La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro nacional de 24 horas con movilización al Congreso para el día en que el Senado convoque a la sesión por el rechazo a los decretos presidenciales que «buscan alterar y eliminar distintos organismos y estructuras del Estado». Cada distrito del país podrá definir la metodología de protesta para adherir a esta jornada, considerándose los cese de tareas, retiros de los lugares de trabajo a partir del mediodía, asambleas, acampes y cortes de rutas, entre otras.

El sindicato también se movilizará este miércoles (20/08) a partir de las 12 del mediodía al Congreso para exigir a los diputados que rechacen los vetos del presidente Javier Milei a la extensión de la moratoria previsional, el aumento a jubilados y la Ley de Emergencia en Discapacidad.

«Estamos cerca de frenar la motosierra. Tenemos que seguir movilizados. Ahora le toca al Senado votar para voltear los decretos truchos de Sturzenegger y así salvar todos los bienes del Estado», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

«Es evidente que sin facultades delegadas, el Gobierno pierde fuerzas. Ahora es cuando tenemos que frenar e impedir el remate de todo el patrimonio estatal. Tenemos que seguir en la calle para lograr que el Congreso decida que no nos gobiernen por decreto y le ponga freno así a la degradación de nuestra democracia», agregó el referente estatal.

Si bien aún falta la confirmación oficial del Senado para la convocatoria al tratamiento legislativo, el sindicato adelantó que la medida de fuerza se realizará para cuando se efectivice la convocatoria. En el caso de no ser convocada para esta semana, se fijará fecha definitiva a la medida de acción directa a los efectos de exigir que se acelere el trámite parlamentario.

Los decretos que ATE exige su rechazo en la Cámara Alta incluyen el desguace del INTI y el INTA (DNU 462/25); la pérdida de autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos (351/25), y la disolución de Vialidad (461/25), entre otros. Todos ellos ya fueron rechazados en primera instancia por Diputados y, en caso de tener el mismo resultado en el Senado, dejarán de tener vigencia.

También cabe recordar que el pasado 29 de julio, el Juzgado Federal Civil Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín falló a favor de ATE y ordenó al Gobierno dejar en suspenso el ajuste en el INTI mediante el Decreto 462/25.

El Sindicato de Camioneros de Río Negro inició un paro por tiempo indeterminado que mantiene bloqueado el ingreso a yacimientos en Vaca Muerta, en reclamo por el los despidos y deudas de la empresa NRG. La medida de fuerza, que cuenta con un acatamiento total según AM 740 La Carretera, paralizó las actividades en la zona y amenaza con extenderse si no se presenta una propuesta concreta y seria por parte de la compañía.

Gustavo Sol, secretario general de Camioneros Río Negro, declaró a La Carretera que el paro «es un éxito» y que «el acatamiento es total». Sol fue enfático al señalar que no van a ceder en sus demandas, ya que «demostramos que tenemos razón en nuestro planteo».

La tensión escaló luego de que las conciliaciones obligatorias no arrojaran resultados, lo que, según el titular de Camioneros, demuestra que «las empresas Total, Tecpetrol, Phoenix Y Shell insisten en no hacerse responsables de lo que les pasa a los trabajadores».

Hasta las 14 horas no se había informado de avances en las negociaciones. Sol se mostró activo en la jornada de paro y anunció que no dudarán en alistarse para estar el tiempo que sea necesario en los caminos de Vaca Muerta. «Estamos preparados para estar firmes en la medida el tiempo que sea necesario. Queremos la respuesta que necesitan los trabajadores», dijo de manera tajante el dirigente sindical.

El paro en los ingresos a los yacimientos podría afectar la producción de hidrocarburos, generando pérdidas millonarias y afectando la cadena de suministro. Las autoridades laborales se encuentran monitoreando la situación, aunque hasta el momento no se ha logrado un acuerdo que permita destrabar el conflicto.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) demandó ante la Justicia al Gobierno Nacional para suspender las resoluciones de los Ministerios de Capital Humano, Economía y Desregulación y Transformación del Estado que disponen el pase a disponibilidad de cientos de trabajadores por «vulnerar el derecho a la estabilidad laboral».

«El régimen de disponibilidad que dispuso el Gobierno es manifiestamente ilegal. Las resoluciones ministeriales son inválidas, arbitrarias y violan derechos laborales consagrados en la Constitución. Ni las facultades delegadas oportunamente otorgadas ni la Ley Bases justifican este pisoteo al derecho a la estabilidad en el Empleo Público», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

El sindicato, además, intimó al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger a convocar de manera urgente a una mesa de negociación con el propósito de revertir los casos de disponibilidad y reubicar a los trabajadores en sus funciones o similares.

«El Poder Ejecutivo está excedido en sus atribuciones y de ninguna manera se cumplen los requisitos exigidos por la normativa vigente para que algún agente sea declarado en disponibilidad. No podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima», agregó el referente estatal.

En esta línea, el dirigente apuntó que «a lo largo de estos últimos 20 meses, la Justicia ha fallado en numerosas ocasiones en favor de los trabajadores entendiendo que este Gobierno actúa contra la Constitución Nacional y al margen de la ley. Ahora debe actuar nuevamente para volver a poner en el ejercicio de sus derechos a los trabajadores del Sector Público. Sólo los gobiernos militares pusieron en disponibilidad y declararon prescindibles a los trabajadores afectando el derecho constitucional a la estabilidad».

La presentación ante el Fuero Contencioso Federal fue realizada por los equipos jurídicos de ATE Nacional y ATE Capital. En este marco, Aguiar detalló que «la articulación y el trabajo conjunto de todos los equipos jurídicos de nuestro sindicato, como así también la unidad política que se sigue consolidando, son los que nos ha permitido obtener resultados positivos en el último tiempo, como han sido la defensa del derecho de huelga y el Día del Empleado Público, entre otros».

La medida cautelar señala que el pase a disponibilidad es una figura excepcional regulada por la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y la misma exige la supresión real de funciones para ser efectuado, lo que no ocurrió: las tareas siguen realizándose en otras áreas, configurándose una simulación de reestructuración.

Además, el sindicato apunta contra el concepto de ‘dotación óptima’ de personal como condición para efectuar el pase a disponibilidad, el cual fue agregado por la Ley Bases (27.742) y que «su arbitrariedad depende sólo de la mirada del funcionario a cargo de la gestión».

Otro de los aspectos que señala el documento legal es que se dispusieron pases a disponibilidad «sin contar con un procedimiento establecido para que los trabajadores puedan ser requeridos, conforme a su perfil, por otras áreas del Estado».