Río Negro
Río Negro les cobrará impuestos a Netflix, Spotify y demás servicios digitales
La Legislatura estableció Ingresos Brutos para numerosos servicios digitales internacionales.
Se duplican los beneficios otorgados por el Estado rionegrino para contribuyentes de la Provincia, se destinan unos $5.500 millones en bonificaciones y exenciones.
La Ley Impositiva de la Provincia de Río Negro para el año 2020 continuará respetando el Consenso Fiscal reduciendo las alícuotas. Las actividades primarias estarán exentas y transporte baja su alícuota al 1%.
Tal como fue el compromiso asumido en la firma del Consenso Fiscal la Provincia de Río Negro continúa con la baja progresiva de alícuotas. De esta manera, actividades como distribución y transporte de energía eléctrica pasa de 3.75 a 2.5%, actividades industriales tributaran al 1% cuando hasta el año pasado lo hacían al 1.5% al igual que los servicios de transporte que se reduce de 2 a 1%; y las primarias y los servicios relacionados directamente con esta estarán exentas en 2020, como así también la pesca.
La baja de alícuota también alcanza a actividades como la construcción, empaque, telefonía e internet, servicio de agua, actividades financieras, alquileres de inmuebles, venta de vehículos usados, seguros de salud y servicios médicos, entre otros.
La reducción de impuestos prevista para este año beneficia a más de 65.000 contribuyentes de Río Negro. En el 2020 los beneficios otorgados alcanzarán los $ 5.500 millones, $2.800 millones más que en 2019.
La baja de alícuotas en actividades como transporte reduce considerablemente el efecto acumulativo que genera Ingresos Brutos en la cadena productiva, principalmente en provincias como Río Negro con altos costos de traslado de productos y materia prima de otros puntos del país.
Lo mismo en el impuesto de sellos, las alícuotas se reducen del 0.75% al 0.5% para contratos y actos en general.
Continuarán las exenciones para exportación de servicios, asociaciones sin fines de lucro, cooperativas, mutuales y efectores sociales, jubilados, personas con discapacidad, viviendas cuyo valor no supere el mínimo establecido por ley.
Se mantienen las bonificaciones por buen cumplimiento hasta el 30% para Ingresos Brutos, o hasta el 25% en Inmobiliario y Automotor, a las cuales puede adicionarse un 15% por pago anticipado alcanzando un 40% de bonificación total o un 5% más por adhesión al débito automático, llegando al 30%.
Se destaca en este punto que los contribuyentes serán considerados como cumplidores también cuando estén en etapa de regularización, por ejemplo en los casos de planes de pago vigentes y al día, ya podrán acceder a la bonificación, cuando antes solo era una vez cancelada la deuda.
Se continuará fortaleciendo la política de centralizar el cobro de tasas y otros conceptos bajo la órbita de la Agencia de Recaudación Tributaria, de todos los organismos provinciales, sumado al cobro de ingresos no tributarios de organismos o Empresas del Estado Provincial. Plataformas digitales de origen extranjero deberán tributar en Río Negro
Las empresas con base en el exterior del país inscriptas en actividades de comercialización de servicios digitales como Netflix, Spotify, Airbnb entre otras plataformas, deberán tributar en la provincia. De esta manera se busca lograr la equidad con empresas nacionales y evitar la competencia desleal. Se amplían los beneficios impositivos para empresas con base tecnológica y servicios prestados desde Río Negro al exterior.
Desde 2019 las exportaciones de servicio y conocimiento profesional no tienen carga tributaria en Río Negro, en 2020 continuarán exentas las actividades de investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería, tecnología, ciencias médicas, agropecuarias, exactas y naturales como así también las ciencias sociales y humanas. Además se reduce la alícuota para desarrollo de software y alojamiento de datos.
A esta medida, en 2020 se suman beneficios para empresas con base tecnológicas radicadas o que se radiquen en la Provincia, a través de un bono fiscal para el pago de impuestos de hasta 20% del valor de la inversión.
Judiciales
Un fallo del STJ protegió la gratuidad de quien ganó un juicio de consumo
El Banco Patagonia había recurrido la decisión y pretendía aplicar el tope previsto para la responsabilidad por costas.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó una sentencia que declaró inaplicable, por inconstitucional, el límite establecido en el artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación en un juicio de consumo. De esta manera, protegió el beneficio de gratuidad de la persona consumidora que había ganado el proceso.
La discusión surgió luego de que Banco Patagonia, condenado en costas, pretendiera aplicar el límite previsto en esa norma. La aplicación del tope reducía la parte de los honorarios que debía afrontar la entidad y trasladaba la diferencia a la persona consumidora que había resultado vencedora.
La persona consumidora y su abogado cuestionaron esa situación y plantearon que el límite no podía aplicarse porque la Ley de Defensa del Consumidor reconoce el beneficio de gratuidad para quienes recurren a la Justicia para defender sus derechos.
La Cámara de Apelaciones hizo lugar al planteo y declaró inaplicable el artículo 730 para el caso concreto. El banco recurrió ante el STJ, entre otros motivos, porque consideraba que el planteo de inconstitucionalidad había sido realizado fuera de tiempo.
El máximo Tribunal rechazó ese argumento. Explicó que el perjuicio generado por la norma se hizo concreto recién cuando se regularon los honorarios y se dispuso la aplicación del artículo 730. Antes de ese momento, el impacto económico todavía no estaba determinado.
El STJ también analizó el beneficio de gratuidad de la Ley de Defensa del Consumidor y señaló que las relaciones de consumo cuentan con un régimen especial de protección. Ante una duda, sostuvo, debe prevalecer la interpretación más favorable a la persona consumidora.
El Tribunal aclaró que la gratuidad no es absoluta: en los reclamos individuales, una empresa puede demostrar que el consumidor posee solvencia económica y solicitar que el beneficio cese. En este caso, Banco Patagonia no acreditó esa circunstancia.
Por esos fundamentos, el STJ rechazó el recurso del banco y confirmó la sentencia que declaró inaplicable e inconstitucional el artículo 730 para este expediente.
Política
La Provincia busca fondos para comenzar a recuperar los tramos críticos de las Rutas 22 y 151
El proyecto enviado a la Legislatura autoriza al Ejecutivo a gestionar financiamiento externo para obras en los sectores más deteriorados y estudios de preinversión.
Río Negro busca contar con los recursos necesarios para comenzar a recuperar los tramos críticos de las Rutas Nacionales 22 y 151, luego de décadas de abandono de los gobiernos nacionales. El proyecto de ley enviado por el gobernador Alberto Weretilneck propone autorizar un financiamiento externo de hasta US$ 60 millones para obras y estudios de preinversión
La propuesta contempla inicialmente recurrir a FONPLATA–Banco de Desarrollo, aunque también habilita al Poder Ejecutivo a gestionar otros programas de financiamiento externo multilateral, bilateral o nacional que pueda disponer el Gobierno Nacional.
El programa tiene un objetivo concreto: resolver los problemas más urgentes y generar las condiciones para una recuperación integral. Contempla obras de puesta en valor en los sectores de mayor deterioro y estudios de preinversión que permitan definir las siguientes etapas, evaluar alternativas técnicas y económicas y determinar los esquemas más convenientes para cada ruta.
La Provincia busca trabajar en dos tiempos: atender primero los puntos críticos y, al mismo tiempo, planificar lo que viene. Las intervenciones permitirán mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad, mientras que los estudios aportarán la información necesaria para organizar la recuperación durante los próximos años.
Un financiamiento con destino específico
El proyecto establece que los recursos tendrán un destino exclusivo vinculado con las Rutas 22 y 151. Podrán utilizarse para ejecutar obras en los tramos de máxima criticidad, realizar estudios de preinversión y cubrir los costos de administración necesarios para desarrollar el programa.
El Ministerio de Hacienda, a través de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo, será el organismo ejecutor, con la participación de Vialidad Rionegrina como responsable técnica de las obras e intervenciones.
La autorización de la Legislatura no significa que los US$ 60 millones ingresarán automáticamente ni que el financiamiento se tomará de manera inmediata. Permitirá que el Poder Ejecutivo gestione y estructure la operación y suscriba los instrumentos necesarios para concretarla.
Las condiciones financieras, como la tasa de interés, el plazo de amortización, las comisiones y los gastos, se determinarán posteriormente en el convenio de préstamo correspondiente.
Política
Rutas 22 y 151: Qué cambia con la Emergencia Vial Provincial
La medida permitirá acelerar intervenciones sobre los tramos que pasen a la órbita provincial, con prioridad en reparación, mantenimiento, repavimentación y señalización.
El Gobierno de Río Negro busca acelerar las respuestas frente al deterioro de distintos sectores de las Rutas Nacionales 22 y 151. El proyecto enviado por el gobernador Alberto Weretilneck a la Legislatura propone declarar la Emergencia Vial Provincial en toda su extensión dentro del territorio rionegrino, una herramienta que permitirá agilizar las intervenciones necesarias sobre cada tramo, una vez concretada la transferencia de competencias.
Durante años, el abandono de los Gobiernos Nacionales se fue acumulando hasta convertir algunos sectores en un riesgo cotidiano. Ahuellamientos, banquinas deterioradas, obras inconclusas y otras condiciones afectan la seguridad de miles de personas y también impacta en la producción y la conectividad.
Ahora, la Provincia se prepara para asumir una responsabilidad que cambia el escenario. Y para eso necesita contar con herramientas propias para actuar sobre estos corredores.
Por eso, el proyecto propone declarar la Emergencia Vial por un año desde la publicación de la ley, con la posibilidad de prorrogarla por otro período igual mediante un decreto del Poder Ejecutivo. En términos simples, la medida busca que la Provincia pueda responder con mayor rapidez cuando un tramo presente una situación que no puede esperar.
Vialidad Rionegrina será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la gestión, administración, mantenimiento, planificación y ejecución de obras sobre los sectores que se vayan incorporando. Esto permitirá atender los puntos deteriorados, realizar tareas de mantenimiento, mejorar la señalización, ejecutar repavimentaciones y desarrollar otras intervenciones necesarias para recuperar condiciones de seguridad y transitabilidad.
El acuerdo con Nación establece que la transferencia será progresiva, tramo por tramo. Cada sector deberá contar con un convenio específico y un Acta de Toma de Posesión que determine qué se transfiere, en qué condiciones y desde qué momento Vialidad Rionegrina comienza a hacerse cargo.
De esta manera, la Provincia podrá ordenar las intervenciones, conocer el estado de cada tramo, establecer prioridades y actuar sobre aquellos sectores que se encuentren efectivamente bajo su gestión.
