación de expedientes. Uno de ellos era el presidente del Sindicato de Trabajadores Viales (Sansuerro), entidad que promocionó la venta y construcción de las casas.
Un reciente fallo de la Cámara Civil de Roca confirmó una sentencia de primera instancia que condenó al Sindicato a devolver a una mujer de Villa Regina el valor del terreno que compró en 2006 y que jamás le entregaron. La condena incluye los intereses moratorios y la actualización del precio del lote por la inflación.
La señora había cancelado con $9.000 de contado el valor de su terreno. El contrato decía que en 36 meses, vía convenio con IPPV, el gremio le iba a construir la casa. De no cumplirse ese plazo, una cláusula comprometía al sindicato a entregar el terreno con escritura a la compradora para que ella sea libre de disponer de él.
El plazo venció, la casa no se hizo y tampoco le devolvieron el lote a la mujer. Para ese entonces, su reclamo por la vía civil quedó condicionado a lo que se definiera en la causa penal, por lo que el juicio por la recuperación de su terreno debió quedar en suspenso. Finalmente en 2016 quedó firme la condena penal contra el presidente del Sindicato por las 102 víctimas de Villa Regina, entre las cuales estaba la señora.
En 2011 el IPPV asumió la construcción de las casas y finalmente en 2015 las terminó y las adjudicó. Pero mientras se levantaban las construcciones, la mujer se casó con un hombre que ya era propietario de un terreno. Por tener esa propiedad, al momento de las adjudicaciones ella ya no «calificaba» para vivienda única y no fue beneficiaria.
Contrato incumplido
Agotadas todas las intimaciones previas y una mediación fallida, la mujer inició una demanda contra el Sindicato de Trabajadores Viales. Le reclamó «el valor del terreno que en su momento adquirió, con más intereses y costas».
En su defensa, el sindicato, con nuevas autoridades, negó cualquier responsabilidad por los hechos delictivos cometidos por el presidente anterior y desconoció la existencia de cualquier tipo de contrato con la mujer. Luego reconoció que el contrato existía pero alegó cuestiones formales para negar validez al reclamo de la señora.
El fallo Civil de primera instancia de Villa Regina condenó al sindicato y ahora la Cámara de Apelaciones de Roca confirmó la decisión. El Tribunal de Apelación rechazó cada uno de los agravios con los que se defendió el sindicato y confirmó la indemnización, actualizada por inflación y con la acumulación de intereses moratorios.
Judiciales
Quedó firme la perpetua por el femicidio de Marisa Galdame
Pedro Rafael Acuña ya estaba detenido desde que cometió el hecho.
La condena de prisión perpetua contra el autor del femicidio de Marisa Galdame quedó firme esta semana. El imputado, Pedro Rafael Acuña, no apeló el veredicto del jurado popular ni la imposición de pena que hizo la jueza del caso.
El 8 de agosto pasado el jurado ciudadano condenó a Acuña como autor del delito de homicidio doblemente agravado: por la relación de pareja que lo unió con la víctima y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género. El tribunal popular, por unanimidad, consideró que la fiscalía y la familia de la víctima, que fue querellante en la causa, habían demostrado sin lugar a dudas la responsabilidad del acusado.
El 25 de octubre, la jueza que dirigió el juicio, Verónica Rodríguez, le impuso a Acuña la pena de prisión perpetua, que es la única que admite el Código Penal Argentino para ese delito.
Durante todo el proceso el imputado estuvo detenido con prisión preventiva. Ahora, al quedar firme la condena, esa detención se convierte en cumplimiento efectivo de la pena. El nuevo estado procesal implica la derivación de las actuaciones al Juzgado de Ejecución N° 10 de Roca, que a partir de la firmeza tiene a su cargo todos los trámites relacionados con el cumplimiento de la condena.
El 13 de noviembre se realizó el cómputo de tiempos de detención para remitir esa información al juez de Ejecución. Ese día se precisó que Acuña llevaba un año y 15 días detenido, es decir, desde que ocurrió el femicidio.
El informe también precisó que de acuerdo con el artículo 56 bis de la Ley de Ejecución de Penas, al hombre no le corresponderán los beneficios de libertad asistida ni libertad condicional. Eso se debe a que en 2017 se modificó esa Ley y se establecieron, entre otras excepciones, que «no podrán otorgarse los beneficios comprendidos en el período de prueba a los condenados por (…) homicidios agravados previstos en el artículo 80 del Código Penal», entre los cuales están el femicidio y el homicidio agravado por el vínculo.
El femicidio ocurrió en Allen la madrugada del 30 de octubre de 2023, en la vivienda que compartía la pareja con sus dos hijos. Marisa Galdame, de 30 años, murió como consecuencia de múltiples puñaladas. El episodio finalizó cuando Acuña se autolesionó con el mismo cuchillo. Una vez recuperado de esas heridas se le imputaron los cargos. El jurado popular, por unanimidad, lo declaró culpable tras un juicio que duró tres días.
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Compensación económica: En medio del divorcio prometió construirle una vivienda a su ex esposa
Dividirán un terreno a la mitad y en el plazo de 3 años, debe finalizar la construcción de la casa ubicada en ese inmueble.
Dos personas que se divorciaron en Cipolletti acordaron una compensación económica en medio de la división de bienes. El ex esposo se comprometió a ceder el 50% de un lote y a terminar la construcción de una vivienda en ese sitio. Ella, a su vez, le permitirá exportar un local comercial por el plazo de 10 años. La jueza de Familia homologó el acuerdo, como solución al conflicto conyugal.
En medio de la división de bienes, la mujer, quien demandó una compensación económica, y el hombre alcanzaron un entendimiento para distribuir los bienes adquiridos durante su matrimonio y resolver la situación económica tras la disolución del vínculo.
El acuerdo establece que el hombre cederá el 50% de un inmueble en Cipolletti y finalizará la construcción de la vivienda ubicada en el terreno. En cuanto a la obra, ambas partes acordaron detalles específicos de terminaciones y calidad de los materiales, con un plazo de 3 años para su finalización.
Además, una vez completada la vivienda, el hombre podrá explotar un local comercial en el mismo terreno por un periodo de 10 años sin pago de canon, plazo tras el cual cederá el uso y la propiedad del local a su ex esposa.
Asimismo, el hombre asumió la obligación de pagar una suma mensual equivalente al salario mínimo vital y móvil hasta que la mujer pueda habitar la vivienda.
La jueza de Familia, al homologar este acuerdo, dio por finalizada la disputa entre las partes en relación con la compensación económica y la división de bienes.
¿Qué es la compensación económica?
La compensación económica en el Código Civil y Comercial de la Nación es un derecho que uno de los cónyuges o convivientes puede solicitar cuando, luego de la ruptura de una relación conyugal o de convivencia, su situación económica se ve significativamente desmejorada en comparación con la que tenía durante la relación. Este resarcimiento busca equilibrar las diferencias económicas generadas por los roles asumidos en la pareja y puede otorgarse en dinero, bienes o el uso de un inmueble.
El artículo 441 establece que procede cuando el divorcio produce un «desequilibrio manifiesto» que causa un empeoramiento en las condiciones de vida de una de las partes y que este deterioro guarde relación con la vida compartida. El objetivo de la compensación es que la persona afectada no sufra un perjuicio económico desproporcionado como consecuencia de la separación o divorcio.
Para determinar su monto y forma de pago, el juez o jueza considera factores como la duración de la relación, el trabajo y las contribuciones de cada cónyuge o conviviente a la vida familiar, la edad y el estado de salud de la persona que solicita la compensación, entre otros. La compensación se puede otorgar de manera única o en cuotas, y puede consistir en dinero, bienes, usufructo de propiedades, etc.
