Río Negro
«Los cambios en IPROSS son positivos, pero tienen que hacerse generando el menor impacto a los afiliados»
La Defensora del Pueblo Adriana Santagati realiza diferentes acciones a partir de los cambios implementados en la obra social provincial.
Ante las quejas planteadas por los afiliados al IPROSS, a partir de inconvenientes surgidos por la implementación del nuevo Programa de Acceso a Medicamentos, la Defensora del Pueblo Adriana Santagati se reunió el pasado jueves (10/10) con el presidente de la obra social, Claudio Di Tella , para evaluar la situación y despejar las dudas formuladas por los propios afiliados. Previamente, asesores del organismo estuvieron en los consultorios de IPROSS Salud y en la Delegación de Viedma, donde tomaron reclamos y escucharon las quejas de los afiliados mientras esperaban para ser atendidos.
En la oportunidad, Santagati subrayó que “los cambios propuestos son positivos pero tienen que hacerse generando el menor impacto a los afiliados”.
La Defensora indicó que en la reunión mantenida con Di Tella, de la que también participó la Vocal Gubernamental Andrea Escudero, se analizó la necesidad de «implementar transitoriamente un mecanismo para que el afiliado pueda comprar sus medicamentos con el descuento que corresponde en los casos de planes especiales y patologías crónicas, hasta tanto haya cumplido con el trámite de reempadronamiento y teniendo en cuenta que los afiliados tienen tiempo de realizar el trámite hasta el 31 de diciembre».
«Todos los cambios estructurales son traumáticos pero si miro a largo plazo no puedo estar en contra de los objetivos del programa que implica el control de los recursos, por parte de la Obra Social, lo que va a redundar a favor de todos», agregó.
Señaló que «la denuncia penal que involucra al Colegio de Farmacéuticos en una millonaria estafa contra el IPROSS, precipitó estos cambios que buscan resolver diferentes irregularidades y el grave perjuicio a la obra social».
«No menos importante son las irregularidades detectadas por las actuales autoridades. Existen casos en los que los afiliados estaban percibiendo el beneficio de paciente crónico y no tienen patología que lo acredite o casos de afiliados que facilitan la obra social para la compra de medicamentos a otras personas que no son afiliados», indicó Santagati.
«Nos preocupa que el afiliado responsable tenga que pasar por estas incomodidades, teniendo en cuenta que nos referimos a temas de salud y en muchos casos, muy delicados, por eso conversamos sobre algunas modificaciones para que el procedimiento resulte más sencillo», manifestó la defensora del pueblo.
Entre las sugerencias realizadas, Santagati propuso que el formulario para pacientes crónicos pueda descargarse opcionalmente desde la página web de la obra social, intensificar la difusión de información clara y precisa respecto a los cambios implementados, y para el caso de patologías crónicas, implementar un procedimiento que permita al afiliado comprar su medicamento sin tener que ir todos los meses al médico para que se lo receten.
El presidente de IPROSS comentó sobre instructivo simple para facilitar el reempadronamiento que ya está siendo difundido y sobre la extensión horaria de 15 a 19 horas en las Delegaciones de Viedma y Roca. Además se analizará durante la semana próxima hacerlo extensivo en otras localidades.
¿Quienes deben empadronarse?
Afiliados/as con patologías crónicas, diabetes, epilepsia, discapacidad (con Certificado único de Discapacidad) y oncológicos (para tratamiento ambulatorio del dolor)
¿Qué documentación deben presentar?
1) Retirar en la delegación el formulario de empadronamiento.
2) Hacer completar el formulario por el médico de cabecera.
3) Presentar el formulario completo junto con los estudios respaldatorios y o historia clínica.
¿Hasta cuando hay tiempo para empadronarse?
Hay tiempo hasta el 31 de diciembre de 2019.
Policiales
En los últimos días, la Policía detuvo a 7 personas por hechos de violencia de género
Fue en diferentes operativos realizados en Allen, Regina y Mainqué.
En una serie de intervenciones llevadas a cabo entre el 8 y el 13 de agosto pasados, personal policial de distintas dependencias de la Unidad Regional 2° logró impedir que varios episodios de violencia de género e intrafamiliar escalaran, deteniendo a 7 personas en las ciudades de Allen, Villa Regina y Mainqué.
El primer procedimiento ocurrió en Allen el viernes (8/08), cuando efectivos de la Comisaría 33° detuvieron a un hombre que, pese a tener una prohibición de acercamiento vigente, fue sorprendido merodeando la vivienda de su ex pareja.
Al día siguiente (9/08), en la misma ciudad, personal de la Comisaría 6° arrestó a un sujeto que había provocado destrozos en la casa de sus padres y que, al ser identificado, intentó agredir a los uniformados con un objeto metálico en forma de T. El domingo (10/08), nuevamente en Allen, otro hombre fue detenido horas después de recibir la notificación de una medida de alejamiento, al presentarse en el domicilio de la víctima.
Ese mismo día, en Villa Regina, efectivos de la Comisaría 5° aprehendieron a dos mujeres que se encontraban en una vivienda sobre la que pesaba una restricción judicial.
En Mainqué, la Subcomisaría 66° detuvo a un hombre denunciado por desobediencia reiterada, tras ser sorprendido siguiendo a una mujer con medida cautelar vigente.
Finalmente, el miércoles (13/08), la Comisaría 6° de Allen arrestó a un joven acusado de amenazar con un arma blanca a su madre y agredir a su hermano. Todas las actuaciones fueron informadas de inmediato a las Fiscalías correspondientes, que dispusieron la continuidad de las medidas procesales.
Judiciales
El STJ rechazó habeas corpus por la intensificación de requisas tras hallazgos de drogas en un Penal de Río Negro
Ordenó al Servicio Penitenciario Provincial que elabore en un plazo de 15 días nuevos protocolos de actuación con base en estándares internacionales.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó formalmente una acción de habeas corpus que denunció un agravamiento de las condiciones de detención en la Unidad Penal Nº 5 de Cipolletti, en particular por las requisas a visitantes. No obstante, ordenó al Servicio Penitenciario Provincial que elabore en un plazo de 15 días nuevos protocolos de actuación con base en estándares internacionales.
El STJ evaluó la situación y concluyó que no existía un motivo suficiente para cambiar la regla que ya tenía establecida: que los casos individuales deben ser atendidos por el juez de Ejecución.
La acción fue promovida por el Observatorio de Derechos Humanos a raíz de múltiples denuncias sobre el trato recibido por familiares de personas detenidas. Las personas accionantes reclamaron el cese inmediato de las requisas a las visitas de los internos.
El STJ valoró un informe presentado por el Comisario Lucas Matamala, responsable de la Unidad Penal, quien explicó que durante julio y agosto de 2025 se incrementaron los casos de hallazgos de elementos ocultos durante las visitas, en su mayoría estupefacientes. Señaló que tales situaciones activaron una investigación de la Fiscalía Federal de Primera Instancia y que, ante esos indicios, se intensificaron las requisas.
En ese contexto, la Unidad Penal implementó escáneres corporales como recurso adicional de control. Según el informe, las requisas más minuciosas se aplicaron únicamente cuando existieron indicios concretos, siempre bajo intervención de personal capacitado y respetando parámetros legales. Se sostuvo que no se realizaron inspecciones invasivas a niños y que en casos de personas mayores o con problemas de salud se priorizó un trato diferenciado.
La respuesta oficial también afirmó que el personal de requisas recibió formación en técnicas de registro y principios de derechos humanos, que las inspecciones se efectuaron por personal del mismo sexo y en espacios higiénicos, y que no hubo contacto físico entre los agentes y las personas que visitaron a los internos.
La Procuración General dictaminó que el habeas corpus colectivo no encuadró en los supuestos previstos por el Código Procesal Constitucional y que las situaciones descriptas no lograron acreditar un carácter general que habilitara esta vía procesal. Consideró que cada hecho debe tratarse ante el juez natural de la causa, quien detenta el control jurisdiccional sobre la ejecución de la pena. Sobre la base de esos argumentos se expidió por el rechazo del habeas corpus.
El STJ sostuvo esa misma línea. Señaló que en casos anteriores ya se había establecido que esta vía excepcional no puede desplazar sin justificación a los magistrados que tienen a su cargo la ejecución de las penas. Recordó que los jueces provinciales deben velar por los derechos de las personas privadas de la libertad, condenadas o con prisión preventiva.
En los fundamentos del fallo, el STJ subrayó que no se presentó ningún elemento que justificara un apartamiento de esa doctrina. Afirmó que existe un cauce judicial idóneo para atender las situaciones denunciadas, sin que se acredite la necesidad de recurrir al habeas corpus.
No obstante, el tribunal decidió instar a las autoridades penitenciarias a que en un plazo de 15 días elaboren y formalicen los protocolos de actuación, en línea con los instrumentos internacionales mencionados en la presentación.
Judiciales
Compró un celular y le cobraron ocho: Un banco y una empresa financiera deberán indemnizarlo
Le devolvieron el dinero y además, deberán pagar una multa civil.
Un cliente de Cipolletti adquirió un teléfono móvil a través de internet, pero en el resumen de su tarjeta aparecieron cargados siete equipos adicionales que no recibió. Aunque intentó concretar la operación en reiteradas oportunidades y finalmente pudo comprar solo un dispositivo, en su cuenta bancaria se le descontaron indebidamente las cuotas de ocho operaciones en total.
En un primer momento, el hombre intentó realizar la compra en una tienda virtual utilizando una tarjeta Visa Platinum emitida por una entidad bancaria. Según explicó posteriormente, debió repetir la transacción varias veces debido a sucesivos rechazos de la plataforma virtual. Finalmente logró adquirir solo un equipo móvil, pero en el resumen de cuenta siguiente figuraron ocho compras efectuadas en cuotas.
Inmediatamente, el cliente hizo reclamos ante el banco y la empresa emisora de tarjetas de crédito, Prisma Medios de Pago S.A.U., pero no obtuvo una solución. Frente a la persistencia de los cobros mensuales indebidos, inició una denuncia administrativa ante la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro, organismo competente en defensa de los consumidores.
Luego del trámite administrativo, la Agencia de Recaudación Tributaria sancionó tanto al Banco BBVA Argentina S.A. como a Prisma Medios de Pago S.A.U. Ordenó que se devolviera al consumidor el monto que le habían descontado incorrectamente.
Sin embargo, las empresas cuestionaron la sanción administrativa mediante diversos recursos, pero estos fueron rechazados. La Agencia de Recaudación Tributaria confirmó entonces la sanción económica impuesta y el resarcimiento al afectado.
El cliente decidió entonces recurrir al fuero Civil de Cipolletti para ampliar su reclamo por daños y perjuicios contra ambas compañías. En su demanda solicitó una indemnización por daño moral, como así también una multa civil (daño punitivo), debido a lo que consideró una conducta abusiva por parte de las empresas.
Luego de analizar el caso, el Poder Judicial determinó la responsabilidad solidaria de Banco BBVA Argentina S.A. y Prisma Medios de Pago S.A.U. por haber efectuado descuentos injustificados en el resumen de la tarjeta del cliente. En consecuencia, las condenó a pagar una suma en concepto de multa civil y otra por daño moral. El fallo resaltó que las empresas prolongaron indebidamente la situación y no brindaron una solución rápida al ciudadano afectado.
Además, la sentencia resolvió que las empresas deberán pagar al cliente una actualización de intereses sobre el daño directo, desde el momento en que la Agencia de Recaudación Tributaria emitió su resolución inicial hasta la fecha efectiva del pago.
