Una pareja de San Antonio suscribió un contrato con la empresa AZ Construcciones, con sede en Viedma, para la adquisición de una vivienda prefabricada para instalar en el Puerto. Entregaron el anticipo y pagaron la primera cuota, como estipulaba el contrato, pero la obra nunca comenzó.

Los planos de la casa contaban con un dormitorio y 30 metros cuadrados. Para afrontar la compra de la vivienda, utilizaron la totalidad de sus ahorros familiares. Según la cláusula cuarta del contrato, “el vendedor debía entregar la vivienda a los 90 días de haberse abonado la totalidad del anticipo y terminado el contrapiso correspondiente”. Sin embargo, nada de esto ocurrió.

Los representantes de la empresa jamás se presentaron a realizar el contrapiso ni respondieron a sus llamadas. A ello se sumó que la contadora de la empresa les informó que «no estaban incorporados al sistema de cobro». Por esta razón, dejaron de abonar las cuotas y presentaron una denuncia ante Defensa del Consumidor, aunque solo obtuvieron evasivas y excusas por parte del demandado.

Al momento de firmar el contrato, no fueron informados de forma clara y precisa sobre su contenido, ni sobre las cláusulas predispuestas abusivas. En ese sentido, denunciaron infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor por parte del demandado, relacionadas con el deber de información y el trato digno pero no obtuvieron respuestas. Decidieron realizar la demanda civil.

La jueza civil en su fallo concluyó con que «los actores cumplieron con su parte del contrato, ya que pagaron las sumas acordadas en concepto de anticipo y la primera cuota del saldo. Pese a ello, luego de reclamar al demandado la entrega de la vivienda objeto del contrato, no obtuvieron respuesta».

La magistrada consideró como prueba la denuncia y el inicio del reclamo ante el Departamento de Defensa del Consumidor de la ART Río Negro. También tuvo en cuenta que el demandado se encuentra detenido, con prisión preventiva, por hechos similares. Según consta, se le imputó el delito de estafa por vender y no entregar viviendas prefabricadas.

Agregó la magistrada que «tengo en cuenta que se han acreditado múltiples denuncias y que ha sido condenado civilmente en distintas causas judiciales, tanto en esta circunscripción judicial como en la Segunda y Tercera, en su calidad de titular de la empresa AZ Construcciones. Asimismo, se lo ha imputado y detenido por la comisión del delito de estafas bajo la misma modalidad de incumplimientos».

Finalmente, la jueza condenó a Néstor Fabián Jaramillo a abonarles la suma total de $4.449.785,47. Esta cifra se compone de $605.321,47 por la devolución del dinero pagado más intereses, $1.422.232 para cada uno de los actores en concepto de daño moral, y $1.000.000 de por daño punitivo.

El gobernador Alberto Weretilneck recorrió ayer (26/11) la ampliación del Establecimiento de Ejecución Penal N° 2 de General Roca. Los trabajos ofrecerán espacio para alojar a más de un centenar de condenados por delitos sexuales y permitirá descomprimir las comisarías, con la redistribución de internos. «Los violadores y abusadores estarán donde deben estar: adentro de un Penal», dijo el mandatario.

Weretilneck estuvo acompañado en la recorrida por los ministros de Seguridad y Justicia, Daniel Jara y de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; y el director del Servicio Penitenciario Provincial, Cristian Villagra.

Esta obra comenzará a operar en las próximas semanas y representa una inversión provincial de más de $2.000 millones. Se trata de un espacio diseñado con las máximas condiciones de seguridad para alojar a 116 reclusos condenados por delitos sexuales y violencia de género, quienes deben permanecer aislados del resto de la población penitenciaria.

«Esta obra no solo mejora las condiciones carcelarias, sino que también descomprime las comisarías y refuerza la nueva disposición en Río Negro: todo condenado por el Superior Tribunal de Justicia, debe cumplir su pena de inmediato», dijo el mandatario.

Weretilneck confirmó que la próxima semana comenzarán las tareas de traspaso y agradeció «la seriedad y responsabilidad» de todos los integrantes del Servicio Penitenciario.

Durante la semana pasada, Aguas Rionegrinas (ARSA) llevó adelante la licitación privada N° 07/24, que contempla la adquisición de medidores domiciliarios con una inversión superior a $78,5 millones.

En total, se adquirirán 1.500 medidores de ½ pulgada y 250 medidores de ¾ de pulgada, mientras que próximamente se avanzará con la compra de medidores de 1 pulgada. Estos equipos serán enviados a todas las oficinas de Aguas Rionegrinas de la provincia para su distribución.

«En esta compulsa se incluyeron medidores de caudal velocímetros de PVC, los cuales cumplen con las normativas IRAM y ofrecen una alternativa a los medidores tradicionales», detallaron desde la empresa provincial.

«Estos dispositivos fueron seleccionados específicamente para prevenir el vandalismo, ya que no pueden ser sustraídos, contribuyendo así a combatir el robo de medidores», agregaron.

Durante el acto se presentaron las empresas Hidrosur de Fernando Godoy, Automát Medición SRL, Exion SRL, SABIKA SRL y Eduardo Federico Vandor. Hubo cuatro oferentes. Finalizado el encuentro, se elaboró el acta correspondiente para dar inicio al proceso de evaluación de las ofertas y posterior adjudicación.